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Notícies :: corrupció i poder
Mena, fiscal jefe del TSJ d Cataluña, pide el procesamiento de Carretero.
per IncokKorruptible	21 abr 2006
Carretero y el actual alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, también de ERC, están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación urbanística, desobediencia y cohecho, por haber modificado supuestamente los planes urbanísticos de la población para beneficiar a las empresas Gesdip y Supeco.
La fiscalía pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el procesamiento del entonces todavía conseller de Governació, Joan Carretero, hoy cesado, por la concesión arbitraria de licencias ambientales y de obra a dos empresas cuando era alcalde de Puigcerdà (Girona). Según ha informado hoy en rueda de prensa el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, dicha petición fue remitida al TSJC por ser el tribunal que debía procesar a Carretero, dada su condición de aforado al tratarse de un conseller de la Generalitat. Sin embargo, la causa contra Carretero, que se abrió a raíz de una querella por prevaricación y desobediencia presentada por un abogado de Puigcerdà, será enviada ahora a un juzgado de esa población gerundense, puesto que el conseller, que no es diputado, ha perdido su condición de aforado. Según la querella, presentada en junio de 2004 por un abogado de Puigcerdá en representación de varios comerciantes de la localidad, las dos sociedades habrían pagado supuestamente al consistorio 240.000 y 120.000 euros, por la obtención de sendas licencias para la construcción de una gasolinera y un supermercado y la ampliación de una zona comercial, respectivamente. La fiscalía envió a última hora de ayer al TSJC un escrito de 30 folios en el que solicitaba la incoación de procedimiento abreviado contra Carretero, que todavía era conseller de la Generalitat. Fuentes judiciales han explicado que el TSJC no ha tomado todavía ninguna decisión sobre el asunto, aunque lo previsible es que acabe remitiendo la causa a algún juzgado de Puigcerdá (Girona), dado que el procesamiento de Carretero correspondería ahora a un tribunal ordinario al haber perdido su condición de aforado. En concreto, el conseller está acusado de suscribir dos convenios urbanísticos de dudosa legalidad, uno en agosto de 2002 con la sociedad mercantil Gesdip, mediante el cual el Ayuntamiento de Puigcerdá modificó el plan parcial de los terrenos conocidos como “La Closa del Angel�, destinados a viviendas, para permitir la construcción de un supermercado de la marca Bon Preu y una gasolinera. En el segundo convenio, firmado en marzo de 2003 con el grupo alimentario Supeco (posteriormente absorbido por Champion), el Ayuntamiento de Puigcerdà se obligaba a otorgar las licencias necesarias para que la citada sociedad pudiera ampliar y modernizar la superficie comercial ubicada al inicio de la carretera N-260, pese a que el plan intermunicipal prohibía dicha ampliación. La licencia otorgada a Supeco para la construcción de un aparcamiento fue suspendida por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Girona. En su declaración como imputado ante la Sala Civil y Penal del TSJC, que instruía el caso, Carretero derivó su responsabilidad al secretario municipal e indicó que tras la querella se ocultaban “los intereses políticos, económicos y locales de CiU�.
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