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Notícies :: criminalització i repressió
El fiscal solicita un total de 1.102 años para los procesados en el sumario 18/98
04 des 2004
El fiscal de la Audiencia Nacional española Enrique Molina presentó ayer ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal su escrito de calificación para los 62 vascos procesados en el sumario 18/98, para quienes pide un total de 1.102 años de cárcel. Los hechos que se les imputan van desde «integración» en ETA hasta delitos fiscales.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pide penas de entre 10 y 51 años de prisión para los 62 procesados en el sumario 18/98, compuesto por las piezas relativas a las operaciones contra empresas vascas, Orain S.A., Xaki, âArdi Beltzaâ?, Ekin y lo que denomina «trama de desobediencia civil», en la que están incluidos representantes de la Fundación Joxemi Zumalabe, Autodeterminazioaren Biltzarrak (ABK) y Bai Euskal Herriari. Las peticiones fiscales suman un total de 1.102 años de cárcel.

Todos los ciudadanos vascos procesados en estas causas están acusados de delitos de «integración en organización terrorista» o de «colaboración», mientras que contra varios de ellos, encausados en la pieza de las empresas y de Orain S.A., el Ministerio Público hace otras imputaciones como «delito contra la Seguridad Social», «delito contra la Hacienda Pública», «delito de falseamiento de contabilidad de registros fiscales» e «insolvencia punible».

Los procesados para los que se solicitan las penas más altas son los ex consejeros de Orain S.A. ­editora del diario âEginâ?, cuyas delegaciones de Iruñea, Gasteiz y Hernani han sufrido esta semana una serie de irrupciones policiales­ Xabier Alegria, que hoy quedará en libertad bajo fianza tras abonar 80.000 euros, y Ramón Uranga, para quienes el fiscal Enrique Molina solicita sendas condenas de 51 años de prisión.

Instrucción iniciada en 1997

No muy lejos de esa cifra se sitúan las penas solicitadas para el resto de ex consejeros de Orain ­José Ramón Aranguren, José Luis Elkoro, Patxo Murga, Jexux Mari Zalakain y Manu Aranburu­, que ascienden a 48 años para cada uno de ellos. Cabe recordar que Aranburu falleció recientemente en un accidente de tráfico.

El sumario 18/98, instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inició en febrero de 1997. En el transcurso de este proceso, el magistrado actuó contra varias empresas vascas como Banaka, Gadusmar, Aulki o Untzorri Bidaiak, clausuró âEginâ?, Egin Irratia y la revista âArdi Beltzaâ?, declaró la ilicitud de KAS, Ekin y Xaki, y ordenó detener a miembros de Joxemi Zumalabe, ABK y Bai Euskal Herriari.

Con posterioridad, llevó a cabo actuaciones similares ­que se saldaron con el arresto de decenas de personas­ contra organismos como Haika, Segi, Gestoras pro-Amnistía, Askatasuna y HB-EH-Batasuna, causas que están incluidas en otros sumarios pero que tienen su raíz en el mismo macrosumario, al igual que el incoado por el juez Juan del Olmo contra âEuskaldunon Egunkariaâ?.

El caso de AEK

Garzón también actuó contra AEK y Galgaraka, pero en diciembre de 2001 dictó un auto por el que dispuso el desglose de esta causa judicial por «defraudación» ­hasta entonces formaba parte del 18/98­, su inhibición a favor del Juzgado de Instrucción de Bilbo ­al considerar que «las conductas ilícitas» imputables a sus responsables son de «carácter económi- co y fiscal»­ y el alzamiento de la administración judicial.

En el escrito de conclusiones provisionales conocido ayer, Molina declara también la disolución de KAS, Ekin y Xaki por «asociación ilícita». Quedan disueltas, asimismo, las empresas ligadas a la edición de âEginâ? ­Orain S.A., Ardatza, Hernani Inprimategia y Erigane­ y quedan anuladas sus «operaciones de transmisión patrimonial».

Además, según ha podido saber GARA, el fiscal cifra en varios miles de millones de euros la responsabilidad civil que pretende endosar a los imputados y empresas.



«Demuestra que este tribunal actúa contra Euskal Herria»
M.J.-H.R.

DONOSTIA

La abogada Jone Goirizelaia señaló ayer, tras conocerse las imputaciones y las peticiones de cárcel de la Fiscalía en el marco del sumario 18/98, que la actuación de la Audiencia Nacional española demuestra que este tribunal especial «procede contra Euskal Herria», dado que «ha actuado contra unas personas concretas que simplemente trabajan en defensa de este país».

Asimismo, añadió que «desde un punto de vista jurídico las peticiones del fiscal (entre diez y 51 años de prisión) son totalmente desproporcionadas. Teniendo en cuenta los supuestos delitos de los que se les acusa, no tiene ningún sentido. En anteriores ocasiones, delitos similares, de colaboración o pertenencia, han sido penados con entre 6 y 8 años de cárcel».

A juicio de la letrada, el objetivo de estas decisiones judiciales es «actuar contra quienes están trabajando en la construcción del país, en términos de venganza». Además, Goirizelaia recordó que nunca antes se habían producido peticiones de este tipo en la Audiencia Nacional española: «No existen tiros, ni explosiones, ni agresiones contra personas», resumió. Destacó que los procesados se dedicaban «a la labor internacional, a poner en marcha un diario e informar, a tareas políticas y el trabajo a favor de la desobediencia civil», por lo que consideró que «no hay por donde cogerlo», en referencia al escrito de calificación. Además, denunció que los medios tuvieron conocimiento del mismo antes que la propia defensa.

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Sindicat Terrassa