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Denuncian el uso de la tecnología de Indra por vulnerar derechos humanos en las fronteras y utilizarse en la guerra de Yemen
19 jul 2019


(Fuente: Rebelión)

La activista canaria Miren Koldobi Velasco intervino ayer en la Junta General de Accionistas de Indra ​para pedir el ​ cierre de las actividades de la empresa en el sector armamentístico y reorientar toda la actividad empresarial a favor de la sostenibilidad de la vida.


Koldobi, representante de Fundación Fundación Finanzas Éticas (entidad fundadora de Fiare Banca Etica), del Centre Delàs (centro de estudios por la paz) y de la red de inversores responsables ”Shareholders for Change” que reúne a 12 gestoras de fondos responsables europeas para el accionariado crítico y activo, declaró que “Indra tiene un gran potencial tecnológico y debe utilizarse para el desarrollo humano y no para bombardear a población inocente e indefensa en el Yemen, por eso reclamamos un cambio estatrégico”.

Indra Sistemas es una de las principales compañías militares en España y una de las más importantes en defensa y seguridad en Europa. ​ Un 22% de sus actividades están relacionadas con defensa y el sector militar. Su principal cliente es el Ministerio de Defensa y participa en casi todos los grandes programas de armas de las fuerzas armadas españolas: los sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, el avión de transporte militar A400M, los Helicópteros Tigre y NH-90 que fabrica Airbus Defence and Space; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; así como también desarrolla sistemas de guerra electrónica. ​ Una producción que España hoy está exportando a países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto o Qatar entre otros muchos, países que directa o indirectamente están implicados en las guerras actuales de Siria, Yemen Afganistán e Irak, y en consecuencia con la grave crisis de refugiadas que huyen de la guerra y a los que Europa hoy les niega acogida.

La activista canaria señaló la implicación de Indra en la guerra en Yemen a través de la venta de armas a Arabia Saudí, quien participa este conflicto armado liderando una coalición de 9 países árabes, que están llevando a cabo una guerra de destrucción y bombardeos constantes en este país. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el conflicto armado ha provocado 2.4 millones de desplazados internos y refugiados/das (UNHCR, 2016), más de 7.500 civiles yemeníes han muerto y 42.000 han sido heridos. ​ Arabia Saudí ha adquirido desde 2014, 72 Eurofighters y carros de combate Leopard a los que Indra aporta sus sistemas tecnológicos. ​ Con este material, Arabia Saudí ha efectuado bombardeos sobre objetivos civiles, como colegios, instalaciones médicas, mezquitas y mercados, que se han saldado con miles de civiles muertos o heridos. Debe señalarse que Arabia Saudí puede haber cometido crímenes de guerra. ​ Además, el Estado Español (que es propietario parcialmente de Indra) vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí.

Indra tiene una fuerte presencia en los lobbys de Europa y una estrecha relación con el Gobierno español; ​ el 18,7% de sus acciones es propiedad de SEPI -empresa gubernamental pública​-, y este activo lobby, en el que ha gastado más de un millón y medio de euros, ha dado como resultado una gran cantidad de proyectos y contratos públicos para INDRA. Junto con otras empresas transnacionales de la industria de armamento, contribuyó, por ejemplo, a establecer las directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación de Seguridad, entre otras​. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social permitieron a Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que luego amañó junto a otras compañías tecnológicas con las que formó un cártel para repartirse y encarecer artificialmente contratos públicos en el negocio de la informática y el tratamiento de datos. Así se desprende de la ​resolución​ con la que la sala de Competencia del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Indra y a otras diez empresas del sector con multas de 29,9 millones de euros por su pertenencia a ese cártel, que estuvo vigente durante diez años (2005-2015) y afectó a organismos tan diversos.

Indra, es una de las principales responsables de construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla. En relación a la valla de Melilla, un informe de Médicos Sin Fronteras describe la situación de las personas que han tratado de escalar la valla de Melilla: "[...] ​ incapaces de moverse o regresar a sus propios países, e incapaces de trabajar en Marruecos, sufren constante hostigamiento y violencia, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que intentan evitar que salten la valla al territorio español y se dirijan a través del Estrecho de Gibraltar hacia Europa. La Guardia Civil de España también está involucrada en el acoso​".

El Observatorio Internacional de Migraciones ha asegurado que “mueren muchas más personas migrantes por el propio control de las fronteras que a causa del mar”. Según el informe “La transformación del Complejo Militar-Industrial: Evolución, influencia y violación de derechos humanos en la Homeland Security”, elaborado por NOVACT y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, se identifican ​ 81 vulneraciones de derechos humanos cometidas por las 22 empresas analizadas en el informe, entre las que se encuentra Indra.

Por todo ello, Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs y Shareholder for Change reclamaron:

la ​ NO colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras​ , destructoras de la vida y que violan derechos humanos, contribuyendo a dar respuestas no adecuadas y a enriquecer a unos pocos a costa de la guerra contra la vida para la mayoría de las personas del planeta.
La ​ paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.
que la empresa renuncie a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.
la toma de conciencia de las ​ trabajadoras, trabajadores, y de los accionistas invitándoles a que se nieguen a contribuir con el negocio de las guerras y la criminalización de las personas migradas y desplazadas por la fuerza.

Finalmente, Miren Koldobi Velasco hizo un llamamiento general a ser parte de la ​ resolución pacífica de los conflictos, al uso de la noviolencia y al desarme, así como a respetar los Derechos Humanos y las libertades.

Por su parte el presidente de Indra,​ Fernando Abril-Martorell​, se limitó a responder que la empresa cumple con los convenios de las Naciones Unidas y que dos agencias califican muy positivamente su desempeño en responsabilidad social corporativa. También confirmó que la facturación del área de defensa asciende al 20%.

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