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Encarcelados por organizar una manifestación permitida por los tribunales
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per Observatorio Vasco de Derechos Humanos
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30 set 2003
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El pasado 10 de agosto tuvo lugar una manifestación legalizada en Donostia, por la que fueron recientemente detenidas tres personas, Iñigo Balda, Juan José Petrikorena y Ainhoa Iñigo, siendo ésta última la persona que pidió permiso para la realización de la misma. |
El dÃa 5 de agosto, Iñigo Balda (ex edil de Euskal Herritarrok) y Araitz Zubimendi (parlamentaria del grupo Socialista Abertzaleak), animaban en una conferencia de prensa a participar en la manifestación que tendrÃa lugar en Donostia, asà como a una manifestación antitaurina y a diferentes actos enmarcados dentro de la Semana Grande donostiarra.
Tan solo tres dÃas después de dicha comparecencia, el departamento de Interior del Gobierno Vasco prohibÃa dicha manifestación, alegando que aunque la misma habÃa sido comunicada por una particular, los convocantes “realesâ€? serÃan Iñigo Balda y Araitz Zubimendi, recordando la conferencia de prensa celebrada pocos dÃas antes.
Para basar dicha prohibición, alegaban que “el 26 de agosto de 2002, el Juzgado Central de la Audiencia Nacional dictó un auto con respecto a la formación HB-EH-Batasuna, por el que dispone la suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos�.
Tras interponerse recurso ante esta prohibición, el 9 de agosto el Tribunal Superior de Justicia del PaÃs Vasco autoriza la marcha, anulando asà la prohibición del departamento de Interior del PaÃs Vasco, ya que a su entender no se ajusta a derecho. SerÃa ésta la segunda ocasión en la que quedarÃa revocada una suspensión ordenada por el departamento de Lakua. Tanto el máximo responsable del TSJPV, Manuel MarÃa Zorrilla, como los otros dos magistrados que conforman el mismo, Enrique Torres y Manuel DÃa de Rábago, echaban por tierra los argumentos del Consejero del interior vasco Javier Balza. En la sentencia, el TSJPV, recordaba que “aunque según el auto de Garzón, sobre HB-EH-Batasuna pesa la prohibición de convocar manifestacionesâ€?, “sus miembros conservan sus derechos ciudadanos, entre los que están los de convocar manifestacionesâ€?, derecho que, en opinión de los jueces, “no habrÃa quedado afectado por la suspensión alegadaâ€?, enfrentándose a los argumentos de la ConsejerÃa de Interior basados en esos autos de Garzón.
En el transcurso de la manifestación no se produjo ningún incidente, si bien al terminar esta unos jóvenes con la cara tapada quemaron una bandera española. Esto provocó una airada respuesta por parte de determinados cÃrculos polÃticos y medios de comunicación. La fiscalÃa exigió un informe a la Ertzantza sobre los hechos. En dicho informe no se recogÃa ningún dato de los autores de la quema, si bien aparecÃan datos sobre la convocante y quienes portaban la pancarta.
En respuesta a esta polémica, un mes más tarde de la celebración de la manifestación, la PolicÃa Nacional procedió a detener por orden de Baltasar Garzón, a Juan José Petrikorena, Iñigo Balda y Amaia Iñigo, bajo la acusación de “colaboración con banda armadaâ€?, “ultrajes a Españaâ€?, y “desobediencia a la autoridad judicialâ€?, eventualmente por haber participado en la organización de la manifestación permitida por el tribunal. Dictó también del mismo modo, la clausura de las sociedades culturales Marruma, Antiguotarrak y Herria, todos ellos en Donostia. Los argumentos esgrimidos por el magistrado para el cierre de estos locales fueron el “servir de sedes para la organización de dicha manifestaciónâ€?.
El dÃa 17 de septiembre, y tras prestar declaración judicial, Baltasar Garzón decreta la prisión incondicional para los tres detenidos, además de por las acusaciones antes mencionada, por “enaltecimientoâ€?.
Desde ese momento han sido numerosas las crÃticas expresadas desde diferentes ámbitos ante la detención y posterior encarcelamiento de tres personas por participar en una manifestación realizada bajo parámetros de completa y absoluta legalidad y por no poder probarse contra ellos ningún hecho delictivo. Además de ser recortados los derechos polÃticos de estas personas de manera ilegÃtima e irreversible, la inseguridad jurÃdica e indefensión que opera contra ellas es evidente.
En cuanto a los tres locales precintados, diferentes personas que utilizaban dichos recintos para llevar a cabo actividades sociales, culturales y deportivas se preguntaban, que si la razón del cierre era el haber sido utilizadas para decidir los preparativos de la manifestación, qué hubiera ocurrido si en lugar de estos locales, se hubieran realizado estas reuniones en el Hotel Londres: ¿éste también habrÃa sido clausurado?. |
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