Dos miembros del consejo de administración de Prolhasa, Lluis Albareda y Maria Lara Prat, se convirtieron en apoderados de COTA. A partir de las adjudicaciones de las obras, se desvío hacia sus arcas mas del 55 por ciento del presupuesto inicial pactado, defraudando tanto a l’Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès como a la propia Diputación de Barcelona.

Según las auditorias realizadas, las cantidades recibidas por COTA de Prolhasa nunca se correspondieron con los gastos reales. Cinco cargos socialistas estuvieron implicados. Los citados Albareda y Lara, mas el alcalde de eso momento en Vilafranca, Joan Aguado, el consejero delegado de Prolhasa Manuel Moreno y el socio de COTA Avelino Alcocer. Según el Código Penal, se les puede acusar de fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos. Casi el 100 por cien de las acciones de Prolhasa eran pertenecientes a la Diputación. La empresa quebró finalmente en 2001, por no poder afrontar sus enormes perdidas. La propia dirección socialista acabo por cerrar la compañía."