El informe de la CCIODH prueba "la política represiva y fascista" de Ulises Ruiz: APPO. Oaxaca

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El informe de la CCIODH prueba "la política represiva y fascista" de Ulises Ruiz: APPO. Oaxaca
per bu'ul	20 gen 2007
Documenta múltiples violaciones a la ley en agravio de pobladores de Oaxaca

Acusa la agrupación que integrantes fueron detenidos sólo por su afiliación política OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL Oaxaca, Oax., 19 de enero. El informe preliminar de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) sobre el conflicto oaxaqueño prueba "la política represiva y fascista" de Ulises Ruiz Ortiz contra la sociedad, afirmó el vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Florentino López Martínez. "Eso siempre lo habíamos denunciado; el tirano (Ruiz Ortiz) pretende acallar con sangre la demanda de nuestro pueblo", señaló. En su informe preliminar dado a conocer el martes pasado, la CCIODH documentó violaciones a las libertades de tránsito, manifestación, expresión y del uso del espacio público, así como detenciones ilegales y arbitrarias, trato inhumano y degradante, ejecuciones extrajudiciales y la operación de grupos paramilitares. "No se puede ocultar el asesinato de 17 de nuestros compañeros, la detención ilegal de cientos más, las decenas de desaparecidos, las torturas, los maltratos y amenazas a los presos, así como los abusos y la operación de grupos policiacos y paramilitares", manifestó. Incluso, destacó, las arbitrariedades han sido reconocidas por la propia Secretaría de Gobernación, como sucedió con las detenciones de dos miembros de la APPO, Ramiro Martínez Caballero, de 37 años, y Eduardo Alberto Morales Calva, de 19 años, al término de la manifestación celebrada el miércoles pasado. Integrantes de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez "detuvieron a los compañeros sin haber cometido ningún delito, únicamente por formar parte de la APPO, y para poder encarcelarlos los acusaron de daños en propiedad ajena por pintas en las paredes del hotel El Trébol, pero los querellantes nunca se presentan y entonces se ven obligados a imputarles daños a una patrulla, en una clara fabricación de delitos", denunció. López Martínez consideró que la entrega del informe final de la CCIODH acerca del conflicto en Oaxaca a los parlamentos Europeo y nacionales de diferentes países de ese continente, así como a la Organización de las Naciones Unidas, representa una oportunidad para "obligar al Estado mexicano a castigar al tirano (Ruiz Ortiz) y demás responsables por los crímenes de lesa humanidad". Molesta a diputados presencia del gobernador en acto La diputada local del PRD Adriana Cruz Carrera abandonó la sesión solemne que se realizó hoy en Santa Catarina Juquila para conmemorar el primer aniversario de haber sido elevado a rango de ciudad este municipio chatino, inconforme por la llegada del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. "Pocos minutos antes de iniciarse la plenaria arribó el mandatario estatal y tomó un lugar en el presídium, y por congruencia política, social y personal abandoné la sesión", señaló la diputada integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso estatal. "No tenía que estar el gobernador en ese acto y avalar el lucimiento personal y su excesivo protagonismo, como si en Oaxaca el conflicto que dio origen a la lucha popular del año pasado ya se hubiera resuelto", reprochó. Mientras tanto, el gobernador Ruiz Ortiz insistió en que la ciudad de Oaxaca "recuperó la normalidad", además de haber un "clima de trabajo y de reactivación económica". Subrayó que su gobierno seguirá abierto al diálogo para construir acuerdos "con quienes todavía no se logra trabajar conjuntamente", en clara referencia a la APPO. http://www.jornada.unam.mx/2007/01/20/index.php?section=politica&article ____________________________________________________________________________________ Graves violaciones de derechos en Oaxaca, concluye la CCIODH https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/289693/index.php Convocatoria de rueda de prensa y acto público México, Distrito Federal, 19 de enero del 2007 http://cciodh.pangea.org/quinta/070119_boletin_009_cas.shtml Quinta Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos por los sucesos de Oaxaca Manifiesto: http://cciodh.pangea.org/quinta/manifiesto_cas.shtml +info: http://cciodh.pangea.org Más: https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/289945/index.php ____________________________________________________________________________________ Video de la entrevista a la CCIODH en CNN Presentamos la entrevista realizada a Iñaki Garcia, portavoz de la CCIODH en el programa de CNN en Español, "Arístegui", conducido por la conocida periodista del mismo nombre y emitido el día 18 de enero de 2007. Video de la Entrevista 1ª parte (8 Mb) http://www.pangea.org/informe_cciodh4/descargas/quinta/cnn_entre_1.mp4 Para descargar: botón derecho "Guardar destino como" Video de la Entrevista 2ª parte (9Mb) http://www.pangea.org/informe_cciodh4/descargas/quinta/cnn_entre_2.mp4 Para descargar: botón derecho "Guardar destino como" Video de la Entrevista 3ª parte (9Mb) http://www.pangea.org/informe_cciodh4/descargas/quinta/cnn_entre_3.mp4 Para descargar: botón derecho "Guardar destino como" En caso de dificultad para checar video, visitar directamente la web de la CCIODH: http://cciodh.pangea.org/quinta/070119_entre_cnn.shtml
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Comentaris

Conclusiones y recomendaciones preliminares sobre el conflicto social de oaxaca de la CCIODH
per CCIODH	20 gen 2007
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES SOBRE EL CONFLICTO SOCIAL DE OAXACA DE LA CCIODH I.- CONCLUSIONES La ComisiÃ³n Civil Internacional de ObservaciÃ³n de los Derechos Humanos en base a su investigaciÃ³n considera probado; RESPECTO A MUERTES Y DESAPARICIONES. 1.- .- La ComisiÃ³n considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabÃ³n de una estrategia jurÃdica, policÃaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo Ãºltimo es lograr el control y amedrentamiento de la poblaciÃ³n civil en zonas donde se desarrollan procesos de organizaciÃ³n ciudadana o movimientos de carÃ¡cter social no partidista. 2.- El balance de muertos documentados por la CCIODH arroja provisionalmente una cifra total de 23 personas identificadas. La ProcuradurÃa General de Justicia del Estado reconoce 11 casos y la ComisiÃ³n Nacional de los Derechos Humanos 20 en su informe preliminar. AdemÃ¡s la CCIODH tiene constancia de la muerte de otras personas no identificadas. 3.- Existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas. 4.- Las muertes y desapariciones se producen en momentos en los que se detecta una subida del nivel de violencia y enfrentamientos que responde a la puesta en marcha de operativos diseÃ±ados con este fin. En dichos operativos se constata la participaciÃ³n y coordinaciÃ³n de diferentes autores materiales e intelectuales. Sirvan de ejemplo los numerosos testimonios que constatan que el dÃa 27 de octubre de 2006 tuvo lugar un operativo coordinado que produjo hechos de gravedad en el municipio de Santa MarÃa Coyotepec y en otros lugares de manera correlativa en el tiempo. 5.- Los homicidios se han cometido en la ciudad de Oaxaca y en las comunidades, donde se constata un incremento significativo de la violencia y de la presencia militar, asÃ como ataques en contra de civiles, en su inmensa mayorÃa pertenecientes a diferentes grupos indÃgenas. RESPECTO A LAS VULNERACIONES LEGALES. 6.- Los poderes pÃºblicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresiÃ³n, pensamiento, asociaciÃ³n, reuniÃ³n, participaciÃ³n polÃtica, libre circulaciÃ³n y manifestaciÃ³n. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza fÃsica y la coacciÃ³n el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacÃficas, impidiendo el pleno ejercicio de la funciÃ³n de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicaciÃ³n. 7.- El derecho a la educaciÃ³n ha sido y es vulnerado por varias causas: la falta de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, asÃ como la prolongaciÃ³n del conflicto por la falta de diÃ¡logo en la resoluciÃ³n del mismo. Ninguna de las partes en conflicto estableciÃ³ medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educaciÃ³n de los nuÃ±os y las niÃ±as. Siguen existiendo numerosas situaciones irregulares en cuanto a adscripciones, comisiones de servicio, toma de escuelas y vuelta a las aulas. 8.- Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresiÃ³n sindical y libertad de cÃ¡tedra del magisterio. La SecciÃ³n 22 del SNTE, representada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido el colectivo social mÃ¡s fuerte y cruelmente afectado por el conflicto, sufriendo daÃ±os materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones, muertes y desapariciones en un nÃºmero significativo. 9.- Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la poblaciÃ³n civil: hombres, mujeres, niÃ±os y ancianos, utilizando gases lacrimÃ³genos, gas pimienta, agua con quÃmicos, armas de medio y alto calibre, vehÃculos y helicÃ³pteros militares. En ellas han participado cuerpos policiales federales, estatales, municipales y grupos de elite, incluso con intervenciÃ³n de efectivos militares en tareas logÃsticas y de coordinaciÃ³n. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehÃculos policiales y con la participaciÃ³n de funcionarios pÃºblicos. 10.- Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la poblaciÃ³n civil. Algunas detenciones tambiÃ©n han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposiciÃ³n de los cuerpos policiales, con el beneplÃ¡cito de Ã©stos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia fÃsica y psÃquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres. 11.- No se han respetado los derechos de los detenidos: no se les han notificado los delitos que se les imputaban ni los derechos que les asistÃan, fueron incomunicados, no se les notificÃ³ su detenciÃ³n a personas de su confianza o familiares y no se han respetado los plazos legales de puesta a disposiciÃ³n ante la autoridad competente. 12.- Se han utilizado espacios ilegales como lugares de detenciÃ³n, que en muchos casos no reunÃan las condiciones mÃnimas de seguridad y salubridad: bases militares, edificios de gobierno, casas de seguridad. 13.- En los traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave, realizÃ¡ndose torturas fÃsicas (toques elÃ©ctricos, golpes, heridos, quemaduras, etc) y psÃquicas. La CCIODH tiene indicios fundados de violaciones a hombres y mujeres, segÃºn testimonios y cuadros clÃnicos. En los traslados han participado cuerpos policiales, en ocasiones efectivos militares, y grupos de personas no uniformadas y armadas que custodiaban a los detenidos hasta los penales. 14.- En las detenciones y traslados intervino la llamada â��fiscalÃa mÃ³vilâ�?, segÃºn consta en autos judiciales. Este Ã³rgano carece de toda cobertura legal, su actuaciÃ³n no es transparente ni estÃ¡ sujeta a control alguno. 15.- No se garantizÃ³ el derecho de defensa de los detenidos y procesados: ni asistencia de un abogado de confianza, ni comunicaciÃ³n con el abogado, ni condiciones de privacidad en las entrevistas, ni asistencia de intÃ©rpretes en las diligencias con personas indÃgenas. 16.- Los abogados han hallado mÃºltiples obstÃ¡culos en el acceso a los expedientes judiciales de sus defendidos, en la aportaciÃ³n de pruebas de descargo, en el acceso a las audiencias pÃºblicas y en el ejercicio de sus funciones, siendo objeto, en algunos casos, de amenazas y vejaciones por parte de los funcionarios pÃºblicos. 17.- Gran parte de los detenidos fueron asistidos por abogados de oficio que dependen orgÃ¡nicamente del Ejecutivo, y que actuaron bajo consigna, avalando todas las ilegalidades en los procesos. 18.- Se ha vulnerado el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurÃdica a todos los detenidos: las irregularidades afectan a los Ã³rganos competentes de conocer el proceso, a los plazos y formalidades de las notificaciones establecidas en la legislaciÃ³n vigente y a las fianzas; los certificados mÃ©dicos no han reflejado el alcance real de las lesiones ni su causa; existe una falta de informaciÃ³n en cuanto a los medios de impugnaciÃ³n de las resoluciones. Todos estos elementos provocan situaciones de privaciÃ³n ilegal de libertad, incomunicaciÃ³n e indefensiÃ³n de los afectados. 19.- Los encarcelamientos en penales estatales y federales se produjeron sin la preceptiva documentaciÃ³n: parte informativo y auto de formal prisiÃ³n; no se informÃ³ a los detenidos sobre la posibilidad de ser puestos en libertad bajo fianza, en unos casos, y el establecimiento de fianzas manifiestamente desproporcionadas por los cargos imputados en otros. Las condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad y alimentaciÃ³n que se encontraron en las visitas a algunos penales vulneran los mÃnimos establecidos en la legislaciÃ³n interna, asÃ como los tratados internacionales en la materia suscritos por MÃ©xico. 20.- Se dan casos de personas recluidas en penales federales que han sido tratadas de forma vejatoria y degradante. Se han producido amenazas y se han inflingido malos tratos fÃsicos y psicolÃ³gicos por parte de los custodios. 21.- Hay personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad a pesar de tener la condiciÃ³n de presos preventivos y sin que exista estudio o certificado alguno que justifique la peligrosidad de los reos y la consecuente adopciÃ³n de tal medida. 22.- Hay menores de edad que han sido detenidos con uso indebido de la fuerza y han sido trasladados en cuatro casos a penales de adultos. Tres de ellos lo fueron al penal de mediana seguridad de Nayarit -donde la edad penal es de 18 aÃ±os- vulnerÃ¡ndose los convenios, tratados y acuerdos internacionales de protecciÃ³n de los derechos humanos de la infancia. Existe una inseguridad jurÃdica respecto a la situaciÃ³n de los menores a partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Justicia para Adolescentes. 23.- Los representantes del Ministerio PÃºblico no han impulsado de oficio procedimiento penal alguno contra representantes de instituciones pÃºblicas, a pesar del conocimiento de hechos constitutivos de delitos perseguibles por este organismo. 24.- Algunos procesos iniciados a instancia de los afectados, a pesar de haber aportado pruebas, se hallan paralizados sin causa justificada. SegÃºn testimonios con conocimiento de causa, esta falta de impulso procesal obedece a Ã³rdenes directas del Ejecutivo Estatal. 25.- La ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos y la ComisiÃ³n Estatal de Derechos Humanos, que pueden actuar a peticiÃ³n de parte o de oficio, han tenido una intervenciÃ³n tibia e insuficiente, a pesar de haber constatado las vulneraciones anteriormente reseÃ±adas, de las que han tenido constancia directa (por sus visitas a penales) o indirecta (por las denuncias y peticiones de particulares y organizaciones civiles). EspecÃficamente, en cuanto a la ComisiÃ³n Estatal de Derechos Humanos, hemos recibido algunos testimonios que refieren que en el momento de las detenciones, en las que se produjeron graves situaciones de torturas, requirieron su presencia pero Ã©sta no intervino. RESPECTO A LAS AFECTACIONES PSICOSOCIALES Y SANITARIAS. 25.- Las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos fÃsicos, emocionales y psicolÃ³gicos dejando severos daÃ±os a las personas, a las familias y a la comunidad. Las secuelas psicosociales derivadas del conflicto, no desaparecen totalmente y se reflejan en la vida cotidiana de personas, familias y poblaciones. 26.- Se han detectado efectos y sÃntomas caracterÃsticos de trastornos de estrÃ©s postraumÃ¡tico y de trauma social. Los mÃ¡s seÃ±alados son: revivir permanentemente los eventos traumÃ¡ticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicolÃ³gica a estÃmulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manÃa persecutoria. Hay una percepciÃ³n de aleatoriedad e injusticia, de indefensiÃ³n, de pÃ©rdida del control sobre la situaciÃ³n y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido. 27.- La atenciÃ³n mÃ©dica prestada ha sido tardÃa e insuficiente. Hay sospechas mÃ¡s que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos. La actuaciÃ³n de la Cruz Roja de Oaxaca ha sido cuestionada precisamente por este motivo. 28.- Existe una falta de apoyo y seguimiento psicolÃ³gico para los afectados y sus familiares. Merece destacarse el impacto psicolÃ³gico en las personas que han sufrido o estÃ¡n en condiciones de internamiento, por las caracterÃsticas del mismo, asociado a la falta de atenciÃ³n mÃ©dica y de respeto a garantÃas bÃ¡sicas. Especialmente preocupante resulta tambiÃ©n la situaciÃ³n de los menores que han sido detenidos y trasladados a penales de adultos 29.- Observamos un impacto importante de la estrategia psicosocial de generaciÃ³n de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e instituciones, fomentado ademÃ¡s por la existencia de seÃ±alamientos y acusaciones, campaÃ±as de odio, la incitaciÃ³n a la violencia y los obstÃ¡culos jurÃdicos existentes. 30.- La unidad y vida familiar se han visto afectadas por las nuevas circunstancias: disgregaciÃ³n de familias (por diferencias ideolÃ³gicas y polÃticas, desplazamiento de domicilio o lugar de trabajo y separaciones forzosas), hostigamiento y amenazas, cambio de apariencia, reorganizaciÃ³n familiar. Existe un impacto econÃ³mico en las personas afectadas por el conflicto y sus familiares: pÃ©rdida de empleo, estigmatizaciÃ³n social y laboral, desplazamientos para las visitas a los penales y para las citaciones judiciales. A todo ello hay que aÃ±adir el costo de los daÃ±os materiales sufridos. 31.-.Se ha llegado a una clara polarizaciÃ³n de la sociedad que deteriora y rompe el tejido social. 32- Por otra parte, observamos que colectiva e individualmente existe, pese a la estrategia implementada, un nivel de solidaridad alto, que permite tener una fuerte capacidad de recuperaciÃ³n y de fortalecimiento importante. Existen elementos de dignidad, en situaciones que deben ser consideradas extremas por su virulencia y gravedad, tanto en las personas que participan socialmente como en el conjunto de los ciudadanos. 33.- A nivel social constatamos el grave deterioro y la desconfianza que la gente tiene en las instituciones, lo que estÃ¡ poniendo en grave peligro las vÃas de participaciÃ³n democrÃ¡tica. Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la que actÃºan en los hechos descritos en este informe, dificultan el dialogo de las partes en conflicto. RESPECTO A MEDIOS DE COMUNICACIÃ�N. 34.- En el conflicto ha sido significativa la toma de varios medios de comunicaciÃ³n como respuesta al cerco informativo y por el descontento de la poblaciÃ³n. Los medios independientes han ganado un espacio nuevo y algunos medios comunitarios han ganado independencia. Por estas razones han sido y siguen siendo blanco de ataques y de represiÃ³n selectiva. 35.- Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicaciÃ³n han sido vÃctimas de ataques indiscriminados. A partir de la muerte de Bradley Will muchos han descrito condiciones de trabajo parecidas a situaciones de guerra. 36.- Existen pocas denuncias presentadas antes las autoridades. La CCIODH tiene indicios de que algunas direcciones de medios incitaron a sus reporteros a callar tanto los agravios propios sufridos como algunas situaciones de las cuales han sido testigos. 37.- Las investigaciones de los homicidios del periodista estadounidense Bradley Will y del periodista oaxaqueÃ±o RaÃºl Marcial PÃ©rez no han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el anterior apartado de vulneraciones legales. HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 38.- Las organizaciones de Derechos Humanos no gubernamentales y sus integrantes han sido vÃctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campaÃ±as difamatorias, de desprecio y de acusaciones en contra, causando una criminalizaciÃ³n de sus acciones, que ha obligado a muchos de ellos a tomar medidas para resguardar su integridad fÃsica y sus medios de trabajo, viÃ©ndose afectado con ello la realizaciÃ³n del mismo. RESPECTO A MUJERES. 39.- La ComisiÃ³n ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, fÃsicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligaciÃ³n de desnudarse, sentadillas, etc) hacia las mujeres por su condiciÃ³n de gÃ©nero. Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daÃ±os fÃsicos, psicolÃ³gicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumÃ¡ticos. RESPECTO A LAS PERSONAS Y PUEBLOS INDÃ?GENAS. 40.- No se ha garantizado la asistencia de intÃ©rpretes en las diligencias policiales y judiciales ni se ha aplicado la Ley de Defensa de los Pueblos y Comunidades IndÃgenas. La CCIODH constata que muchos de los detenidos y presos indÃgenas, asÃ como sus familiares, han testimoniado haber sido objeto de discriminaciÃ³n Ã©tnica por parte de funcionarios pÃºblicos: negaciÃ³n de la comunicaciÃ³n en el penal de Nayarit por desconocimiento de su lengua, insultos y tratos vejatorios por no hablar bien el espaÃ±ol. 41.- En las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Istmo, Sierra Sur y Costa y en la zona Triqui se ha constatado un incremento de la presencia de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agraden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la poblaciÃ³n (incluidos niÃ±os y mujeres), provocando desplazamientos en algunas comunidades con la consecuente fractura social y disgregaciÃ³n familiar. II.- RECOMENDACIONES En base a las anteriores conclusiones, la CCIODH recomienda: 1.- Atender a las causas originales de este conflicto, cuyas raÃces se hallan en problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educaciÃ³n y la salud, no respeto a la memoria histÃ³rica y a la identidad indÃgena, vulneraciÃ³n de los procedimientos democrÃ¡ticos y falta de respeto al acceso real a canales de participaciÃ³n, creando condiciones que logren reparar las violaciones de Derechos Humanos y restaurar la convivencia en esta sociedad tan polarizada. 2. Para garantizar la separaciÃ³n de poderes, la transparencia en la actuaciÃ³n de los servidores pÃºblicos y el pleno respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca, es necesario diseÃ±ar e implementar una reforma profunda de las instituciones del Estado. Puesto que se trata de una reforma que todas las partes sin excepciÃ³n aceptan como necesaria, deberÃa iniciarse el proceso con prontitud de acuerdo con los principios democrÃ¡ticos de diÃ¡logo y participaciÃ³n para evitar que se desencadene de nuevo la violencia latente y que se manifiesten de forma conflictiva las demandas sociales. 3. Para reestablecer el Estado de Derecho, hay que garantizar sin dilaciÃ³n la investigaciÃ³n de los ilÃcitos cometidos, especialmente en los casos mÃ¡s graves (muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales); la revisiÃ³n de la situaciÃ³n jurÃdica de las personas liberadas bajo cauciÃ³n; la resoluciÃ³n de los procesos penales iniciados, especialmente cuando se carece de fundamento probatorio; asÃ como la reparaciÃ³n econÃ³mica, moral y social a las vÃctimas. 4. Revisar la situaciÃ³n jurÃdica de todas las personas encarceladas y proceder a la inmediata liberaciÃ³n tanto de aquellas que lo estÃ¡n por motivos estrictamente polÃticos como en los casos en los que su implicaciÃ³n no tiene fundamento probatorio alguno y/o en los que la gravedad de los hechos no justifique la privaciÃ³n de libertad. 5. Para recuperar la confianza de la sociedad civil en las instituciones pÃºblicas, e impedir la impunidad sus representantes deben: reconocer pÃºblicamente las vulneraciones cometidas, depurar las responsabilidades pertinentes sin escudarse en mutuas atribuciones de competencias y cumplir estrictamente, de ahora en adelante, con los Convenios Internacionales ratificados por MÃ©xico. 6. Proceder al desarme, controlar la posesiÃ³n y utilizaciÃ³n ilegal de armas, impedir la actuaciÃ³n de grupos de personas no uniformadas armadas y la coordinaciÃ³n de Ã©stos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 7.- Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucciÃ³n del equilibrio social a travÃ©s de medidas de reparaciÃ³n de los daÃ±os individuales y colectivos ocasionados. Dichas medidas deben ser consensuadas por los mismos afectados e incluir la reparaciÃ³n moral, emocional, del daÃ±o comunitario, econÃ³mica, legal, social e histÃ³rica. 8.- Restablecer el orden por la vÃa del diÃ¡logo y no a travÃ©s del uso de la fuerza publica. 9.- Aplicar programas de acompaÃ±amiento terapÃ©utico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto fÃsicas como psicolÃ³gicas con especial atenciÃ³n a las vÃctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres. 10.- Ofrecer una especial atenciÃ³n a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos. 11.- Hacemos un llamado a las organizaciones locales, nacionales e internacionales a que cooperen en el seguimiento psicolÃ³gico y la atenciÃ³n mÃ©dica y profesional de los afectados, de forma consensuada con las organizaciones locales. 12.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas para garantizar la independencia de todos los medios de comunicaciÃ³n y equiparar el acceso y la difusiÃ³n de la informaciÃ³n entre los medios comerciales y los medios independientes y comunitarios. 13.- Garantizar la integridad fÃsica y psicolÃ³gica de los profesionales de los medios de comunicaciÃ³n en el ejercicio de su labor en el terreno. 14.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas, para garantizar que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar libremente sus actividades, favoreciendo su protecciÃ³n y el respeto de sus libertades fundamentales, garantizando su seguridad y su integridad fÃsica y psicolÃ³gica en el ejercicio de su labor. 15.- Atender a las demandas de los pueblos indÃgenas, evitando toda discriminaciÃ³n y respetando sus derechos polÃticos, econÃ³micos, sociales y culturales. Garantizar el respeto y la aplicaciÃ³n de las leyes que afectan a las comunidades indÃgenas y favorecer el desarrollo de polÃticas de inclusiÃ³n de Ã©stas a travÃ©s de mecanismos de participaciÃ³n y defensa adecuados a sus formas de organizaciÃ³n, gobierno y usos y costumbres. 16.- Instar a la actuaciÃ³n decidida de las FiscalÃas Especiales creadas para la protecciÃ³n efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como son: periodistas, comunidades indÃgenas, mujeres y menores. 17.- Deslindar todas las responsabilidades polÃticas y personas en los hechos referidos en estas conclusiones y recomendaciones. A nivel estatal, seÃ±alamos la importancia de investigar la actuaciÃ³n de la ProcuradurÃa General de Justicia del Estado, asÃ como de la SecretarÃa de ProtecciÃ³n Ciudadana y la SecretarÃa General de Gobierno, lo que implica investigar la actuaciÃ³n del gobierno estatal en su conjunto. A nivel federal, es necesario investigar las actuaciones de la PolicÃa Federal Preventiva, la SecretarÃa de Seguridad PÃºblica y la ProcuradurÃa General de la RepÃºblica. 18.- Dar continuidad por el momento a la tarea de observaciÃ³n internacional del respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca en la que se impliquen instituciones y organismos independientes e imparciales que puedan garantizar la libertad de movimiento, la protecciÃ³n para la denuncia de las vulneraciones, la asistencia debida a las personas afectadas y la justa reparaciÃ³n de todas las vulneraciones descritas. En este sentido, recomendamos al gobierno mexicano que inste especialmente la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Oaxaca. Ciudad de MÃ©xico, 20 de enero de 2007 DATOS CUANTITATIVOS RELATIVOS A LA V VISITA DE LA CCIODH A dÃa 20 de enero de 2006, la CCIODH ha realizado un total de 420 entrevistas relativas al conflicto social oaxaqueÃ±o, tanto en la ciudad como en diferentes regiones del Estado, algunas de las cuales estÃ¡n todavÃa en proceso de sistematizaciÃ³n y procesamiento de la informaciÃ³n, por lo que los datos que presentamos a continuaciÃ³n tienen un carÃ¡cter provisional. La comisiÃ³n ha visitado a 50 personas presas, algunas de las cuales han sido puestas en libertad posteriormente, entre ellas, el Sr. Erick Sosa Villavicencio en el penal de alta seguridad de Matamoros. AdemÃ¡s de esta prisiÃ³n, se han visitado los reclusorios de MiahuatlÃ¡n, Tlacolula, CuicatlÃ¡n, Cosolapa, Ixcotel, Zaachila y Etla, sumando un total de 8 penales de alta, media y baja seguridad. Se han visitado asÃ mismo diversas regiones (9) del Estado de Oaxaca: San Blas Atempa, Putla, Candelaria, Tlaxiaco, San Juan Copala, Huajuapan, San Francico Caxonos, Guelatao y Zaachila. AdemÃ¡s de las diversas personas que de manera individual se han acercado a dar su testimonio a esta comisiÃ³n, hemos realizado entrevistas con diversos actores, cuya relaciÃ³n esquemÃ¡tica ofrecemos a continuaciÃ³n: Institucionales (14) - Subsecretario de gobernaciÃ³n: Lic. Abraham GonzÃ¡lez - SecretarÃa de Seguridad PÃºblica - ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos: 4Âª visitador, visitadores en Oaxaca - DelegaciÃ³n de UE: Lic. Arturo GutiÃ©rrez - Alto Comisionado de la ONU: AmÃ©rigo Incalcaterra y Ana Gallart - ICOMOS, Patrimonio Cultural de la UNESCO: Lic. Javier Villalobos - SubsecretarÃa de Derechos Humanos de Oaxaca: Rosario Villalobos Rueda - SecretarÃa de ProtecciÃ³n Ciudadana: Lino Celaya - ComisiÃ³n Estatal de Derechos Humanos: Jaime Mario PÃ©rez JimÃ©nez - CorporaciÃ³n OaxaqueÃ±a de Radio y TelevisiÃ³n: Lic. Mercedes Rojas - Rector de la Universidad AutÃ³noma Benito JuÃ¡rez de Oax: Lic. Fco. MartÃnez Neri - CÃ³nsul de Francia en MÃ©xico: Didier Goujaud - CÃ³nsul Honorario de Francia en Oaxaca: Lic. Sergio A. HernÃ¡ndez Salcedo - Embajada de los Estados Unidos de AmÃ©rica Ã?mbito Magisterial (5) - FiscalÃa Especial para Asuntos Magisteriales: Lic. Mayolo Coronel - Instituto Estatal de EducaciÃ³n PÃºblica de Oaxaca: Lic. Samael HernÃ¡ndez - ComisiÃ³n JurÃdica de la SecciÃ³n 22 - Secretario General de la SecciÃ³n XXII: Lic. Enrique Rueda - ComisiÃ³n Magisterial de Derechos Humanos (Comadh) - Testimonios de maestros: mÃ¡s de 60 maestros de diferentes regiones Ã?mbito JurÃdico (11) - Fiscal Especial para Delitos contra Periodistas - Fiscal Especial para Delitos contra la Mujer - ProcuradurÃa General de la RepÃºblica: unidad para la promociÃ³n y defensa de los Derechos Humanos - ProcuradurÃa General de Justicia del Estado de Oaxaca: Proc. Rosa Lizbeth CaÃ±a Cadeza - ProcuradurÃa de Defensa del IndÃgena: Lic. Jacobo LÃ³pez SÃ¡nchez - DelegaciÃ³n de la PGR en Oaxaca: Javier Davalo Molina - Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Oaxaca: Lic. Edna Franco - Bufet jurÃdico popular: Lic. Israel Ochoa - Equipo jurÃdico de la APPO - UniÃ³n de Juristas de MÃ©xico - Estamento AutÃ³nomo de Defensores Sociales Ã?mbito Sanitario (5) - Hospital Civil: Director Dr. Felipe Gama - Hospital de Especialidades: Dr. Rafael AragÃ³n - Cruz Roja delegaciÃ³n Oaxaca: Sra. Beatriz Quintanar - MÃ©dico de Tlacolula: Dra. AidÃ© Osorio GarcÃa - Brigadas mÃ©dicas de la APPO + Personal sanitario que ha llegado a dar su testimonio Ã?mbito Religioso (3) - Cofraternidad de Pastores EvangÃ©licos de Oaxaca (COPAEO) - ArquidiÃ³cesis de Oaxaca y Antequera: - ComisiÃ³n de Justicia y Paz, arquidiÃ³cesis de Oaxaca y Antequera Organizaciones de Derechos Humanos (9) - AmnistÃa Internacional - Red OaxaqueÃ±a de Derechos Humanos - Limeddh - ComitÃ© Cerezo - PRODH - Serapaz - ComitÃ© de LiberaciÃ³n 25 de noviembre - Transcend - Yaskin Organizaciones sociales - APPO - Colectivo Diversidad Sexual - Frente de Organizaciones por el Rescate de Oaxaca - FPR - Instituto Naturaleza y Sociedad - Sociedad Civil, artistas, intelectuales, ecologistas - Red de Organizaciones Civiles - Consejo Ciudadano OaxaqueÃ±o para el Progreso, A.C. - Educa - AsociaciÃ³n civil Binigulazaa - Grupo Solidario La Venta - CODEP - Partido Comunista - AsociaciÃ³n de Padres de Familia de Oaxaca - Comerciantes del Centro HistÃ³rico - Sindicato de Trabajadores de la Universidad Benito JuÃ¡rez de Oaxaca - UJRM Colectividad IndÃgena (6) - RecuperaciÃ³n creativa de la lengua zapoteca - Frente Ã�nico en Defensa IndÃgena - CIPO - CEDHAPI: Centro de Derechos Humanos y AsesorÃa a Pueblos IndÃgenas - MULTI (RegiÃ³n Triqui) - Foro IndÃgena de los Pueblos de Oaxaca Medios de comunicaciÃ³n (9) Diario Noticias Diario El Imparcial Diario El Universal Diario ExcÃ©lsior Radio Calenda Radio Universidad Radio PlantÃ³n Proceso + Periodistas independientes (4)