El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y humillación de Andalucía

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El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y humillación de Andalucía
per Andalucia Libre	13 feb 2007
El 2 de Noviembre de 2006, el Congreso de los Diputados español aprobó la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que se somete a Referéndum el próximo día 18 de Febrero. El análisis del acto, de su génesis, de los recortes adicionales sobrevenidos en Madrid y de sus consecuencias, sirve para fundamentar un balance del proceso, un llamamiento al NO y a luchar por una Andalucía Libre

El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y humillaciÃ³n de AndalucÃa AndalucÃa Libre â��He aquÃ pues, seÃ±ores, lo que es en esencia la ConstituciÃ³n de un paÃs: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese paÃs (...). Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresiÃ³n escrita y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simplemente factores reales de poder sino que se han erigido en Derecho, en instituciones jurÃdicas y quienes atenten contra ellos atentan contra la Ley y son castigadosâ�?. Ferdinand Lassalle, Â¿QuÃ© es una ConstituciÃ³n?, BerlÃn, Abril de 1862, ed. Ediciones Jucar, Barcelona, 1979, pp. 40-41. En la historia de las naciones han de tener y ocupar su lugar tanto las fechas heroicas como las infames. Victorias y derrotas configuran su devenir, explican su realidad y moldean su carÃ¡cter. Por ello, el 2 de Noviembre de 2006 figurarÃ¡ con especial relevancia en la relaciÃ³n de dÃas nefastos para AndalucÃa. Ese dÃa el Congreso de los Diputados del Parlamento espaÃ±ol en Madrid aprobÃ³ la Reforma del Estatuto de AutonomÃa para AndalucÃa, dejÃ¡ndole al pueblo andaluz la opciÃ³n formal de ratificar su faena o rechazarla. Es una fecha que merece ser recordada tanto por las circunstancias que la hicieron posible como por sus consecuencias; tanto por los argumentos con se justificÃ³ el crimen como por sus protagonistas. El 2 de Noviembre Fue el 2 de Noviembre una sesiÃ³n parlamentaria en que decidiÃ©ndose sobre el destino de AndalucÃa, no se oyÃ³ hablar a ningÃºn andaluz. Lo simbÃ³lico â��por una vez- estuvo en sintonÃa con lo real. Discursearon sobre AndalucÃa diversas especies de espaÃ±oles (y tambiÃ©n catalanes, vascos, gallegos...) pero ningÃºn orador andaluz -no ya de conciencia sino incluso sÃ³lo de origen- subiÃ³ a la tribuna. En el dÃa que EspaÃ±a se impuso nuevamente a AndalucÃa (por 306 sÃes sin ningÃºn voto en contra y con 2 abstenciones), AndalucÃa estuvo ausente y sin voz. El 2 de Noviembre el PP confluyÃ³ con PSOE-IU para formalizar una nueva victoria espaÃ±ola sobre AndalucÃa. PSOE, PP e IU se reconciliaron para confirmar que -en ultima instancia y por encima de las peleas aparentes- comparten el mismo modelo polÃtico, econÃ³mico, social y cultural para AndalucÃa. El 2 de Noviembre la obscena ostentaciÃ³n de alegrÃa compartida por el tridente espaÃ±ol PSOE-PP-IU evidenciÃ³ que las cesiones de PSOE-IU al ultraespaÃ±olista PP al cambiar en Madrid el texto venido del Parlamento andaluz les fueron polÃticamente indoloras a todos los implicados en el connubio. Nada de lo que sorprenderse, porque los recortes hechos venÃan ya implÃcitos en el proyecto o anunciados como enmiendas de sus mismos patrocinadores y la confluencia con el PP sÃ³lo los hacia expresos y explÃcitos y sobre todo, porque, al igual que el PP, nunca -ni PSOE ni PCE/IU- han querido una AndalucÃa Libre de su supeditaciÃ³n a EspaÃ±a, que sostienen y de la que viven. El PSOE salvÃ³ su â��honrillaâ��, manteniendo en el preÃ¡mbulo estatutario una desvirtuada cita a la â��realidad nacionalâ�?[1] en tanto articulaba en el resto la subordinaciÃ³n andaluza. El valor polÃtico y simbÃ³lico real de la expresiÃ³n y la funciÃ³n coyuntural que tenia encomendada ha quedado de manifiesto al desaparecer por completo de todo su discurso publico; recuperando con descaro provocativo la definiciÃ³n de "RegiÃ³n" para AndalucÃa, que es la que, por ejemplo, utilizan Chaves y el PSOE en sus espacios televisivos de propaganda electoral. El PP â��como la UCD en el Estatuto de 1981- obtuvo a cambio de su acuerdo el reconocimiento de sus socios y siguiendo la tradiciÃ³n de la derecha espaÃ±olista, remachÃ³ hasta el paroxismo el sometimiento andaluz inscrito en el Estatuto. IU, finalmente, en su papel de palanganero del PSOE y mamporrero de EspaÃ±a, reivindicÃ³ su lugar subsidiario en el modelo de â��AndalucÃa espaÃ±olaâ�? vigente. El 2 de Noviembre culminÃ³ una escalada de ignominia que tuvo como primer escalÃ³n, de entrada, admitir ir a Madrid a determinar allÃ en condiciÃ³n de inferioridad el destino andaluz como una parte subordinada de EspaÃ±a, renunciando a un trato de AndalucÃa con EspaÃ±a de igual a igual. SiguiÃ³ con la renuncia a siquiera reivindicar a lo largo del proceso estatutario la SoberanÃa Nacional y el derecho a la AutodeterminaciÃ³n de AndalucÃa. ContinuÃ³ con la cobarde omisiÃ³n de cualquier alusiÃ³n al necesario Concierto EconÃ³mico y al estatus fiscal de las dos comunidades vascas (la CAV y Navarra) como inexcusable referencia mÃnima para AndalucÃa en el actual contexto polÃtico. PersistiÃ³ al plagiar como propia una versiÃ³n atenuada del rebaje espaÃ±ol al Estatuto aprobado por el Parlamento catalÃ¡n y concluyÃ³ en un aquelarre espaÃ±olista, admitiendo un nuevo recorte en Madrid, en concordancia con la lectura mÃ¡s espaÃ±olista de la ya de por sÃ muy espaÃ±olista ConstituciÃ³n espaÃ±ola. El 2 de Noviembre fue, si cabe, mÃ¡s final que principio; una fecha en la que se condensan 25 aÃ±os de derrotas y fracasos andaluces. Resulta inexplicable sin tener presente la hegemonÃa en AndalucÃa del espaÃ±olismo encarnado por el PSOE; sin recordar los limites del andalucismo (que gobernÃ³ la Junta durante 8 aÃ±os en coaliciÃ³n con el PSOE) o el desastre de la izquierda en AndalucÃa. En este ultimo plano -digÃ¡moslo en ejercicio de pÃºblica autocrÃtica por la parte que nos toca, por todo el tiempo perdido en este ultimo cuarto de siglo y por todos los errores cometidos- procede reconocer la responsabilidad de la izquierda independentista al no haber sido capaz de conseguir que la izquierda andaluza mereciera ese nombre en toda su integridad y plenitud, en forma y fondo. Las consecuencias de esta carencia nuestra la estÃ¡n pagando hoy la clase obrera y la NaciÃ³n andaluzas. Ese es el escenario que configuran los factores reales de poder que han dado lugar a este Estatuto. 2 de Noviembre, Derrota nacional El 2 de Noviembre, por sus consecuencias, implica para AndalucÃa una derrota nacional y para su clase obrera una derrota social. VÃ©ase si no. El Estatuto del 2 de Noviembre significa el abandono de toda perspectiva de retorno cuantitativamente significativo de los 1.760.000 andaluces nacidos en AndalucÃa (el 20,6% de la NaciÃ³n)[2] que la dominaciÃ³n espaÃ±ola expulsÃ³ de su Patria y que se encuentran en la DiÃ¡spora, aparte de aquellos que vuelvan jubilados o muertos o de aquellos pocos que aÃºn residen en paÃses aun mÃ¡s dependientes que AndalucÃa y por tanto puedan encontrar motivos para arriesgarse a regresar. El modelo de AndalucÃa vigente que los hizo marchar se consolida con las apuestas y renuncias de poder del texto estatutario y hace inviable econÃ³mica y socialmente su vuelta; porque la AndalucÃa que dibuja no tiene sitio para acogerlos en condiciones dignas. La magnitud de la cuestiÃ³n y su carÃ¡cter de tragedia nacional se hace evidente si se toma conciencia que esto -en relaciÃ³n a la poblaciÃ³n andaluza- es equivalente a que 21 millones de mexicanos, 11.280.000 italianos, 7.800.000 argentinos, 5.150.000 venezolanos, 4.500.000 ecuatorianos, 2.300.000 cubanos o 785.000 irlandeses -nacidos y criados en sus respectivos paÃses y forzados a la emigraciÃ³n- hubieran de constatar simultÃ¡neamente un dÃa que nunca retornarÃan. Mientras tanto las estadÃsticas oficiales reconocen ya que -merced a la inundaciÃ³n migratoria consecuencia del modelo dependentista- residen en AndalucÃa 1.071.000 nacidos fuera, lo que asciende a un 13,5% de la poblaciÃ³n; cifra donde se mezclan algunos hijos de andaluces y sobre todo extranjeros, con o sin pasaporte espaÃ±ol. En sÃ³lo aparente paradoja, el mismo Estatuto que le impide a AndalucÃa facilitar la reuniÃ³n de los andaluces dispersos por el mundo en su Patria le niega el poder de controlar efectivamente el flujo de forÃ¡neos. El Estatuto del 2 de Noviembre implica asimismo la convalidaciÃ³n jurÃdica del triunfo histÃ³rico de la oligarquÃa terrateniente y de su precedente la aristocracia latifundista. Las tierras despojadas tras la Conquista o la DesamortizaciÃ³n seguirÃ¡n en sus manos al amparo del modelo que reafirma el Estatuto, con una renovada legitimaciÃ³n. Este Estatuto, tras la derrota polÃtica de la TransiciÃ³n y el posterior abandono de la reivindicaciÃ³n social vÃa subsidio, significa enterrar la secular demanda andaluza de Reforma Agraria que ha acompaÃ±ado las agitaciones andaluzas durante los Ãºltimos dos siglos. El Estatuto del 2 de Noviembre reafirma el control espaÃ±ol de la EnseÃ±anza y su utilizaciÃ³n como mecanismo fundamental de asimilaciÃ³n, adoctrinamiento y alineaciÃ³n espaÃ±olas sobre AndalucÃa y la renuncia a recuperar el poder sobre todo el patrimonio cultural andaluz. Le niega a AndalucÃa el control de su medio cultural e informativo. El Estatuto del 2 de Noviembre, merced a los tÃ©rminos que establece en competencias y financiaciÃ³n, supone un afianzamiento de la relaciÃ³n de dependencia y subordinaciÃ³n de AndalucÃa y le priva de mecanismos polÃticos para erradicar la precariedad laboral o impedir la desposesiÃ³n de los andaluces de sus recursos y para conquistar su desarrollo. El Estatuto del 2 de Noviembre, finalmente, significa la impotencia andaluza para recuperar Gibraltar, Rota y MorÃ³n y la incapacidad para defenderse en la UniÃ³n Europea y aun implica un salto cualitativo (Art. 228) en la utilizaciÃ³n espaÃ±ola de AndalucÃa para validar su permanencia en los enclaves coloniales (Ceuta y Melilla) que mantiene EspaÃ±a en Marruecos. El Estatuto del 2 de Noviembre, en resumen, conlleva la ofensa y humillaciÃ³n de AndalucÃa. Al afirmar la inserciÃ³n de AndalucÃa dentro de la â��indisoluble unidad de la naciÃ³n espaÃ±olaâ�? niega a la naciÃ³n andaluza, somete y castra su personalidad nacional, rebajÃ¡ndola a la condiciÃ³n de parte subordinada de EspaÃ±a. Al disponer que su autogobierno es una concesiÃ³n espaÃ±ola y que se restringe a los limites que EspaÃ±a dispone, institucionaliza la tutela espaÃ±ola sobre AndalucÃa y consolida su dependencia, reafirmando que AndalucÃa no tiene derecho ni poder ni para decidir su destino nacional ni para resolver sus problemas y carencias en todos los ordenes de la vida atendiendo sÃ³lo a la voluntad democrÃ¡tica de los andaluces, sin imposiciones ni restricciones exteriores. Todo esto ha sido posible gracias a un proceso estatutario en el que se han condensando las precondiciones polÃticas y sociales gestadas durante el periodo precedente y en el que ha estado ausente la movilizaciÃ³n popular. El resultado es la desinformaciÃ³n y la indiferencia social. La manifestaciÃ³n nacional del 4 de Diciembre de 2005[3] en Sevilla fue un hito aislado y sin continuidad, porque â��quienes querÃan no podÃan y quienes podÃan, no querÃanâ��. Ese dÃa se perdiÃ³ una oportunidad de delimitar espacios y dejar desnudos ante el pueblo andaluz a los traidores. A continuaciÃ³n y de inmediato, IU tuvo paso expedito para seguir facilitÃ¡ndole el trabajo al PSOE; luego la dinÃ¡mica de los acontecimientos siguiÃ³ su curso â��no sin que la otra izquierda y extrema izquierda sud-espaÃ±olas quedaran retratadas en su sectarismo y marginalidad[4]- y el 2 de Noviembre es su penÃºltimo fruto natural. En el Ãnterin, el sobrevenido giro andalucista hacia el NO[5] â��aunque sitÃºa al PA a la izquierda y muchos codos por encima del resto de fuerzas parlamentarias, lo que dada la miseria polÃtica y Ã©tica de los defensores del SI, no es difÃcil- no deja de reflejar en sus contenidos los limites derivados de su trayectoria y discurso, con todas sus ambigÃ¼edades e incoherencias. El 2 de Mayo prefigurÃ³ el 2 de Noviembre Echando la vista atrÃ¡s serÃa un grave error de perspectiva embellecer por contraste al vil Estatuto del 2 de Noviembre el proyecto aprobado el 2 de Mayo en el Parlamento andaluz con el apoyo de PSOE-IU. Sus contenidos â��que ya analizamos entonces en detalle[6]- no merecÃan reconocimiento ni benevolencia alguna. De hecho, prefiguraban y preparaban expresamente las renuncias del 2 de Noviembre. Entonces, por intereses del momento, el ultraespaÃ±olista PP â��hacia decir al proyecto de estatuto lo que no decÃaâ��, actuando pedagÃ³gicamente en clave preventiva y asÃ â��a modo de ejemplo- clamaba contra un hipotÃ©tico cuestionamiento de la espaÃ±olidad, un pretendido â��blindaje competencialâ�� o una presunta â��relaciÃ³n bilateralâ�� con EspaÃ±a, que entonces ya eran intangibles y sÃ³lo existÃan, desgraciadamente, en sus delirios propagandÃsticos. Por su lado, el bloque PSOE-IU tambiÃ©n â��hacia decir al proyecto de estatuto lo que no decÃaâ��, acumulando mentiras sobre mentiras, presentando como un progreso autonÃ³mico un texto servilmente espaÃ±ol y espaÃ±olista; plagado de restricciones, reservas y cesiones, de forma que no hubiera ni un campo de actuaciÃ³n competencial o polÃtica que no estuviera entregado a la supervisiÃ³n espaÃ±ola. A partir de este terreno compartido previamente acotado de aceptaciÃ³n constitucional, dependencia y subordinaciÃ³n, al que se le sumaba y en el que se insertaba la polÃ©mica artificial entre PSOE-IU y PP con todos sus vericuetos sucesivos, la confusiÃ³n social estaba servida. Si a esto se le aÃ±adÃa, la ausencia entre las propuestas formuladas por las fuerzas parlamentarias de alternativas tangibles confrontadas â��en EducaciÃ³n, en legislaciÃ³n laboral...- que por su misma formulaciÃ³n incidieran de forma incuestionable en la realidad inmediata de los andaluces, no cabe extraÃ±arse del desinterÃ©s social consecuente. Para acabar de aquilatar la situaciÃ³n, entender su desarrollo y concluir por contraste las reales aspiraciones y prioridades polÃticas del PSOE, conviene recuperar la intervenciÃ³n del Presidente Chaves en Carmona en abril de 2005 cuando presentÃ³ sus objetivos estatutarios y compararlos con lo aprobado, primero en Sevilla y luego en Madrid. Afirmaba ChÃ¡vez entonces que â��En el titulo de competencias, el objetivo es reforzar el autogobierno, alcanzando el mÃ¡ximo techo competencial que permite la ConstituciÃ³n. Creemos ademÃ¡s que conviene precisar y especificar las competencias de la comunidad autÃ³noma a fin de evitar que la legislaciÃ³n bÃ¡sica del Estado o los tÃtulos transversales del mismo desapoderen al Estatuto de las competencias asumidas o condicionen indebidamente su ejercicioâ�?. Por si este reconocimiento fuera poco, el muy espaÃ±olista y moderado PSOE, desgranaba ese dÃa las competencias mÃnimas a reclamar con la reforma estatutaria: â��Proponemos que AndalucÃa asuma competencias nuevas como Ferrocarriles, incluidos los servicios ferroviarios (Art. 64); Puertos y Aeropuertos (Art. 64); ConfederaciÃ³n HidrogrÃ¡fica del Guadalquivir (Arts. 50 y 51); Medios de comunicaciÃ³n social y servicios de contenido audiovisual (Art. 69); Fomento y desarrollo de tecnologÃas de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n (Arts. 64 y 69); Asistencia y prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social (Art. 63); InmigraciÃ³n, especialmente en lo relativo a la fijaciÃ³n del contingente asÃ como el control de la contrataciÃ³n laboral de los inmigrantes (Art. 62); Fomento y coordinaciÃ³n de la investigaciÃ³n (Art. 54); Seguridad Social, especialmente en lo referente a la gestiÃ³n de los ingresos, con garantÃa del mantenimiento de la Caja Ã�nica (Art. 63.3); Cultura, museos, archivos y bibliotecas radicados en AndalucÃa (Art. 68); Servicio metereologico (Art. 57.5); Seguridad y PolicÃa AutÃ³noma (Art. 65); Trafico y seguridad vial; Defensa de la competencia, con la creaciÃ³n del Tribunal de Defensa de la Competencia de AndalucÃa (Art. 58.4.5); ProtecciÃ³n de Datos de carÃ¡cter personal (Art. 82); EducaciÃ³n, especialmente en lo relativo a la regulaciÃ³n y gestiÃ³n de las becas y ayudas al estudio (Arts. 52 y 53); Consultas populares (Art. 78)â�?. Evidentemente, Chaves se estaba refiriendo a que la Junta de AndalucÃa asumiera a partir del nuevo Estatuto competencias plenas sobre esas materias â��aun bajo los limites y restricciones que impone el orden constitucional espaÃ±ol- ya que ya disponÃa en ellas desde 1981 de facultades concurrentes o ejecutivas. La lectura de los artÃculos tanto del proyecto aprobado en el Parlamento andaluz como de los definitivos -correspondientes al nuevo Estatuto- que hemos insertado en la cita, demuestran que en ninguno de los campos o materias citadas ha conseguido el traspaso en plenitud y que en todos continua sujeto a que â��la legislaciÃ³n bÃ¡sica del Estado o los tÃtulos transversales del mismo desapoderen al Estatuto de las competencias asumidas o condiciones indebidamente su ejercicioâ�? y limitado a ejercer sus competencias compartiÃ©ndolas con la intervenciÃ³n directa del Gobierno espaÃ±ol, sea bajo su supervisiÃ³n o sea restringido a ejercerlas sÃ³lo en aquello funcionalmente dependiente de la Junta. La distancia evidente entre lo demandado y lo finalmente obtenido y que este abismo no afecte su apoyo al texto estatutario pone de manifiesto dos datos polÃticos de relevancia. En relaciÃ³n al PSOE (y a IU y al PP), reitera que su concepciÃ³n de las instituciones andaluzas no va mÃ¡s allÃ¡ de considerarlas una especie de â��superayuntamientoâ��; un ente administrativo que conviene ocupar para hacer uso de su presupuesto y asÃ organizar clientelas y repartir prebendas, pero que nunca se pretende como Gobierno nacional capaz de desarrollar polÃticas propias. Eje transversal y omnipresente de esta concepciÃ³n es la voluntad de que nunca se afecte o ni siquiera se atenuÃ© la aceptaciÃ³n social de que el futuro andaluz se decide en todo y para todo por EspaÃ±a y en Madrid. En relaciÃ³n al RÃ©gimen espaÃ±ol, demuestra que frente a cualquier polÃ©mica formal interesada sobre la posible diversidad de lecturas del texto constitucional que pudieran desprenderse de su literalidad, su naturaleza polÃtica real implica la ausencia de espacios polÃticos nacionales no ya soberanos sino incluso realmente autÃ³nomos mÃ¡s allÃ¡ de la mera gestiÃ³n y que su funcionamiento conlleva como rasgo central inherente la supeditaciÃ³n plena al Gobierno y al Parlamento espaÃ±ol; con su Tribunal Constitucional ejerciendo siempre de tercera cÃ¡mara en funciones de gendarme frente a las aspiraciones y derechos nacionales. La explicitaciÃ³n de la Dependencia PSOE, PP e IU estÃ¡n de acuerdo en afirmar que â��en frase del lÃder del PP, Rajoy- su Estatuto â��no es de derechas ni de izquierdasâ�? (que es la formula habitual que utiliza la derecha cuando quiere colar algo propio). El PP lo recuerda siempre. PSOE e IU, aunque lo asumen; intentan tambiÃ©n -sin miedo al ridÃculo y sin ningÃºn escrÃºpulo ante la evidente contradicciÃ³n- deslizar la idea de que el Estatuto es â��de izquierdasâ�? â��usualmente a travÃ©s de referencias al rosario de derechos retÃ³ricos que recoge[7]- y pretenden hacer creer que ha sido sÃ³lo el miedo al aislamiento el que ha hecho al PP, pasar del NO al SI, sumÃ¡ndose a un Estatuto que cuando tenÃa al PP enfrente era â��de izquierdasâ�? por esto mismo y que sigue siÃ©ndolo, incluso cuando el PP lo suscribe. La milagrosa entelequia de ser simultÃ¡neamente 'lo uno y su contrario' va unida a su consideraciÃ³n de constitucionalidad. Para el PP, el estatuto plenamente constitucional â��no lo era cuando saliÃ³ del Parlamento andaluz pero lo es ahora. Se han cambiado 150 artÃculos de 246, es decir prÃ¡cticamente se ha redactado un nuevo estatutoâ�?. A esto PSOE e IU responden que los cambios no significan nada. La verdad es que mienten todos y en todo. El Estatuto era y es de derechas y espaÃ±olista, porque sÃ³lo ampara y permite polÃticas de ese cariz. Las polÃticas de izquierdas y nacionales en AndalucÃa, de ejecutarse, tendrÃ¡n que hacerse a pesar del Estatuto y no gracias a Ã©l. De igual modo, el Estatuto ya era â��constitucionalâ�? â��si por eso se entiende legal y sumiso- en su primera versiÃ³n â��en lo que miente el PP- pero en ese plano, las mÃºltiples modificaciones introducidas en Madrid por el ultraespaÃ±olista PP o por el PSOE -con el asentimiento de IU- no son indiferentes o redundantes â��como pretenden PSOE/IU- sino que han conllevado un afianzamiento de la alineaciÃ³n, asimilaciÃ³n y subordinaciÃ³n nacional y una extensiÃ³n generalizada de la capacidad de intervenciÃ³n estatal. Antes de entrar al detalle de lo ultimo acontecido, conviene repasar los tÃ©rminos generales en que se desarrolla el proceso. Recordaba el catalÃ¡n Institut dâ��Estudis Autonomics[7] que en el marco constitucional espaÃ±ol, refiriÃ©ndose a las presuntas â��competencias exclusivasâ�? de las Comunidades AutÃ³nomas, â��la nociÃ³n de exclusividad no excluye su sujeciÃ³n a los lÃmites derivados de las competencias tambiÃ©n exclusivas del Estado reconocidas en el Art. 149.1. CEâ�?. Es decir, que no son 'exclusivas' sino, en el mejor de los casos, compartidas. Esas competencias estaban constreÃ±idas ademÃ¡s por las capacidades estatales de armonizaciÃ³n â��recogidas en los Arts. 150.1 y 150.3. CE- y sometidas a control y vigilancia por parte del Gobierno y el Tribunal Constitucional espaÃ±ol (Arts. 153, 155 y 161 CE). Del mismo modo, refrescaba previsor a la hora de establecer la relaciÃ³n de competencias que â��si el examen de la materia correspondiente revela que no estÃ¡ incluida en el estatuto, la competencia serÃ¡ estatal, pues asÃ lo dice expresamente el Art. 149.3 de la ConstituciÃ³nâ�?, es decir que todo lo que no se recoge en el Estatuto como competencia autÃ³noma es, de principio, estatal; aunque fuera constitucionalmente susceptible de ser autonÃ³mico. A estas limitaciones de partida habÃa de sumar las derivadas de las ampliaciones de hecho de competencias estatales a travÃ©s de las Leyes orgÃ¡nicas espaÃ±olas; los contenidos econÃ³micos en manos estatales de las competencias de gestiÃ³n transferidas y el patronazgo genÃ©rico estatal sobre todo aquello que afectara la economÃa en general. Contar asimismo con las consecuencias de la permanencia en manos estatales de competencias en el Ã¡mbito administrativo (regulaciÃ³n de la AdministraciÃ³n Publica, del procedimiento administrativo, de los contratos y de la expropiaciÃ³n forzosa) y de las intromisiones hechas al amparo de la preservaciÃ³n de la â��igualdadâ�? (Art. 149.1.1). La conversiÃ³n de las denominadas Leyes de Bases en legislaciÃ³n uniforme y los efectos de la supletoriedad del Derecho estatal mÃ¡s el carÃ¡cter no automÃ¡tico de la transferencia de competencias, acababan de culminar un apabullante arsenal de restricciones estatales sobre las capacidades autonÃ³micas. Y aÃºn no citaba â��por razones polÃticamente obvias- otra arma en manos del Estado: el carÃ¡cter centralizado y fÃ©rreamente espaÃ±ol del aparato judicial. De esta realidad y al objeto de limitar sus efectos, aÃºn situÃ¡ndose dentro del marco jurÃdico-polÃtico que la genera, surge el recurso al llamado â��blindaje de competenciasâ�?. Se trataba, de una parte, de relacionar exhaustivamente en los estatutos las competencias propias â��ateniÃ©ndose al mismo marco constitucional- y de otra, de no admitir mÃ¡s restricciones a su ejercicio que aquellas que expresamente figuraran en el texto constitucional, sin admitir la prevalencia previa y a priori sobre los estatutos de la legislaciÃ³n espaÃ±ola. Incluso con â��blindajeâ�?, las competencias asÃ denominadas no se correspondÃan al concepto de â��exclusivasâ�?, pero lo que se pretendÃa era que fueran mÃ¡s realmente â��compartidasâ�?, de manera que hubiera algÃºn espacio para polÃticas autonÃ³micas diferenciadas al menos en aspectos parciales. El Estatuto surgido del Parlamento andaluz, en este aspecto, ya iba sin armadura; porque â��como en el caso catalÃ¡n- los factores reales de poder ya se habÃan manifestado, demostrando que incluso lo 'jurÃdicamente posible' no era 'polÃticamente aceptable' para el Estado espaÃ±ol. El proyecto ya contaba con multitud de referencias insertas en su articulado a la ConstituciÃ³n, a la legislaciÃ³n bÃ¡sica espaÃ±ola o al derecho estatal y tambiÃ©n admitÃa explÃcitamente su sometimiento a la normativa de la UniÃ³n Europea y otras disposiciones extraterritoriales. La intervenciÃ³n del PP en Madrid, no obstante, ha generalizado el â��coladeroâ��, dejando al Estatuto como un â��queso de gruyereâ��, sirviendo como coartada al PSOE e IU para reducir hasta el mÃ¡ximo posible sus ya de por sÃ cortos alcances. Al incrementar y extender las citas a lo largo del Estatuto a normas extraestatutarias ha hecho mÃ¡s fÃ¡cil la futura intromisiÃ³n del Gobierno espaÃ±ol y de su Tribunal Constitucional en materias que engaÃ±osa y pretenciosamente el Estatuto califica de propias. El PP â��siempre con el aval de PSOE/IU- ha conseguido un Estatuto que admite siempre la primacÃa del Parlamento y el Gobierno espaÃ±ol sobre las instituciones andaluzas, es decir, ha revalidado cara al futuro que, a efectos polÃticos sustantivos, la llamada â��autonomÃaâ�? andaluza no supere el nivel de una descentralizaciÃ³n administrativa, aunque tenga Parlamento incorporado. El asunto se ve claro a la hora de ver la redacciÃ³n final de la tipologÃa de competencias (Art. 42). En el apartado dedicado a las llamadas â��exclusivasâ�?, que -en el mejor de los casos son realmente compartidas- al hablar de las potestades andaluzas se incluye la frase â��sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la ConstituciÃ³nâ�?, lo que las deja expresamente sujetas a la interpretaciÃ³n espaÃ±ola. AdemÃ¡s tambiÃ©n le reconoce carÃ¡cter supletorio en ese Ã¡mbito al derecho estatal (Art. 42.2.1Âº EAA). Siguiendo la tÃ³nica, en el siguiente, que dedica a las que denomina â��compartidasâ�?, no sÃ³lo admite situarlas en el marco de unas inconcretas â��bases en normas de rango de Leyâ�? a las que no pone tope â��y que aprueba y aprobarÃa el Parlamento espaÃ±ol- sino que tambiÃ©n admite supervisiÃ³n y restricciÃ³n por otras normas de inferior rango â��en los supuestos que se determinen de acuerdo con la ConstituciÃ³nâ�?. Â¿A quÃ© â��supuestosâ�� se refiere y quien los va a determinar?. La respuesta es obvia: los que quiera EspaÃ±a y los que determine EspaÃ±a. La consecuencia es que, en tÃ©rminos efectivos, esas presuntas competencias â��compartidasâ�? se reducen a un nivel sÃ³lo ejecutivo. La redacciÃ³n final de los Arts. 43 y 45, dedicados al alcance extraterritorial de las competencias y a la ordenaciÃ³n del fomento y las subvenciones, facilitan tambiÃ©n la futura ingerencia espaÃ±ola. Por contraste, las disposiciones equivalentes en el Estatut catalÃ¡n (Arts. 110, 111 y 112 EAC) no acogen en lo que toca a las llamadas â��exclusivasâ�� ninguna referencia a â��las competencias atribuidas al Estado en la ConstituciÃ³nâ�? ni reconoce carÃ¡cter supletorio al derecho estatal en ese campo -como hace el andaluz- y en las que define â��compartidasâ�?, acota las Leyes de Bases espaÃ±olas al nivel de â��principios o mÃnimo comÃºn normativoâ�? e introduce junto a la ConstituciÃ³n al propio Estatut como referente a la excepciÃ³n que permite al Estado. Con esta articulaciÃ³n el Estatut catalÃ¡n, por supuesto, tampoco se libra de ceder ante futuras intromisiones o restricciones espaÃ±olas pero, al menos, no las reconoce y admite como legitimas desde su misma formulaciÃ³n, tal y como sÃ hace el andaluz. En otras palabras, formalmente el poder competencial catalÃ¡n es, en ultima instancia y â��puestos a las malasâ��, de idÃ©ntico alcance que el andaluz, en tanto en cuanto se inscribe en un ordenamiento que deja la ultima palabra y decisiÃ³n siempre en manos espaÃ±olas. La diferencia entre ambos estatutos no radica ahÃ, sino en que mientras el Estatut catalÃ¡n intenta proteger los espacios autonÃ³micos, dificultando las manipulaciones espaÃ±olas â��abriendo asÃ paso a posibles negociaciones polÃticas- el Estatuto andaluz no sÃ³lo se rinde a EspaÃ±a de antemano, sino que le da paso franco a toda supervisiÃ³n o restricciÃ³n espaÃ±ola que pueda plantearse desde Madrid en el porvenir. La razÃ³n polÃtica de esa distinta actitud -que se refleja en los respectivos textos estatutarios- es clara: mientras en CataluÃ±a una parte importantÃsima de su representaciÃ³n parlamentaria estÃ¡ compuesta por fuerzas de Ã¡mbito y adscripciÃ³n nacional catalana (ERC, CiU) que aunque admiten de hecho la dominaciÃ³n espaÃ±ola pretenden un espacio polÃtico propio y condicionan al resto; en AndalucÃa, por el contrario, la hegemonÃa de las sucursales espaÃ±olas (PSOE, PP, PCE-IU) es hoy aplastante y estÃ¡ inscrito en su propia naturaleza polÃtica como fuerzas espaÃ±olistas el ni siquiera aspirar a desarrollos andaluces especÃficos (criterio que, por cierto, comparten con la extrema izquierda espaÃ±ola). De ahÃ que PSOE, PP e IU asuman sin problemas y entre aplausos una normativa que santifica la dependencia plena. Otro ejemplo del sentido polÃtico general de la reforma y de los efectos Ãºltimos del Pacto Tripartito PSOE-PP-IU se manifiesta en el destino final del que era Art. 83 del Proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento andaluz, denominado â��clÃ¡usula de cierreâ�?, superviviente de los plagios a los proyectos catalanes. Ese articulo decÃa: â��1. AdemÃ¡s de las competencias y funciones que la Comunidad AutÃ³noma asume por medio del estatuto de AutonomÃa, le corresponden todas aquellas que la ConstituciÃ³n no atribuye expresamente al estado. 2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, en el Ã¡mbito de las competencias que se le atribuyen en el presente Estatuto, le corresponden a la Comunidad AutÃ³noma de AndalucÃa, ademÃ¡s de las facultades y funciones expresamente contempladas en el mismo, todas aquellas que resulten inherentes a su pleno ejercicio.â�? El que ha venido a sustituirle en el Proyecto definitivo aprobado en Madrid (Art. 85) a consecuencia de una enmienda del PSOE destinada a satisfacer al PP, dice: â��1. En el Ã¡mbito de las competencias que se le atribuyen en el presente estatuto le corresponden a la CA de AndalucÃa, ademÃ¡s de las facultades y funciones expresamente contempladas en el mismo, todas aquellas que, por su naturaleza, resulten inherentes a su pleno ejercicio. 2. El ejercicio de las funciones y servicios inherentes a las competencias recogidas en el presente titulo se entenderÃ¡n conforme a lo establecido en el Titulo VIII de la ConstituciÃ³nâ�?. Por supuesto, en ambos redactados era el Gobierno y el Tribunal Constitucional espaÃ±ol el juez ultimo de las potestades recogidas. Pero en la primera redacciÃ³n se incluÃa una posibilidad de expansiÃ³n de las competencias autonÃ³micas que se cierra a priori en la finalmente aprobada. En una, AndalucÃa podÃa asumir lo que la ConstituciÃ³n espaÃ±ola no encarga expresamente a EspaÃ±a, aunque luego esta ampliaciÃ³n fuera impugnada y AndalucÃa hubiera de someterse (salvo de imponerse la dignidad nacional y la insumisiÃ³n a EspaÃ±a). En la que ha quedado, se impide que la hipotÃ©tica circunstancia siquiera se produzca y se establece que toda competencia autonÃ³mica ha de contar con el previo acuerdo de EspaÃ±a. En la que se aprobÃ³ en Sevilla, habÃa un resquicio a reclamar lo que se conoce en la doctrina jurÃdica como â��poderes implÃcitosâ�?, a partir de competencias ya asumidas. En la que sale de Madrid, esa grieta se bloquea preventivamente al especificar que estos desarrollos han de ser inherentes â��por su naturalezaâ�? y mÃ¡s aÃºn, que han de serlo â��conforme a lo establecido en el Titulo VIIIâ�?, facilitando asÃ la tarea de gendarme del Gobierno y el Tribunal Constitucional espaÃ±ol. La soluciÃ³n finalmente adoptada se corresponde totalmente con la concepciÃ³n de cierre del proceso autonÃ³mico que defiende el ultraespaÃ±olista PP, que se impone en el Estatuto andaluz a travÃ©s de este y de otros muchos artÃculos y que implica, describiÃ©ndola en tÃ©rminos futbolÃsticos, adelantar en el terreno de juego la lÃnea de defensa espaÃ±ola achicando espacios a las aspiraciones nacionales autonÃ³micas. Desenmascarando mentiras... Ya advertÃamos en nuestro anÃ¡lisis de mayo que â��el Titulo I, Derechos Sociales, Deberes y PolÃticas PÃºblicas ha sido especialmente jaleado como presunta prueba del alcance progresista de la Reforma. Sin embargo, el citado Dictamen del Consejo Consultivo sitÃºa en su justa dimensiÃ³n toda esa alharaca cuando afirma â��Los derechos sociales del presente titulo no suponen una alteraciÃ³n del rÃ©gimen de distribuciÃ³n de competencias ni la creaciÃ³n de tÃtulos competenciales nuevosâ��. Es decir, estamos ante una simple reiteraciÃ³n de derechos ya reconocidos en otras partes del ordenamiento espaÃ±ol que no implican en absoluto poderes consecuentes para trasmutarlos de declaraciones en hechos, tal y como ocurre ya hoy, salvo en aquello que establezcan las leyes espaÃ±olas vigentes.â�?[8] Ahora nos encontramos con que esta restricciÃ³n ha subido de categorÃa y ya se encuentra inserta en el mismo texto estatutario en su Art. 13. Como se afirmaba en el debate Izquierda andaluza y Estatuto de AutonomÃa[9]: â��Todos los â��derechosâ�� que recoge el proyecto estatutario estÃ¡n supeditados a la normativa espaÃ±ola vigente y convenientemente desnaturalizados. QuÃtese la jerga jurÃdica de encima y encontraremos que el derecho a la vivienda, por ejemplo, Art. 25, se convierte en el derecho a entrar en lista para que te toque una VPO. O el derecho al trabajo, Art. 26, estÃ¡ recogido como el derecho a apuntarte al SAE; no a tener un empleo. Si estas sin casa o sin trabajo, el Estatuto no te autoriza a que puedas pedir que metan a Chaves en la cÃ¡rcel por vulnerar tus derechos, por ejemplo. Y asÃ se podrÃa seguir, uno a uno, con todos los que cita el texto estatutarioâ�?. Los Arts. 38, 39 y 40, que citan reiteradamente los palmeros del Estatuto para defenderse y aducir que los derechos y principios referidos en el Estatuto no son meros â��brindis al solâ��, aparte de omitir la cuestiÃ³n de la financiaciÃ³n inexistente para hacerlos posibles, tambiÃ©n olvida especificar que las hipotÃ©ticas reclamaciones serÃan presentables no referidas a la retÃ³rica grandilocuente sobre los derechos que recogen los artÃculos, sino a su aplicaciÃ³n practica en forma de las hipotÃ©ticas leyes futuras que habrÃan de concretarlos y que serÃan las que regularan su prestaciÃ³n. Leyes andaluzas que estÃ¡n condenadas a situarse de acuerdo y dentro de los ridÃculamente supletorios limites competenciales asumidos. Esas reclamaciones serÃan relativas, ademÃ¡s, sÃ³lo a la â��no discriminaciÃ³nâ�� en su disfrute y pudiÃ©ndose hacer sÃ³lo â��de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estadoâ�?. Es decir y traducido, siguiendo el anterior ejemplo: se podrÃa reclamar â��cuando aprueben la ley y luego la forma de hacerlo- porque te 'saltaran' sin motivo presentable en la loterÃa de las VPO o en la de aspirantes a empleo del SAE, pero no porque estÃ©s sin techo o en el paro. Un recurso que, por cierto, ya es posible ejercer ahora (con los resultados conocidos). Dicen con cinismo marmÃ³reo los defensores del Estatuto que este ha reafirmado el 'carÃ¡cter laico de la enseÃ±anza'(?). Sin embargo, al tramite estatutario hay que achacarle en realidad una legitimaciÃ³n polÃtica y social adicional al presunto derecho de ingerencia clerical en la enseÃ±anza. No supone cambio significativo en tanto en cuanto en la educaciÃ³n, desgraciadamente, las competencias andaluzas son todas en la practica complementarias y sometidas al marco constitucional espaÃ±ol, que ya asume de principio el privilegio y adoctrinamiento clerical. Pero tampoco se puede despreciar el juego que puede dar en las polÃ©micas cotidianas -y crecientes- en colegios, institutos y facultades andaluzas que el Art. 21 introduzca en el Estatuto que â��Los poderes pÃºblicos de la Comunidad tendrÃ¡n en cuenta las creencias religiosas de la confesiÃ³n catÃ³lica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluzaâ�?; declaraciÃ³n que no sÃ³lo privilegia a la Iglesia CatÃ³lica sino que sobre todo vuelve a afirmar la concepciÃ³n espaÃ±ola vigente sobre el sistema educativo, facilitando a la vez junto a la pervivencia de una red confesional privada subvencionada, las infiltraciones religiosas y clericales (ahora predominantemente catÃ³licas; maÃ±ana presumiblemente tambiÃ©n musulmanas) en los centros de titularidad pÃºblica; marginando en todo el sistema educativo a los andaluces ateos, agnÃ³sticos o librepensadores a los que vuelve a ignorar, colocÃ¡ndolos asÃ en situaciÃ³n de inferioridad. ... y aclarando nuevos recortes Un rÃ¡pido vistazo -sin ninguna pretensiÃ³n exhaustiva- a las diferentes materias nos puede ilustrar sobre la vuelta de tuerca sufrida por el Estatuto durante su transito por Madrid. En el Art. 48 -Agricultura, Pesca, Desarrollo rural y derivados- presunta "competencia exclusiva" segÃºn el Estatuto, a toda la retahÃla de referencias restrictivas ya existentes en el texto inicial -que renunciamos nuevamente a enumerar- le suman en Madrid las derivadas de los apartados 16, 20 y 23 del Art. 149.1 CE, que significan el reconocimiento de la supeditaciÃ³n de las competencias andaluzas en este campo a las competencias exclusivas espaÃ±olas en materia de Sanidad Exterior y legislaciÃ³n farmacÃ©utica; Marina mercante y abanderamientos de buques, puertos, costas, trafico aÃ©reo y matriculaciÃ³n de aeronaves y LegislaciÃ³n sobre protecciÃ³n del medio ambiente, respectivamente. En el Art. 49 -EnergÃa y Minas- se ha rebajado expresamente la consideraciÃ³n de esta competencia de la categorÃa de "exclusiva" a la de "compartida". Es decir, y segÃºn los cambios, AndalucÃa no tiene potestad plena ni sobre el cementerio nuclear radiactivo que EspaÃ±a instalÃ³ en El Cabril; ni siquiera sobre las instalaciones extractivas y de distribuciÃ³n internas; ni menos aÃºn sobre las redes elÃ©ctricas, oleoductos o gasoductos que atraviesan o atraviesen su territorio (sobre los que, si quiere, AndalucÃa puede en todo caso hacer un 'informe' consultivo para ser archivado en Madrid, que ahora ni siquiera tiene que ser previo a su instalaciÃ³n). MÃ¡s si cabe, la participaciÃ³n consultiva ahora, expresamente, se remite a Ã³rganos y procedimientos "multilaterales"; modificaciÃ³n que, recordando nuestra estratÃ©gica y clave ubicaciÃ³n geogrÃ¡fica, pretende previsoramente que cualquier futuro conflicto polÃtico al respecto entre AndalucÃa y EspaÃ±a sobre su implantaciÃ³n, aprovechamiento o posesiÃ³n no se plantee asÃ y pueda ser resuelto no sÃ³lo por decisiÃ³n espaÃ±ola y segÃºn los intereses espaÃ±oles -como ya era antes- sino ademÃ¡s y de propina, amparÃ¡ndose en las necesidades de otras "comunidades" y con su aval. Los Arts. 50 y 51-Aguas y rÃo Guadalquivir- dicen dejar la gestiÃ³n competencial de la aguas interiores en manos andaluzas, pero incluso en estas, excluye de ese Ã¡mbito a "las aguas subterrÃ¡neas cuando su aprovechamiento afecte a otro territorio" o fija que la participaciÃ³n andaluza en la planificaciÃ³n y gestiÃ³n de aprovechamientos hidrÃ¡ulicos que EspaÃ±a defina como intercomunitarios se reduce a lo que tenga a bien disponer "la legislaciÃ³n del Estado", presente y futura. En protecciÃ³n y saneamiento de recursos, AndalucÃa sÃ³lo puede ejecutar lo que digan las leyes, decretos y reglamentos espaÃ±oles; para ejecutar y explotar obras de titularidad estatal depende de que EspaÃ±a asÃ lo establezca y lo defina a su conveniencia en un convenio y para ejercer la policÃa de aguas de dominio publico ha de atenerse a lo que digan hoy o maÃ±ana, nuevamente, las leyes, decretos o reglamentos espaÃ±oles. En el caso del Guadalquivir, se admite la intromisiÃ³n de entes territoriales ajenos, regalÃ¡ndoles arte y parte en la gestiÃ³n en la cuenca, al reducir la competencia andaluza al territorio de la "Comunidad AutÃ³noma". AdemÃ¡s, la presunta "competencia exclusiva", excluye -valga la redundante paradoja- junto a las ya citadas mÃ¡s arriba, la "planificaciÃ³n general del ciclo hidrolÃ³gico", las "normas sobre protecciÃ³n del medio ambiente", "las obras publicas de interÃ©s general" -que determina exclusivamente EspaÃ±a y que siguen directamente en manos espaÃ±olas- a lo que se aÃ±ade ahora -mediante cita al Art. 149.1.22 CE- la desposesiÃ³n a AndalucÃa de todo lo relacionado con "la legislaciÃ³n, ordenaciÃ³n y concesiÃ³n de recursos y aprovechamientos hidrÃ¡ulicos" sobre el Guadalquivir y "la autorizaciÃ³n de instalaciones elÃ©ctricas, cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energÃa salga de su Ã¡mbito territorial"; lo que dadas las interconexiones existentes, significa en la practica una veda abierta total. Con tamaÃ±as limitaciones y supervisiones espaÃ±olas es insostenible que pueda decirse con fundamento que 'el Estatuto devuelve el Guadalquivir a AndalucÃa'. Con la redacciÃ³n salida del Parlamento andaluz, parecÃa que poco espacio quedaba para incrementar el ya de por si pleno control espaÃ±ol del sistema educativo en AndalucÃa. Sin embargo, las fuerzas espaÃ±olas se han demostrado aquÃ tambiÃ©n insaciables y aÃºn en cuestiones de detalle, han conseguido incrementar en Madrid esta sumisiÃ³n. De esta forma, en el Art. 52 han explicitado que la competencia andaluza sobre ayudas y becas sea sÃ³lo sobre aquellas dotadas "con fondos propios" y han blindado la pervivencia paralela de otras -por lo que pueda ocurrir- bajo control directo espaÃ±ol, en la que sÃ³lo dejan participar subsidiariamente a la AdministraciÃ³n andaluza. Tambien han especificado que su poder sobre los planes de estudio incluye expresamente a la "ordenaciÃ³n curricular" y en el Ã¡mbito universitario, Art. 53, han sustraÃdo a AndalucÃa la competencia sobre "la regulaciÃ³n de los planes de estudios", para dificultar al extremo cualquier intento de desespaÃ±olizaciÃ³n de la enseÃ±anza por mÃnimo y modesto que fuera. Las pretensiones de la Junta sobre la investigaciÃ³n y desarrollo (Art. 54) han quedado restringidas sÃ³lo a los centros y proyectos que la Junta cree y pague y dentro del patronazgo general espaÃ±ol que se define como doctrina transversal del Estatuto. En lo tocante a Vivienda, Urbanismo y Obras PÃºblicas -Art. 56.3- a la supeditaciÃ³n preexistente de la Junta de AndalucÃa en relaciÃ³n al Estado espaÃ±ol -que sigue controlando todo lo referente a las obras que decida calificar como "de interÃ©s general"- se le ha aÃ±adido en cuanto a la competencias urbanÃsticas que se delegan en la Junta que han de gestionarse "respetando las condiciones bÃ¡sicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho de propiedad". En el cajÃ³n de sastre del que se ocupa el Art. 58 -actividad econÃ³mica- se le ha introducido en Madrid a las falsas "competencias exclusivas" en comercio interior una nueva y significativa sustracciÃ³n al especificarse que en lo tocante al "comercio electrÃ³nico" AndalucÃa estarÃ¡ a lo que establezca "la legislaciÃ³n del Estado", de igual manera que ocurrirÃ¡ "en lo referente al rÃ©gimen de las nuevas tecnologÃas relacionadas con la sociedad de la informaciÃ³n y el conocimiento" . Extremadamente significativo es como han quedado las competencias sobre InmigraciÃ³n recogidas en el Art. 62. A la AdministraciÃ³n andaluza se le endosa "1.a. Las polÃticas de integraciÃ³n y participaciÃ³n social, econÃ³mica y cultural de los inmigrantes en el marco de sus competencias.". Por el contrario, la competencia sobre "autorizaciones de trabajo" que se le reconoce es sÃ³lo de nivel "ejecutivo" y con la obligaciÃ³n expresa de que ha de realizarse "en necesaria coordinaciÃ³n con la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislaciÃ³n del Estado". La participaciÃ³n que el Estatuto prevÃ© para la AdministraciÃ³n andaluza, incluso en cuanto a la "fijaciÃ³n del contingente" de extranjeros no espaÃ±oles en AndalucÃa, es consultiva e irrelevante. La redacciÃ³n final del Estatuto -haciendo hincapiÃ© en la "coordinaciÃ³n" que ademÃ¡s califica de "necesaria", es decir, obligatoria- ha buscado pues cerrar incluso la vÃa a que la gestiÃ³n cotidiana de las autorizaciones de trabajo o residencia, la resoluciÃ³n de los recursos o el rÃ©gimen de inspecciÃ³n, pudieran dar lugar por la vÃa de los hechos a una polÃtica distinta de la que nos impone EspaÃ±a. AsÃ pues, AndalucÃa queda imposibilitada tanto para regularizar definitivamente a los inmigrantes ya instalados como, sobre todo, para impedir que continuÃ© la inundaciÃ³n migratoria, si asÃ lo decidiera. Tampoco se le reconoce a AndalucÃa derecho alguno a decidir los requisitos para el acceso a la ciudadanÃa. Es sabido que la aceptaciÃ³n de la subordinaciÃ³n andaluza al dominio espaÃ±ol ya impedÃa en el texto emanado del Parlamento de Sevilla que AndalucÃa aprobara su propia LegislaciÃ³n Laboral, suprimiera la precariedad y el despido barato y en general devolviera a la clase obrera andaluza derechos y fuerza contractual. Las competencias sobre esta materia se reconocen de categorÃa sÃ³lo "ejecutiva", en aplicaciÃ³n de la preservaciÃ³n de la "unidad de mercado", doctrina espaÃ±olista tan querida por Patronal y sindicatos espaÃ±oles como CCOO y UGT. El Estatut catalÃ¡n, por tomar una referencia, tambiÃ©n se encuentra en esa situaciÃ³n. Sin embargo, en CataluÃ±a figura la competencia sobre "Relaciones laborales y condiciones de trabajo", en una formula que no aparece en AndalucÃa. Tambien se omite en AndalucÃa entre las competencias "la intermediaciÃ³n laboral, que incluye la regulaciÃ³n, la autorizaciÃ³n y el control de las agencias de colocaciÃ³n". Lo que en CataluÃ±a se refleja como competencia sobre "la negociaciÃ³n colectiva y el registro de los convenios colectivos" en AndalucÃa se convierte en "el control de legalidad y si procede, el registro posterior de los convenios". Para acabar la broma, el Art. 173 dice que AndalucÃa tendrÃ¡ "polÃticas propias" al respecto, una vez que previamente el mismo Estatuto ha omitido explicitar su competencia siquiera ejecutiva al respecto. Todo esto conlleva una versiÃ³n de funciones que de antemano coloca a AndalucÃa en posiciÃ³n mÃ¡s dependiente. El objetivo polÃtico de esta redacciÃ³n se comprueba aÃºn mÃ¡s fÃ¡cilmente a la hora de tratar sobre la InspecciÃ³n de Trabajo. El Art. 170.2 del Estatut catalÃ¡n le reconoce a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre la funciÃ³n publica inspectora, de tal manera que los funcionarios "dependerÃ¡n orgÃ¡nica y funcionalmente" de la Generalitat y luego remite a los Ã³rganos de cooperaciÃ³n con el Estado para su supervisiÃ³n. El Estatuto andaluz repite en el Art. 63.2 esta definiciÃ³n pero, significativamente, le aÃ±ade "ejerciÃ©ndose las competencias del Estado y de la Junta de forma coordinada, conforme a los Planes de actuaciÃ³n que se determinen a traves de los indicados mecanismos", adiciÃ³n que viene a decir que la coordinaciÃ³n prevista en la inspecciÃ³n se regulara a priorÃ y siempre bajo el control del Estado espaÃ±ol, incluso para verificar el cumplimiento de su propia legislaciÃ³n. El matiz tiene su importancia polÃtica teniendo en cuenta que presupone que el ritmo, alcance, intensidad y dotaciÃ³n de la funciÃ³n inspectora -y por tanto de sus repercusiones sobre un mercado como el andaluz con tal alto grado de economÃa sumergida e irregularidades- se realizarÃ¡ siempre al compÃ¡s y bajo los deseos que se determinen en Madrid. En Transportes y Comunicaciones (Art. 64) el control espaÃ±ol ya era absoluto al salir el texto del Parlamento andaluz. AÃºn asÃ y como ejemplo de cuan fino han hilado en Madrid, en lo tocante a red viaria transferida cuyo recorrido sea Ãntegramente andaluz le han aplicado la tijera a la frase "con independencia de su calificaciÃ³n, funcionalidad, accesibilidad, titularidad y conexiÃ³n", por si algÃºn dÃa el Gobierno andaluz quisiera ampararse en ella -aduciendo que sÃ³lo actÃºa en su territorio- para amenazar con situar a EspaÃ±a ante hechos consumados. AndalucÃa sigue sin controlar su red ferroviaria (Art 64.3 y 4) y los puertos y aeropuertos andaluces que quiera el Estado espaÃ±ol seguirÃ¡n bajo su mando, salvo que decida voluntariamente delegar alguno y entonces la transferencia se harÃ¡ para aplicar la legislaciÃ³n espaÃ±ola y bajo su supervisiÃ³n. En lo referido a la PolicÃa andaluza (Art. 65) las propuestas emanadas del Parlamento andaluz ya le reconocÃan a las fuerzas policiales espaÃ±oles -PolicÃa Nacional y Guardia Civil- funciones en AndalucÃa. Entonces las admitÃan remitiÃ©ndola a una Ley OrgÃ¡nica; ahora "a la legislaciÃ³n estatal", es decir, nuevamente, a cualquier ley, decreto o reglamento espaÃ±ol. Antes, el Cuerpo de PolicÃa Andaluza tendrÃa carÃ¡cter "integral", es decir, serÃa una policÃa general con todas sus funciones de seguridad ciudadana. Ahora recortan y especifican que "dentro del marco de la legislaciÃ³n estatal" le permiten que desempeÃ±e "en su integridad las que le sean propias", es decir, las que EspaÃ±a tenga a bien conferirle. El cambio tiene como objeto facilitar e intentar hacer irreversible el despliegue permanente en AndalucÃa de PolicÃa y Guardia Civil espaÃ±olas como signos visibles del Estado espaÃ±ol y a la vez dificultar al extremo la formaciÃ³n de cualquier cuerpo armado significativo bajo "la directa dependencia de la Junta de AndalucÃa". En la redacciÃ³n final del Art. 68 -Cultura y patrimonio- a todas las vergonzosas limitaciones previas le han sumado una mÃ¡s. Los "museos, bibliotecas, archivos y colecciones de naturaleza anÃ¡loga de titularidad estatal situadas en su territorio" siguen expoliados a AndalucÃa y bajo propiedad estatal -tal y como ya admitÃa el proyecto aprobado en Sevilla- pero si antes pasaban a estar en su globalidad bajo competencia de gestiÃ³n andaluza -aunque sÃ³lo ejecutiva- ahora esto ocurrirÃ¡, para mayor escarnio, sÃ³lo en aquellos "cuya gestiÃ³n no se reserve el Estado". El trasfondo ultimo de esta cuestiÃ³n radica en la permanente voluntad espaÃ±ola por desposeer a los andaluces de su cultura nacional. EspaÃ±a se ha endosado histÃ³ricamente con desvergÃ¼enza la cultura andaluza aprovechÃ¡ndose del sometimiento andaluz y sobre esta apropiaciÃ³n mantiene uno de los pilares de la alienaciÃ³n andaluza. EspaÃ±a les reconoce a los andaluces, todo lo mÃ¡s, su 'miseria histÃ³rica' -que ahora ademÃ¡s considera saldada- pero les niega siempre su condiciÃ³n de pueblo y su singularidad como naciÃ³n. Ejemplo de esta practica espaÃ±ola fue la mezquina polÃ©mica que auspiciaron algunos espaÃ±olistas de Extremadura, La Mancha o Murcia a cuenta del flamenco -justo mientras ayudaban a EspaÃ±a a robar a AndalucÃa el control del Guadalquivir- un arte andaluz de proyecciÃ³n universal, creado y desarrollado en AndalucÃa por los andaluces como sÃntesis de su historia y sus vivencias, al que se le intentÃ³ discutir su origen y condiciÃ³n nacional -lo que serÃa lo mismo que negar la paternidad afroamericana del jazz- aduciendo que se practica en comarcas anejas a los actuales limites administrativos de AndalucÃa o por personas de diversas nacionalidades. Circunstancias que, en todo caso, evidenciarÃan, de una parte, que esas zonas o son de cultura popular andaluza o reciben su influencia y de otra, que, a causa de la emigraciÃ³n andaluza o por su innato atractivo, el flamenco, siendo andaluz, ha revalidado su categorÃa mundial. Otro exponente mÃ¡s de la subordinaciÃ³n andaluza lo podemos encontrar en el tratamiento polÃtico del habla andaluza -de la que el Estatuto se ocupa en los Arts. 10.4 y 213- en la que, aparte de intentar interesadamente disminuir su entidad nacional diferenciadora por la vÃa de subrayar su pluralidad filolÃ³gica interna, su protecciÃ³n pÃºblica -como sostÃ©n de su legitimidad social- queda reducida a meras declaraciones sin consecuencias: "los medios audiovisuales pÃºblicos promoverÃ¡n -no garantizarÃ¡n- el reconocimiento y uso de la modalidad lingÃ¼Ãstica andaluza en sus diferentes hablas", dice. Esto significa que seguiremos soportando que -siguiendo con su comportamiento colonial- los locutores -andaluces o extranjeros- de los programas serios de la RTVA y del resto de medios audiovisuales nos taladren impunemente los oÃdos expresÃ¡ndose en antena siempre en "castellano de Madrid" -con muy contadas excepciones- mostrando con ello -cada vez que abren la boca- que para el RÃ©gimen espaÃ±ol lo andaluz es algo intrÃnsecamente inferior y despreciable y AndalucÃa una naciÃ³n condenada a tutela. Por contra, si se "garantizase" ese reconocimiento y uso, la excepciÃ³n se tornarÃa norma y la norma excepciÃ³n y se conseguirÃa -mediante despido fundado o reubicaciÃ³n para extranjeros o recalcitrantes- algo tan obviamente natural como que los andaluces escucharan cotidianamente expresarse en sus medios en andaluz, normalizÃ¡ndose una situaciÃ³n tan absurda como insultante. La lista de recortes competenciales ejecutados en Madrid podrÃa engrosarse aÃºn mÃ¡s. Para no abrumar, limitÃ©monos a recordar que en el ArtÂº. 78 -consultas populares- la supresiÃ³n del precedente apartado 76.1 blinda aÃºn mÃ¡s la incapacidad andaluza para la convocatoria de referendums. Finalmente, la desapariciÃ³n de la DisposiciÃ³n Adicional 4Âª del proyecto de Sevilla, en la que, al amparo del Art.. 150.2 CE, se transferÃan las facultades ejecutivas sobre "Puertos y aeropuertos de interÃ©s general, Servicio MeteorolÃ³gico de AndalucÃa, Cuenca HidrogrÃ¡fica del Guadalquivir, Trafico y seguridad vial y Museos, archivos y bibliotecas radicadas en AndalucÃa", es consecuencia de dos factores. Primero, las rebajas realizadas en Madrid al texto articulado sobre el alcance de los contenidos competenciales, tal y como ya hemos reflejado. Segundo, la asunciÃ³n por parte de PSOE-IU de la concepciÃ³n polÃtica del PP que exige que cualquier hipotÃ©tica transferencia de competencias, incluso sÃ³lo ejecutivas, sea claramente presentada como una concesiÃ³n especifica del Parlamento espaÃ±ol, fruto de su absoluta e irrestricta soberania. El Estatuto andaluz -como todos- es jurÃdicamente una ley orgÃ¡nica espaÃ±ola -aun de caracterÃsticas legales singulares- y por tanto, requiere para ser efectivo la previa aprobaciÃ³n del Parlamento espaÃ±ol. SerÃa pues el Parlamento espaÃ±ol quien, en uso de sus atribuciones, hubiera concedido esas delegaciones de mantenerse la redacciÃ³n inicial. Sin embargo, polÃticamente, para el PP esta forma de tramitaciÃ³n resultaba insatisfactoria ya que al provenir formalmente el Estatuto de un Parlamento nacional, su concesiÃ³n simultanea y anexa, afectarÃa -segÃºn su criterio- si no al fondo, sÃ a la imagen de plena supremacÃa del Parlamento espaÃ±ol. La cosmovisiÃ³n ultraespaÃ±olista del PP exigÃa que quedara explicito -sea por la vÃa de la separaciÃ³n de actos o por la inclusiÃ³n de cualquier delegaciÃ³n en un marco legal uniforme de Ã¡mbito estatal- quien manda -EspaÃ±a- y quien obedece: AndalucÃa. Lo ha conseguido. Recortes adicionales en participaciÃ³n, relaciones y financiaciÃ³n En lo relativo a capacidad de participaciÃ³n andaluza en instituciones estatales y de influencia en Ã¡mbitos y tratados internaciones, podrÃa resumirse la cuestiÃ³n diciendo que el nuevo estatuto no va ni un milÃmetro mÃ¡s allÃ¡ del vigente de 1981, tal y como se recogÃa en sus Arts. 23 y 67. Se estÃ¡ a lo que decida EspaÃ±a y la capacidad andaluza es siempre, incluso en el mejor de los casos, consultiva, no decisoria y ni siquiera suspensiva. El marco general de subordinaciÃ³n lo expresa con nitidez el incorporado ArtÂº 218, que compendia y resume lo aprobado en Sevilla y al que, al menos, hay que agradecerle la claridad: "AndalucÃa participarÃ¡ en las decisiones o instituciones del Estado y de la UniÃ³n Europea de acuerdo con lo que establezcan en cada caso la ConstituciÃ³n, la legislaciÃ³n del Estado y la normativa de la UE". En el Art. 231.3 -dentro del apartado que aborda las relaciones con la UniÃ³n Europea- se remacha la supeditaciÃ³n, con cinismo incluido. Primero se dice que "la posiciÃ³n expresada por la Comunidad AutÃ³noma es determinante en la formaciÃ³n de la posiciÃ³n estatal si afecta a sus competencias exclusivas" pero luego, sÃ³lo dos frases despuÃ©s -aplicando el principio de negar lo que primero se afirma que tan bien describiÃ³ Marx en El 18 Brumario [10]- el Estatuto explica con desfachatez: "Si esta posiciÃ³n no la acoge el Gobierno del Estado, este debe motivarlo". Es decir, le basta para el tramite al Estado espaÃ±ol introducir unos pÃ¡rrafos en un escrito remitido desde Madrid a Sevilla para que la "capacidad determinante" andaluza quede en nada. Igual que en el Art. 240 relativo a Tratados y convenios internacionales. Incluso ahora la InformaciÃ³n del Estado espaÃ±ol a AndalucÃa (Art. 233) queda comprometida sÃ³lo en tÃ©rminos y alcances "conforme a lo establecido en la normativa estatal", o lo que es lo mismo, basta una mera orden ministerial interna o una directriz de cualquier director general en Madrid para que se le niegue o sustraiga informaciÃ³n a AndalucÃa y que esta operaciÃ³n se haga, para mayor afrenta, bajo el amparo estatutario. En lo relativo a FinanciaciÃ³n tambiÃ©n hay que agradecer a la vuelta de tuerca en Madrid, la ubicaciÃ³n en su frontispicio del nuevo y clarificador si cabe Art. 175.1. que establece que "Las relaciones de orden tributario y financiero entre el estado y la Comunidad AutÃ³noma se regulan por la ConstituciÃ³n, el presente Estatuto y la Ley OrgÃ¡nica prevista en el art. 157.3. de la ConstituciÃ³n". Otra novedad de calado -dentro del esquema de dominaciÃ³n previo, por supuesto- es en el Art. 175 2.b, cara a la suficiencia financiera, la inclusiÃ³n de que la "poblaciÃ³n real efectiva" para atender, se cuantificarÃ¡ "de acuerdo con la normativa estatal". Esta inserciÃ³n significa que -vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional espaÃ±ol[11]- EspaÃ±a cuenta con el aval estatutario para determinar en cuanto le venga en gana el censo andaluz que aplica a efectos financieros. En el Art. 175 2.c. a la "garantÃa de financiaciÃ³n de los servicios de educaciÃ³n, sanidad y otros servicios sociales" le han aÃ±adido que esta se entiende limitada al compromiso de alcanzar unos sospechosamente inconcretos "niveles similares" al del resto del Estado -no idÃ©nticos a su media- y que ademÃ¡s la promesa esta condicionada "siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar". En el punto d sobre responsabilidad fiscal han introducido una referencia al Art. 157.2 CE por el que se reitera la renuncia a que AndalucÃa adopte "medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstÃ¡culo para la libre circulaciÃ³n de mercancÃas y servicios". En el punto f. el Estado espaÃ±ol se libra incluso de las aterciopeladas promesas tan usadas en Sevilla referentes a la fijaciÃ³n de las asignaciones andaluzas adscritas al Fondo de CompensaciÃ³n Interterritorial. MÃ¡s aÃºn, el antiguo Art. 175, ahora Art. 178 -Tributos cedidos- ya era leonino, dejÃ¡ndolo todo al albur espaÃ±ol pero ahora -en un ejercicio de sadismo insaciable- incluso esos tributos relacionados que quedan siempre en manos de EspaÃ±a y que EspaÃ±a puede alterar a voluntad sin que ello signifique reforma estatutaria, se explicitan en dos categorÃas: unos cedibles totalmente y otros, parcialmente. En lo relativo a Deuda publica, Art. 187, tambiÃ©n han intercalado una nueva y redundante supeditaciÃ³n a la LOFCA. La DisposiciÃ³n Adicional Segunda -Asignaciones complementarias- en su redacciÃ³n definitiva es un atraco a AndalucÃa por el que EspaÃ±a, gracias a este Estatuto, cierra definitivamente a nivel formal la grieta de la llamada "Deuda HistÃ³rica". EspaÃ±a cuantificarÃ¡ a su gusto lo que paga de los atrasos y luego considerarÃ¡ saldado el expediente. Por si fuera poco todo lo anterior, en la tan cacareada DisposiciÃ³n Adicional Tercera -sobre garantÃa de inversiones del Estado espaÃ±ol en AndalucÃa- les han sabido a poco a las fuerzas espaÃ±olas los artilugios de que ya disponÃan, que ya dejaban absolutamente en sus manos su concreciÃ³n vÃa Presupuestos Generales del Estado y vÃa cualificaciÃ³n y cuantificaciÃ³n de conceptos. A toda la inmensa y variopinta discrecionalidad espaÃ±ola precedente les han sumado -gracias a PSOE, PP e IU- dos nuevas aÃ±agazas en Madrid: 1Âª. Al suprimir las palabras "al menos" antes de referirse a que la inversiÃ³n "equivalga al porcentaje de poblaciÃ³n andaluza en relaciÃ³n a la del conjunto del Estado espaÃ±ol" han admitido que el mÃnimo se convierte en mÃ¡ximo. Esta supresiÃ³n, aparentemente menor, implica una renuncia estatutaria al derecho andaluz a una inversiÃ³n estatal superior a la media, compensatoria del pasado histÃ³rico de expoliaciÃ³n andaluz. 2Âª. Incluso el mÃnimo entre los mÃnimos concedido, se ha restringido temporalmente a un "periodo de siete aÃ±os", es decir, el Estatuto autoriza a que despuÃ©s del plazo citado, incluso expresamente, el Estado espaÃ±ol invierta en AndalucÃa -aÃºn sumÃ¡ndolo todo y haciendo las trampas que quiera- menos que lo que significa su porcentaje poblacional y sin establecer ningÃºn criterio o mecanismo de protecciÃ³n. Este Estatuto indigno -que hemos descrito en este y en anteriores artÃculos- es el que PSOE, PP y PCE-IU han pretendido blindar en Madrid -Art. 248- elevando de 3/5 a 2/3 el requerimiento de votos favorables para que en adelante el Parlamento andaluz pueda aprobar su reforma. PSOE y PCE-IU, al actuar asÃ, han proclamado expresamente su acuerdo al veto de la derecha extrema espaÃ±olista sobre el futuro de AndalucÃa; pues no otro es el objetivo de esta modificaciÃ³n. Mirando al futuro Desde hoy hemos de proclamar nuestra deslealtad inquebrantable y nuestra insumisiÃ³n persistente a este Estatuto neoliberal y capitalista de la Dependencia que pretende embalsamar a AndalucÃa bajo la dominaciÃ³n espaÃ±ola. Cada VOTO NO que consigamos de hoy al dÃa 18, serÃ¡ un peldaÃ±o en el duro camino de la emancipaciÃ³n nacional y social que nos resta por delante. Es el momento de ampliar cuantitativamente esa base de partida, pero sabiendo siempre que combatir la Dependencia sÃ³lo es posible consecuentemente si se hace luchando por erradicar de AndalucÃa la alienante espaÃ±olidad que le es inherente y sobre la que se asienta. Recordando siempre que la coherente antitesis de la Dependencia es la Independencia. El enemigo de AndalucÃa se llama EspaÃ±a, cualquier EspaÃ±a. Nunca hemos de olvidar que "AndalucÃa espaÃ±ola" y AndalucÃa Libre o AndalucÃa Socialista son conceptos antitÃ©ticos e irreconciliables. Nuestro objetivo estratÃ©gico no puede ser nunca "cambiar EspaÃ±a" sino "romper con EspaÃ±a", rompiendo a EspaÃ±a en AndalucÃa. Romper la dependencia de la NaciÃ³n y romper la dependencia de su mayorÃa popular, de su clase obrera, de quienes atÃ¡ndola a EspaÃ±a la condenan a la sumisiÃ³n. Estas son las precondiciones para conseguir revertir la derrota del 2 de Noviembre y para construir unos factores reales de poder que nos permitan conquistar la Dignidad. Como NaciÃ³n, como clase; como hombres y mujeres libres. Notas [1] Para el origen y alcances de esta cuestiÃ³n, ver en AndalucÃa, Un Estatuto para la Dependencia La Segunda Estafa., AndalucÃa Libre nÂº 293, 7 de mayo de 2006, la secciÃ³n 'La polÃ©mica nominal: "naciÃ³n" o "realidad nacional", [2] AndalucÃa en Datos, AndalucÃa Libre nÂº 262, 20 de abril de 2005 [3] Ver AndalucÃa Libre nÂº 275, de 19 de noviembre de 2005 y tambiÃ©n nÃºmeros inmediatos siguientes. [4] Ver Izquierda andaluza y estatuto de autonomÃa y La izquierda social en AndalucÃa ante la prueba de la Reforma Estatutaria en AndalucÃa Libre nÂº 308 de 30 de diciembre de 2006 [5] Para la evoluciÃ³n andalucista sobre el proceso estatutario ver, entre otros AndalucÃa: El debate sobre la Reforma Estatutaria, AndalucÃa Libre nÂº 94, 11 de Julio de 2001; El Andalucismo hace Turismo, Andalucia Libre nÂº 274 - 17/11/2005 y para ampliar ver RecopilaciÃ³n AndalucÃa Libre nÂº 278 y Andalucia Libre nÂº 289 [6] Ver AndalucÃa, Un Estatuto para la Dependencia, La segunda estafa en AndalucÃa Libre nÂº 293, 7 de mayo de 2006 , especialmente en la secciÃ³n â��El estatuto que nos quieren imponer' [7] Teniendo en cuenta el tono y comportamiento de demagogia desenfrenada de los Valderas, Caballero, Romero, Alcaraz, GarcÃa, MartÃn Recio, Aguilar o Vaquero con el mÃsero Estatuto que sostienen, cabria suponer cual serÃa su griterÃo atronador si el Estatuto andaluz incluyera un Articulo como el 15 de la Ley Fundamental de la RepÃºblica Federal de Alemania de 1949 que dice "Con fines de socializaciÃ³n y mediante una ley que establezca el modo y la cuantÃa de la indemnizaciÃ³n, la tierra y el suelo, las riquezas naturales y los medios de producciÃ³n podrÃ¡n ser convertidos en propiedad colectiva o en otras formas de economÃa colectiva". Por cierto, ese mismo RÃ©gimen aplicando esa misma ConstituciÃ³n convirtiÃ³ en ilegal al KPD en 1956. [8] Informe sobre la Reforma de l'Estatut, IEA [9] Ver AndalucÃa, Un Estatuto para la Dependencia La Segunda Estafa., AndalucÃa Libre nÂº 293, 7 de mayo de 2006 [9] Ver Izquierda andaluza y Estatuto de AutonomÃa para AndalucÃa [10] "Cada artic
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Comentaris

Re: El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y humillación de Andalucía
per Andalucia Libre	13 feb 2007
continuación [10] "Cada articulo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antitesis, su propia camara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad", Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Obras escogidas de Marx y Engels en tres tomos, Tomo I, Editorial Progreso, Moscú, 1973, pag. 420. [11] Caso deuda histórica, un ejemplo de sometimiento andaluz, Andalucía Libre nº 313, 3/2/2007 Andalucia Libre nº 315 - Ofensa y humillación de Andalucía, lunes, 12 de febrero de 2007 1:35 En este Correo: El Estatuto de la Dependencia: Ofensa y humillación de Andalucía, Andalucía Libre Análisis General del Proceso de Reforma Estatutaria, Andalucía Libre Originales y copias, A propósito de Corriente Roja y el Estatuto andaluz, Andalucía Libre Crónica - Granada: Celebrado Acto por el NO Andalucía Libre es Andalucía Laica Directorio de Andalucía en Internet Porque es un Estatuto neoliberal y españolista: El 18 de Febrero, VOTA NO AL ESTATUTO DE DEPENDENCIA - http://www.elistas.net/lista/andalucialibre - http://www.andalucialibre.tk/ - http://andalucialibre.cjb.net/ POR UNA ANDALUCIA LIBRE, CONTRA LA DOMINACION ESPAÑOLA: VOTA NO ANDALUCIA, INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO ==========================