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Unidades antiterroristas se trasladan a Santiago
per Anónimo	20 abr 2013
Resumen de la escalada de represión vivida en los últimos años en Galicia
Bajo el titular “Preocupa el brote violento de anarquistas e independentistas radicales. Interior incrementará los efectivos antiterroristas en Galicia”, el periódico El Correo Gallego explicó el pasado 16 de enero que, de acuerdo con un responsable de la Policía, "la principal hipótesis de trabajo policial es que tanto en Galicia como en Cataluña se está produciendo un rebrote del independentismo radical que genera un aumento de los actos vandálicos”. Antecedentes: violencia política en Galiza A pesar de que han tenido una menor repercusión en la política española que otras organizaciones (como las vascas y las catalanas), en la historia de Galicia también han surgido grupos armados de corte independentista, como Loita Armada Revolucionaria (1978-1983) o el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (1986-1991), caracterizado éste último por voladuras de torres de alta tensión en los montes gallegos y por atacar a narcotraficantes, cuyo poderío en Galicia es de sobra conocido. Tras la desarticulación de estos grupos a principios de la década de 1990, el ejercicio de la acción directa violenta contra intereses estatales, el capitalismo financiero e inmobiliario y en defensa de la tierra, ha sido una constante en Galiza. A estas acciones respondieron los cuerpos policiales hasta el año 2005 con una represión de baja intensidad, centrada en ahogar económicamente al movimiento gallego de liberación nacional y en ningunear mediáticamente las acciones llevadas a cabo para restarles efectividad. El 20 julio de 2005 se publicó en Indymedia-Brasil (www.midiaindependente.org) el Manifesto pola resistência galega, un “chamamento a tod@s @s nacionalistas galeg@s” a sumarse a la resistencia gallega “desde la rabia [...] o los ataques ocasionales”, porque “o universalmente proclamado direito de autodeterminaçom dos povos é negado expressamente na constiuiçom espanhola”. Tres días después, y sólo dos antes del Día da Pátria Galega, eran detenidas en Santiago de Compostela dos personas tras una explosión en una sucursal bancaria de Caixa Galicia, considerada por fuentes policiales como el inicio de una organización ilícita llamada Resistência Galega (El País, 9 de julio de 2007). Esas detenciones, casi transmitidas en directo, dan la salida para una nueva estrategia policial y mediática: la violencia política dejó de ocultarse a la población y comenzó a alertarse a la misma del “rebrote terrorista” en Galiza con relatos hiperbólicos de los actos de sabotaje que se estaban dando y titulares sensacionalistas. Posteriormente, la Guardia Civil detuvo el 14 de noviembre de 2005, en el marco de la Operación Castiñeira - la primera gran operación contra el nuevo tipo de activismo galleguista - a once personas en distintos centros sociales de Santiago, Vigo y Ourense, aplicándoles la Ley Antiterrorista e imputándoles delitos de asociación ilícita, daños y alteración del orden. Más tarde la Audiencia Nacional archivó la causa y todos/as fueron puestos/as en libertad, pero ya quedó claro que en Galicia se avecinaba una gestión del conflicto similar a la que se ha dado en Euskadi desde 1998, cuando comenzaron a practicarse detenciones a miembros del llamado “entorno de ETA”, que acabaron siendo sometidos al macroproceso 18/98 en la Audiencia Nacional (Diagonal, 17 de abril de 2008). Existe una organización llamada Resistência Galega, ¿verdad? Si no, ¿qué hace allí la Unidad Antiterrorista? De acuerdo con declaraciones policiales vertidas a los medios, en Resistência Galega existen desde “jefes intelectuales”, siempre “preparando un gran atentado”, hasta “jóvenes manipulados” tratados con paternalismo por una prensa que en ningún caso hace efectiva la presunción de inocencia. Las notas policiales califican de “terroristas” a personas no juzgadas, y adjuntan a sus nombres y apellidos, fotografías y cualquier dato de su intimidad. Todo eso, cuando hoy en día en que no existe una sola condena que pruebe siquiera la existencia de una “organización terrorista”, cuando en Autos de Juzgados Centrales de Instrucción se habla únicamente de “una posible organización terrorista” y cuando una asociación Unión Federal de Guardias Civiles insistía públicamente en 2007 en que “Resistencia Galega como tal no existe” y que algunos de sus detenidos “son meros obreros” (La Región, 15 de diciembre de 2012). Según fuentes policiales, tras la Operación Castiñeira de 2005, al menos uno de los detenidos huyó a Portugal en 2006 y organizó desde allí la estructura de Resistência Galega, basada en las enseñanzas del Manifesto pola resistência galega, cuya autoría no está clara. “La nueva resistencia gallega está aprendiendo a olvidar los protagonismos, tanto personales como organizativos; no cree en vacas sagradas ni santuarios, ni en mitos muertos o vivos [...] Lo relevante no es lo que se golpea, sino a quién se golpea. Lo relevante no es quién organiza ni el grado de organización, sino lo certero de las acciones y el fortalecimiento de la lucha”, sostiene el manifiesto fundacional de Resistência Galega. “La resistencia gallega es ya un incipiente fenómeno social, creciendo con cada acción realizada en el país, para convertirse en un río fecundo”. Sin embargo, el poder judicial no ha apoyado esta tesis y en el único juicio llevado a cabo hasta el momento relacionado con este tema, la Fiscalía solicitaba 15 años de prisión a dos chicos por el lanzamiento de cócteles molotov a una sede del INEM pero, finalmente, acabaron condenados a dos y cuatro años de prisión respectivamente por daños y por tenencia de explosivos, dado que jamás se pudo acreditar su pertenencia a organización terrorista. A pesar de que no existen indicios que apunten hacia la existencia de una organización terrorista estable y/o jerarquizada, la estrategia policial se ha acelerado en el último año y medio, acompañada de una literatura de titulares (“descabezando la cúpula de Resistência Galega”, “capturando a su líder intelectual” o “estaba reorganizando la banda terrorista”, por citar algunos ejemplos) y autos judiciales calcados a los utilizados para los casos en los que se implicaba a ETA en Euskadi, en un intento de crear la paranoia de una estrategia militar en Galicia y justificar así el derroche en los cuerpos policiales (Novas da Galiza, marzo 2013). El despliegue policial en Galicia y la aplicación de la legislación antiterrorista choca a muchas personas, dado que Resistência Galega no ha provocado ninguna muerte, ni lesiones a personas. “Por ahora no atracan bancos ni exigen el denominado impuesto revolucionario. Tampoco nos consta que tengan armas de fuego. [...] Sus objetivos preferentes son las empresas constructoras, las obras públicas y todo aquello que consideran que es urbanismo salvaje y que destruye el medio ambiente”, explicó un experto policial antiterrorista a El País en 2007. La aplicación de la legislación antiterrorista y el Derecho Penal del enemigo Es fácil apreciar el tratamiento especial que el Ejecutivo ha otorgado a los delitos de terrorismo, legislando la materia mediante una normativa específica en múltiples ocasiones y haciendo uso de un tribunal especial como es la Audiencia Nacional. Las acciones perseguidas penalmente mediante los delitos de terrorismo contienen un componente netamente político que consiste en pretender liberarse, presionar, o determinar la política del Estado. Por ello, los intereses del Ejecutivo gobernante en el momento se ven directamente afectados por estas acciones y la implicación del primero en legislar y combatir el terrorismo difícilmente será objetiva o neutral. De este modo, no se concibe al terrorista como un delincuente más y que, sin olvidar la pena aplicable, goza de unos derechos fundamentales. El ciudadano que comete una acción tipificada como delito terrorista se convierte en el paradigma del enemigo del estado y no en uno de sus miembros. El jurista alemán Günther Jackobs llama Derecho Penal del Enemigo al fenómeno jurídico por el cual se produce una eliminación de parte de los ciudadanos convirtiéndolos en enemigos del Estado a través de la presentación como enemigos del resto de los ciudadanos. En virtud de ello, se produce un incremento desmesurado del punitivismo presentado como defensa ante este enemigo y la demonización de la figura del “enemigo”. La finalidad es la inocuización del enemigo, su aniquilamiento y la aplicación práctica de esta teoría en la actualidad no es novedosa, pues el Derecho Penal del enemigo ya fue concebido durante el régimen nazi del III Reich para negar a determinados colectivos y se institucionalizó el delito por “lo que se es”, en lugar de por “lo que se hace”. Como explica Juan Fernández Requena en su artículo “Delito de terrorismo como paradigma del Derecho Penal del enemigo”, este fenómeno “establecido por Jackobs se plasma en un punitivismo y en un derecho penal simbólico. Por un lado se realiza un incremento desproporcionado de la pena en los delitos cometidos por los ‘enemigos’ del Estado como principal instrumento de control, ello acarrea una incidencia automática en las estadísticas criminales. En este sentido la ilegalizada y clausurada revista Ardi Beltza habla de casi doscientas detenciones de militantes abertzales y la imposición de fianzas por un valor total de 6.000.000 €, a principios del año 2001. Además de ello, el derecho penal simbólico crea una identidad social, es decir, estigmatiza un modelo de autor construyendo una imagen social identificando a estos autores (enemigos) como ‘otros’, excluidos de esta sociedad e identificados como un peligro que hay que inocuizar”. Por su parte, el jurista chileno Juan Bustos afirma que la legislación antiterrorista “no está dirigida a hechos determinados, sino a sujetos determinados, a los terroristas, con lo cual ya el principio básico del derecho penal como un derecho sobre hechos y no sobre autores, resulta afectado” y la protección efectiva de los Derechos Humanos se encuentra en claro retroceso. En el siglo XIX los enemigos eran los vagabundos (Foucault, Vigilar y Castigar), en la Alemania nazi lo eran los judíos, gitanos y comunistas, ayer lo eran en España los terroristas vascos y hoy lo son los terroristas gallegos y los antisistema. A estos sujetos se les aplica el viejo aforismo autoritario de “ninguna libertad para los enemigos de la libertad” mediante una legislación procesal especial, más represiva y limitadora de los derechos fundamentales. Para un profesor de Ciencias Sociales en Vigo, Xoán Antón Pérez Lama, el alto al fuego de ETA suponía “unha boa oportunidade para derrogar esta lexislación excepcional que, nos últimos anos, foille aplicada a varios mozos galegos”. Esta legislación está caracterizada por “as longuísimas penas impostas e a duración da prisión preventiva […], a presunción automática da existencia dunha banda orgánicamente xerarquizada, o afastamento [alejamiento] dos presos de Galicia ou a criminalización das entidades sociais ás que pertencen estas persoas”. Un castigo al denominado entorno social Como suele ocurrir en estos casos, múltiples individualidades y organizaciones independistas y/o autónomas en Galicia se han visto criminalizadas públicamente, señaladas con el dedo por supuestamente pertenecer al “entorno social” de Resistência Galega. En el caso de personas afectadas, podemos nombrar por ejemplo a tres personas que declararon el pasado 1 de abril ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 imputadas por un delito de enaltecimiento del terrorismo, por exhibir imágenes de presos independentistas durante la grabación de un vídeo en marzo de 2012 en Xinzo de Limia (Faro de Vigo, 1 de abril de 2013). En cuanto a organizaciones a las que han vinculado, podemos mencionar la Asambleia da Mocidade Independentista (AMI, www.amigaliza.org) o el colectivo antirrepresivo “de apoio @s pres@s polític@s” Ceivar (www.ceivar.org). Según fuentes antiterroristas, los integrantes de Resistência Galega serían individuos escindidos de AMI, una asamblea fundada en 1993, de carácter más o menos informal y abierta “a toda a gente moça deste País [Galicia] que decida comprometer-se com a luita por umha Galiza ceive, socialista e feminista”. [No es casualidad que en su “carta de presentación” destaquen desde el inicio su carácter feminista, dado que la lucha contra el patriarcado es una de sus principales motivaciones políticas]. Desde la mencionada explosión en el Caixa Galicia del 23 de julio de 2005, AMI se ha encontrado en el punto de mira de las autoridades. Muchos de los/as detenidos/as en la Operación Castiñeira eran supuestos “miembros” de dicha estructura (si es que se puede ser “miembro” de una asamblea informal) y en diciembre de ese año se detuvo al webmaster de su página cuando regresaba a Galiza por navidad. En la actualidad hay ocho personas en prisión preventiva (la mayoría detenidas en el 2011) acusadas de llevar a cabo actividades delictivas en el marco de Resistência Galega y cuatro más libres bajo fianza o por motivos médicos. Algunas de ellas han reconocido pertenecer a AMI. Otras no. Y si bien es cierto e innegable que las personas encerradas en prisión son las que más están sufriendo la campaña de represión al movimiento galleguista, hay que tener presente que organizaciones como AMI, Ceivar y Nós-Unidad Popular no son ajenas a la misma. Asistimos, por tanto, al nuevo escenario de la lucha contra el terrorismo: se usan las viejas tácticas contra el nuevo fenómeno de turno. Es decir, se practican detenciones masivas - ya veremos si todos/as los/as detenidos/as acabarán siendo declarados culpables, pues es bastante posible que las imputaciones precarias que se mantienen contra ellos no se puedan acreditar -, se les mantiene en prisión provisional durante largas temporadas y se criminaliza a todos los colectivos que puedan compartir sus fines, independientemente de si comparten sus (supuestos) medios o no. Una campaña de desprestigio y represión a la vieja usanza para hacer frente a un (supuesto) terrorismo de baja intensidad. Las unidades antiterroristas, concentradas mayoritariamente en territorio vasco, se han replegado y se han marchado a Galicia para luchar contra el terrorismo independentista (tan ninguneado en el pasado), y a Madrid y Barcelona para acabar con la amenaza de los antisistema. Esto es así porque el Estado necesita enemigos para mantenerse. Sin ellos, tendría que renunciar a sus poderes especiales y no sería tan fácil para el gobierno desviar la atención sobre cosas que no le interesan. Siempre tiene que existir un enemigo al que criminalizar. Por eso, cuando cesa una actividad armada cobra importancia otra, o cuando los movimientos sociales están en auge, miembros del gobierno no dudan en comparar organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con ETA o comparar los escraches con el nazismo (El País, 16 de abril de 2013). Cada vez más se sustituyen las intervenciones de armas o explosivos por las de camisetas y pancartas; y los peritos judiciales ya no informan tanto sobre balística o dactiloscopia, sino sobre documentos que contienen ideas, pero la criminalización es la misma. La razón de Estado (como así la denominó Maquiavelo) lo exige: la supervivencia de un Estado es un valor superior a otros derechos. Y para sobrevivir hay que inocuizar al enemigo.
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