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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió
Los detenidos «por si acaso» siguen sin saber de qué se les acusa
per zoom	02 nov 2006
De febrero de 2003 a julio de 2005, los cuerpos policiales arrestaron a 116 vascos. El propio Gobierno español lo bautizó como detenciones «preventivas». Sus nombres, al parecer, aparecían en una lista. 18 ya se sientan en el banquillo y otros 85 esperan juicio.
Ekain GERRA | Procesado Incertidumbre, sorpresa, indignación. Es lo que afirma que sintió el joven de Barañain Ekain Gerra cuando lo detuvieron en su domicilio en el marco de lo que se denominó «operación preventiva». A día de hoy afirma haber estado preso «sin tan siquiera saber los motivos». El carácter «preventivo» de ésta y anteriores redadas quedó claro en unas declaraciones efectuadas por el entonces ministro de Interior español Mariano Rajoy: «Hemos detenido a 35 personas y ahora veremos en comisaría de qué les podemos acusar». Bajo la genérica imputación de «integración», Gerra estuvo dos años en la cárcel. Poco después de que en una rueda de prensa sus padres reclamaran su liberación, cuando ya llevaba un año en la cárcel, el 6 de diciembre de 2004 sufrieron un grave accidente a la altura de Noviercas (Soria) cuando se dirigían a Alcalá. Su madre, Karmele Solaguren, perdió la vida. «Estos dos años han supuesto la pérdida de mi madre por culpa de la dispersión, por estar a 500 kilómetros de donde debería haber estado. Y haber cortado mi vida en todos los sentidos. Muchas veces me he pre- guntado que no habría pasado de no haber sido encarcelado», manifiesta. Echando la mirada atrás, Gerra recuerda los momentos de «desconocimiento total» ante su detención, aunque «viviendo en Euskal Herria tampoco es sorprendente que te detengan sin ni razón alguna». El desconocimiento inicial dio paso a la «sorpresa e indignación» al leer lo publicado en esos días en algunos medios de comunicación. «Noticias sin contrastar y sin hablar con los perjudicados, falta de pruebas...», remarca. Casi tres años después, la situación no ha variado mucho. Hoy es el día en que «seguimos sin acusaciones concretas, sin saber cuál será la petición fiscal ni cómo concretará esa acusación general de ‘integración’. Esta situación es cuando menos preocupante», subraya. Preguntado sobre qué impresión le causaron aquellas palabras de Rajoy, señala que le parecieron «bastante sinceras, porque de eso se trataba; de detener a gente de una ideología concreta, a jóvenes comprometidos y de que se autoinculparan a base de amenazas, presiones sicológicas y torturas». Concluye con una doble exigencia: «El archivo de los juicios preventivos y la desaparición de la AudienciaNacional». «Preventivamente me detuvieron, me torturaron y me metieron en la carcel» Sue LORENZO | Juzgada y libre Preventivamente me detuvieron, preventivamente me torturaron y preventivamente me metieron a la cárcel», remarca Sue Lorenzo. El pasado día 8 recobró la libertad tras haber pasado más de un año en prisión. Otras seis personas detenidas en la misma operación dirigida contra una supuesta «red de captación» han quedado también libres. «Han utilizado testimonios autoinculpatorios basados en la tortura. Al final, como ven que no tienen pruebas y no pueden aceptar ese hecho, necesitan lavarse la cara. Para ello, hacen inventos como imputarte un nuevo delito, esta vez, ‘en grado de tentativa’ y rebajarte la condena», subraya Lorenzo. Resalta también que, pese a haber quedado en libertad, «nos queda otra pequeña condena. Aun habiendo cumplido ya la pena impuesta, nos impiden, por ejemplo, desempeñar cargos públicos y esas limitaciones te condicionan la vida». Al igual que el resto de procesados y afectados por estas redadas, remarca que «aprovecharon unos supuestos papeles para intentar cortar de raíz el trabajo de construcción de Euskal Herria. Detuvieron a un montón de gente en todos los herrialdes». Por ello, anima a la ciudadanía a secundar las movilizaciones convocadas para el día 22 así como «a denunciar el uso de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción y a expresar su repulsa». «No cabe esperar un juicio justo en un tribunal español» Arkaitz RODRIGUEZ | Juzgado Arkaitz Rodríguez fue uno de los quince detenidos en la primera «redada preventiva» que llevó a cabo la Policía española los días 19 y 20 de febrero de 2003. El operativo fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que les acusó de «colaboración con ETA» porque, según aseguró, sus nombres aparecían en la documentación incautada a los presuntos «responsables del aparato de captación» de la organización armada. Tras la incomunicación, denunció haber sufrido maltratos como la imposibilidad de dormir, estar expuesto permanentemente a la luz, amenazas... Ahora se enfrenta a una nueva etapa en el proceso, consciente de que «no cabe esperar un juicio justo en un tribunal español». «Desde el momento en que es un juicio con un gran calado político, se sitúa dentro del paradigma represivo que impulsó el Estado español», remarca Rodríguez. Sobre el desarrollo de la vista hasta ahora, incide en que aquellas acusaciones genéricas por las que fueron procesados y ahora se enfrentan a penas entre los ocho y once años «se están diluyendo. No estamos viendo ninguna concreción y está quedando en evidencia que las únicas pruebas que tienen son declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura en comisaría», resalta. En su declaración ante una sala de Audiencia Nacional repleta por casi medio centenar de familiares y amigos, el joven donostiarra se negó a responder al fiscal porque, según argumentó, «en el caso de los ciudadanos vascos, Fiscalía y represión política son sinónimos». «Esta operación y las que le siguieron parten de una cadena muy larga puesta en marcha en 1996. En ese momento, el Estado español, en manos del PP, se vio obligado a multiplicar sus instrumentos represivos contra Euskal Herria. Así dieron comienzo a un nuevo paradigma represivo cuyo objetivo era castigar a cualquier persona con un mínimo de compromiso con los derechos de Euskal Herria». Ese «salto represivo» le llevó a pasar dos años y medio en prisión «sin una base judicial», a estar dispersado en Madrid y Córdoba, y a pagar una fianza por su libertad. -------------------- «No podemos probar qué han hecho para ETA, y no es cosa nuestra investigarlo» «No sabemos qué función han realizado» "No es cosa nuestra investigar qué han hecho. Nosotros sa- bemos que son miembros de la organización terrorista ETA, y aunque no podamos probar qué función han realizado para ETA, ello no quiere decir que no lo hayan hecho". «La Policía decide quién es de ETA y los detenidos se ven obligados a demostrar que no lo son».
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