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Notícies :: antifeixisme
Pactando con el diablo
per a	03 mar 2015
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“Te piden siete años de prisión”. “¿Por qué tanto? Si no se me acusa de haber lesionado a ningún policía”. “Cuatro años por atentado a la autoridad y tres por desórdenes públicos. Les da igual que hayas lesionado a alguien o no”. Una conversación así entre un/a abogado/a y su defendido/a, detenido en una manifestación, es cada vez más común. Desde hace unos años, y especialmente después de la eclosión del 15-M en 2011, se ha cristalizado una nueva estrategia por parte del Ministerio Fiscal a la hora de acusar a personas detenidas en manifestaciones: solicitar penas desproporcionadas para forzar acuerdos con los/as acusados/as. Por supuesto, la posibilidad de solicitar la pena máxima no es nada nuevo. Los/as Fiscales han tenido la posibilidad de hacerlo desde que el mundo es mundo. Como sabemos, todas las penas recogidas en el Código Penal se encuentran acotadas por un mínimo y un máximo (por ejemplo, el delito de desórdenes públicos del art. 557 CP tiene aparejada una pena de 6 meses a 3 años de prisión) y la posibilidad de pedir ese máximo siempre ha existido. La novedad se encuentra en el hecho de que desde hace unos años, la Fiscalía se encuentra sistemáticamente solicitando la pena superior por cada delito en los casos de personas detenidas en manifestaciones u otro tipo de luchas pertenecientes movimientos sociales. Es decir, al formular la acusación no piden la imposición de la pena que consideran “justa” o “adecuada” a los hechos, sino la más elevada posible dentro del arco del tipo penal. Así, no es extraño encontrar peticiones fiscales que oscilan entre los cinco y los ocho años a participantes de manifestaciones de todos los colores (la manifestación que originó el 15-M, una manifestación antifascista en Vallecas, las marchas del 22-M del año pasado, etc.). Y tampoco es raro encontrarse con personas a las que piden penas idénticas por hechos diferentes. Al solicitarse el máximo por defecto, vemos que a una persona le pueden caer 4 años por un atentado contra la autoridad consistente en arrojar nueve ladrillos a un policía, impactarle sobre el escudo de protección y tirarle al suelo, y a otra persona a la que se le puede imponer la misma sanción por empujar a un agente, sin mayores consecuencias. ¿Quién dijo proporcionalidad? ¿Por qué hacen esto los/as Fiscales? Este tipo de prácticas se hacen con un propósito claro: forzar una conformidad entre el Ministerio Fiscal y los/as acusados/as. Al fin y al cabo, cuanto más elevada es la pena solicitada, más fácil le resultará llegar a un acuerdo. Por poner un ejemplo, si a una persona le piden siete años de prisión será más fácil que reconozca su culpabilidad y acepte un pacto de dos años que si le pedían tres o cuatro. Podríamos preguntarnos: ¿qué interés tendrán las/os Fiscales en llegar a pactos de este tipo? La respuesta es que las conformidades les aportan múltiples ventajas, entre las cuales destacamos cinco: 1.- Pacto “a la española”: a Jueces y Fiscales tampoco les gusta currar: En primer lugar, cabe destacar que normalmente los acuerdos sólo se alcanzan cuando todo/as los/as acusados/as se conforman. De esta manera, todas las partes evitan celebrar un juicio que, si hay muchos/as acusados/as, un/a Fiscal encontraría farragoso. Después de todo, no resulta igual de sencillo celebrar un juicio contra tres o cuatro personas que contra veintipico detenidos/as de una manifestación, recordar sus nombres, qué policías imputan a cada uno/a, etc. 2.- La estrategia del miedo: En segundo lugar, si todas las partes se conforman, se lanza un mensaje muy poderoso al público: todas las personas detenidas en esta manifestación resultaron condenadas. Todas. Sin excepción. Se convierte en una historia sobre eficiencia policial y de la Fiscalía con una moraleja que trasciende a los medios de comunicación y a los movimientos sociales: si vas a una manifestación, corres el peligro de acabar condenado. La policía no yerra y la Justicia tampoco. Siente miedo y quédate en casa. 3.- Cuestión de imagen pública: Por otro lado, estas conformidades tienden a evitar que los/as acusados/as acaben en la cárcel si se trata de su único delito (a cambiar de pactar, el Fiscal no se opone a que se suspenda la condena). No hay que olvidar que resulta muy impopular meter a personas en prisión por su activismo, y que cuando se ha dado el caso se han lanzado campañas de presión a las instituciones reivindicando la salida de compañeros/as. Con un acuerdo se condena a una persona, se le generan antecedentes penales y se le obliga a abonar la responsabilidad civil, pero no supone el ingreso en prisión de muchas personas y el/la Fiscal se ahorra el “marrón” de aguantar la presión de ser quien metió en la cárcel a una decena de activistas. 4.- La Espada de Damocles y la desmovilización: Otro efecto deseado de los acuerdos es el de la desmovilización: al acabar todas las personas condenadas, todas ellas contarán con antecedentes penales y tendrán el futuro “hipotecado”. Se lo pensarán dos veces antes de volver a “arriesgarse” a ir a una manifestación, sabiendo que cualquier otra condena futura supondría su ingreso en prisión. 5.- Ruptura de la solidaridad: Si un grupo de, pongamos, veinte personas va a ser juzgado conjuntamente, se tiende a generar una campaña de apoyo más o menos fuerte que puede hacer públicas sus voces e inquietudes. Sin embargo, si se llega a un acuerdo con la Fiscalía el grupo de apoyo naturalmente pierde fuelle (al no existir un pulso con la acusación) y cada uno/a sigue por su cuenta. Si uno/a de los/as acusados/as es condenado/a en el futuro por otro delito, ya no gozará del apoyo del resto de compañeros/as. Los posibles ingresos en prisión ya no serían del conjunto, sino individuales y por goteo, por lo que ayudar a estas personas se vuelve más complicado. Conclusiones Vivimos en un mundo de chantajes cotidianos. Lo vemos a diario, cuando nos imponen multas por colarnos en el metro o cuando nos despiden de nuestros trabajos por no acatar todas las órdenes que nos llegan. Pero siempre el Estado ha encontrado justificaciones a sus actos tras la apariencia de imparcialidad y equidad. Ahora, al olvidarse de sus criterios de proporcionalidad, la Administración de Justicia se retrata como un entramado que abusa de su poder y ejerce la presión con el mayor de los chantajes posibles: amenazar con la privación de libertad para lograr sus objetivos.
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