Por Emiliano Guido                                                                                              
(América Latina en Movimiento, 12 de mayo de 2004)

Cholos, indígenas y campesinos... El subsuelo de la patria inundo la capital peruana con rostros pocos "marketineros", para reclamar un viejo programa reivindicativo. La repetida foto de la movilización es solo la punta del iceberg. Dos temas colaterales bucean en el fondo. Uno es emergente: el presidente Alejandro Toledo está "a pasos del helicóptero"; su legitimidad viene en picada desde principios de año. El otro es parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos hacia la región del Altiplano: narcotizar a los campesinos pobres para controlar el mercado de la droga.

Miles de campesinos cocaleros, principalmente de la región amazónica, llegaron el lunes pasado a Lima bajo un fuerte dispositivo de seguridad, después de una movilización iniciada veinte días atrás en defensa de sus cultivos tradicionales. Los cocaleros levantan principalmente tres puntos reivindicativos: exigen el cese de los programas de erradicación de hoja de coca y de implantación de cultivos alternativos, la liberación de su dirigente Nelson Palomino, preso desde hace un año por "apología del terrorismo", y la desaparición de Devida, el organismo oficial antidrogas.
                                                   
Iniciaron el tramo final de la marcha desde el suburbio de Santa Anita, coreando lemas tradicionales como "la coca no es droga" y "respeto a los cocaleros". Ahí, además de acampar, recibieron alimentos donados por comerciantes para sus ollas populares, versión andina de la alianza "piquete-cacerola", registrada en Buenos Aires durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando pese a la treintena de muertos que arrojó la represión policial, las movilizaciones espontáneas de argentinos acabaron con el gobierno de Fernando De la Rúa, el presidente que se escapó en el helicóptero.

La noche siguiente los encontró durmiendo frente al Palacio de Justicia, ya que no pudieron hacerlo en las áreas verdes del paseo de Los Héroes Navales, porque fueron salvajemente desalojados por la policía. Hasta ahora no han encontrado un interlocutor válido para negociar. Solicitan reunirse con Toledo y el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero. Pero sólo han notado la presencia de unos tres mil agentes del Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional, provistos de cascos, escudos y gases lacrimógenos.
                                                   
"Si el Congreso no atiende nuestras demandas, entonces iniciaremos una huelga de hambre. Ya pónganse los pantalones", afirmó la dirigente Nancy Obregón, durante una reunión con parlamentarios. Esa medida de protesta ya fue comenzada por el dirigente encarcelado, Nelson Palomino.

La presencia del viceministro del Interior, Ricardo Valdez, en la reunión que sostenían con la junta negociadora del Ministerio de Agricultura, motivó que los dirigentes cocaleros rompieran el diálogo con el gobierno. Tras el fracaso de las negociaciones, amenazaron con radicalizar sus medidas de fuerza y aseguraron que no retornarán las conversaciones si participa un representante del polémico ministerio del Interior.

La lucha de los cocaleros se inscribe en un proceso de resistencia mayor, que guarda buenos antecedentes como la revuelta de Arequipa, donde la movilización popular freno el intento del gobierno de privatizar dos empresas eléctricas.

Ilave es la segunda ciudad en importancia en la región de Puno, estado que viene liderando las protestas contra el gobierno central. Un contundente paro regional convocado por una multisectorial, en enero pasado, afectó los ingresos del turismo, ya que Puno es la puerta de entrada a la ciudad de Cusco y a las míticas ruinas de Machu Pichu.

En Ilave, el 26 de abril último los pobladores cansados de la corrupción gubernamental, lincharon al alcalde Cirilo Robles Callomamani, quién terminó colgado en la Plaza Central. Esta escalada continuó el lunes en Apurimac, donde mataron a balazos a tres policías. En Huánuco la gente está presionando al alcalde por supuestos casos de corrupción y en Tilali la situación es parecida.
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Para algunas analistas, los sucesos de Ilave podrían beneficiar a los sectores políticos más conservadores porque convalidarían la tesis del gurú neoliberal Samuel Huntingon, quién después de su libro Choque de Civilizaciones, en el que plantea que el conflicto internacional está signado por el enfrentamiento entre el Occidente cristiano y el Oriente islámico, sostiene ahora que la población indígena es el principal factor de riesgo en el continente y considera a la democracia como un sistema inviable, proponiendo salidas autoritarias (las últimas encuestas dan a Fujimori como favorito en las próximas elecciones).

Aquel levantamiento popular costó la cabeza del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. El Congreso de la República aprobó el miércoles pasado censurar a Rospigliosi por los violentos sucesos registrados.

La crisis es de tal magnitud que las encuestas de popularidad de Toledo entraron desde el año pasado en un tobogán irreversible. De acuerdo con los resultados de la última encuesta de CPI a nivel de Lima Metropolitana, la aceptación del presidente Toledo cayó casi en cuatro puntos en los últimos meses, estacionándose en el termómetro callejero con una popularidad del 7,7%.

La dirigencia política volvió a demonizar a los campesinos para "aislar a la manzana podrida". Esta vez los acusaron de ser parte del grupo maoísta Sendero Luminoso. Se desvía así el verdadero conflicto: el neoliberalismo esta destruyendo la agricultura nacional al importar productos subvencionados de primera necesidad que, por sus bajos costos en el mercado, están llevando a la ruina a los pequeños agricultores.

Para el científico Noam Chomsky, la problemática agraria del mundo en desarrollo se remonta a los años sesenta. En aquella coyuntura de Guerra Fría, el Movimiento de Países No Alineados y otros foros proclives a los intereses del Tercer Mundo intentaron estabilizar los precios de sus productos (commodities).

Para el "agrobusiness", las oscilaciones abruptas de los precios no tienen mucha importancia, porque si el precio de una mercancía baja en un año, ellos utilizan otras. Las política intervencionista, que los países centrales y hegemónicos aplican puertas para adentro, no les es permitida a las naciones del Sur. "Naturalmente, los campesinos se volcaron hacia productos que eran viables, básicamente coca, marihuana y los productos, que en Occidente se llaman drogas legales", dijo Chomsky.

La revista peruana Ollanta ofrece algunas cifras reveladoras: por cada cien dólares que produce el tráfico de cocaína, catorce se quedan entre Colombia, Perú y Bolivia, el resto va a Estados Unidos. De esos 86 dólares, el 10% se quedan en los cárteles de la droga, el resto de la torta es digerida por la bolsa de New York. Además, Washington posee el monopolio de fabricación de la droga anteta ("extasis").

Para el periodista peruano Máximo Grillo, "los operativos de la DEA (fuerza antidrogas estadounidense), tienen como objetivo la persecución de las bandas independientes. Al reducir la producción, el principal efecto es el aumento del precio de la cocaína, lo que conviene a los operadores norteamericanos. Controlando la oferta, mantienen estables los precios de la demanda".

El 30 de marzo del 2003, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, Conpaccp, dejaba en claro, en el punto 6 de su plataforma fundacional, que "el Estado debe garantizar precios de refugio para los productores que están comprometidos con los programas de productos alternativos como café, cacao, plátanos y arroz".

El mismo documento reforzaba las propuestas respecto de la problemática agraria, tema oculto tras la fachada del narcotráfico: "El Estado debe controlar la importación de los productos agrícolas y pecuarios alternativos que podrían ser producidos en las cuencas Andino-Amazónicas."

Se trata de políticas ausentes, que también dejan vacante el gran problema de la seguridad alimentaria, un seguro que parece no contratar el Estado peruano para mitigar la vergonzosa mortalidad infantil.
                                                               
Los campesinos constituyen aproximadamente más del 50% de la población del país y a su vez representan el 80% del sector más pobre. Las columnas de cocaleros que irrumpieron en los canales de televisión constituyen la reserva moral de los campesinos que se niegan a migrar a la ciudad, fenómeno demográfico que solo aumenta la población de los barrios empobrecidos.

La coca no es sólo un cultivo de subsistencia; representa una carga cultural y simbólica. Por ello, esta enésima movilización no será frenada con palos y balas de goma, menos con caracterizaciones simplistas. Se necesita honestidad, coraje y soberanía política. Valores que el gobierno de Toledo ha dejado huérfanos.

(Tomado del Dossier Informativo No.110, del 12 de mayo de CIDAN)

Via Alterna    Indymedia