Franquismo (1939-1975)
Durante la posguerra, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta. En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.
Estraperlo: bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas insitutciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es archimillonario" según el propio Caudillo.
La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres.
Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia".
Caso Matesa: la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial,, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros y un cuarto en activo. No obstante, no pudo demostrarse el desvío de fondos hacia el Opus Dei,
Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley.
También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.
Periodo democrático:
Transición Española (1975-1982)
Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
Gobierno de Felipe González (1982-1996)
Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción (muchos de ellos revelados por el diario El Mundo a principios de los 90):
Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del empresario multimillonario Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.
Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).
Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.
Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total.
Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. Posteriormente fue desglosado en:
Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla; a su vez desglosado en:
Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE.
Otros 3 sumarios.
Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.
Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con mendigos (al menos tres de los cuales habrían muerto) por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera. La causa procesal fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.
Caso Guerra: llamado así por Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, procesado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.
Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.
Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.
Caso Urralburu: Los negocios irregulares del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991.
Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.
Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó. El informe policial acusa al propio CESID de controlar red.
Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Rosa fue encarcelado preventivamente en octubre de 1994. La Audiencia de Barcelona ha fijó para el 10 de diciembre de 2007 el inicio del juicio.
Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.
Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.
Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros.
Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.
Caso Paesa, vinculado al anterior.
Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.
Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.
GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Ángel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Caso Soller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.
Gobierno de José María Aznar (1996-2004)
Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
Caso Zamora: presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991.
Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.
Caso Villalonga: tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998.
Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.
Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso Gescartera: un agujero patrimonial de 108 millones de euros en esta sociedad de inversión.
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII Legislatura) han trascendido los siguientes:
Caso Fabra: presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y contra la salud pública y contra la propiedad intelectual por parte del popular Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón.
Caso de las facturas falsas: presunto enriquecimiento personal y financiación ilegal del PSOE de Sevilla con dinero público a partir de facturas falsas e infladas por parte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y sus colaboradores.
Caso Planells: la detención en julio de 2007 del ex subdelegado de gobierno en Barcelona, Eduard Planells y otros tres imputados de cohecho, prevaricación y falsedad documental, por su supuesta implicación en la concesión de permisos de trabajo y de residencia a miembros de la Mafia georgiana.
Caso Gürtel: Se investiga la relación entre el empresario vinculado al Partido Popular, Francisco Correa, y una serie de cargos públicos de este partido a los que se les acusa de cohecho y prevaricación, entre otros delitos. Además, se acusa de financiación ilegal al PP de Galicia, PP de Valencia y PP de Madrid. Uno de los imputados principales es Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP durante 20 años.
Durante los últimos años se han multiplicado en España los casos de corrupción relacionados con políticas urbanísticas. Las imputaciones afectan tanto a cargos del PP, PSOE e IU como a miembros de otros partidos autonómicos y locales. Entre todos los casos investigados judicialmente destaca el llamado Caso Malaya.
Algunos de los casos de corrupción urbanística que han sido objeto de investigación.
Andalucía
Almería
Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó que la Junta de Andalucía va a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal El Algarrobico, y los terrenos adyacentes con el fin de restaurar la playa del Algarrobico para devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original (situada en el Par). El hotel era el primero de lo que estaba proyectado como un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano.
Cuevas del Almanzora: En la pedanía de Villaricos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Villaricos denunció la construcción de viviendas a 10 metros de la playa. En dicho solar se encontraron también restos arqueologícos de la época visigótica.
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.
Ohanes: El alcalde dimite por presunta corrupción, aunque los miembros del equipo aluden por motivos de salud.
Roquetas: El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amat, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.
Sorbas: El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería esta tramitando las Previas Diligencias 2.441/07 contra el alcalde de Sorbas y otros tres concejales del Partido Popular, por haber concedido ilegalmente una licencia de obras a Manzana Homes S.L. para la construcción de 8 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la la trama urbanística de Zurgena (Almería). El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fue detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fue detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.
Cádiz
Chiclana: En la operación policial "Obra Nueva", agentes de la Guardia Civil desmatelaron un entramado formado por técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Los autores de la trama se acercaban a los propietarios de parcelas de zonas como El Marquesado, el Pinar de los Franceses o Los Gallos (parajes urbanos no consolidados) y se ofrecían a gestionar la venta del terreno. Para ello, el propietario les entregaba un poder notarial que les daba vía libre para actuar. Así, dividían la finca en parcelas y emitían un certificado garantizando la existencia de varias viviendas que en realidad no existían, aunque en los documentos figuraba que tenían más de cuatro años de antigüedad.
De este modo conseguirían eludir responsabilidades penales o económicas, puesto que el delito había prescrito. El arquitecto imputado, había ya sido condenado por el mismo delito con anterioridad.
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
Córdoba
Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.
En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.
Granada
Alhendín: El concejal de urbanismo, del Partido Popular, ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.
Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega por sendas obras sobre suelo no urbanizable.
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 de octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Huelva
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a co-elaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.
Málaga
Alcaucín: La Guardia Civil detuvo el 28 de febrero de 2009 a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva[12]. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación, en la que colaboró activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
Alhaurín el Grande: En la llamada Operación Troya, el alcalde y el concejal de urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos bajo los cargos de cohecho y prevaricación. La juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Otras 18 personas, en su mayoría empresarios de la construcción, han sido detenidas bajo la imputación inicial el delito de cohecho.
Almáchar: El juez imputó al Presidente de la Diputación, y anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.
Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.
Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
Estepona: El ex-alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Caso Malaya. Barrientos tuvo que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas.
Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente, antiguo miembro del GIL), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.
Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Caso Malaya.
Mijas: Se dieron casos de corrupción.
Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpuso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.
Sevilla
Castilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.
Camas: El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile fue expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño.
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.
La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
Aragón
Zaragoza
La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El 18 de marzo de 2009, la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular.
Asturias
El Musel: La Unión Europea investiga el sobrecoste de 251 millones de euros procedentes de fondos europeos en el presupuesto de la principal obra pública del Gobierno que preside Vicente Álvarez Areces (PSOE): el 'superpuerto' de El Musel, en Gijón.
Oviedo: Los organismos europeos investigan la presunta adjudicación a dedo del Palacio de Justicia de Oviedo, presupuestado en más de 180 millones de euros. El Gobierno de Asturias evitó llevar a concurso la obra, proyectada sobre los terrenos que antes acupaba la estación de El Vasco, ideando una fórmula novedosa: un contrato de alquiler de un edificio en construcción. Alega que en esa finca existen los cimientos de una construcción, que en realidad corresponden al proyecto inacabado de tres rascacielos diseñados por Santiago Calatrava.
Baleares
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.
Santa Margarita: El alcalde de Santa Margarita (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase presupuestario de más de 12 millones de euros, por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.
Caso "Can Domenge": Investiga a la ex presidenta del Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar, por el presunto cobro de comisiones en la venta de los terrenos de "Can Domenge" a la constructora Sacresa, cuando otra constructora había ofrecido el doble. Ante dicha acusación se defendió diciendo que se encontraba de baja facultativa, "descansando en Sudáfrica por prescripción médica".
Caso "Son Oms": Relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma.
"Caso Scala": Investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Canarias
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
Antigua: Caso González Arroyo, Detenido el alcalde por Presunto delito de cohecho y soborno.
Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fue condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas.
Fuerteventura: Caso González Arroyo el ex alcalde por presunto delito de cohecho y soborno.
La Oliva: Caso González Arroyo, El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: Operación Góndola, Detención del alcalde del PP, y otras cuatro personas vinculadas al Ayuntamiento por financiación ilegal del PP con dinero público, compra de votos y Regalar permisos de Construcción en zona protegida por la Unión Europea, corrupción urbanística.
Santa Brígida: Operación Brisan, Detenidos Tres Ex-Alcaldes del PP y otras siete personas por presunto enriquecimiento personal, financiación ilegal y corrupción.
Santa Cruz de Tenerife: Caso Las Teresitas, Garzón implica al alcalde, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) y pide que se investigue al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor en una presunta trama de comisiones ilegales. Imputado igualmente por la Fiscal Anticorrupción junto a otros concejales y empresarios por el caso de "Las Teresitas" por el que se compró a precio de oro terrenos para construir en dicha playa y los terrenos localizados en el Valle de Las Huertas.
Telde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas el alcalde y media corporación municipal, el responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, citadas por el diario 20 Minutos, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.
Cantabria
Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico.
Castro Urdiales: A mediados de enero de 2010 el juez imputó a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.
Alfoz de Lloredo: Se encuentran imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
Castilla-La Mancha
Albacete
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de que en el lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo. Se presentaron dos denuncias, una por delito urbanístico, la cual fue sobreseida, y otra por delito ecológico, por la cual fue condenado el Ayuntamiento de Hellín.[cita requerida] El Ayuntamiento de Hellín no ha sido condenado por delito ecológico relacionado con dicha urbanización, ni con ninguna otra. Una de las razones por las que se archivó la denuncia de los Ecologistas fue precisamente el informe favorable del SEPRONA, acreditativo de que la urbanización cumplía y se desarrollaba respetando plenamente las exigencias medioambientales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en su sentencia nº 17 de 18 de enero de 2010, declara la licencia de obras otorgada en su día por el Ayuntamiento de Hellín, plenamente legal y ajustada a derecho .
Chinchilla de Montearagón. Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunciaron la urbanización a realizar en el término municipal de Chinchilla, y conocida como La Losilla, de más de 2.000 viviendas con campo de golf, por considerarla una modificación encubierta del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.15 Así mismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por haber concedido licencias de edificación sin carecer de los correspondientes permisos para el abastecimiento de agua potable.
Albacete: Los tribunales anularon, a raíz del Contencioso Administrativo interpuesto por Izquierda Unida, los presupuestos del año 2.006, al no destinarse el dinero generado por los convenios urbanísticos a su fin de comprar suelo para ejecutar vivienda protegida.
Elche de la Sierra: La la alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y de su teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte Merenciano, con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre de 2008, presentaron su dimisión, tras ser imputados por las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por prevaricación urbanística continuada en el municipio.
Ciudad Real
Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol. Esta construcción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.
Cuenca
Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.
Sisante: Los informativos de la cadena Cuatro han revelado un presunto caso de corrupción en la vecina localidad de Sisante, Cuenca, con un vídeo de cerca de tres horas de duración en el que se ve y escucha a dos empresarios negociar con el hermano de la alcaldesa popular de la localidad, Casilda Algarra, la adjudicación del futuro polígono de La Losilla. La alcaldesa ha interpuesto querella criminal ante dichas acusaciones.
Toledo
Seseña: El ex alcalde socialista José Luis Martín amasó un patrimonio millonario coincidiendo con la reclasificación de casi dos millones de metros cuadrados y la adjudicación al constructor Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', de la mayor urbanización de España: 13.000 viviendas que no tienen garantizados el suministro de agua ni los servicios básicos indispensables. El ex edil, imputado por prevaricación y cohecho, intentó justificar su fortuna alegando que le había tocado el cupón y que es analfabeto, pero el diario EL MUNDO publicó que había cobrado 700.000 euros de un miembro de la mafia calabresa en fechas coincidentes con la tramitación del plan. El Tribunal de Cuentas contabilizó 27 irregularidades gravísimas, que la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de Illescas continúan investigando. La Junta de Castilla-La Mancha, que presidía José Bono, impulsó el proyecto y facilitó los documentos necesarios con una celeridad insólita.
Castilla y León
Ávila
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.
Caso de la Ciudad del Golf: El ayuntamiento de Las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra. El alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el director de Medio Natural de la Junta y el ex delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila están imputados por existir indicios racionales de la comisión de varios delitos.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
Burgos
El Tribunal Superior de Justicia anula por segunda vez el Proyecto de Actuación del sector S-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Desarrollado por el Sistema de Concurrencia, no incluia el urbanizador propuesto ni tampoco la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador.
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.
Salamanca
Salamanca: el PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
Valladolid
Arroyo de la Encomienda: el PSOE denuncia un pelotazo urbanístico, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.
Villalba de los Alcores: es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.
Cataluña
Barcelona
El ex presidente de la Generalidad Pasqual Maragall, sacó a la luz pública las presuntas comisiones que miembros de CIU cobraban en los ayuntamientos donde gobernaban. A cambio de licencias para construir, los cargos de dicho partido hubieran recibido el 3 por ciento del precio final de las viviendas. De tal acusación, se retractó inmediatamente.
Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona.
Santa Coloma de Gramanet: (PSC) El alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz junto con el concejal de Urbanismo, han sido detenidos por un posible caso de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. También se está investigando el Consistorio de Badalona (PSC) y el de San Andrés de Llavaneras (CIU) y se encuentran implicados, antiguos altos cargos y conocidos de la política catalana como Macià Alavedra y Prenafeta en el conocido como caso Pretoria. La operación judicial, está a cargo del juez Baltasar Garzón, y gestionado por la Audiencia Nacional.
Caso Palau de la Música o caso Millet: A raíz de la utilización de fondos públicos para gastos personales, una investigación permitió descubrir toda una trama financiera y de desvío de dinero, así como que, para la construcción de un polémico hotel de lujo junto a la institución musical se tuvieron que recalificar los solares sobre los que se había de levantar. En todo este asunto se encuentran implicados el antiguo presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Fèlix Millet, y su hombre de confianza, Jordi Montull, así como Ramón García-Bragado, teniente de alcalde de Barcelona.
Tarragona
Cubelles: El caso Terres Cavades se inicia en 2005 tras ser admitida a trámite la querella presentada por 22 ex propietarios al considerar que fueron presionados para vender sus parcelas, que posteriormente multiplicaron su valor al ser recalificadas como urbanizables por el equipo de gobierno municipal encabezado por el ex alcalde Joan Miquel Nadal CiU, el ex concejal de urbanismo Ángel Fernández Gutiérrez y el hermano de este Juan Fernández Gutiérrez, último alcalde franquista de Cubelles. Se encuentra imputado Eduarzo Aznar Berruezo, actualmente director general de PROCAM la inmobiliaria de Caixa Catalunya, también se encuentra imputado por el caso de corrupción relacionado con el consistorio de Santa Coloma de Gramanet.
Cunit: La policía judicial se persona en el Ayuntamiento de Cunit (PSC, PP) en busca de documentos relacionados con la revisión catastral iniciada en el 2007, para interrogar a la secretaria y a la interventora municipal desde que la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio enviara a la Fiscalía de Tarragona toda la documentación relacionada con esta revisión por la que el Consistorio pagó un millón de euros a la empresa Auxiliar de Recaudación S.L., mediante un contrato suscrito por José Barquier (PP) nombrado alcalde accidental tras la inhabilitacion judicial de Dolores Carreras (PSC), que el juzgado de primera instancia declaró nulo y que ha supuesto un incremento medio del 350% en el valor de los inmuebles del municipio.
Comunidad Valenciana
Alicante
Albatera: el juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
Alicante: el juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: el fiscal anticorrupción está investigando al ex-alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
Torrevieja: El Tribunal Supremo, confirmó la ilegalidad del Paseo Marítimo Juán Aparicio , ya que el mismo se había construido en zona de Dominio Público, incumpliendo la Ley de Costas, e imponiendo una sanción económica al Ayuntamiento de 833.000 euros. Se da la circunstancia, que a raíz de la mala ejecución de dichas obras, una niña de dieciséis años, quedó tetrapléjica el 30 de junio de 1999, por lo que también se condenó al Ayuntamiento a una sanción de más de 600.000 euros como responsable de dichas obras.
Benitachell. El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB) fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de julio de 2008 acusados de un delito de corrupción urbanística.
Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fue imputado por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe. Se da la circunstancia de que el propio Ex-Gerente de Urbanismo denunció a la actual alcaldesa por prevaricación en su despido, así como al Concejal de Hacienda, por injurias.
Villajoyosa: La promotora del Hotel Atrium Beach, ha sido sancionada por por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por un exceso de edificabilidad, sanciones en base a las cuales la promotora tiene que derribar 14.470 metros cuadrados del hotel, además de hacer frente a una multa de 12 millones de euros. http://www.hosteltur.com/noticias/30123_promotora-atrium-beach-villajoyo
Villajoyosa: la promotora Atrium Beach, edificó el Hotel Luna, con un exceso de edificabilidad del 50%, el cual le fue obligado a demoler. El Ayuntamiento fue multado por conceder dicha licencia. El Ayuntamiento de Villajoyosa ha debido anular el PGOU en el que se quintuplicaba el crecimiento de población previsto.
Valencia
Cullera: el Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Montroy: El 3 de febrero de 2009 es detenido el que fuera alcalde de la localidad, Javier Carrión, del PP por delito urbanístico y prevaricación.
Paiporta: el PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Riba-roja: operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.
Valencia: la oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para demoler el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
Valencia: la Asociación de vecinos del barrio de El Cabanyal, lleva años oponiéndose al plan de la Corporación municipal de demoler parte del barrio y ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta llegar a la playa.
Extremadura
Cáceres
Plasenzuela: Posible corrupción por la que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento.
Galicia
A Corunha
Oleiros: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.
Puerto del Son: la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.
Pontevedra
Portas: El fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Tuy. La Junta de Galicia suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares. Dos ediles del gobierno, un arquitecto y la compañera sentimental de unos de los ediles fueron detenidos en una operación policial que permitió coger a los ediles in fraganti. Hoy en día se encuentran en libertad con cargos por un delito de cohecho por soborno a un promotor inmobiliario para realizar un convenio urbanístico.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en la península de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias.
Lugo
Castro Rei: fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
La Rioja
Lardero: el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde de Rioja: el también popular alcalde de Santurde, Jesús Montoya, está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
Comunidad de Madrid
Brunete: el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.
Colmenarejo: el Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.
Madrid: La Guardia Civil desmanteló en la Operación Guateque una trama de funcionarios del Ayuntamiento que exigía dinero a cambio de acelerar las licencias de actividad a diversos locales de ocio y restauración en dicha ciudad. De resultas de dicha operación, se detuvieron a 16 funcionarios y técnicos de dicho Ayuntamiento.
Navalcarnero: el edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: la recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.
Ciempozuelos: el alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.
Torrelodones: el Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Tres Cantos: unas grabaciones del ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: el alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo Barrena cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País. En un auto de fecha 16 de enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles ha decidido inhibirse en favor del número 4 de la misma localidad en relación a las diligencias previas 6598/2006 iniciadas a partir de la presentación de una querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción en relación al llamado caso Porto Rey en Villanueva de la Cañada. El motivo de la inhibición es que se ha comprobado que existe una denuncia anterior, de febrero de 2005, de Ecologistas en Acción que estaba en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles. Dicha denuncia había pasado inadvertida inicialmente para el Decanato de los Juzgados. Ecologistas en Acción denunció el 20 de febrero de 2005 una larga lista de irregularidades en el proceso de aprobación de los Planes Parciales del sector 1 “Los Pocillos” y también del sector 3 “El Castillo” de Villanueva de la Cañada. Entre ellas estaba, la recalificación de facto de montes preservados y de áreas del Parque Regional del Guadarrama, el aumento de la edificabilidad que ello comportaba y la falta de informes ambientales básicos en el procedimiento de aprobación.
Región de Murcia
Águilas: el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
Cartagena: el fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.
Cieza: el alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y co |
