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Notícies :: laboral |
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Sobre el mal funcionamiento de los recursos asistenciales de la Comunidad de Madrid
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per Grupo Anarquista Tierra |
20 feb 2026
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odo lo relacionado con la estructura del estado del bienestar está podrido. Es una cuestión estructural del sistema capitalista. Para un trabajador, cuando desarrolla su actividad profesional en un recurso asistencial público o privado, el hecho de implicarse un poco más de la cuenta en conseguir una mejora estructural o de calidad de vida de los usuarios o de los propios trabajadores, deriva en estrellarse contra un muro de hormigón. Al final, las únicas opciones que tiene es pasar del tema y cumplir la jornada por el salario correspondiente con la única implicación de realizar su actividad profesional, o darse de baja y cambiar de profesión. Y no estamos hablando de una implicación en el terreno emocional, sino de cuestiones tan básicas como respetar los derechos reconocidos a usuarios y trabajadores, tal y como vienen recogidos en la legislación. |
[Romper la rutina derrotista y pasar a la ofensiva]
Todo lo relacionado con la estructura del estado del bienestar está podrido. Es una cuestión estructural del sistema capitalista. Para un trabajador, cuando desarrolla su actividad profesional en un recurso asistencial público o privado, el hecho de implicarse un poco más de la cuenta en conseguir una mejora estructural o de calidad de vida de los usuarios o de los propios trabajadores, deriva en estrellarse contra un muro de hormigón. Al final, las únicas opciones que tiene es pasar del tema y cumplir la jornada por el salario correspondiente con la única implicación de realizar su actividad profesional, o darse de baja y cambiar de profesión. Y no estamos hablando de una implicación en el terreno emocional, sino de cuestiones tan básicas como respetar los derechos reconocidos a usuarios y trabajadores, tal y como vienen recogidos en la legislación.
Para los anarquistas, «la dignidad de las personas y los derechos que les son inherentes», tal y como se mencionan en la Constitución, no son meras cuestiones simbólicas que deban estar únicamente plasmadas en un escrito jurídico, como no lo fueron en su día para los liberales. Queremos dar un paso más allá en nuestra acción política con la clase trabajadora, y no esperar alguna concesión del poder político para seguir sumidos en la derrota constante. No creemos que la ejecución de políticas parciales que tanto gusta a la socialdemocracia vaya a solucionar los problemas de la clase trabajadora. Tampoco creemos en el uso de la retórica posmoderna para lavar la cara de este u otro líder para mantener las estructuras de poder y autoridad, pilares de la desigualdad social. Es el mercado capitalista y el Estado los que llevan a que los recursos del «estado del bienestar» acaben podridos. A que unos pocos se beneficien a costa de la necesidad de usuarios y trabajadores. La auténtica dignidad para la clase trabajadora pasa por poseer capacidad política propia al margen de las instituciones del Estado y de los partidos políticos, y en construir socialismo a través de la libre federación de productores y consumidores basada en el trabajo asociado y cooperativo.
La precariedad laboral en la administración
Los trabajadores movemos el mundo. Todo recurso asistencial necesita de trabajadores para realizar cualquier tarea. En muchas ocasiones, a pesar de la diferencia jurídica entre trabajadores (interinos, fijos, funcionarios, eventuales), la producción sale adelante sin necesidad de jefes, políticos, etc. Y aquí es donde reside el auténtico potencial de la clase trabajadora: llevar adelante la producción sin necesidad de mandos, jerarquías, políticos, etc.
Para las instituciones del Estado y la lógica neoliberal del mercado capitalista, se hace necesario dividir y aislar a los trabajadores, para impedir que se entiendan y se organicen. Así, las políticas neoliberales de la Comunidad de Madrid conllevan:
– Contratación precaria a través de contratos encadenados de pocos meses.
– Abuso de la interinidad.
– Introducción de empresas privadas en la gestión pública.
Pocos trabajadores y divididos con distintas situaciones administrativas o, lo que es lo mismo, fuerza de trabajo barata, flexible y reemplazable: esa es la receta del éxito para el desmantelamiento y la privatización de los recursos públicos.
El corporativismo es una de las principales estrategias de la administración entre grupos y subgrupos de trabajadores. Los de por la mañana contra los de la tarde, el personal de servicios contra los técnicos de enfermería, etc., cada uno sintiéndose especial en su zona de poder imaginada, considerándose diferente y agredido por sus propios compañeros de trabajo. Otra forma de división simbólica de una clase trabajadora ya bastante fragmentada por el mercado.
Las gestoras sindicales acrecientan esta división. Su papel no deja de ser el de mantener la división, individualizar la problemática común, y disolver cualquier movimiento de lucha colectiva. En la firma del último Convenio colectivo único para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (2025-2028) se vulneraron derechos tan básicos para los trabajadores como el de huelga, manifestación, libertad sindical, etc., se introducen represalias por ejercer el sindicalismo y se ataca a los interinos.
El papel de los mandos intermedios también deja mucho que desear. No solo por la pasividad con las políticas de fragmentación y privatización, sino por el hecho de asumir el papel de «jefe mediocre», negando, entorpeciendo o bloqueando los derechos básicos de los trabajadores en cuestiones como el descanso, la conciliación, el suministro de EPI y la prevención de riesgos laborales.
Al poder político y económico le resulta esencial que los trabajadores compitan en un contexto caótico. El divide y vencerás de siempre que hace que seamos más pasivos, manipulables, etc.
Externalización de los servicios públicos, una cuestión ideológica
Dentro de la retórica dialéctica del poder político se nos intenta hacer creer que un partido privatiza más que el otro, o que un partido defiende lo público frente a otros, que unos son malos por eso y que otros no lo son tanto. Nada está más lejos de la realidad, todos los partidos que ocupan el poder político ejercen políticas de privatización y desmantelamiento de lo público. Estén en el gobierno central, las comunidades autónomas o los ayuntamientos. A lo sumo, unas administraciones son más agresivas que otras en estos aspectos, pero todos los distintos partidos políticos los llevan a cabo.
El gobierno de PSOE-SUMAR ha aumentado la licitación del concierto sanitario de MUFACE en más de un 40 %. La Comunidad de Madrid ya da cobertura sanitaria de accidentes de trabajo a todos los empleados públicos a través de FREMAP, que anteriormente gestionaba directamente la Comunidad a través de la Unidad de Prestaciones Asistenciales Médicas. Todo ello con el beneplácito de las gestoras sindicales.
«Colaboración público-privada» no es más que un eslogan de una facción política concreta sobre una práctica que lleva décadas recogida en la legislación.
Las consecuencias de que los servicios públicos se dejen en manos privadas se reflejan en lo ocurrido en el Hospital de Torrejón. No solo aumentan los costes para las administraciones, sino que se incrusta la lógica de mercado para los que más tienen, en detrimento de la clase trabajadora. Mientras tanto, se cierran los servicios de urgencias, faltan médicos o pasan muchos meses para que te manden a un especialista de un hospital público, reduciendo el tiempo de espera si se trata de uno concertado.
En los recursos asistenciales de la Comunidad de Madrid se lleva tiempo viendo la externalización del servicio de lavandería, denunciándose públicamente la falta de toallas y pijamas, o que la ropa vuelve sucia. Además, esto trae consigo el desmantelamiento de la maquinaria, tirando a la basura cientos de miles de euros e impidiendo que el servicio se pueda recuperar. Otro problema en estos recursos es la falta de cocineros y el cierre de cocinas en favor de los servicios de catering, los cuales dan problemas por la pésima calidad de la comida y las consecuencias directas, como problemas de desnutrición.
La privatización y el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos nos afectan directamente a la clase trabajadora, aumentando la precariedad en nuestra vida y el riesgo de exclusión social, con el progresivo aumento de la desigualdad.
El desmantelamiento del «estado del bienestar» es una cuestión ideológica. Tanto la Iglesia como muchos empresarios necesitan vivir del dinero público a través de conciertos. La exclusión social es un negocio rentable, al igual que lo es la educación. Pero ni Isabel Díaz Ayuso, ni Pedro Sánchez, ni ningún cura o empresario están día a día sacando adelante los centros asistenciales y trabajando para los usuarios. Somos los trabajadores los que movemos el mundo y los que hacemos que las cosas funcionen. Romper con la dicotomía diaria es necesario tanto para los usuarios como para nosotros. Por eso necesitamos estar organizados y dar el paso a una acción sindical que rompa la rutina derrotista y pase a la ofensiva para defender nuestros derechos y los de los usuarios, con vistas a una transformación radical de nuestras condiciones materiales y la superación del poder político y del sistema económico capitalista.
Grupo Tierra |
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