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Notícies :: corrupció i poder : criminalització i repressió
Juicio contra antifascistas y militantes SRi,Afap...
per ll	30 gen 2006
El juicio se inició con una larga exposición realizada por uno de los nueve abogados de la defensa que pidió la nulidad de todo el sumario. Se basaba en que durante los tres años y medio que estuvo en el Juzgado de Garzón, el sumario había sido secreto y que luego una parte del mismo se había desgajado para impedir que los defensores pudieran conocerlo, ya que beneficiaba a la defensa de los antifascistas acusados. Esa parte seguía sin aparecer, nunca se les notificó su contenido y, según parece, lo mantienen guardado provisionalmente porque pretenden hacer uso del mismo con posterioridad para incriminar a otras organizaciones y militantes antifascistas bajo la misma acusación de terrorismo y de formar parte de los GRAPO. Los abogados exigieron que, como exige la ley, se hiciera pública esa parte del sumario y pusieron de manifiesto que otro tipo de documentos de la acusación, aunque se les menciona, tampoco aparecen en el sumario o sólo por medio de fotocopias, lo que la está prohibido por ley. Luego el abogado continuó denunciando lo que calificó como un acto de criminalización del derecho de defensa, de intimidación y coacción hacia los abogados. Explicó que a lo largo del sumario la Guardia Civil califica a la Asociación Libre de Abogados de Madrid como organización terrorista y parte integrante también de los GRAPO, al igual que los familiares de los presos políticos, la Cruz Negra Anarquista, librerías, etc. Los ataques de la Guardia Civil contra los abogados son también personales y directas, de manera que en la amalgama total de organizaciones que fabrica el proceso, se les menciona con nombres y apellidos como integrantes de un supuesto frente de abogados. Uno de esos abogados denunció las presiones al Colegio de Abogados de Valencia y ante, la intimidación, desistió de la defensa. En uno de los reconocimientos a los detenidos la Guardia Civil enseña su foto y, además, aparecen otros tres abogados más. Como consecuencia de esa agresión, el abogado pidió la entrada en el juicio de observadores del Consejo General de la Abogacía, recusó a los guardias civiles que manipularon los informes y pidió que se abriera una investigación judicial contra ellos por calumnias. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tercera sesión de juicio en la Audiencia Nazional Las sesiones empezaron con el interrogatorio del infiltrado por parte del último de los abogados. La pregunta venía porque había detectado a un anarquista que había solicitado su ingreso en los GRAPO. Entonces, si los GRAPO eran marxistas-leninistas, no tenía cabida y tuvo que reconocer que en realidad la organización armada tenía un carácter antifascista amplio, mientras que nuestro Partido era de ideología marxista-leninista. Luego el abogado le preguntó que cuántos militantes de nuestro Partido había conocido dentro de la organización de Madrid en la que se había infiltrado, y dijo que unos 150 ó 200. Luego le preguntó que si a todos ellos había mentido acerca de su edad, profesión, nacimiento, estado civil, vecindad y demás datos personales, y contestó con evasivas. Entonces insistió para conocer si había tenido algún tipo de entrenamiento específico para mentir de forma sistemática, pero el tribunal no le dejó hacer ese tipo de preguntas. A partir de ahí el tribunal salió al rescate del pikoleto y no admitió ninguna pregunta sobre la unidad para la que trabajaba: si era del SEPRONA, de Tráfico, del Servicio de Información o de la Policía Judicial. Todas las preguntas las declaró innecesarias, con lo cual le libró de seguir contando historias de ciencia-ficción. Luego hubo un chorro de preguntas sobre su intervino en reuniones, asambleas y si las grabó o tomó fotografías, si entró en los locales de la Cruz Negra Anarquista en la calle Alberto Palacios de Villaverde (Madrid), en viviendas particulares, si cogía el teléfono de aquella sede y si registró cartas, agendas o mensajes. Reconoció que sí era cierto todo eso pero que no las había grabado y que de todo ello había informado por escrito a sus jefes, aunque nunca a Garzón, el juez que instruía el asunto. Por tanto, Garzón no había pintado nada y se limitó a recoger los papeles que le enviaba la Guardia Civil. El presidente del tribunal le prohibió al abogado que le preguntara por la Cruz Negra Anarquista porque allí no se la estaba juzgado. Sin embargo, reconoció a regañadientes que en todos esos años él no había presenciado que se cometiera ningún delito, aunque lo sabía porque "se lo habían contado". También quedó claro que de todo ello no había puesto ninguna denuncia ni informado a ningún juez. (...) Siguió un desfile de unos 20 guardias civiles que habían intervenido en las detenciones, los registros de las viviendas y las huellas dactilares. Todos ellos declararon medio escondidos desde una esquina para que no se les pudiera ver, algunos iban incluso camuflados con pelucas, gafas y bigotes postizos. Los defensores protestaron de nuevo pero el tribunal permitió que aquel carnaval continuara para garantizar la integridad de los guardias civiles. En las detenciones coincidieron en que todo fue impecable: se identificaron con sus placas y les leían sus derechos como en la películas (varias veces). Lo que pasa es que se resistían a ser detenidos y entonces tenían que emplear la violencia para reducirles y esposarles. Alguno, como Jesús Merino, hasta llegó a caerse en el forcejeo dentro de un seto y se lastimó ligeramente. Jesús era un tipo peligroso porque llevaba un arma cargada, con una bala en la recámara y sin el seguro puesto, lista para disparar. Además hizo además de cogerla pero no le dieron tiempo. También localizaron dos agujeros que tenía en el monte, en la sierra próxima a Madrid. Lo hicieron con un perro que detectó que allí había habido más armas e incluso explosivos, pero cuando ellos lo registraron no había más que compresas, medicinas, víveres y mapas. No pillaron el arsenal que esperaban y se quedaron planchados. os demás no llevaban armas pero –según los guardias civiles- también se resistieron, obligándoles a emplearse a fondo para meterles en los coches de camuflaje. Ningún guardia civil reconoció haber actuado encapuchado ni haber encapuchado a los detenidos para evitar que les pudieran identificar, lo cual es falso. Incluso en la detención de Carmen López los vecinos que pasaban por la calle lo denunciaron a la policía municipal creyendo que se trataba de un secuestro. Los municipales se presentaron allá, pidieron información al Ministerio del Interior con el número de matrícula del coche en el que la habían metido y les dijeron que aquel coche no correspondía a ningún vehículo oficial de la policía. A consecuencia de ello, pusieron una denuncia en el juzgado por secuestro.
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