La mafia, los paramilitares y el presidente de
Colombia
Por Lázaro Fuentes
Girardot
Especial para Red
Resistencia
Web: www.redresistencia.org
E-mail:
lazarofuentesgirardot@yahoo.es
El 28 de enero la policÃa italiana, en
colaboración con policÃas de otros paÃses, concluyó la operación Despegue
(Decollo) tras cerca de tres años de seguir la pista a una
organización internacional de tráfico de drogas dirigida por la mafia calabresa
(Calabria es una región del sur de Italia), más conocida como
Ndrangheta, y por los
paramilitares colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Como
resultado se incautaron 5,5 toneladas de cocaÃna y se capturaron más de
110 personas en Italia, Colombia y otros paÃses.
Según el
general
de Carabineros Giampaolo Ganzer, esta operación fue posible gracias a la
infiltración de una persona cercana a la Familia Mancuso de Vibo Valentia (Calabria), una de las más poderosas dentro
de la Ndrangheta; el infiltrado fue enviado a Colombia para hacer
contacto con uno de sus allegados, Salvatore Mancuso, jefe de las
AUC.
Aunque en un inicio el
procurador antimafia italiano, Piero Luigi Vigna, afirmó que Salvatore Mancuso
estaba emparentado con los Mancuso de Vibo Valentia, luego aclaró que aparentemente no era asÃ,
pero confirmó que en términos de negocios los une una estrecha relación. El
propio Fiscal General de Colombia, Luis Camilo Osorio, confirmó que
efectivamente la red internacional de narcotraficantes estaba al servicio de los
grupos paramilitares colombianos.
La relación y los
negocios de drogas entre los paramilitares colombianos y las mafias italianas no
es nueva, como lo demuestra,
entre otros, un hecho sucedido en diciembre pasado, cuando el italiano
infiltrado fue secuestrado; por su liberación, los paramilitares exigieron a
otros capos de la mafia calabresa (Vincenzo Barbieri y Francesco Ventrici) el
pago de 3.200.000 dólares y su intervención para recuperar una deuda de
1.900.000 dólares que con los paramilitares colombianos tiene una parte de la
Camorra, es decir, la mafia napolitana.
Queda evidenciado una
vez más lo que millones de colombianos sabemos, que el paramilitarismo y el
narcotráfico son hermanos siameses y que los dineros del narcotráfico son un
puntal en la estrategia paramilitar del Estado. Esos mismos mafiosos que el
régimen llama eufemÃsticamente “autodefensasâ€?, son los que ahora el presidente
de Colombia, �lvaro Uribe Vélez (AUV), pretende legalizar.
Las históricas
relaciones de AUV con el narcotráfico y el paramilitarismo
Recordemos que
AUV procede de una familia de narco-terratenientes vinculada al clan
Ochoa de MedellÃn, y que a finales de los años 70, cuando fue alcalde de esa
ciudad, trabajó en los planes de vivienda financiados por Pablo Escobar,
convirtiendo de paso al conocido narcotraficante en ciudadano ilustre y
benefactor. Más adelante, entre 1980 y 1982, en el cargo de director de la
Aeronáutica Civil, concedió licencias de pilotaje y permisos para la
construcción de pistas a narcotraficantes; en este cargo era secundado por César
Villegas, a quien luego se le comprobó su pertenencia al cartel de
Cali.
�lvaro Uribe Vélez tiene sus
propiedades agrarias en el departamento de Córdoba, muy cerca de las extensas
propiedades que allà posee el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, con quien
mantiene desde tiempo atrás comprobadas relaciones de
negocios.
En los años 90, desde su
posición de gobernador de Antioquia, impulsó la creación de las Cooperativas de
Seguridad CONVIVIR, verdadero semillero de paramilitares y responsables
de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, al punto que la ONU
solicitó su disolución. Una vez que la Corte Constitucional declaró
ilegales las CONVIVIR, más de 2.000 de éstas anunciaron su fusión con las
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
El secretario de
gobierno de AUV en la gobernación de Antioquia fue su entrañable amigo Pedro
Juan Moreno y posterior asesor de seguridad en la presidencia de la República, a
quien la DEA identificó como propietario de una empresa importadora de 50.000
kilos de precursores quÃmicos para la elaboración de cocaÃna.
AUV jamás ha ocultado su simpatÃa por
los paramilitares, ni por los métodos coercitivos. En la reestructuración que
hizo de la administración antioqueña, que dejó en la calle cerca de 9.000
trabajadores, utilizó a los grupos paramilitares para ablandar y destruir las
organizaciones sindicales.
En 1997, en un acto de desagravio a
dos militares que habÃan sido destituidos por sus nexos con el paramilitarismo y
por violaciones a los derechos humanos, los generales Rito Alejo del RÃo y
Fernando Millán, expresó que si llegaba a la presidencia de la República armarÃa
a un millón de colombianos y fortalecerÃa las FFAA con cien mil hombres más,
dicho de otra manera revivirÃa las CONVIVIR. Y asà lo hizo, bajo la denominación
de “red ciudadana por la prevención del delito y la promoción de la vida en
común�, conocida popularmente como la “red de sapos�. Es, ni más ni menos, la
aplicación del principio fascista de militarización de la
sociedad.
El Monólogo o la farsa
de la “negociación�
Lo que el gobierno de
Uribe llama “proceso de paz� con los paramilitares, no es otra cosa que
una componenda entre compadres, donde el Estado les da un reconocimiento
polÃtico, les perdona todos los crÃmenes , y sobretodo les permite legalizar sus
capitales producidos con el narcotráfico, les legaliza las tierras expropiadas a
los campesinos de manera violenta. A los jefes los convierte en respetables
lÃderes polÃticos y las tropas las inserta en la institucionalidad a través de
las milicias campesinas.
El show montado
con la desmovilización de 800 paramilitares es una muestra de la treta: el
régimen recogió a los sicarios que le prestan servicios en las comunas de
MedellÃn, les puso un uniforme, que claramente no sabÃan lucir, les rapó la
cabeza, los dotó de vetustas armas y los formó para las fotos de rigor.
Posteriores entrevistas hechas por la prensa a algunos de estos “desmovilizados�
han dejado en claro que se trata de delincuentes dedicados unos al atraco y al
robo, otros al tráfico de estupefacientes, y todos al
sicariato.
En el año 2002, luego de elegido el
nuevo Congreso de la República, Salvatore Mancuso declaró que los paramilitares
habÃan conquistado el 35% de los escaños, es decir que la tercera parte de los
congresistas fueron avalados y financiados por el paramilitarismo. Y esto es lo
que han demostrado, aprobando leyes antipopulares y represivas y escuchando en
sus sesiones a los jefes paramilitares, a quienes tratan como invitados de
honor.
Asà las cosas, los colombianos estamos
ante:
*Un presidente que tiene en sus
haberes un pasado y presente mafioso.
*Un presidente que busca a toda costa
dar personerÃa polÃtica y ciudadana a los escuadrones
paramilitares.
*Un parlamento cuya tercera parte
obedece a uno de los jefes paramilitares.
*Un parlamento cuya tercera parte
obedece a uno de los capos de la mafia internacional.
Es decir, estamos frente a un
Estado mafioso y paramilitar.
¿Qué irá a decir
nuestro mini-Führer AUV en su próxima y controvertida visita a Europa?
¿Que le preste ayuda para legalizar a sus socios paramilitares, que inundan el
continente de droga? ¿O tal vez les irá a pedir que inviten a Mancuso y
Castaño a una sesión solemne del Parlamento?
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