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Notícies :: especulació i okupació
L'Ajuntament té pressa en desallotjar Can Ricart
per La Vanguarra	06 des 2006
Okupas en peligro EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA QUIERE ACELERAR EL DESALOJO DE CAN RICART ALEGANDO SU MAL ESTADO ÓSCAR MUÑOZ - BARCELONA
La okupación de Can Ricart no puede enquistarse. Ésta es la determinación del Ayuntamiento de Barcelona, que no desea que el antiguo recinto fabril, que ya ha sido causa de un largo conflicto con los vecinos que reclamaban mantenerlo prácticamente en su totalidad por su valor arquitectónico, vuelva a ser un problema que se dilate en el tiempo, esta vez vinculado al fenómeno okupa. Por ello, los responsables municipales buscan cómo lograr que las personas que se instalaron el sábado en las naves, en su mayor parte procedentes de la desalojada La Makabra, abandonen el inmueble por las buenas o por las malas. Hay muchas dificultades de tipo legal. A ellas se refirió anteayer el alcalde, Jordi Hereu, quien reclamó cambios para poder hacer frente a este fenómeno. Que el bien usurpado sea de propiedad privada complica las cosas. Con todo, el gobierno de la ciudad no piensa ver cómo evoluciona el caso desde la barrera y quiere usar todas las armas disponibles. Una vía que podría acelerar el desalojo, en la que ya trabajan los técnicos, es demostrar que el espacio ocupado no reúne las condiciones de habitabilidad mínimas, no sólo para residir, también para llevar a cabo las actividades artísticas que se han previsto. Los responsables del Ayuntamiento ven en la okupación de Can Ricart un paso más en el pulso que mantiene el colectivo okupa con las administraciones, según coinciden las fuentes municipales consultadas por La Vanguardia.Este movimiento, añaden, "selecciona muy bien sus objetivos, que suelen ser fincas en las que hay algún problema con la propiedad, lo que les da un colchón legal para poder quedarse allí tres o cuatro años". Y, ante situaciones de este tipo, los técnicos del Ayuntamiento consideran que suele haber poco margen de actuación y, cuando lo hay, las trabas legales son innumerables. La vía penal, que está abierta en el caso de Can Ricart, aunque es la más expeditiva, no suele prosperar (véase información adjunta). Al no estar afectado directamente, el Ayuntamiento no se puede personar en la causa como acusación particular. Únicamente la queda ejercer la acción popular porque podría interpretarse que hay intereses públicos más amplios en juego, como, por ejemplo, la aplicación del plan urbanístico del antiguo complejo industrial, que ya tiene luz verde inicial. Pero en el Ayuntamiento hay poca confianza en que este camino acabe dando frutos. La vía civil es la más adecuada, según los técnicos consultados, pero tiene el problema de que suele ser lenta. Así las cosas, si se quiere actuar ya, sin cerrar las posibilidades antes apuntadas, hay que tomar en consideración otras opciones. Por ello, el Ayuntamiento, en aplicación de sus competencias, se propone inspeccionar los edificios ocupados para comprobar si reúnen las mínimas condiciones físicas. El hecho de que allí se vayan a hacer ensayos de varias disciplinas artísticas, básicamente de circo - para ello se está habilitando una nave que se quiere convertir en taller- y que pueda reunirse un gran número de personas en su interior son elementos que se van a tener en cuenta y comunicar al juez. Tampoco está claro que el inmueble no amenace ruina y que los materiales inflamables que hay en el interior sean peligrosos. Estos últimos extremos han sido rechazados por los okupas, que dicen tener un informe de Arquitectes sense Fronteres que certifica el buen estado de las naves. Para que los técnicos puedan inspeccionar los espacios ocupados de Can Ricart, sus actuales residentes deben dejarles entrar. Si no lo hacen - están en su derecho puesto que han consolidado un domicilio-, hará falta una autorización judicial expresa, que el Ayuntamiento ya ha previsto solicitar. El juez cita al propietario de la nave ´okupada´ El titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, Emili Soler, ha citado a declarar al propietario del inmueble ocupado en Can Ricart para que acredite que es de su propiedad y exprese si desea o no desalojar a los okupas. Según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe, esta declaración está prevista para el próximo lunes y, si finalmente se puede acreditar la propiedad, el juez pasará a identificar a los presuntos autores de la ocupación para imputarles, por la vía penal, un delito de usurpación de la propiedad. No obstante, el juez sólo podría ordenar un desalojo a corto plazo, como medida cautelar, si se demuestra que hay un perjuicio directo contra el propietario o por cuestiones de seguridad, asunto este último que el Ayuntamiento pretende demostrar. Lo habitual, sin embargo, es que el caso se archive para que el propietario lo tramite por la vía civil, aseguraron las mismas fuentes. Los okupas - hay medio centenar de manera permanente, según ha asegurado una portavoz del colectivo- están instalados en tres áreas del antiguo recinto fabril, dos naves - una para convertida en dormitorio y otra actualmente en transformación para acoger un taller de ensayo- y un espacio para comedor y la celebración de asambleas. Uno de los abogados de los okupas, Jaume Asens, explicó ayer que el día de la ocupación los vecinos estaban celebrando una fiesta en Can Ricart, con un permiso del propietario, y que permitieron la entrada a los okupas. Ésta podría ser una de las razones por las que los Mossos d´Esquadra que ese día custodiaban la manifestación evitaron frenar la ocupación, señaló Asens. Fuentes municipales precisaron a este diario que el hecho de que la propiedad estuviese custodiada - y, por tanto, no abandonada- debe ser tenido en cuenta por el juez. OKUPAS EN PELIGRO. EL TALANTE DE LOS FALLOS JUDICIALES La justicia suave UN 70% DE LAS SENTENCIAS NO VE DELITO EN LA ´OKUPACIÓN´ DE INMUEBLES LLU�S SIERRA - BARCELONA La mayoría de las sentencias sobre okupaciones pacíficas no las consideran delito, sino infracciones civiles. Estas sentencias, un 70% de las que se dictan en España, según el catedrático de Derecho Penal Ramon García Albero, se basan en una interpretación restrictiva del artículo 245.2 del Código Penal español. Este artículo dice que "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses". La aplicación de este artículo, introducido en el capítulo V (De la usurpación) en el año 1995, depende de los jueces y está sujeta a interpretaciones. En muchos casos, en la Audiencia de Barcelona y otras, se adopta una interpretación restrictiva que en la práctica dificulta la vía penal, dejando, como antes del 95, la vía civil del desahucio como única alternativa. El caso es que ese artículo se puso para facilitar una resolución rápida de las okupaciones.Se opusieron partidos del grupo mixto como IU, ICV y ERC, considerando que la ocupación pacífica de inmuebles en desuso o abandonados no debería ser considerado delito. Ramon García Albero, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida, señala que la voluntad del legislador, más allá de establecer un castigo por una infracción menos grave era "permitir que, a partir de una denuncia del propietario, el juez acordase el cese de la situación ilícita". Incluso se podría actuar sin denuncia porque "si no hay consentimiento expreso del propietario, es perseguible de oficio". La interpretación restrictiva que abunda se basa en el criterio de que "sólo es delito cuando se trata de un inmueble o edificio cuyo propietario lo posee de forma socialmente manifiesta", según el catedrático García Albero. Se defendería así la posesión de un inmueble y "no el derecho del propietario a poseer", que queda para el ámbito civil. Esta interpretación es la que ha calado entre buena parte de los jueces y, según García Albero, en casi todas las salas de lo penal de la Audiencia de Barcelona. En otros pagos, aunque menos, también gana esta interpretación que estaría presente "en el 70% de las sentencias en España". No hay jurisprudencia aplicable de rango superior, según sentencias de tribunales superiores o del Tribunal Supremo. La jurisprudencia menor (de las audiencias) viene a considerar delito la usurpación/ okupación de inmuebles en venta, en promoción o que son segundas residencias en condiciones de habitabilidad. en esta línea. Para que se dé una orden de desalojo rápido ha de constar, siguiendo esta línea de interpretación, la oposición expresa del propietario. García Albero señala que, conociendo esta línea de actuación judicial, "es lógico que la policía dude si ha de intervenir o no". En el caso de Can Ricart se podía haber intervenido, según el catedrático, "incluso con la visión restrictiva del delito", porque la posesión por parte de los propietarios se manifestaba por la presencia de vigilantes privados y porque se presentó denuncia en las primeras horas. "También es delito permanecer en el inmueble sin consentimiento del propietario", señala García Albero. El desalojo urgente era posible, según apunta también el abogado Francesc de P. Jufresa, que ha representado al Ayuntamiento en varios casos frente a okupas. Este letrado está convencido de que, "en la mayoría de los supuestos, los jueces pueden ordenar el desalojo urgente por parte del Ayuntamiento de una finca aunque sea privada". El caso de Can Ricart entraría en esa mayoría de supuestos, según Jufresa. La razón de urgencia se basaría, para este letrado, en cuestiones de salubridad pública y seguridad. "Sorprende - añade el abogado-, y protesto por ello, la resistencia que hacen los jueces para autorizar los desalojos". Con las leyes actuales se puede ser más eficaz, mantiene Jufresa. "Ante fenómenos concretos, constantemente los políticos hablan de cambiar leyes y endurecer el Código Penal. Pero el Código Penal ha de ser conciso, y no ir creando nuevas figuras delictivas". El fenómeno okupa,"que al principio podía generar simpatía por su aire juvenil, progresista o de denuncia de espacios abandonados para la especulación, se ha transformado, en Barcelona, en un fenómeno molesto y con una carga de peligrosidad social y de violencia". Mayol confirma que ve bien negociar con los okupas, a diferencia de PSC y ERC LL. S. - BARCELONA a teniente de alcalde Imma Mayol ratificó ayer la posición del grupo de ICV-EUiA, favorable a intentar la negociación con los okupas de Can Ricart, a diferencia de las otras formaciones del gobierno municipal (PSC y ERC). CiU y PP se reafirmaron en que las diferencias de opinión ponen de manifiesto la falta de coherencia en el equipo de gobierno del alcalde Jordi Hereu. Mayol no explicó su criterio directamente sino remitiéndose a las declaraciones del día anterior del concejal Ricard Gomà. "A diferencia de otros grupos municipales, que parece que sólo puedan expresarse por boca de su presidente, en ICVEUiA el posicionamiento público de cualquier de sus miembros expresa una opinión compartida y fruto de un trabajo colectivo". Respondía así al teniente de alcalde republicano Jordi Portabella, que había reclamado que fuese ella, como presidenta del grupo, y no Gomà, quien expresara el posicionamiento de los ecosocialistas. Xavier Trias (CiU) considera que estas diferencias "ponen en cuestión el liderazgo del alcalde y la unión del gobierno". Trias ve a Gomà como "medio a favor de los okupas" y censura que el alcalde declarara hace unos días que no ha de intervenir en la okupación de un inmueble privado, porque, recuerda Trias, "una okupación es un delito y la ley se ha de cumplir". Gerard Ardanuy, presidente de Unió Democràtica en Barcelona, se sumó a las críticas al alcalde afirmando que "promueve la okupación de las casas de los vecinos". También Alberto Fernández Díaz (PP) es crítico con la disposición negociadora de ICV ( "los amigos de los okupas"), pero cree que no se diferencia mucho de ERC, del PSC y del alcalde Hereu, "que dicen que negociarán después con los okupas, le están dando un balón de oxígeno a este colectivo". No es la primera vez que ICV mantiene posiciones diferenciadas de sus socios. La disensión más importante se dio hace un año, con ocasión de la aprobación de la ordenanza del civismo, que no fue aprobada por el grupo que preside Mayol. Esta vez, y al menos hasta ayer, PSC yERC han preferido no favorecer la polémica. Jordi Portabella no fue más allá de la citada invitación a Mayol para que diera la cara. Ningún miembro del PSC quiso pronunciarse públicamente al respecto, aunque está claro el malestar que ha creado la nueva discrepancia de los ecosocialistas. Hereu sí habló ayer para repetir que ve "imposible negociar" con los okupas mientras mantengan la okupación.Sería "la peor pedagogía" negociar con una "política de hechos consumados", según el alcalde, que reclamó a los okupas que "no mezclen reivindicaciones que puedan parecer legítimas, y que de hecho lo son, con métodos que atentan a las mínimas reglas democráticas y a la convivencia".
Mira també: http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20061206/51295255299.html http://www.lavanguardia.es/premium/epaper/20061206/51295266430.html
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