En un momento determinado de su desarrollo, el proceso de integración económica del capital monopolista europeo, de los grandes grupos financieros, los trust y las multinacionales, necesita dotarse de un instrumento jurídico-político que les permita racionalizar y formalizar el reparto de poder entre los distintos Estados capitalistas. Ese papel es el que pretende juegar el flamante proyecto de Constitución europea.
Su necesidad surge en una fase de creciente complejización del proceso de integración, cuando el número de Estados miembros ha pasado de quince a veinticinco, y cuando en el seno de la UE se está acentuando la diferenciación entre el centro, formado por las potencias capitalistas más importantes y cuyo elemento tractor lo ha constituido, hasta ahora, el llamado eje franco-alemán; una semiperiferia, formada por algunos de los antiguos miembros, menos desarrollados (España, Grecia, Irlanda y Portugal); y la nueva periferia, que estaría constituida por los diez nuevos Estados miembros.
Con la última ampliación, se produce un cierto desplazamiento del «centro de gravedad» de la UE desde el Atlántico hacia Europa central, dándose el caso de que, a partir de la ampliación, hay más Estados miembros de la UE en torno al Báltico que al Mediterráneo. Por otra parte, la amplitud que está tomando la UE, favorece la formación de grupos, bloques o alianzas internas, a veces circunstanciales, entre algunos de sus miembros. La coalición más antigua es la franco-alemana, pero también se dan otras en torno a determinadas cuestiones, como es la existente entre Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo (sobre asuntos de defensa), o la que se dió entre Gran Bretaña, España e Italia, con motivo de su apoyo a la intervención norteamericana en Irak.
Todo ello, implica una serie de riesgos potenciales para la UE, como es el de que se produzca en ella un fraccionamiento Norte/Sur, y de que se debilite el eje franco-alemán. Al mismo tiempo, con la entrada de los nuevos socios, tiene lugar un reforzamiento de la influencia del imperialismo yanqui en el seno de la Unión. Hasta ahora, esa influencia era relativamente débil ya que el principal apoyo de los EEUU se encontraba en Gran Bretaña. Pero la mayoría de los nuevos miembros centroeuropeos tratan de escapar de la dominación rusa evitando, al mismo tiempo, caer bajo la influencia alemana, lo que les lleva a buscar un equilibrio por medio de su acercamiento a EEUU. Por otra parte, a partir de la ampliación, se extienden considerablemente los límites de la UE con Rusia, con lo que las fronteras orientales de la Unión adquieren un alto valor geo-estratégico.
También hay que tener en cuenta que, con la ampliación, los problemas nacionales (hasta ahora prácticamente circunscritos a España, Francia y Gran Bretaña), van a cobrar una mayor importancia en el seno de la UE. Es el caso de las poblaciones de origen alemán de Polonia y Chequia, así como la de origen rumano en Hungria, o el de la población de origen ruso en Estonia. Después, está la cuestión de los enclaves como el de Kaliningrado (antigua Könisberg, que fue capital de la Prusia Oriental y que según acuerdo de la Conferencia de Potsdam, en 1945, pasó a petenecer a la URSS. En 1946, cambió su nombre, y en los años posteriores sufrió un proceso de desgermanización y de rusificación), que actualmente cuenta con una población mayoritariamente rusa, y que queda separada de Rusia por las repúblicas bálticas. Por otra parte, este es un territorio en el que proliferan todo tipo de organizaciones mafiosas, con lo que ello representa de potencial crecimiento de la delincuen- cia y la criminalidad en las zonas limítrofes de la UE.
El proyecto de Constitución europea no supone una solución para toda esta serie de problemas. Tan sólo sirve para unificar y clarificar algo más la maraña de acuerdos y disposiciones comunitarias, la mayoría de tipo económico, así como para establecer un sistema de voto (redistribución del poder) entre los distintos Estados miembros, que dificulte o impida las situaciones de bloqueo. El proyecto de Constitución europea tampoco permite crear la identidad europea (compartida), sobre la que se tendría que asentar la unión política, ni establece un sistema político-institucional verdaderamente democrático, pues el organismo donde se toman las decisiones más importantes va a seguir siendo el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros.
Pero este proyecto de Constitución tampoco resuelve el problema de los pueblos y las naciones sin Estado europeas. Este es el caso de Euskal Herria, que fue incluida en la CEE, y ahora forma parte de la UE, sin que en ningún momento se haya consultado sobre ello a la sociedad vasca. Todo, porque así interesaba a las clases dominantes, tanto a la gran burguesía española como a su aliada, la alta burguesía vasca, e incluso a la burguesía nacional; porque todas las clases explotadoras aspiraban a disponer de un amplio mercado al que poder acceder con sus productos y, al mismo tiempo, beneficiarse de las ayudas procedentes de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA e IFOP) y del Fondo de Cohesión.
La pertenencia de Euskal Herria a la UE ha tenido numerosos efectos negativos para la clase obrera vasca, los arrantzales, baseritarras, y la pequeña burguesía comercial e industrial, debido a los drásticos recortes productivos que se nos han impuesto desde Bruselas y de los que no nos hemos podido defender adecuadamente por no tener una representación propia en las instituciones comunitarias y carecer de soberanía econó- mica. Por eso, para los trabajadores y trabajadoras, así como para las demás clases y capas populares vascas, no es ninguna bicoca estar en la UE, al menos mientras ésta siga respondiendo exclusivamente a los intereses del gran capital europeo.
Pero éste no es un problema que afecte exclusivamente a Euskal Herria, porque algo similar ha ocurrido con otras naciones sin Estado europeas, como Catalunya y Galiza, en España; Bretaña y Córsica, en Francia; Escocia y Gales, en Gran Bretaña; Flandes y Valonia, en Bélgica; etc; debido a que han prevalecido los intereses económicos de las clases dominantes de sus respectivos Estados sobre los de todos estos pueblos y naciones.
Tal como planteó Lenin, en agosto de 1915, en su trabajo "La consigna de los Estados Unidos de Europa", bajo el capitalismo es imposible un proceso uniforme de desarrollo de las distintas economías y de los distintos Estados, aunque son posibles acuerdos temporales entre los capitalistas y entre las potencias para ahogar el socialismo y defender en conjunto el saqueo de las colonias. Es por ello que los Estados Unidos de Europa, bajo el capitalismo, son imposibles o son reaccionarios.
Por eso, llegará el día en que tengamos que plantearnos si conviene o no que Euskal Herria siga perteneciendo a la UE, sobre todo a medida que avancemos hacia el socialismo, debido a las limitaciones y condicionamientos que nuestra permanencia en ella podría suponer de cara al proceso revolucionario vasco. Esa es una decisión que en su día habrá que tomar en base a una serie de consideraciones sociales, políticas, económicas, culturales, estratégicas, etc.
Pero, de momento, tendremos que trabajar para modificar las condiciones en que nos vemos obligados a formar parte de la Unión y con objeto de imprimir una nueva orientación al proceso de construcción europea, en la perspectiva de una Nueva Europa, verdaderamente unida, independiente, democrática y socialista.
En ese sentido, nuestro rechazo al proyecto de Constitución europea debe ir unido a la exigencia de un Estatuto Europeo de los Pueblos y Naciones sin Estado, que contemple, en el marco de la Unión:
1.- El reconocimiento del derecho de autodeterminación para todas los pueblos y naciones que así lo reclamen.
2.- La posibilidad de una ampliación interior de la UE, para que todas aquellas naciones que lo decidan libre y democráticamente, puedan incorporarse como Estados soberanos (de pleno derecho) a la misma.
3.- El establecimiento de los mecanismos necesarios para facilitar la participación de los pueblos europeos en la toma de decisiones, lo que incluiría su representación directa en las reuniones del Consejo de la UE, en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), y en el Consejo Económico y Social (CES).
4.- La creación de una Cámara Territorial (Senado) de los Pueblos y Naciones de Europa;
5.- El reforzamiento de la cooperación transfronteriza entre territorios con características comunes (históricas, socioculturales y/o lingüísticas), que podría incluir la creación de eurorregiones, con autonomía administrativa, que abarcasen a dichos territorios. - |
