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Notícies :: amèrica llatina |
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La memoria ardiente de la Operación Cóndor
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per Bruno Lima Rocha |
23 jul 2008
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Desde Brasil |
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Barometro Internacional
Análisis PolÃtico y Social Nacional e Internacional de Venezuela y el Resto del Mundo
Director: Diego Olivera. Jefe De Redacción: Miguel Guaglianone
El viernes 11 de julio, hubo un ataque con molotovs en Porto Alegre, capital de RÃo Grande do Sul (RS) que aún no se explica. Cerca de las 3 de la tarde llegó un hombre solo en moto, frenó, sacó dos molotovs, los prendió y tiró contra la enorme puerta de madera del Consulado General de Italia para el RÃo Grande do Sul. La entrada consular estalló en fuego mientras el motociclista huÃa. La PolicÃa Civil del Estado, que cumple el rol de policÃa judiciaria, todavÃa no sabe ni siquiera el motivo posible del ataque. Hay una sospecha posible de ser aceptada, se fundamenta que no fue un ataque de la izquierda, sino de militares residentes en el estado gaúcho y que tienen requisa por extradición por parte de la fiscalÃa italiana. Esta posible motivación para el micro atentado es real, considerando que hay un preso polÃtico de origen italiano en la cárcel de la PolicÃa Federal, con sede en Brasilia.
La posibilidad de que el atentado tenga motivación de izquierda pasa por la solidaridad al escritor Cesare Battisti. Este vivÃa en Francia hasta que tuvo de fugarse en dirección al Brasil. Ex miembro de la “autonomÃa obreraâ€?, pertenecÃa al grupo llamado PAC (Proletarios Armados Comunistas), bastante activo en el norte italiano en la segunda mitad de los ’70. Battisti es blanco de una ofensiva jurÃdico policial del gobierno fascista-mediático de Berlusconi y sus amigos de la Alianza Nacional. Hay mucha información del caso Basttisti en el sitio, http://cesarelivre.org.
Si tenemos en cuenta que el atentado puede venir de la derecha, pasa por la comprensión de algo que se hizo público a fines de 2007 y todavÃa quedó sin respuesta del gobierno brasilero. Hay que volver en el tiempo y tratar un poco la coordinación de terrorismo de Estado en el Cono Sur de América.
La Operación Cóndor, coordinación continental entre las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en la década de 70, continúa produciendo hechos polÃticos y luchas por memoria y justicia. El último a poner leña en la hoguera fue el fiscal italiano Giancarlo Campaldo. Él pidió a la justicia de su paÃs la prisión de 146 latino-americanos, ex-integrantes de la Operación Cóndor y directamente envueltos con el asesinato de personas de ascendencia italiana. De entre los acusados figuran 13 brasileños y casi todos con vÃnculos con el RÃo Grande do Sul y con experiencia operacional represiva en las zonas de frontera. La lista completa de los militares y policÃas procesados por la fiscalÃa italiana está rellenada de gaúchos.
Los nombres de los ya fallecidos son:
- General João Baptista Figueiredo (ex-presidente de la República, sirvió mucho tiempo en el RÃo Grande do Sul)
- General Euclydes de Olivo Figueiredo Hijo (hermano del ex-presidente y ex-comandante del 1º Ejército, llamado hoy Comando Militar del Este, con base en RÃo de Janeiro), sirvió en el Sur
- General Walter Pires de Carvalho y Albuquerque (ex-ministro del Ejército de Figueiredo)
- General Otávio Medeiros (ex-jefe del Servicio Nacional de Informaciones - SNI)
- General Antônio Bandera (ex-comandante del 3º Ejército, actualmente llamado de Mando Militar del Sur – CMS, con base en el RÃo Grande), operó en el sur de Brasil
- Coronel LuÃs Macksen de Castro Rodrigues (ex-superintendente de la PolicÃa Federal en RS), gaúcho.
Aún en vida constan:
- Coronel Carlos Alberto Ponzi (ex-jefe de la 2la seçao del Estado-Mayor, gaúcho)
- Agnello de Araújo Brito (ex-superintendente de la PolicÃa Federal en RÃo de Janeiro)
- Edmundo Adolfo Murgel (ex-secretario de Seguridad Pública – ministerio estadual de interior - estado de RÃo de Janeiro)
- General Henrique Domingues (ex-miembro del Estado-Mayor del 3º Ejército, actual CMS)
- João Osvaldo Leivas Job (ex-secretario de Seguridad Pública del RS, gaúcho)
Después de mucho tiempo, el tema vuelve a la palestra en nuestro paÃs de escasa memoria. Esa noticia salió en el portal del periódico O Estado de São Paulo (www.estadao.com.br), en nota publicada el dÃa 30 de diciembre último. El reportero Moacir Asunción entrevistó a Jair Krischke, veterano abogado gaúcho y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH). Jair sirvió de fuente no sólo por sus posiciones polÃticas públicas, sino también por haber proporcionado datos e informaciones el fiscal Giancarlo. Organismos como el MJDH son la pesadilla permanente de los operadores de la represión, tortura, desaparición forzada y muerte, promovida por los regÃmenes de fuerza de las décadas de ’60, ’70 y ’80.
La otra versión de la nota vino a través del reportero Marcelo Godoy, entrevistando el general de división del arma de caballerÃa (en la reserva) Agnaldo Del Nero Augusto. Ese oficial fue agregado militar en Paraguay en 1979 y 1980; formó parte de la inteligencia del 2º Ejército en São Paulo (hoy Mando Militar del Sudeste) y participó activamente de la Operación Cóndor. Por su relato, Agnaldo tuvo una actuación coordinada con la inteligencia argentina, dando atención especial al flujo de militantes de la Organización PolÃtico-Militar Montoneros que usaban Brasil como refugio o pasaje de reingreso a su paÃs.
Entiendo que el caso es relevante y va contra el pacto polÃtico brasileño firmado con la Ley de AmnistÃa Amplia, General e Irrestricta. También se choca con la polÃtica del actual gobierno que se dice de respeto a la apertura de los archivos de los Destacamentos de Operaciones de Informaciones, subordinados a los Mandos de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI). Como se sabe, los DOI-CODIs fueron extintos después del fracaso del atentado con bomba durante lo 1º de mayo realizado en el Riocentro. En la historia reciente de las fuerzas armadas y de la dictadura brasileña, ese fue el marco de la derrota de la lÃnea dura de los sótanos contra la polÃtica de apertura y distensión capitaneada por Ernesto Geisel y Golbery de Couto y Silva.
Volviendo al caso de las acusaciones por desaparición forzada, tenemos que constatar que difÃcilmente habrá alguna punición para los 13 brasileños acusados. La Constitución prohÃbe la extradición de nacionales y es imprudente generar expectativas de juicios en la Justicia de Brasil. Otra vez, Brasil camina en el sentido inverso de los paÃses vecinos.
Sólo para ejemplificar la afirmación, mientras escribo este artÃculo tengo en mano el ejemplar de 20 de diciembre de la revista semanal uruguaya Caras y Muecas. Publicada en la tapa está la prisión del general Gregorio Ã?lvarez, presidente de la dictadura en el periodo 1981-1985. El dictador “Goyoâ€? Ã?lvarez hace compañÃa al también dictador, el estanciero Juan MarÃa Bordaberry, presidente electo en la base del fraude en 1971, operador del autogolpe en 1973 y alejado por sus propios generales en 1976. Junto a los dos dictadores constan otros trece mandatarios civiles y militares del régimen de excepción de la Banda Oriental. Dos oficiales de la reserva de la Marina y del Ejército están requeridos y se encuentran prófugos. Uno de ellos, el coronel de infanterÃa Juan Manuel Cordero Piacentini está detenido en el RÃo Grande del Sur desde marzo de 2007, aguardando el juicio de su pedido de extradición.
Las intenciones de punición en Uruguay están muy presentes. El diario La República, publica una foto de Gregorio Ã?lvarez esposado. No es sólo una foto coloreada, es un afiche suelto adjunto, encartado entre las páginas 40 y 41 de la edición dominical (30 de diciembre) y de tamaño doble estándar. Para quien conoce el posicionamiento y la penetración de la media impresa en un paÃs letrado, da una idea de la importancia de esta imagen.
El justificativo legal para la prisión de Ã?lvarez fue a la interpretación de uno de los artÃculos del equivalente de la Ley de AmnistÃa en Uruguay, conocida como Ley de Caducidad. En 1987, una acción parecida casi promovió un golpe de Estado, putsch militar organizado por el teniente-general Hugo Medina y cuyo objetivo era frenar los procesos judiciales y punitivos. La Ley de Caducidad, asà como la Ley de Obediencia Debida, promovida en Argentina por Carlos Menem fue fruto de estos miedos y ambas están por caer. Con todas las crÃticas que puedan ser hechas, y no son pocas, los gobiernos del uruguayo Tabaré Vázquez (Frente AmplÃo) y del argentino Néstor Kirchner (Justicialista), sufrieron presión popular y polÃtica para posicionarse en el tema de la memoria y justicia y dieron alguna respuesta en el terreno jurÃdico.
Mientras eso, según Jair Kriscke, “en Brasil hasta hoy no molestamos ni el cabo de la guardia que actuó en el periodoâ€?. Entiendo que el gobierno de Lula prefiere pagar pensión para las vÃctimas de la dictadura brasileña a castigar sus excesos. Infelizmente, en varios aspectos, estamos hace años luz de nuestros vecinos. Somos una potencia económica subdesarrollada en los rubros de conciencia polÃtica, memoria colectiva y movilización social. Conforme dije en el artÃculo de la semana pasada, cuando la memoria se borra, el futuro será el pasado.
Por lo visto, el gobierno nacional del presidente Lula, que fue sindicalista pero declaró públicamente “!yo nunca fui de izquierda!â€?, no va hacer nada. Internamente, no mueve un dedo para abrir los archivos de la dictadura militar en manos de las Fuerzas Armadas brasileñas. En el plan externo, ni pasa por su cabeza molestar a los militares y abrir el tema de los muertos y desparecidos polÃticos de Brasil. La sociedad brasileña empieza a moverse por otros canales, abriendo juicios y exigiendo justicia a los culpables de desapariciones en São Paulo. La rueda se mueve lenta, pero mueve. |
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