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Notícies :: antifeixisme : corrupció i poder : criminalització i repressió |
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Represión penal y viejos remedios
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per A |
19 ago 2014
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Las últimas iniciativas represivas, planteadas por el gobierno como proyecto de ley mordaza o Código Penal, la reiteración de macro procesos en la Audiencia Nacional y sonadas operaciones policiales, sitúan nuevamente a España y Catalunya en el punto de mira de las organizaciones locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos. Mecanismos de excepción que traspasan los límites de un sistema político *presuntamentet garantista, despiertan con fuerza de la mano del gobierno de turno. Legislaciones y tribunales hechos a medida que, aunque propios de regímenes del pasado, nunca dejaron de formar parte de nuestro sistema jurídico. |
Los orígenes de la represión penal contra la disidencia se remontan a los orígenes mismos de los sistemas jurídicos occidentales. De esta manera, ya en la antigua Roma el enemigo público, hostis publacae, configuraba el núcleo duro de las políticas represivas. Se trataba de enemigos declarados, no necesariamente porque manifestaran su enemistad, sino porque el poder los declaraba como tales. Una figura fundamental, preservada y ligeramente adaptada hoy, fue la del estado de excepción o suspensión de los derechos, iustitium, mediante la cual, cuando se tenía conocimiento de una emergencia que ponía en peligro la república, el senado romano emitía un senatus consultum ultimum, por el que pedía a los consules que adoptaran cualquier medida que se considerara necesaria por la salvación del Estado.
En Europa uno de los más célebres tratados fue, en la edad media, el malleus maleficarum, contra las brujas, que perduró durante siglos satanizando la disidencia. Más tarde, en el S.XIX, el positivismo criminológico recuperó con firmeza la lucha contra el enemigo, con la obra Los anarquistas, del célebre y siniestro C. Lombroso, todavía hoy rebuscado a las facultades de derecho catalanas.
A lo largo del S.XX, la lucha contra la disidencia es una empresa capital para la subsistencia del Estado; en Europa con los nazi-fascismos, y en América Latina con 40 años de US Army school of the Americas.En la posterior transición a las democracias , se resiste a abandonar definitivamente tan suculentas prácticas represivas.
En España, una transición política inacabada y la transfusión de estructuras franquistas a la democracia bajo el pretexto de la amenaza terrorista, han hecho que poco a poco estas tendencias jurídico-políticas vuelvan a tomar fuerza. La propia constitución de 1978 en su artículo 55.2, de la suspensión de los derechos y las libertades, plantea la mayor grieta a los fundamentos de la democracia: el estado de excepción colectivo e individual.
En pleno fervor democrático, el RDL 1/1977 creó la Audiencia Nacional, instantes antes de que el RDL 2/1977 suprimiera el tribunal encargado de la represión de los delitos políticos, el Tribunal de Orden Público, antes todavía Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Desde entonces, este ha sido el órgano encargado de la expansión y legitimación de las más célebres doctrinas represivas contra la disidencia política, mediante instrumentos de dudoso rigor democrático como la Doctrina Parot o el Todo es ETA.
La tímida reforma de la estructura policial no llegó hasta el 1986 y continúa siendo un modelo represivo de primer orden, con tasas más elevadas que en los países del entorno. En este sentido, la Comunitat Autónoma Vasca tras el fin de la lucha armada, mantiene 16.000 policías en servicio, casiel uno por ciento de su población, así como el conjunto del estado español, con el 0’5%, muy por encima del resto de países de la Unión Europea y los EE.UU..
Hace falta apuntar en este punto la necesidad de deshacer algunos dogmas inculcados a las facultades de derecho: el sistema penal de toda sociedad occidental no pretende la paz social, sino el mantenimiento de un sistema político. En la España constitucional, total y fuertemente vinculada a la protección de la propiedad privada, la ley penal ha sido ligeramente influida por las tesis garantistas propias del estado del bienestar. Con la caída de este en la última década, los sistemas penales se transforman y evolucionan con más fuerza hacia tendencias punitivas y de trato diferenciado.
En la actualidad, con la desaparición de l’amenaza terrorista -chivo expiatorio de medidas ultra represivas- se observa una nueva expansión de estas tendencias, este golpe hacia otros colectivos críticos y ahora sí, de cariz muy pacífico. Nuevamente pues, el Estado demuestra que los mecanismos excepcionales no se justifican por la magnitud de la amenaza real contra la sociedad, sino de la amenaza simbólica respecto del statu quo.
Reformas legislativas como la actual, procesos políticos ante la Audiencia Nacional como los de Aturem el Parlament o el entorno abertzale, así como episodios de violencia policial como los del desalojo de Can Víes, constituyen la continuidad lógica de la dinámica penal española.
Así las cosas, este no es un análisis pesimista ni legitimador del momento que nos ha tocado vivir. Al contrario, vivimos una inversión de roles Estado-Sociedad en qué la perversión del contrato social hace que los gobiernos, en lugar de garantes de las libertades públicas, se conviertan en depredadores. En esta situación, más que nunca, es la sociedad crítica quien se erige como defensora de los derechos civiles y la desobediencia frente a la injusticia acontece legítima y necesaria.
Article fet per X.M.S. |
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Comentaris
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Re: Represión penal y viejos remedios
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per construir autonomía |
19 ago 2014
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En parte, comparto el análisis de este texto, pero tengo la sensación que todavía se disculpa esa creencia en el estado derecho y garantista de quienes han pasado por la facultad de derecho y se han formado para creer, como si se tratara de una fe, a pesar de las evidencias.
No existe tal “perversión del contrato social”, pues los gobiernos nunca tuvieron la pretensión de cumplir pacto alguno que fuese en contra de sus intereses y en contra de los intereses de las clases sociales de las familias de las oligarquías.
Jamás un gobierno se propuso ser garante de las libertades públicas, por mucho que simulara la creación de contextos de legalidad que velaran por ellas. Creer cualquier otra posibilidad, no es más que caer en una estrategia, en un espejismo o cortina de humo para evitar darnos cuenta de sus verdaderas intenciones, que no son otras que el control económico, social y político.
De ahí el papel cómplice de las universidades en la creación de ese simulacro, que se ve una y otra vez puesto en entredicho con la realidad de lo que sucede en los tribunales. A lo sumo, los abogados y abogadas podrán dilatar el tiempo del juicio-espectáculo, o buscar estrategias que hagan al propio estado de derecho entrar en contradicción y corregir técnica y discursivamente sus grietas y fisuras.
La institución penitenciaria es un claro ejemplo de evolución de un sistema de castigo y productivo que, más allá de no renunciar a sus métodos de tortura, humillación, brutalidad y aislamiento, ha incorporado nuevas formas de domesticación a través de la psicologización social o de la inclusión de las camisas de fuerza químicas que son los neurolépticos, dispensados unilateral y arbitrariamente y sin prescripción facultativa. Los centros o cárceles de menores han sido antesala de toda esta experimentación, y el porcentaje de menores medicados es tan alarmante como indecente.
Ese mismo contexto pero a un nivel formal mucho más sutil, se han seguido las mismas estrategias políticas de contención y modificación de conductas en escuelas, formando a los niños, niñas y niñes, en la resignación, para soportar las más precarias condiciones productivas y reproductivas.
Quienes han defendido el estado de derecho y garantista desde una perspectiva crítica, pese a sus intenciones, han colaborado involuntariamente en la consolidación de este sistema de múltiple perversión de realidades.
Muchas denuncias de leyes y reformas que no se ajustaban a la legalidad constitucional de los derechos y las libertades, se han visto ninguneadas con la resignificación de esas prácticas abusivas. No es posible una policía que no vulnere las “garantías legales”, los “derechos humanos” o las más “elementales libertades”. La impunidad nunca se ha sentado en el banquillo de los acusados porque forma parte de ese sistema legal de derechos y garantías. Toda institución tiene sus propios submundos en los que hablar de derechos y libertades es del todo absurdo, pues esas “infradimensiones” existen para legitimar el orden hegemónico y porque son una de las partes más importante del sistema de derechos, garantías y libertades, que alimentan al propio estado, y a los influyentes sectores relacionados con la institución del castigo que es la justicia.
Esos sectores críticos nunca podrán enfrentarse a esta injusticia social, sino abandona su creencia en esta penalidad garantista de los derechos. Hay muchísimas realidades injustas y de aplicación generalizada, que jamás han sido denunciadas por esos sectores de la sociedad crítica que necesita recurrir con sus denuncias al mismo sistema que legitima cuando lo pretende denunciar. A las criminales políticas de igualdad que legitiman el asesinato de mujeres y a las políticas penitenciarias para adultxs y para lxs menores, no podemos olvidar otro de los entornos más ignorados por quienes se han destacado en esa supuesta defensa de derechos y libertades por vía legal.
Nadie ignora que todos los años se realizan numerosos ingresos a la fuerza en centros de salud mental. Hay una legislación que se asegura que es para proteger nuestros derechos y entre los que se destaca en numerosas ocasiones, el consentimiento informado o la decisión de rechazar el tratamiento sin ninguna argumentación. De la misma manera hay un código deontológico en el que se manifiesta que el tratamiento no puede perjudicar, dañar o poner en riesgo la vida de la persona. Sistemáticamente, en cada ingreso a la fuerza, a los que eufemísticamente llaman “involuntarios”, se aplica un protocolo que es de dominio público, que no popular. Con dicho protocolo, se ata con correas a la persona durante varios días a una cama y se le inyecta una medicación sin información alguna. No importa que su estado de ánimo esté tranquilo, se trata de un protocolo. Es una medida que se ha aplicado también a personas migradas, cuando se las ha pretendido expulsar de este país.
Esto no es desconocido por las instituciones y tampoco por quienes están en ellas, ni tan siquiera por sus profesionales o los sectores más críticos. Sin embargo no existe ninguna protesta o rechazo público contra la aplicación de este tipo de protocolos o de intervención que vulnera todos los “derechos”. A estas personas, les llamemos locas, migrantes, presas, mujeres, delincuentes, ancianas, homosexuales o transexuales, cuando se les aplican medidas como estas o similares, ni se las considera personas, ni se les reconoce calidad humana alguna, por eso pueden ser humilladas en lo más íntimo y personal. No son productivas para este sistema y en el proceso de "recuperación", a las que no se puede expulsar, sólo se les habilita la vía del shock y el trauma. A las que vinieron de otras partes, además se le suma la opción del destierro o la expulsión, incluso a países en los que su vida corre en grave riesgo de extinguirse.
En los Estados Unidos durante muchos años han sido mucho menos hipócritas y han ejecutado sus prácticas de exterminio sin tapujos, aplicando las mismas políticas de limpieza étnico-social-político-económica, la pena de muerte que luego les servían como excusa y coartada, para bombardear a poblaciones civiles de países a los que declaraban enemigos de la democracia y las libertades.
Cuando el sector crítico de una sociedad, no es revolucionario, involuntariamente se convierte en comparsa de la reacción. Su actuar retrasa el proceso, pero indirectamente lo perfecciona.
Esta cultura occidental se remite en su orígen a la Grecia socrática y es por ello que no es nada sorprendente que los romanos ya hubieran promulgado leyes contra lxs “enemigxs de Roma” o lxs “enemigxs públicos”. El pensamiento y la acción disidente siempre han sido objeto de observación, estudio, persecución y neutralización. La propia universidad es una de esas estrategias para neutralizar todo pensamiento refractario a este sistema, de la misma manera que lo puede ser cualquier otra institución, y sólo, si somos conscientes del papel que estamos “jugando”, podremos liberarnos de las múltiples perversidades de sus estrategias. No es tanto negarse al conocimiento de las instituciones, como el aprender desde la conciencia antagonista al sistema, para golpearle desde fuera y crear nuestros propios proyectos, defendiéndolos de su voracidad inclusiva como de su “legalidad vigente”. |
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