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Caso Barceló Montelimar: el Estado reclama lo que es suyo
09 jul 2008
Entrevista en exclusiva con el Procurador Hernán Estrada
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El conflicto que se ha desatado entre el Estado nicaragüense y la transnacional española Grupo Barceló, acerca del complejo turístico Montelimar, ha entrado en una etapa que podría llevar las dos partes a un enfrentamiento judicial a nivel internacional y que podría concluir con la recuperación del prestigioso inmueble por parte del Estado de Nicaragua, por incumplimiento del contrato de compraventa por parte de la empresa española.

Para conocer más en detalle lo que está ocurriendo, el procurador general de la República de Nicaragua, Hernán Estrada, accedió a una entrevista en exclusiva con Sirel.

-¿Cuál es el contexto socio-político del país al momento de darse, en 1993, la privatización y la venta del complejo turístico Montelimar a la empresa Auxiliar SA - Grupo Barceló?

-Cuando dejamos el gobierno en 1990 entregamos 356 empresas estatales. Estábamos en un contexto de economía centralizada o de Estado y entregamos todo lo que estaba en la Corporación Industrial del Pueblo (COIP), en la que se agrupaban diferentes segmentos o conglomerados de todos los bienes que eran del Estado. Dentro de uno de estos grandes conglomerados estaba la Corporación de Turismo (COTUR) y como es bien sabido, en la primera etapa del gobierno revolucionario el turismo fue una de las grandes fuentes de ingreso para el país. No es cierto, como dicen algunos, que Nicaragua no tenía turismo en los años 80, y fue por esto que, en medio de las enormes adversidades que atravesaba el país, se hizo un gran esfuerzo para dotarlo de infraestructuras turísticas, entre ellas el complejo Montelimar. Me acuerdo perfectamente que, frente al embargo impuesto a Nicaragua, todo lo que era el equipamiento de las 202 habitaciones existentes se tuvo que importarlo de Panamá. Salían los aviones de la Fuerza Aérea y regresaban con camas, refrigeradores, televisores para dotar los cuartos. El complejo Montelimar tiene además un significado emblemático para el país. Allí, por ejemplo, se firmaron los últimos acuerdos para la entrega de las armas de los desmovilizados en julio del 1992.

Al momento de la venta de Montelimar la tierra valía menos que ahora, pero fue adquiriendo un valor de mercado internacional. Tengo recortes de periódico que señalan que el valor oscilaba entre 5 y 36 dólares la vara cuadrada (0,9 metros), lo cual no es muy lejos del precio actual. Es en este contexto que se decide vender el complejo Montelimar de casi 300 manzanas (209 hectáreas) a un precio totalmente fuera de lugar de 3,03 millones de dólares y con amplias facilidades de pago para la empresa que lo adquirió, como por ejemplo tres años de gracia y el pago de diez cuotas anuales, cuyo plazo vencía el 19 de junio del 2006.

-¿Por qué cree que el Estado aceptó una cantidad que la Procuraduría General de la República considera muy baja para la venta del complejo turístico?

-Estábamos en un momento de total desorganización, o si queremos, de reorganización del Estado y comenzaba el impulso neoliberal en el país, con la presencia de los organismos internacionales que presionaban para la privatización de los bienes estatales. El concepto de privatización del Estado estaba entrando con toda su fuerza en el continente y en ese contexto el gobierno recibe la fuerza privatizadora que viene del exterior y de ello se aprovechan, como en un gran banquete, los políticos que estaban en ese momento. No es extraño, entonces, que quienes actuaron en la venta de Montelimar por parte del Estado fuesen en ese momento el director de Asuntos Legales de la Presidencia, Tomás Delaney y el secretario de Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), Noel Vidaurre, quienes actualmente resultan ser la contraparte en cuanto representantes legales de Hotel Montelimar SA, Grupo Barceló.

Creo que esto tiene que ver con la codicia que tuvo el Grupo Barceló, porque ni siquiera quisieron pagar lo poco que debían con las cuotas anuales, lo cual demuestra que no había el más mínimo interés de honrar el compromiso adquirido. Nosotros no íbamos a poder hacer nada legalmente si hubiesen pagado esa cantidad que estaba pendiente, y lo que para nosotros es importante es que ni siquiera honraron ese compromiso, aduciendo argumentos muy débiles, como el hecho de no haber alcanzado los porcentajes de ocupación previstos en el contrato de compraventa. Eso es muy extraño porque, contrariamente a lo que dijeron la Cámara de Turismo, el gobierno de Enrique Bolaños y todo el sector turístico del país, que en Nicaragua hubo un gran desarrollo turístico, parece que solamente el Hotel Barceló Montelimar no tuvo ni ocupación, ni ganancias. Es por eso que decidimos asumir el caso legalmente. Una cosa es la venta lesiva que hubo, en la cual no tuvimos nada que ver y por la cual no podemos hacer nada, y otra cosa es el cumplimiento de la obligación con el Estado. Como no se cumplió esa obligación y no se finiquitó, nosotros tenemos el espacio legal para reclamar, ya no solamente las cuotas anuales que deben, sino también profundizar en el tema.

-Con respecto a los términos del pago al Estado, el contrato de compraventa estipula que el pago de las cuotas anuales dependía del nivel de ocupación de las habitaciones y el Grupo Barceló aduce que la empresa auditora Price Waterhouse certificó que nunca lo alcanzó y que, por lo tanto, no le debe al Estado. ¿Por qué la PGR dice lo contrario?

-Price Waterhouse fue contratada por el comprador, es decir por el Grupo Barceló. Lo menos que podemos pensar es que el procedimiento fue correcto, pero no hay una confirmación de parte de la junta directiva de CORNAP, que es la institución del Estado a la que le correspondía haber aceptado esa estimación hecha por Price Waterhouse. Nunca la aceptó, o sea, no existe una afirmación oficial de parte del Estado nicaragüense que diga eso por escrito. Existen correspondencias, cartas que se cruzaron diferentes funcionarios con miembros de la empresa; en algunas dijeron que estaban de acuerdo con estas estimaciones, en otras dijeron que no lo estaban y la empresa está enseñando sólo las primeras. Lo que sí es legalmente claro es que la junta directiva nunca aprobó estas auditorias y esto nos da el espacio para actuar legalmente.

-Pero el contrato prevé que el saldo se va a pagar en diez cuotas anuales dependiendo del porcentaje de ocupación. ¿Qué pasaría, si efectivamente no se hubiese alcanzado ese porcentaje?

-Esto es otro aspecto. El contrato no dice que si no se alcanzó el porcentaje requerido no se va a pagar. Tampoco dice que si no se alcanzó se va a exonerar a la empresa. Pero otro punto muy importante es la cláusula séptima, que dice que si se incumple una de las obligaciones se puede rescindir el contrato, y es lo que estoy haciendo a favor del Estado. Esos supuestos grandes inversionistas desmantelaron el Estado, lo dejaron con las manos arriba y atadas, pero por lo menos me dejaron un espacio donde yo puedo pelear.

-¿No es raro que a la empresa que tiene que demostrar los niveles de ocupación se le dé la autoridad de elegir la empresa auditora?

-Eso es parte de todas las irregularidades que ocurrieron y de las debilidades del momento histórico. Esto evidencia la falta de tutela del interés del Estado, la falta de diligencia y el vacío total de velar por ese interés. Los funcionarios que estuvieron al frente y que son hoy los representantes legales del Grupo Barceló no protegieron el mejor interés del país. Podrá discutirse si pagaron o no, si tienen o no la razón, pero yo tengo que dejar en evidencia como actuó ese supuesto gobierno demócrata de Violeta Barrios de Chamorro.

-Parece además que en los últimos doce años el complejo turístico Barceló Montelimar tuvo una ocupación promedio del 50 por ciento, frente a millones de dólares que tuvieron que pagar en impuestos, inversiones y salarios para empleados. ¿No es extraño que sigan en Nicaragua si el negocio no le funciona? Hasta están construyendo otro hotelâ¦

-Efectivamente aprovecho de la oportunidad para decirles que si no han tenido ganancia o si han tenido perdidas, que no las sigan teniendo. Yo les regreso los 30 millones de dólares y también el valor de las inversiones que han hecho y que no sigan perdiendo, para que terminemos con esta situación rápidamente.

-La PGR inició una demanda en los tribunales nacionales y ahora decidieron recurrir a un arbitraje internacional en el CIADI. ¿A qué se debe ese cambio de estrategia?

-Nosotros pedimos un embargo preventivo en los tribunales locales, pero como el Grupo Barceló quiso internacionalizar el conflicto, como muchas veces ocurre con estas empresas que se dicen inversionistas, tuvimos que salirle al paso. Estas empresas dejaron tan débil al Estado nicaragüense, que le hicieron creer que nunca iba a tener la posibilidad de defenderse, porque de todas maneras iba a perder. Nos hicieron creer que defenderse era malo y que si vienen a robar y usurpar en nuestro país no podemos ni siquiera resarcir el daño. Este gobierno tiene una grande y brillante experiencia en defensas internacionales y nunca ha perdido un caso. Por eso vamos a un juicio internacional en las mismas instancias que pide el Grupo Barceló.

-¿Ir a un arbitraje internacional va a tener un costo económico?

-Claro que va a tener un costo económico, pero tenemos que luchar para la recuperación de Montelimar, porque vamos a demostrar que tenemos la razón y no podemos huir solamente porque nos muestran los dientes. Tenemos que defendernos del capital global y saber pelear en este campo cuando hay casos como este que son notoriamente burdos.

-¿La posible recuperación de Montelimar tiene que ver también con la idea de un nuevo papel que va a jugar el Estado en la sociedad nicaragüense?

-El nuevo Plan de Desarrollo Humano que el gobierno acaba de presentar tiene un enfoque muy diferente de los planes impulsados por los gobiernos precedentes. Cuando en el 1990 dejamos el gobierno, Nicaragua estaba en el número 96 del �ndice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Ahora estamos en el 116, lo que implica que todos los índices fueron bajando en el país y que actualmente tenemos el reto de levantar al país, pero con un enfoque de desarrollo integral. El caso de Montelimar es emblemático y va a servir para moralizar a nuestra población y a nuestro país y a dignificar y aumentar la autoestima del ciudadano nicaragüense. Esto es lo más valioso para que los nicaragüenses no se sientan como ciudadanos de segunda o tercera categoría, frente a estos inversionistas que dicen traer el desarrollo y lo que hacen es agarrar lo que ya hicimos nosotros.

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