“Robábamos comida que repartíamos por los barrios, asaltábamos bancos y gasolineras para apoyar a las familias de los presos y presas, y para nuestro propio autofinanciamiento, hacíamos pintadas… ¡Queríamos una amnistía total!”

Una de estas iniciativas minoritarias con las que Gabriel empatizó fueron los grupos de apoyo a personas presas. “Eran militantes muy duros, muchos recién salidos de la cárcel por la mini reforma del 81, y estaban bien organizados en grupos de afinidad”. Gabriel decidió involucrarse en lo que denominaron como “agitación armada”. “Robamos alguna armería y, con todo ese arsenal, se formaron ‘grupos de acción’. Robábamos comida que repartíamos por los barrios, asaltábamos bancos y gasolineras para apoyar a las familias de los presos y presas, y para nuestro propio autofinanciamiento, hacíamos pintadas… ¡Queríamos una amnistía total!”, explica Pombo. Así pasó parte de su adolescencia.

“Hay que ubicarse en este contexto sociopolítico para comprender qué hizo que tomase esa decisión: las luchas obreras y estudiantiles, la lucha de los presos y la miseria de los barrios, una policía fascista, un fracasado golpe de Estado —el del 23 de febrero—, las torturas… Pese a mi juventud e ignorancia, nunca dudé de que estaba en la parte justa, nunca pensé que lo que hacía fuese malo, siempre consideré que yo era parte de algo más grande que mi persona”.

“Rompieron nuestras cosas, echaron lejía a nuestra ropa, nos desnudaron y nos esposaron con las manos a la espalda a la pata de la cama. [...] Hacía un frío del demonio y ellos se encargaron de dejar las ventanas abiertas. Aquí también me apalizaron hasta perder el conocimiento”

En 1988, con el cierre de la prisión de menores de Teruel, Gabriel fue trasladado a Zamora. “En Zamora, el martes 13 de septiembre de 1988, recuerdo hasta la fecha exacta, a causa de las protestas que veníamos protagonizando todos los menores, llegaron carceleros —incluso un médico con porra— celda por celda y nos apalizaron y torturaron brutalmente. Rompieron nuestras cosas —fotos, cartas y libros—, echaron lejía a nuestra ropa, nos desnudaron y nos esposaron con las manos a la espalda a la pata de la cama. Solo podías estar en cuclillas o sentado en el suelo. Hacía un frío del demonio y ellos se encargaron de dejar las ventanas abiertas. Aquí también me apalizaron hasta perder el conocimiento”.

Un mes después de esa paliza, Gabriel fue trasladado a la prisión de Daroca, en Zaragoza, una cárcel para presos jóvenes de primer grado de entre 21 y 25 años. “En Daroca, pese a todo, me encontraba mejor. Salía una hora al patio y compartía esa hora con un grupo de máximo cinco presos. Fue allí donde nos organizamos como APRE. Nos llegaron unas circulares que se habían redactado en Herrera de la Mancha y Carabanchel por compañeros de cierto prestigio”.

Hacía algunos años que existía la Copel y en ese momento se comenzaba a gestar una organización de presos que venían sufriendo el Régimen Especial: la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE), que después añadiría la “r” de Reconstituida a su nombre.

“APRE no era una organización vertical o cerrada. APRE eran las siglas que usaríamos como forma de reivindicar cada acción nuestra: cada motín, cada secuestro, cada huelga. Repito que APRE era solo eso, y quienes con ella se sentían identificados. Acción y comunicado, eso era APRE”, explica Gabriel. “Siempre ha habido quienes querían ser protagonistas de esta lucha y se asumían como ‘presidentes’ o tonterías así. No hubo dirección, fuimos una hidra sin cabeza, o una hidra con mil cabezas”, añade.

La posterior APRE(r) —con r de reconstituida— dio a conocer sus estatutos en enero de 1991, firmados por el entonces preso Javier Ávila Navas, que cuenta en su libro Un resquicio para levantarse. Historia subjetiva del APRE las torturas a las que fue sometido durante los años que pasó en distintas prisiones del Estado español. En sus estatutos, disponibles en la web de Boletín Tokata, los presos exigían la supresión del Régimen Especial 1, recogido en el artículo 10 de la Ley General Penitenciaria de 1979 y en el 46 del Reglamento Penitenciario, que contemplaba el régimen de aislamiento para presos calificados de peligrosos. También denunciaban el traslado a cárceles a cientos de kilómetros de sus familias —como aún sufren los presos relacionados con la extinta ETA—, las continuas torturas, las muertes en prisión por contagio de sida, por falta de atención médica o por las agresiones por parte de funcionarios, como la de Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel. La primera respuesta a sus protestas por parte del tercer gobierno de Felipe González fue la circular emitida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el 6 de marzo de 1991, con la que nacieron los Ficheros de internos de especial seguimiento, el llamado Régimen FIES, la “cárcel dentro de la cárcel”, una serie de medidas con las cuales los presos considerados capaces de desestabilizar el orden dentro de las prisiones eran sometidos a mayor control y vigilancia. Una formalización del régimen de aislamiento que Gabriel y otros tantos presos siguen sufriendo.

Al salir de prisión, Gabriel se propuso formar “una organización armada fuerte en la calle que apoyase única y exclusivamente la lucha de los presos”

Pero volvamos a la historia de Pombo. Es 1989 y, tras haber pasado cinco años en prisión, Gabriel es puesto en libertad. Tiene 23 años y la libertad solo le duró cuatro meses. Gabriel salió de Daroca con una idea fija en la cabeza: liberar a amigos y compañeros con los que formar “una organización armada fuerte en la calle que apoyase única y exclusivamente la lucha de los presos”. Él se hizo cargo de lo que se denominó “sección gallega”: “Cada preso gallego de primer grado que fue liberado o se fugó podía tener a nuestro grupo como punto de referencia”, explica.

Uno de sus compañeros en esa organización armada fue Rafael Ares Seoane, que ese año había perdido un ojo por el disparo de una bala de goma cuando estaba parapetado en el tejado de la prisión de Zamora durante un motín. “En diciembre de ese año se escapó del Juzgado de A Coruña corriendo y oportunamente yo lo recogí con un coche. Fue una acción bellísima de liberación”, recuerda Gabriel.

Las acciones del grupo eran “expropiar bancos y preparar fugas”, explica Gabriel. “Creo que en ese periodo fuimos acusados de 12 atracos a bancos”, añade. También tenían el ojo puesto en narcotraficantes y proxenetas. “En enero de 1990, disparamos a un mafioso muy conocido de Ourense que era traficante de drogas, de armas y hacía trata de mujeres en su barra americana Secretos. En febrero, en pleno carnaval, decidimos pegarle un tiro en la pierna a un traficante de heroína, también en Ourense, y advertimos a todos los presentes que los camellos estaban en nuestra mirilla”.

El 2 de marzo de 1990, cuatro meses después de su puesta en libertad. Gabriel, Rafael, otros dos hombres y tres mujeres participantes en la organización fueron detenidos. “La prensa nos bautizó como ‘La banda de los siete’, no fueron muy originales”. Gabriel cuenta que Rafael y él decidieron asumir toda la responsabilidad para que el resto de sus compañeros no fueran condenados. “Yo me consideraba el responsable moral de esta acción, de hecho nunca intenté ocultar mi identidad y todo lo hacía a cara descubierta”, explica.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense le acusó de hechos cometidos en febrero de ese año. En este caso, los delitos eran más graves. Pombo fue condenado a 26 años, ocho meses y un día de cárcel por un robo con violencia que acabó con la muerte de una persona, el proxeneta citado por Pombo, propietario de la barra americana Secretos. El mismo tribunal le condenó por otros ocho años, dos meses y un día de prisión por otros dos atracos cometidos ese mismo día y dos años más por tenencia ilícita de armas, a tres años más por otro delito de lesiones y otros dos años, cuatro meses y un día por un delito contra la salud pública porque, en el momento de su detención, llevaba 60 gramos de hachís. A esta condena se le sumó otra del mismo tribunal de siete años y seis meses de prisión por un atraco cometido dos semanas antes, y una más de la Audiencia Provincial de Pontevedra por otro atraco cometido el 24 de enero de 1990 por seis años más. Total: 49 años, ocho meses y tres días de prisión.

Aún no había cumplido los 24 años y Gabriel Pombo volvía a prisión, esta vez por un largo tiempo y en condiciones mucho más duras. “En 1991 fui torturado en la cárcel Pereiro de Aguiar, en Ourense. Me rompieron cuatro costillas y tenía todo el cuerpo lleno de moratones. Llegó a presentarse una jueza y una médico forense, se tomaron declaraciones, pero jamás llegaron a juzgarse estos hechos. Esto me reforzó aún más en mis convicciones de que las leyes y el derecho no eran más que abalorios de una pseudodemocracia fascistoide”. Esa década, Gabriel la pasó alternando intentos de fuga —hasta 13, según tiene contados— con huelgas de hambre y denuncias por las torturas y malos tratos sufridos.

“Para denunciar la situación que estaban sufriendo de tortura y aislamiento, se dedicaban fundamentalmente a mandar escritos de queja a los juzgados para que los sacaran de estas prisiones”, explica Chao Do Barro. “En estas denuncias, que eran un poco para llamar la atención, amenazaban al juez o a su familia, lo que en esa época era un delito de amenazas y desacato”. A Gabriel comenzaron a lloverle nuevas condenas, pero ahora relacionadas con las acciones de protesta que llevaba a cabo en el marco de la APRE y que dan una imagen del recorrido por cárceles de todo el Estado que Gabriel hizo en esos años.

* Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo: 135 días de arresto por simulación de delito por hechos producidos en marzo de 1990.
* Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense: un mes y un por intentar fugarse de la cárcel el 4 de abril de 1990.
* Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga: dos años, cuatro meses y un día, además de una multa de 300.000 pesetas con 50 días de arresto sustitutorio, por una carta considerada como desacato mandada al titular de este juzgado en junio de 1992.
* Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña: seis meses de arresto por amenazas por otra carta enviada en octubre de 1992.
* Juzgado de lo Penal número 1 de Almería: dos meses y un día por intentar fugarse de la cárcel el 5 de febrero de 1994.
* Juzgado de lo Penal número 7 de Ferrol: cuatro meses y un día por amenazas realizadas el 8 de julio de 1994.
* Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña: seis meses de arresto por amenazas por otra carta de enero de 1995.

En 1998, por primera vez en su vida, Gabriel pasa a segundo grado penitenciario, el régimen habitual en las cárceles

Ya en 1998, por primera vez en su vida, Gabriel pasa a segundo grado penitenciario, el régimen habitual en las cárceles, en el que viven en módulos normales y comparten zonas comunes con otros presos, tienen opción de realizar actividades educativas o laborales y pueden disfrutar de permisos para salir algunos días de prisión. Gabriel es trasladado a Nanclares de Oca, en Álava, donde comienza a estudiar Filosofía por la UNED. “Aprobé el pre-acceso y el acceso universitario a la primera”, señala Gabriel.

Aunque estaba ya en segundo grado, Gabriel afirma que continuó participando en las huelgas de hambre o “txapeos” que convocaba el Movimiento de Presxs en Lucha, organización de presos nacida tras la disolución de APRE. En esos años, finales de los 90, varias personas presas comenzaban a publicar libros en los que daban a conocer la realidad carcelaria. Juanjo Garfia publicaba ¡Adiós prisión! en la editorial Txalaparta y Xosé Tarrio Huye, hombre, huye, en Virus. Gabriel también se lanzó a escribir para algunas publicaciones libertarias, como Al Margen, Ungowa! o Obrero prisionero, de la Cruz Negra Anarquista peninsular. “Siempre he tenido relaciones de amistad con compañeros libertarios que conocía en la calle o de las visitas. Pese a haber estado tantas décadas preso, hubo compañeras y compañeros de medio mundo que siempre, de uno u otro modo, compartiesen o no mis acciones o ideas, me han acompañado en el camino”, explica Gabriel.

El auto por el que el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona refundió las condenas de Gabriel Pombo da Silva no aclaró en base a qué Código Penal calculó su cumplimiento, si por el de 1973, que contemplaba la redención de penas, o por el de 1995

La vida carcelaria de Pombo transcurre de cárcel en cárcel y en 2000 vuelve a ser condenado, ahora por extorsión por el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona a nueve meses y un día de prisión. Un año después, este juzgado emite un auto por el que refunde todas las condenas que le quedan por cumplir a Pombo y marca en 30 años su cumplimiento total. Sin embargo, el auto, según explica su abogado, dejaba sin aclarar en base a qué Código Penal calculaba el cumplimiento de las condenas pendientes. “Si es por el de 1973, tendría derecho a la redención ordinaria [que contemplaba un día de redención por cada dos jornadas de trabajo penitenciario] y extraordinaria [la otorgada discrecionalmente por la Junta de Régimen del centro penitenciario “por razón a las circunstancias especiales de laboriosidad, disciplina y rendimiento en el trabajo”], o si es por el Código Penal de 1995, que las suprime desde el momento que entra en vigor en 1996”.

De Girona, tras emitirse el auto, Pombo es trasladado a la prisión de Martutene, en San Sebastián. Allí aprovecha un permiso penitenciario para darse a la fuga. “Mi fuga fue motivada por lo que se estaba desarrollando a mi alrededor: hubo personas que me quisieron utilizar descaradamente. ¡Querían hacerme educador de un reformatorio en el País Vasco! Eso ya era demasiado para mi”. Ese 2003 era el primer año en el que Gabriel disfrutó de permisos para salir de prisión algunos días. “No quise hipotecar mi capital existencial para cubrir la vacante de ‘preso rehabilitado’ convertido en educador, y entre diciembre de 2003 y enero de 2004 decidí huir y continuar la lucha, esta vez ya desde y con una perspectiva consciente y anarquista”. Ya en libertad, Pombo explica que dedicó su tiempo a la traducción de todo lo relativo a la lucha de los presos desde la Copel a APRE y el Movimiento de Presxs en Lucha. “La lucha debía salir de la Península Ibérica, debía internacionalizarse, darse a conocer”, subraya.

Fuga y captura en Alemania
De nuevo, su libertad duró poco. Diez meses después de su fuga, Gabriel es identificado en un control en la frontera entre Alemania y Holanda, en Aachen, cerca de Colonia. Él y otras dos personas con las que viajaba logran entrar en Alemania tras una escena con tiroteo incluido, pero su hermana es detenida. Ellos también fueron detenidos poco después. La fiscalía de Aachen les acusó de intento de asesinato de nueve personas, toma de rehenes, robo a mano armada, planificación de un atraco y, como guinda, por infracciones de tráfico. “Supongo que las infracciones de tráfico las cometieron cuando se dieron a la fuga”, señala su abogado. Finalmente, la Audiencia Provincial de Colonia le condenó a 13 años y medio de prisión por la toma de rehenes, descartando los intentos de asesinato.

“Mi reclusión en Alemania fue de aislamiento total. Me pasé 23 horas al día encerrado en una celda con solo una hora de patio”, explica. En los primeros años que pasó en la prisión de Aachen, Gabriel se dedicó a escribir su libro Diario e ideario de un delincuente. Por entonces ya era una persona conocida en los circuitos anarquistas de varios países europeos por su participación en APRE y sus denuncias de violaciones de derechos en las prisiones. “La repercusión que tuvo a nivel internacional nuestra detención en el mundo anarquista fue considerable. Nos convertimos en ‘Lxs 4 de Aachen’. Mi tiempo de encarcelamiento en Aachen fue de una constante agitación política. Me escribía con compañeros de medio mundo, entre ellos Culmine, el primer blog anarquista con el que me identificaba intensamente. Fue con el intercambio epistolar con Culmine y Archivo Severino Di Giovanni como conocí a Elisa, compañera y madre de mi hija”.

“Yo, como anarquista, siempre me he enterado de historias de presos y en los primeros 2000 supe de él a través de la prensa movimientista”, recuerda Elisa Di Bernardo, que se convertiría en la compañera sentimental de Gabriel. Xosé Tarrio, amigo y compañero de Pombo, acababa de publicar Huye, hombre, huye: diario de un preso FIES, que después fue traducido al italiano. “Nosotros, como grupo anarquista con mucha sensibilidad hacia el tema de presos y hacia el FIES, presentamos el libro y fue una ocasión para también presentar el caso de Gabriel, que acababa de ser procesado y condenado en Alemania”, continúa.

Di Bernardo ya se escribía por entonces con otras personas presas y un par de años después comenzó a escribirse también con Gabriel y después comenzaron las llamadas telefónicas. Pero tras esos contactos, lo que la policía italiana vio fue terrorismo. “Esos contactos telefónicos alimentaron unas sospechas que desembocaron en una operación represiva en 2012 durante la cual fueron detenidos varios compañeros y yo misma en Italia”, relata Elisa. “Gabriel también fue involucrado, considerado como el ideólogo de una supuesta organización anarquista que no existe”, continúa.

Elisa se refiere a la operación Ardire (osadía en español), llevada a cabo en junio de 2012 contra el movimiento anarquista en Italia —al estilo de las operaciones españolas Pandora, Piñata e ICE—, y que acabó con la detención de ocho personas, entre las que se encontraba ella misma, la orden de medidas cautelares para dos presos en cárceles de Alemania y Suiza, uno de ellos Gabriel Pombo, y el interrogatorio de otras 24 personas. En junio de 2012, Italia emitió una orden europea de detención contra Gabriel en la que señalaba que estaba acusado de ser miembro de una organización terrorista que actuaba en Alemania, Italia y Suiza, mientras estaba en la prisión de Aachen. Entre las pruebas que citaba de su posible implicación, la intervención de un “maquinario artesanal para realizar tatuajes” y una conversación que tuvo con un anarquista italiano en la que decía que se quería tatuar en el pecho el símbolo de la Federazione Anarchica Informale / Federazione Rivoluzionaria Insurrezionale (FAI/FRI). Y ya. La orden de detención italiana fue retirada dos años después.

Alemania entregó a Gabriel Pombo da Silva a España para que cumpliera únicamente la condena emitida por el tribunal de Albacete, y así se lo comunicó el fiscal alemán al Juzgado de lo Penal número 2 de Girona

A pesar de ello, cuando Pombo llega a España, el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona reclama que cumpla los 16 años que calcula que le quedarían por cumplir del auto por el que en 2001 había refundido sus condenas en un total de 30 años de prisión. “La acumulación del auto del 2001 es evidente que es anterior a la entrega que se produce en 2013, son por hechos de principios de los 90 y muchos de ellos cometidos aún estando en prisión”, subraya el abogado. Aún así, ni la Audiencia Provincial de Girona, ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional dan su brazo a torcer. “Nosotros agotamos la vía interna en el Estado español y no hubo forma de hacerles entender lo que era el principio de especialidad”, lamenta Chao, que sí destaca que en la sentencia del Supremo hubo un voto particular del magistrado Andrés Martínez Arrieta que denunciaba que, en el caso de Gabriel y en el de otros cerca de 400 presos, se estaba aprobando una liquidación de condena que superaba ampliamente el límite máximo de cumplimiento contemplado en el Código Penal.

Tuvo que llegar Alemania a explicárselo a la justicia española. “Nos pusimos en contacto con los abogados de Colonia y, a través de ellos, se consiguió que el fiscal alemán dirigiera un escrito a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Albacete y al propio tribunal recordándoles que Gabriel había sido entregado bajo el principio de especialidad y, por lo tanto, fue entregado solo para cumplir esa condena”, continúa Chao. “La extradición del perseguido a España se autorizó exclusivamente para el objeto de la ejecución de la sentencia de la 1º Sala del Tribunal Regional de Albacete con fecha de 15/11/1997, bajo la observancia del principio de especialidad”, concluye el documento firmado por el fiscal alemán, al que ha tenido acceso El Salto.

Tras la intervención de la fiscalía alemana, la Audiencia Provincial de Albacete ya sí reconoció que Gabriel solo podía cumplir esa condena. Aún así, el Juzgado de lo Penal número 2 de Girona lo volvió a intentar ordenando al centro penitenciario que lo mantuviera privado de libertad para cumplir en prisión su auto de refundición de 30 años de condenas. Pasaron varias semanas hasta que la Audiencia Provincial de Girona ordenó al Juzgado de lo Penal número 2 que dejara en libertad a Gabriel en una sentencia publicada el 7 de junio. El 9 de junio de 2016 sale del Centro Penitenciario La Moraleja, en Dueñas.

“Estos años en la calle me dieron una perspectiva realista de lo mucho que había cambiado todo. Entré siendo niño, cuando la televisión era en blanco y negro, y salí en plena revolución tecnológica”

“Francamente, cuando me soltaron no me lo podía creer. No sé cómo describir esos primeros días, semanas y meses. Las compañeras y compañeros lo fueron viviendo conmigo y yo con ellos y ellas. Una de las primeras cosas que hice fue ir a denunciar a esta jueza. Luego estuve dando conferencias sobre mis experiencias en la Península y, sobre todo, me dediqué a trabajar durante casi dos años para sacar adelante el Ateneo Agustín Rueda [en homenaje del preso anarquista asesinado en prisión en los 70] y construir nuestra casa, de Elisa y mía. El 19 de noviembre de 2017 nació nuestra hija”, recuerda Gabriel. “Estos años en la calle me dieron una perspectiva realista de lo mucho que había cambiado todo. Entré siendo niño, cuando la televisión era en blanco y negro, y salí en plena revolución tecnológica”, añade.

En 2016, por fin, Gabriel comienza el periodo más largo de su vida en libertad desde que entró por primera vez a la cárcel con 17 años. Pombo es ahora libre, pero no le ponen las cosas fáciles. Elisa cuenta cómo los bancos se niegan a abrirle una cuenta bancaria a través de la cual cobrar los poco más 400 euros mensuales de ayuda a los que las personas que salen de prisión tiene derecho durante entre seis y 18 meses. “Para obtener la prestación tuvo que hacer un expediente especial el Inem con el cual tenía que ir a la ventanilla del mismo banco que le negó la cuenta bancaria en una fecha concreta cada mes”, explica Elisa. “Han hecho lo posible para inducirle a volver a delinquir, ¿de qué rehabilitación estamos hablamos? O la persona que sale de prisión es fuerte, lúcida y tiene recursos personales con los que poder luchar o se va a encontrar encerrado toda su vida”, añade.

La pareja no disfruta de tranquilidad durante mucho tiempo. En enero de 2017, la Guardia Civil se presenta en su casa y detiene a Gabriel, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, en el marco de la operación Buyo, sobre tráfico de armas, y su nombre vuelve a aparecer en los medios de comunicación junto al de C. O., una supuesta anarquista.

Elisa cuenta su versión de esta historia: “El primer año de libertad, además de construir nuestro hogar y hacer familia, Gabriel lo pasó dando charlas y en una de ellas, en Vigo, se acercó esta mujer, que tenía problemas con las drogas. Yo soy educadora social y Gabriel ya había salvado de la droga a muchos chavales en la cárcel, acercándoles a los libros y al deporte. Por empatía quisimos ayudarla y la invitamos a nuestra casa en el campo para que pasara allí el mono, pero después de cinco días nos dimos cuenta de que seguía metiéndose mierda a escondidas y la invitamos a volver a su casa. A los días vinieron 60 guardias civiles con la excusa de buscar armas”. La Guardia Civil también fue al domicilio de la mujer a la que Elisa se refiere, C. O., donde encontró una docena de armas.

Gabriel fue retenido en comisaría durante 24 horas y después fue puesto en libertad. Un año después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo archivó la investigación sobre Gabriel en un auto al que ha tenido acceso este periódico en el que señalaba que no había pruebas que mostraran la relación de Pombo con el caso. “Cuando se abrió el secreto de sumario, vimos que la chica, que es hija de un militar, colaboraba con el CNI y vendía de manera impune armas a través de Milanuncios; le habrían pedido informaciones sobre Gabriel, porque en los años 80 sí usaba armas, o que nos metiera armas en casa, pero, cuando vinieron el 24 de enero y nos pusieron patas arriba toda la finca, no encontraron nada”, continúa Elisa.

#file_5# Extracto de la parte dispositiva del auto por el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo sobresee la investigación sobre Gabriel Pombo da Silva.

Pero el Juzgado de Girona tampoco se había dado por vencido en su empeño de meter a Gabriel de nuevo en la cárcel. Poco después de que recobrara la libertad, el juzgado había emitido una nueva OEDE a Alemania sobre la que el país germano solo respondió que no tenía por qué pronunciarse al haber transcurridos más de 45 días desde su entrega.

En paralelo, Pombo había denunciado a la titular del juzgado gironés por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en una querella tramitada en 2019 por haber intentado impedir su puesta en libertad, pero esta fue archivada porque, para entonces, estaba de nuevo en busca y captura y no pudo ratificarla.

El Juzgado de Girona lo había vuelto a intentar y, esta vez, con éxito, con la colaboración de Italia a través de Europol y Juspol. La nueva OEDE, dictada por auto del 24 de julio de 2019, culminó con la detención de Gabriel en Monçao, a apenas cuatro kilómetros de la frontera con Portugal, el 25 de enero de 2020. “Ya cuando estaba preso en Alemania, Italia mandó una OEDE, y, cuando Gabriel volvió a España, hizo otra. Su cooperación con el Juzgado de Girona para la nueva OEDE demuestra un interés desproporcionado”, añade Chao.

En las publicaciones en medios como el ABC sobre la detención se hablaba de Gabriel en el marco de la operación Buyo de 2017, pero sin decir que los cargos contra Gabriel habían sido archivados, se resaltaban los 30 años de condenas que desde el Juzgado de lo Penal número 2 siguen reclamándole, y citaban una nota policial en la que se señalaba que Pombo “continuaba publicando manifiestos en páginas web del movimiento anarquista en los que se mostraba como un líder del movimiento y llamaba a la insurrección”. También apuntaban su relación con la FAI/FRI.

Tras su detención, el Tribunal de Relaçao de Guimaraes aprobó la entrega de Pombo a España. Su abogado recurrió la entrega ante el Tribunal Supremo portugués, pero éste rechazó el recurso. “El Supremo portugués acuerda su entrega fundamentalmente porque dicen que reconocer el principio de especialidad equipararía a Gabriel a una especie de inviolabilidad diplomática o sería concederle una especie de amnistía porque, de esos 30 años, le quedarían por cumplir 16 años y cinco meses”, explica Chao. “Pero esa cantidad resulta si no se le aplica ninguna redención, porque, si no, tendría toda la redención que habría acumulado hasta el año 1997. En el peor de los casos Gabriel tendría que estar ahora mismo en libertad provisional”, afirma el abogado.

“Me sacaron en plena pandemia a escondidas, y furtivamente me entregaron en Badajoz. La prisión de Badajoz siempre ha sido un pudridero humano. No fue casualidad que allí se abriera el primer módulo FIES donde se torturó a tanta gente. Es un centro de impunidad“, explica Pombo. La nueva entrega a España se produjo el 13 de mayo de 2020 en una comisaría en Caia, entre Badajoz y Elvas. Ese mismo día es ingresado en el centro penitenciario de Badajoz, donde pasa dos semanas hasta que es trasladado al centro penitenciario de Mansilla de las Muelas, en León, donde se encuentra actualmente.

Desde entonces, Manuel Chao sigue peleando para conseguir la puesta en libertad de Pombo. El auto de refundición de condenas está impugnado en el propio Juzgado de lo Penal número 2 de Girona; los beneficios de redención, que en ningún momento se le han aplicado tras toda una vida tras las rejas, están impugnados en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de León, que es el competente, y en cuanto al principio de especialidad por el que Pombo no debería cumplir condenas anteriores a la de Albacete, por la que fue entregado por Alemania, el abogado ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el 4540/2020, que ha recaído en Sala Segunda Sección Cuarta. Tras la respuesta del alto tribunal, presentará una queja ante la Comisión Europea y, si el Constitucional no admite el recurso, acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Mientras, Gabriel sigue esperando en la cárcel de León, bajo la categoría FIES-5, con todas las comunicaciones intervenidas. “Aquí me dejan tranquilo, que para mi ya es una novedad, y la pandemia me la he pasado inmerso en la lectura: estoy estudiando la Edad Media y aprovecharé para leerme todo lo que caiga en mis manos”.

En la víspera del 20N, Gabriel y su hija cumplieron años. Él 53 y su hija 3. Ese día las televisiones informaban de la puesta en libertad de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha. García Juliá también había sido extraditado a España a principios de 2020, en su caso desde Bolivia, donde había sido encarcelado por narcotráfico. Le faltaban diez años de condena por cumplir cuando se fugó de la cárcel, pero, a su llegada a España, a él si le aplicaron beneficios penitenciarios por esos diez años. “Algo no funciona en este país, mi caso es una vergüenza. Sigo resistiendo, es todo lo que puedo decir”, concluye Gabriel Pombo.