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Notícies :: amèrica llatina
Ongs del Perú en peligro
31 oct 2006
En el Perú se vive los 100 dias del gobierno del Presidente Alan Garcia Perez. Un gobierno corrupto, ineficaz, demagogico e intervencionista. En la mira las organizaciones NO gubernamentales. Trascribo importente información desde Perú.
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Domingo, 29 de Octubre 2006

APCI-ONG: La suma de las vendettas ( La República)

Humberto Campodónico.
El proyecto que modifica la ley de la APCI votada por los fujimoristas, el APRA y Unidad Nacional no tiene como objetivo modernizarla y hacerla más eficiente para promover el buen manejo, con otros organismos del Estado, de los fondos de la cooperación internacional que provienen, sobre todo, de EEUU y de países europeos, así como de préstamos de la banca multilateral.

Esto se demuestra con el mal manejo de varios programas, principalmente AGORAH (en Ayacucho y Huancavelica) y Aprolab (para la formación profesional en zonas rurales de La Libertad, Cajamarca, Ica y Ayacucho), ambos con la Unión Europea. Lo mismo sucede con el préstamo del BID para la reforma del Estado y apoyo a la descentralización vía la capacitación de gobiernos locales: 2 años después, el CND apenas si ha gastado el 16% de los fondos.

A pesar de que no puede ejecutar ni gestionar de manera eficiente la cooperación que llega al Estado, la Ley interviene los fondos de la cooperación internacional privada (ojo) que se otorga a las ONG. Su objetivo no es “fomentar la transparencia� de las ONG como dicen los fujimoristas (cosa que parecen haberse creído algunos ministros), sino estatizar los fondos de la cooperación privada y disciplinar a las ONG.

El proyecto de Ley dice en el Art. 3 que “es responsabilidad de la APCI priorizar la ayuda internacional independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante�. O sea que no solo se quiere controlar a la ONG en el Perú, sino también a la fuente externa. ¿Para qué? Para que dicha ayuda se otorgue “en función de la “política nacional de desarrollo� (Art. 3). Política que, todos sabemos, no existe.

El Art. 3 continúa: “La ayuda se otorga en función del interés público�. ¿Quién lo determina? La APCI, o sea el gobierno. Por eso, en el Art. 5 se dice que “cada uno de los programas, proyectos o actividades que se ejecuten con recursos de cooperación internacional, deben inscribirse en el Registro de Proyectos de la APCI�. Si no cumplen con el “interés público�, entonces la APCI puede eliminarlos.

Ese es el verdadero objetivo: sacar del camino a las ONG que “incomodan� a los grupos de poder económico y político. Por tanto, la ley tiene nombre propio: son las empresas mineras y petroleras, que desean explotar los recursos naturales allí donde les de la gana, sin respetar los derechos de las comunidades de la zona ni el medio ambiente, que son defendidos por ONGs. Allí tenemos Cerro Quilish, Combayo, Majaz, Tintaya, Las Bambas, Cerro Verde, el gasoducto de Camisea y el conflicto con los achuares.

También están los acusados por violación de derechos humanos: Luis Giampietri, primer vicepresidente, a los que se suma el propio Alan García y Alberto Fujimori. Aquí se trata de silenciar a las ONG defensoras de los derechos humanos, comenzando por Aprodeh y la Coordinadora de Derechos Humanos.
Está también Eduardo Palacios, vocal de la Corte Suprema, atrapado in fraganti recibiendo coimas. A la Corte Suprema y a buena parte del Poder Judicial les molesta que el Instituto de Defensa Legal y otras ONG les exijan transparencia, lo que comienza por el cumplimiento del informe de la CERIAJUS y acabar con la corrupción.

El proyecto de ley es la suma de varias vendettas de estos grupos de poder contra las ONG. Para lograrlo, el APRA y Unidad Nacional (que defiende a los grupos de poder económico) no han vacilado en subirse, de segundones, al vagón del fujimorismo ladrón y corrupto. Por ello, las fuentes de cooperación internacional le han perdido la confianza, así como la opinión pública. Sorprende que el APRA haya decidido dilapidar, de forma tan tonta y rápida, el capital político que tanto le costó recuperar.

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Domingo, 29 de Octubre 2006

Mirko Lauer ( Diario la República)
Anti-ONGs:La ultraderecha al timón



El gobierno está a punto de abrirse un frente de tormenta que va más allá de las ONGs locales y llega hasta el sistema de la cooperación internacional. La idea de retirarles los consejeros a las comunidades que protestan por temas como medio ambiente o derechos humanos parece eficaz a primera vista. Pero les está abriendo la puerta a problemas mayores que la asesoría.

Para una parte importante de los financiadores de fuera podría estar naciendo una nueva causa unificadora. En la cultura política del primer mundo ajustarles las clavijas a las ONGs invariablemente es el inicio de la mano dura contra las comunidades asesoradas. Sobre todo cuando estas busquen consejo estratégico en espacio menos institucionales que las ya bastante fiscalizadas ONGs.

Es evidente que los ingenieros sociales de la iniciativa han confundido la protesta con la asesoría a la protesta (además, las ONGs que asesoran movimientos sociales son una porción ínfima), con lo cual pisan el palito que se han colocado ellos mismos. El siguiente paso tendrá que ser controlar las comunicaciones, locales y de exterior, de las comunidades con reclamos que hacer.

Para la derecha más sincera este es el camino correcto. Es la represión que sus medios reclamaron cuando empezaron los problemas en Cajamarca, en agosto. Solo que ahora por otros medios, desde otro ángulo. Para el fujimorismo que identifica al mundo académico con el movimiento que lo desenmascaró y expulsó en el 2000, esta es una gran victoria. También para el PPC se trata de un gran avance táctico.

En esta votación del Proyecto de Ley 27692 es la primera vez que aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente unidos. En la medida que lleva la carga práctica de la mediación entre la gran empresa y sus descontentos en todo el territorio el gobierno aprista es quien tiene más que perder si el proyecto prospera. Sobre todo si nuevos grupos políticos ocupan los espacios de las ONGs.

Las organizaciones políticas contestatarias ya están allí, con agendas propias perfectamente conocidas. A diferencia de la cooperación internacional, son iniciativas claramente instaladas en la informalidad. En lugar de cuidar el enorme capital humano local y de fuera que son las ONGs, el gobierno está colocando una innecesaria piedra en el zapato de sus ambiciosos proyectos de ayuda social.

La prédica de la derecha puede producir un simulacro de tranquilidad política al gobierno, en cuanto acatarla evita mayores ataques desde los medios que ella controla. Pero aceptar esa asesoría equivale al antiecológico pacto del Dr. Fausto. Esperemos que el partido de los trabajadores manuales e intelectuales reconsidere esta iniciativa, que no podemos reconocer como suya por ningún lado.

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AI: Intervención a ONGs es una pésima señal


Lima, 30/10/2006 (CNR) - Como una pésima señal para la cooperación internacional calificó la sección peruana de Amnistía Internacional (AI) la iniciativa legislativa impulsada, entre otros, por los representantes del fujimorismo en el Congreso, para intervenir en las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
"Las agencias cooperantes están totalmente preocupados por esta señal negativa. Esto va a desalentar la inversión y el Perú puede dejar de recibir una gran cantidad de recursos financieros que a través de las ONGs, que son organizaciones privadas, se gestionan y canalizan hacia los sectores más vulnerables de la población", explicó Ismael Vega, director de AI.
Tras comentar que es un frente innecesario que se abre el Gobierno al pretender tomar el control de las ONGs, Vega manifestó que hay mecanismos claramente establecidos por parte de los cooperantes para que estas organizaciones no gubernamentales rindan cuentas en el uso de los fondos que reciben.
"Las agencias de cooperación internacional no son instancias que otorgan dinero sin ningún tipo de control sino, muy por el contrario, tienen
restricciones muy serias y exigen transparencia, rendición de cuentas, evaluación permanente y una serie de documentos que las ONG están obligadas a presentar", explicó Vega.
Agregó que pretender determinar hacia dónde van los fondos que reciben las ONGs no tiene sentido porque los propios cooperantes internacionales son los que deciden los destinos de los recursos que otorgan.
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PELIGRA COOPERACION INTERNACIONAL

El jueves 27 de Octubre, el Congreso aprobó, en primera votación, el Proyecto de Ley No. 25/2006-PE que atenta contra las libertades de asociación y contratación prevista en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. Este dispositivo puede tener graves consecuencias para la estabilidad jurídica y las relaciones internacionales, ya que el gobierno podrá intervenir en las actividades de entidades privadas que trabajamos en la cooperación al desarrollo.

No nos oponemos a la transparencia y a la fiscalización. Siempre hemos sido supervisadas por la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, ESSALUD, la Superintendencia de AFPs y la propia APCI. Además, respondemos a los exigentes mecanismos de control de las propias fuentes cooperantes por los recursos que nos otorgan mediante contratos privados, tal como ellas lo han informado al Gobierno. Por otra parte, los proyectos que elaboramos y ejecutamos con la población se encuentran articulados con los Planes de Desarrollo Concertados de las regiones y localidades donde trabajamos.

A lo que nos oponemos es a que el Gobierno controle y maneje, mediante criterios ambiguos, las decisiones de instituciones no gubernamentales. En ese sentido, invocamos al Congreso de la República a evitar el daño que se le puede ocasionar al país, desestimando en la segunda votación esta propuesta inconstitucional que genera un clima adverso para la cooperación internacional dirigida a promover desarrollo, democracia y derechos humanos en el país.

¿Cuales serán las consecuencias si este proyecto se aprueba en segunda votación?

1.     Desalentará la inversión que representan los fondos de ayuda al desarrollo. Por lo tanto, el Perú dejaría de recibir los necesarios fondos de cooperación internacional, que se gestionan y canalizan a través de asociaciones, gremios y organizaciones sociales, gremios empresariales, iglesias, universidades y otras instituciones de la sociedad civil.
2.     Afectará a los sectores más vulnerables y excluidos de la población: familias de bajos ingresos, pequeños productores agrarios, comunidades indígenas, pequeños y micro empresarios, municipalidades rurales, víctimas del conflicto interno, personas con discapacidad, ciudadanas y ciudadanos afectados en sus derechos básicos, entre otros.
3.     Instituciones de carácter privado serán controladas por el Gobierno con una norma ambigua e imprecisa que le permite determinar con quien se debe contratar, qué proyectos realizar, en qué sectores invertir, entre otros aspectos.
4.     Esta iniciativa legal podrá ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien las irregularidades en la gestión del Estado, la ineficacia de algunas políticas públicas o la violación de derechos humanos.
5.     Se crea un peligroso precedente mediante el cual el Gobierno podría extender este criterio a otras entidades privadas.

Lima, 27 de octubre de 2006


•     Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
•     Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
•     Coordinadora Nacional de Radio (CNR)
•     Coordinadora Rural de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias (Coordinadora Rural)
•     Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME)
•     Grupo de Iniciativa por los Derechos de los Niños (GIN)
•     Grupo Propuesta Ciudadana
•     Grupo Red de Economía Solidaria (GRESP)
•     Foro Ciudades para la Vida
•     Foro Educativo
•     Foro Salud
•     Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) – Capítulo Perú
•     Red Científica Peruana (RCP)
•     Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA)
•     Red Jubileo Perú
•     Red Nacional de Promoción de la Mujer
•     Sociedad Nacional del Ambiente (SNA)

•     Acción Solidaria para el Desarrollo-COOPERACCION
•     Asociación de Comunicadores Sociales-CALANDRIA
•     Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
•     Centro Andino de Educación y Promoción “José María Arguedasâ€? (CADEP-JMA)
•     Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)
•     Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo-DESCO
•     Centro de Investigación, Documentación
•     Centro de Investigación Social y Educación Popular-ALTERNATIVA
•     Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN
•     Comisión Andina de Juristas (CAJ)
•     Fomento de la Vida (FOVIDA)
•     Forum Solidaridad Perú
•     Instituto de Defensa Legal (IDL)
•     Instituto de Desarrollo Urbano-CENCA
•     Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
•     Instituto Ecologista-NATURA
•     Movimiento MANUELA RAMOS
•     Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)
•     Servicios Educativos El Agustino (SEA)
•     Servicios Educativos Rurales (SER)


NOTA: las organizaciones que aparecen en rojo no alcanzaron a confirmar su adhesión al comunicado hasta las 18:00 en que se tenía que entregar la versión final del pronunciamiento a los diarios.
Mira també:
http://www.cnr.org.pe

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Sindicato Sindicat