No es para menos: lo aprobado por el Legislativo incluye el recorte de 15 mil plazas en el sector público, la flexibilización de las leyes laborales en perjuicio de los trabajadores y una reducción del salario mínimo de 751 a 600 euros (12 mil 637 y 10 mil 96 pesos, respectivamente).

La división alcanzó a los partidos más importantes, el Socialista Panhelénico (Pasok) y la coalición derechista Nueva Democracia, los cuales anunciaron la expulsión de los legisladores que rechazaron el plan de austeridad, 22 del Pasok y 21 de Nueva Democracia. Ello implica una reducción significativa de la coalición gobernante, la cual hace unos días tenía un holgado respaldo de 252 de los 300 diputados y ahora dispone sólo de 198.

En tal circunstancia, la nación mediterránea habrá de atravesar por un escenario político incierto y ominoso de aquí a las elecciones anticipadas, previstas para abril próximo.

La imposición del paquete de medidas de choque exigidas por la Unión Europea para evitar la moratoria de pagos de Grecia, la expulsión del país de la eurozona y el otorgamiento de un crédito por 130 mil millones de euros es la culminación de una ofensiva sistemática y permanente contra la economía de la población, ofensiva que ya en 2008 provocó severos disturbios.

Por más de una década la Unión Europea, los organismos financieros internacionales y las calificadoras financieras toleraron la indisciplina fiscal de los sucesivos gobiernos griegos, voltearon hacia otro lado ante la inocultable corrupción y se hicieron de la vista gorda ante el crecimiento del déficit fiscal de Atenas. Cuando la situación empezó a amenazar la estabilidad de toda la eurozona, la reacción de los poderes financieros trasnacionales consistió en pasar la factura a la población griega.

No es el único caso en Europa: las economías de España, Italia, Portugal y Francia siguen un curso de zozobra no tan pronunciado, pero similar, en esencia, a lo que ocurre en Grecia. Ayer mismo la agencia Moody’s lanzó la advertencia de que podría rebajar la calificación de Francia, Gran Bretaña y Austria y redujo las notas crediticias, ya previamente castigadas, de Italia, Portugal, España, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.

La ofensiva del capital contra la gente se agudiza en tiempos de crisis, y con ello se vulnera la estabilidad, la gobernabilidad y la seguridad de los países. Así ha ocurrido en el nuestro, donde desde hace tres décadas los gobiernos han obligado a la población a cargar con los costos de las sucesivas turbulencias financieras, tanto exógenas como endógenas, con lo que eso significa: eliminación de empleos, congelamientos salariales que equivalen a reducciones netas, afectación de los programas agrarios, alimentarios, de salud, de vivienda, de educación y de cultura.

Todo ello produjo en México un estallido delictivo sin precedente, que en mucho se parece a una guerra, tal como fue descrito desde 2007 hasta el año pasado por los principales responsables de la actual administración. Pero, lejos de promover la creación de empleos, de procurar rescates de los sectores más golpeados por la crisis y dignificar las condiciones de vida de la población, se ha optado por gastar ingentes recursos en un esfuerzo de contención de la criminalidad por medio de las armas. Cabe preguntarse si no acabará pasando algo semejante en algunos escenarios del viejo continente. Los gobiernos de las naciones mediterráneas de la Unión Europea tendrían que mirarse en el espejo mexicano.

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