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Notícies :: antifeixisme : criminalització i repressió : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats |
Acto en Barcelona en memoria de Acteal
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per rsc |
22 des 2004
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Hoy dia 22 de diciembre, a las 19,30 horas nos hemos concentrado un centenar de personas en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona para realizar un acto en memoria de Acteal por el septimo aniversario de la matanza para denunciar la impunidad de los asesinos. Se han leido los nombres de las 45 personas asesinadas mientras otra persona encendia una antorcha y se sentaba delante de un altar de muertos, finalmente se ha hecho una pira entre las 45 antorchas mientras se leian textos de denuncia.
Ha intervenido Carlos Manzo, indigena zapoteco miembro del Consejo Ciudadano de Union Hidalgo que ha cantado una cancion de muertos cerrandose el acto al grito de Zapata Vive, la lucha sigue.
El mismo acto se va a realizar en la Acampada por el 0,7% que fue desalojada por el Ayuntamiento y se ha vuelto a realizar.
Saludos y suerte
Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
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Acteal
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per rsc |
22 des 2004
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En contra de civiles son 27 y dos más en contra de ex funcionarios públicos.
Sin cumplirse aún, 29 órdenes: CDHFB
Adolfo Gutiérrez . Cuart Poder.
Al cumplirse siete años de la masacre de Acteal faltan por ejecutar 29 órdenes de aprehensión: 27 de ellas giradas en contra de civiles que participaron en la masacre y que fueron señalados por los sobrevivientes y dos más en contra de ex funcionarios públicos, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé (CDHFB).
José Luis Jiménez Quevedo, quien fuera agente del Ministerio Público encargado del "Caso Acteal", ha manifestado a miembros del "Frayba" que la Agencia Estatal de Información (AEI) no pretende entrar a las comunidades para ejecutar dichas órdenes, ya que considera que hacerlo es crear más tensión y conflictos.
Por lo que hasta la fecha no se ha logrado un real esclarecimiento de los hechos en donde perdieron la vida 45 indÃgenas tzotziles, consideró el Centro de Derechos Humanos.
Para este Organismo No gubernamental hace falta enjuiciar a responsables de la masacre, en cuanto a la autorÃa intelectual, ya que sólo se limitó al nivel local enjuiciando al ex presidente municipal, evitando reconocer la existencia de grupos paramilitares, pues ello implicarÃa asumir la responsabilidad directa de los gobiernos Estatal y Federal que fungÃan en ese entonces.
Según el "Fray Bartolomé" no hubo un esclarecimiento real de las muertes de Acteal, ya que debe ser con justicia y verdad, por parte de la ProcuradurÃa General de la República en donde se incluya a los ex funcionarios estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano y a miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Otro reclamo del CDHFB es que a la fecha los grupos paramilitares no han sido desarmados y la existencia de armas en las comunidades continúa siendo un grave riesgo para la población y una amenaza constante de la posible reactivación de dichos grupos paramilitares.
Carlos Herrera . CP.
Con una misa que será oficiada por tres obispos, entre otras actividades religiosas, indÃgenas de Acteal, municipio de Chenalhó, conmemorarán el séptimo aniversario de la masacre de 45 personas, miembros de la organización civil Las Abejas.
Por la mañana de este 22 de diciembre, está programado que los obispos Samuel Ruiz GarcÃa, Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique DÃaz DÃaz inaugurarán en el poblado de Acteal el Centro Ceremonial IndÃgena Capilla Abierta Ecuménica, construido justo sobre la tumba colectiva de los 45 cuerpos.
La mesa directiva de Las Abejas ha confirmado que los tres obispos oficiarán una misa en el Centro Ceremonial IndÃgena Capilla Abierta Ecuménica, que se edificó con la mano de obra gratuita de Las Abejas y con el apoyo solidario del arquitecto Plutarco Barreiro, quien diseñó la obra.
La masacre de Acteal es una herida que sigue abierta. A pesar de que hubo más de 100 detenidos por este caso -entre indÃgenas, un militar y ex policÃas estatales-, Las Abejas considera que el gobierno no ha hecho justicia plena, "falta por detener a muchas personas y ex funcionarios".
El indÃgena José Alfredo Jiménez Pérez, miembro de la mesa directiva de Las Abejas, dijo que al gobierno ya no le importó seguir las investigaciones, porque cerró la FiscalÃa Especial para el Caso Acteal, asà como la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Armados. "Hasta la fecha, los paramilitares siguen libres en varias comunidades de Chenalhó", denunció.
El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" (CDHFBC), que ayuda legalmente a los indÃgenas de Acteal, expresó que el curso que tomó la investigación de este crimen, asà como sus consecuencias, deberÃan servir como un llamado de atención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México, ya que ponen en evidencia deficiencias estructurales del aparato estatal que afectan de manera directa el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia.
A siete años de la masacre de Acteal, el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, afirma que aun está pendiente una aplicación completa de la justicia, aunque reconoce como positivo que los mil 700 indÃgenas de Las Abejas que retornaron a sus comunidades de Chenalhó no han sufrido problemas graves y existe una mayor tranquilidad en dicha región del estado.
Para el CDHFBC, este 22 de diciembre "se cumplirán 7 años de impunidad e injusticia con el caso de la masacre de Acteal.
http://www.cuarto-poder.com.mx/cgi-bin/4p_secc.cgi?sec=a&dt=22/12/2004&s
ACTEAL un crimen sin castigo
PEPE GALLEGOS. El Heraldo de Chiapas
Exigen fincar responsabilidad, por omisión, al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro
Siete años han pasado desde que 45 indÃgenas tzotziles fueron acribillados a mansalva por presuntos paramilitares en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.
La mañana del 22 de diciembre de 1997, mientras oraban en una capilla a las afueras de la comunidad de Acteal, niños, hombres, ancianos y mujeres, fueron atacados por un grupo de personas de su misma raza, las razones son hasta hoy - siete años después- desconocidas, un crimen que ha quedado sin castigo, un genocidio perpetrado que sigue impune.
La pesadilla del 22 diciembre, comenzó a las once de la mañana, el tabletear de las ametralladoras era incesante, los gritos de dolor y el llanto de los infantes era el canto a la muerte, los cuerpos cual hojas al viento, caÃan, los menos alcanzaron la luz del escape, pocos reaccionaron, el dÃa negro de Chiapas, se habÃa consumado.
En la capital los primeros reportes fueron desde el inicio de la masacre, documentados por diversos medios de comunicación, en las oficinas con aire acondicionado, funcionarios y gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, parecÃan no creer lo que pasaba, pero la realidad cual pesada loza estaba presente, un grupo armado, haciendo gala de las habilidades mostraron su fuerza, la crueldad humana en un halo del tiempo.
En Chiapas no se habÃa registrado ningún crimen de lesa humanidad como el perpetrado en Acteal.
Los procesados en el penal de El Amate en el municipio de Cintalapa, a decir del diputado Esteban de la Cruz, “algunos son inocentes, muchos de los culpables no pisaron nunca la cárcel y están libres�.
De los funcionarios involucrados en omisión, solo unos mandos medios fueron consignados, pero la herida sigue abierta, pide justicia, voces de priÃstas, perredistas, panistas, clérigos, organizaciones sociales y la propia sociedad civil exigen una Comisión de la Verdad, planteada desde el inicio de esta administración, pero que solo ha quedado en palabras huecas.
Plácido Morales Vázquez, exige a las autoridades estatales fincar la responsabilidad penal al ex gobernador interino del Estado Julio César Ruiz Ferro, por haber incurrido en omisión de hechos, los argumentos del ex priÃsta, hoy perredista, son claros, el gobernante fue avisado a tiempo de lo que podÃa pasar, no tomó cartas en el asunto y las consecuencias fueron 45 personas muertas, entre ellos niños y mujeres embarazadas.
Otro de los funcionarios que goza del manto de la impunidad, por que no se le fincó responsabilizada alguna en esta masacre, fue el secretario de Gobierno de esa administración Homero Tovilla Cristiani, quien habrÃa sido avisado de los hechos por el vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas Gonzalo Ituarte Verduzco.
Tovilla Cristiani, habló por teléfono a la diócesis para “informarleâ€? al vicario que en Acteal sólo habrÃan sido disparadas unas cuantas balas, pero que todo estaba en calma y que no pasaba nada, triste realidad, y palabras que quedaron guardadas en tinta y papel cuando el clérigo indignado dio su versión a los medios de comunicación y las almas de personas inocentes comenzaban el camino al cielo.
Las armas usadas para dar muerte a niños, mujeres embarazadas y ancianos, son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, en ese año de luto para Chiapas, las fuerzas castrenses mantenÃan en estado de sitio la zona, las balas de la ignominia que se dispararon sobre la ermita eran expansivas, boquetes que quedan en la piel de todos los chiapanecos y que hasta nuestros dÃas no logran cerrar por el manto de impunidad que guarda el caso.
La “aves humanas de rapiñaâ€? también ese 22 de diciembre se dieron el festÃn, las casas de los pobladores fueron saqueadas durante la noche, cuando el pueblo completo se desplazo para evitar un segundo ataque, televisiones, radios, camas y parte de las cosechas de los indÃgenas tzotziles fueron llevadas por desconocidos, la policÃa ya estaba en el lugar, pero “no vieron nadaâ€?.
Fueron 45 cadáveres los que se sepultaron casi tres dÃas después de la masacre, 7 varones adultos, 18 niños, 20 mujeres, pero también cuatro infantes en el vientre de su madre, no vieron salir el sol, fueron extirpados y asesinados, de ellos poco se dijo, la mayorÃa de las heridas de los muertos fue por impactos de balas de grueso calibre, aunque también se encontraron cortes de arma blanca (machete).
De los funcionarios que no cumplieron su función como parte del aparato gubernamental y a los cuales no se les finco la responsabilidad por omisión son: Julio César Ruiz Ferro, gobernador Interino; secretario de Seguridad Pública, Jorge Gamboa SolÃs; procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar; secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani.
De todos los que conformaban el aparato de Seguridad Pública y la cual mantenÃa una base de operación y vigilancia dentro del perÃmetro de la masacre, sólo fue enjuiciado y condenado por las autoridades el asesor de SSP, Julio César Santiago DÃaz, quien actualmente cumple una pena en el cereso de El Amate.
Para Plácido Morales Vázquez ex diputado federal del PRD y aspirante a la gubernatura de Chiapas la masacre de 45 indÃgenas tsotsiles en Acteal es una herida abierta del pueblo de Chiapas, la cual sigue vigente en nuestros dÃas y debe de ser retomada por la actual administración para castigar con todo el peso de la ley a los autores intelectuales, materiales y a las autoridades que incurrieron en la omisión.
“Asà como Fox está fincando la responsabilidad por omisión por el caso Tláhuac, asà se debe de fincar la responsabilidad a quienes estaban en su momento como autoridades del estado y que recibieron las llamadas de auxilio y no acudieron al llamado ese 22 de diciembre de 1997� enfatizó en una entrevista concedida a El Heraldo de Chiapas.
Refirió que los llamados de auxilio de esas mujeres, niños y hombres que fueron masacrados en Acteal quedaron debidamente documentados desde las 12 horas de ese dÃa y las autoridades permanecieron impávidas mientras se gestaba el etnocidio.
Explicó que el delito de omisión en servidores públicos es de responsabilidad y que en este caso la agresión (la masacre) no ha preescrito, por lo que se debe de llegar al fondo y castigar a quienes las diversas organizaciones eclesiásticas y sociales acusan de haber incurrido en tal hecho, entre ellos a el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro.
Finalmente subrayó que la actual administración debe de aplicar la Ley a todos los que incurrieron en el grave delito de omisión, comenzado por quien encabezaba el gobierno estatal en ese momento.
http://www.heraldochiapas.com.mx/notas_e.asp?urlnota=221204loc1c.doc
Fue ideada la masacre de Acteal por un General de División
Julio César López. El Heraldo de Chiapas
EL CDHFBLC DICE:
“El asesinato de 49 indÃgenas tzotziles se inscribe en un contexto de guerra irregular ordena por el expresidente Ernesto Zedilloâ€?.
San Cristóbal de Las Casas.- En la vÃspera del séptimo aniversario de la masacre de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC) insistió que el asesinato de “49 indÃgenas tzotziles que se encontraban en una ermitaâ€?, el 22 de diciembre de 1997, se inscribe en un contexto de guerra irregular preparada por el Ejército federal y ordenada por el expresidente Ernesto Zedillo.
El grupo humanitario que preside el obispo emérito Samuel Ruiz GarcÃa fue más allá, y acusó a los generales de división Miguel Ã?ngel GodÃnez Bravo y Mario Renán Castillo Fernández de idear y ejecutar la matanza de “19 mujeres, ocho hombres, 14 niñas, cuatro niños y cuatro más que aún no nacÃanâ€?.
En un comunicado de prensa, dice: “Esta brutal masacre se inscribió en un contexto de guerra irregular preparada por la SecretarÃa de la Defensa Nacional, ideada por el general de División, Miguel Ã?ngel GodÃnez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo en febrero de 1995 y ejecutada por el general de División Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en el plan de campaña del
Ejército en Chiapas�.
LÃneas adelante establece que “la impunidad en el caso Acteal no es un agravio únicamente para las vÃctimas, sino para todos los mexicanos, ya que es imposible hablar de un estado de derecho efectivo cuando ni siquiera se respetan las reglas mÃnimas del derecho internacional humanitarioâ€?.
En el amplio comunicado, acusan a los gobiernos estatales y federales de no querer reconocer “las evidencias que señalan el origen de la masacre� y de pretender hacer creer que se trató “de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de ocultar la verdad�.
La versión recurrente del CDHFBLC es que “un grupo de paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicanoâ€? fueron los artÃfices de la matanza, como una forma de acabar con las organización de masas.
Las cifras del grupo humanitario dan cuenta que la violencia “paramilitar� en Chenalhó, entre febrero de 1994 y febrero de 1997, “fue de 6 mil 332 personas desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas; 62 muertos de manera violenta y 42 heridos�.
Todo esto, asegura, “generado en un clima de tensión, hostigamientos y amenazas del grupo identificado con el PRI y promovido por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, que actuaba con armamento de uso exclusivo del Ejército, uniformes y con el amparo de la PolicÃa y de los militaresâ€?.
Al final, el CDHFBLC recuerda que aún están pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión, entre ellas dos giradas en contra de Jorge Gamboa SolÃs (excoordinador de la PolicÃa Estatal) y José Luis RodrÃguez Orozco (director de la PolicÃa de Seguridad Pública Estatal).
Y dice que “mientras los grupos paramilitares no sean desarmados, su presencia en las comunidades continua siendo un grave riesgo para la población y una amenaza constante de reactivación�, por lo que demanda que se conozca toda la verdad sobre la matanza y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de la misma.
http://www.heraldochiapas.com.mx/notas_e.asp?urlnota=221204loc1e.doc
Nuevas revelaciones de la matanza de 45 tzotziles en Acteal
Diario de Yucatán, 22/12/2004
Ya temÃan la masacre
ACTEAL ALTO, Chiapas (El Universal).— Sobreviviente de la matanza de Acteal, Vicente Luna Ruiz no duda en afirmar que los presuntos paramilitares que asesinaron a 45 tzotziles, hace siete años, tenÃan el propósito de enfrentarse con los zapatistas.
Los zapatistas se ubicaban a tan sólo 500 metros de donde se establecÃan 300 desplazados de la organización “Las Abejasâ€?.
“La intención (de ellos) era enfrentarse con el Ejército Zapatista, pero nos agredieron a nosotros porque nos llevábamos bien con los zapatistas y porque pensaban que defendÃamos a los zapatistas y que los apoyábamos con armas, pero no usamos armas, sólo confiamos en la Palabra de Dios, la paz y la justiciaâ€?, apunta.
Concentración
El dÃa de la masacre, permanecÃan concentrados en Acteal Centro unos 300 hombres, mujeres y niños que dejaron sus hogares, por la violencia que se vivÃan en el municipio de Chenalhó.
Vicente recuerda: “Cuando los paramilitares empezaron a disparar llegó la PolicÃa de Seguridad Pública hasta la carretera. Eran como las 11 de la mañana cuando empezaron a entrar los paramilitares y 20 minutos después empezaron a dispararâ€?.
Acusaciones
“Nosotros salimos de Acteal Alto por veredas. Pasamos dos noches en Quextic, antes de llegar a Acteal Centro, para evitar pasar por el campamento militar y donde estaban los paramilitares. El camino lo hicimos por veredas y entre las montañas�, agrega.
Los dÃas que estuvimos en Acteal Centro hacÃa falta el alimento. HabÃa muy poco maÃz y frijol, pero aunque tenÃamos nuestra milpa, no se podÃa recoger el maÃz. Fuimos dos o tres veces a cortar un poco de maÃz, pero temÃamos que nos dispararan entre el maÃz. Siempre disparaban, pero al aireâ€?, abunda.
“Los paramilitares agarraron a la gente bien cerca. Cuando el catequista Alonso —Vázquez Pérez— vio que le disparaban a su mujer alcanzó a decir: 'Perdónalos señor, no saben lo que hacen' y a los pocos segundos le dispararon a él también�, narra.
“Ese 22 de diciembre de 1997, era un dÃa soleado. No habÃa nubes. Era un dÃa bonito. Entre los cafetales quedaron 44 cuerpos y a una señora que querÃa huir por donde ahora es la oficina —de 'Las Abejas'— la mataron como a 10 ó 12 metros de ahÃ, cuando querÃa alcanzar la carretera para ponerse a salvoâ€?, añade.
“Los que nos agredieron son los presbiterianos, los del PRI y los cardenistas (ex militantes del Partido Cardenista). Son los que están en la cárcel. Los pastores y los que tienen cargos religiosos dicen que no pueden hacer eso, pero ellos fueron los que hicieron la masacre�, sostiene.
http://edicion.yucatan.com.mx/noticias/portada.asp |
La impunidad persiste en el caso Acteal
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per rsc |
22 des 2004
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Miércoles 22 de diciembre de 2004
Este miércoles se cumple el séptimo aniversario de la masacre de Acteal, Chiapas, que dejó un saldo de 45 personas asesinadas: 15 niños, 21 mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y nueve hombres, todos indígenas tzotziles. Este crimen cobarde, perpetrado por paramilitares, permanece impune debido a la falta de voluntad de los gobiernos federal y estatal para resolverlo, por lo que las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales de defensa de las garantías individuales. El riesgo que se corre dejando pasar tanto tiempo es que las pesquisas se vuelvan cada vez más difíciles, condenando al olvido un hecho que debe esclarecerse por el bien del propio sistema de justicia. Y ese olvido es tanto más grave si se tiene en cuenta que obedece a la negligencia y la apatía, lo que equivale a cometer otro crimen en contra de la víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
La CNDH tiene claro que es obligación del Estado mexicano resolver este caso; por ello, como ha señalado el presidente de la comisión, José Luis Soberanes Fernández, "tenemos que seguir insistiendo en el tema. Procuramos decírselo a todas las autoridades, ojalá que nos escuchen". El escepticismo de Soberanes no es gratuito, ya que los avances en la investigación son nulos y todo parece indicar que "el gobierno federal ya se olvidó de esta matanza". A juicio del ombudsman, las autoridades federales y locales carecen de la voluntad para arrojar luz sobre este crimen, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se involucre en el caso y emita una resolución que el gobierno deberá acatar. Hay que recordar que las recomendaciones de la CNDH no tienen carácter vinculativo, lo que ha permitido a ambos gobiernos ignorar los exhortos del organismo. Por el contrario, los fallos del organismo internacional son de cumplimiento obligatorio. También adelantó la posibilidad de que se llegue a la creación de una comisión de la verdad -a semejanza de las establecidas en Argentina, Chile y Perú- si la masacre permanece impune. Lo peor de todo es que existen condiciones para que se repitan hechos similares, pues como se ha visto, no hay aplicación de la justicia. Por otro lado, cabe subrayar que el gobierno federal no ha cumplido su promesa de desarmar a los grupos paramilitares que operan en Chiapas a raíz del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ante la parálisis de las investigaciones, el titular de la CNDH lanzó un llamado al presidente Vicente Fox para acelerar el trabajo de la Procuraduría General de la República y que no suceda lo que ha pasado con otros casos, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Un elemento que revela por qué no se han obtenido resultados es que las investigaciones "están mal hechas". Los 76 detenidos no han sido juzgados adecuadamente, faltan por cumplirse 29 órdenes de detención, se ha probado que algunos de los arrestados son inocentes -sólo cinco han confesado su responsabilidad- y se corre el riesgo de que los expedientes se abran nuevamente porque no hay sentencias en firme. Es decir, el proceso legal contra los presuntos autores materiales está viciado. Además, nunca se iniciado juicio alguno contra los autores intelectuales de la masacre. Por lo pronto, Soberanes descartó la intolerancia religiosa como motivo, tal como argumenta la defensa de los procesados. No hay que perder de vista que en esa región del sureste se ha denunciado una guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, la cual ha perjudicado sobre todo a la población civil, que incluso ha tenido que abandonar sus hogares para salvar la vida.
Resulta evidente la razón por la cual las investigaciones están en un punto muerto: el gobierno de Fox se ha negado a incluir en las pesquisas a funcionarios federales y estatales, a miembros del Ejército y a militantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes planearon "la masacre y entrenaron y financiaron a los grupos priístas paramilitares", como han denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Entre las muchas irregularidades de las investigaciones figura una muy grave: la desaparición de información sobre el caso, como sostienen ambas ONG.
Con la negligencia mostrada por las autoridades para efectuar una investigación seria, no solamente el Estado deja de lado su obligación -moral y oficial- de resolver este crimen de lesa humanidad, sino además se deja la vía libre a otros sucesos como Acteal. El gobierno, firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido incapaz de garantizar los derechos a la vida y la justicia, a conocer la verdad y a indemnizar a los familiares de las víctimas. Por ende, a decir de los organismos humanitarios, la justicia en México sigue y "seguirá siendo una utopía".
http://www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041222/edito.php |
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