Represión y asesinatos del Estado, Chiapas. Mèxico. Pronunciamiento 14-M

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Represión y asesinatos del Estado, Chiapas. Mèxico. Pronunciamiento 14-M
per Petul	15 mar 2006
CONTRA LA BRUTALIDAD POLICÃ?ACA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÃ?TICOS Y CONTRA EL HOSTIGAMIENTO A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÃ�A EN TODO EL PAÃ?S
San CristÃ³bal de Las Casas, Chiapas, MÃ©xico. 14 de marzo de 2006. CONTRA LA BRUTALIDAD POLICÃ?ACA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÃ?TICOS Y CONTRA EL HOSTIGAMIENTO A LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÃ�A EN TODO EL PAÃ?S Pronunciamiento polÃtico de los adherentes a la Sexta DeclaraciÃ³n de la Selva Lacandona, â��La Otra CampaÃ±aâ�? en San CristÃ³bal de Las Casas En nuestro paÃs el pueblo sufre un sistema de administraciÃ³n y procuraciÃ³n de justicia, que obstaculiza el ejercicio de la libertad, la democracia y la justicia misma, porque ha sido utilizada, las mÃ¡s de las veces, para reprimir la acciÃ³n social en lugar de garantizar la seguridad y el acceso a la misma. En MÃ©xico y tambiÃ©n en Chiapas, los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Pablo Salazar, respectivamente, se han preocupado por la seguridad del Estado, pero no por la del pueblo, en ese sentido imponen la cÃ¡rcel a la disidencia mÃ¡s que juzgar el delito; censurando la libertad de expresiÃ³n en lugar de garantizarla; reducen la edad penal antes que buscar oportunidades de desarrollo para los jÃ³venes; cuidan las ganancias de transnacionales en perjuicio del patrimonio de los chiapanecos; asÃ las leyes en la mayorÃa de los casos, son contrarias al desarrollo y a la justicia que tanto pregonan. En Chiapas la violencia ejercida por el Estado y ejecutada por el EjÃ©rcito, la PolicÃa Sectorial, la AFI, la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n y los grupos de poder local, desafortunadamente no es novedad, porque es algo que ocurre cotidianamente, donde los aparatos policÃacos son utilizados de manera indiscriminada para perseguir y reprimir a las comunidades indÃgenas, las organizaciones sociales y a los luchadores sociales. Tanto los gobiernos municipales, estatales y federal, han hecho uso de las fuerzas policiales de manera indiscriminada y en distintos momentos para acallar las voces disidentes, donde la brutalidad policÃaca no es mas que el sÃntoma de un gobierno dÃ©bil y sin credibilidad. La cuenta de la represiÃ³n del Pablo Salazar con los operativos policiales en el estado, mÃ¡s que disminuir y evitar violaciones de los derechos humanos, se han presentado de manera recurrente y con el total desdÃ©n del gobierno para que se castigue a quienes abusan de su autoridad. Tan solo para ejemplificarla mencionamos los siguientes casos: En febrero de 2001, al tres meses de iniciado el gobierno de Pablo Salazar, en el municipio de Ixtapa, se reprimiÃ³ a los ciudadanos descontentos que pretendÃan instaurar un municipio autÃ³nomo; en julio del mismo aÃ±o en la comunidad San JosÃ©, MarquÃ©s de Comillas, los policÃas robaron, golpearon brutalmente a hombres y mujeres, y encarcelaron de manera ilegal a mÃ¡s de 50 pobladores. En el perÃodo de gobierno de Pablo Salazar se han contabilizado mÃ¡s de 20 operativos similares a los de Ixtapa y San JosÃ©. Los gobiernos municipales tambiÃ©n han usado los cuerpos policiacos de distinta Ãndole para reprimir, como el caso de JerÃ³nimo GÃ³mez LÃ³pez desaparecido por la policÃa de Simojovel, desde diciembre de 2000. Hasta el dÃa de hoy no aparece, y no hay ninguna autoridad municipal que se haga responsable o que este siendo investigada por este caso. De igual manera la Tortura en Chiapas, es una forma de â��investigaciÃ³n policÃacaâ�?, precedida de manera recurrente por una DetenciÃ³n Arbitraria, violentando asÃ el Derecho a la Libertad Personal, y desencadenando otra serie de actos violatorios a las garantÃas individuales de manera sistemÃ¡tica, por parte de las autoridades de la ProcuradurÃa (hoy FiscalÃa General) y en complicidad con los jueces, privando a los ciudadanos del Derecho de GarantÃas Judiciales, Derecho de Igualdad ante la Ley y al Derecho a la ProtecciÃ³n Judicial, llegando incluso a concluir en la violaciÃ³n del Derecho fundamental a la Vida, a travÃ©s de la EjecuciÃ³n. Es el caso del seÃ±or Luis Ignacio Lara Vidal (alias el gÃ¼ero), comerciante de Cintalapa, detenido en agosto de 2005 por Agentes Estatales de InvestigaciÃ³n, quien falleciÃ³, presuntamente por la tortura de que fue objeto, mientras estaba bajo custodia de tres Fiscales del Ministerio PÃºblico cuando lo trasladaban de la ciudad de Cintalapa a Tuxtla GutiÃ©rrez. La responsabilidad en la investigaciÃ³n de los cuerpos policiacos y autoridades que han violado los derechos humanos ha sido negativa, en MÃ©xico y en Chiapas. En los casos en que se ha cometido tortura, detenciones arbitrarias, brutalidad policial o ejecuciones extrajudiciales, no se abren investigaciones imparciales, pues en su gran mayorÃa los acusados son los mismos que se investigan, o sea que son juez y parte. Por si fuera poco el gobierno de Pablo Salazar ha sido constante en elevar las penas a delitos aplicables a su detractores y crÃticos como la â��difamaciÃ³nâ�? y â��calumniaâ�? en 2004, que si bien ahora echa para atrÃ¡s, aÃºn no se despenalizan como ha sido reclamado por organismos internacionales de derechos humanos; la ampliaciÃ³n de tipos penales polÃticos, como los â��delitos contra el orden constitucionalâ�?, incluyendo la pena de cÃ¡rcel a quien â��pÃºblica o privadamente manifieste que no debe guardarse toda o parte de la ConstituciÃ³n PolÃtica del Estado(...)â�?. Pero crea leyes que protegen a las autoridades para poder seguir violando derechos humanos: en 2006 la nueva propuesta de reformas conlleva la prohibiciÃ³n explÃcita de acusar a las autoridades por â��privaciÃ³n ilegal de la libertadâ�?; a pesar del gran nÃºmero de denuncias y de evidencias de los abusos policiales durante el gobierno actual, se impulsÃ³ una reforma en 2004 que reduce la pena por â��brutalidad policÃacaâ�?; para protegerse el gobernador convierte a la ProcuradurÃa en FiscalÃa dÃ¡ndole una autonomÃa sin ningÃºn control ciudadano, en realidad creando un monstruo con mayor impunidad. Todas estas reformas han sudo impulsadas por Pablo Salazar y aprobadas por todos los partidos representados en el Congreso del estado. Si el ciudadano comÃºn no esta seguro, los luchadores sociales, los periodistas crÃticos al gobierno y defensores de derechos humanos, aÃºn menos; pues la ley sirve para perseguir y acallar, no para acercar la justicia. Las corporaciones policiales se utilizan con fines polÃticos o para proteger privilegios, mÃ¡s que para dar garantÃas de seguridad. En este contexto de represiÃ³n estructural, hoy 14 de marzo nos manifestamos contra la ola represiva que se lleva a cabo en Chiapas y en MÃ©xico contra los adherentes y promotores de la Otra CampaÃ±a en diversos estados y que los medios de comunicaciÃ³n, en su mayorÃa han callado. En varios estados, en el contexto del desarrollo de la Otra CampaÃ±a, policÃas estatales y federales han jugado un papel represor en contra de adherentes a La Otra CampaÃ±a. Inicialmente evitando la colocaciÃ³n de mesas de informaciÃ³n, pega de carteles, han solicitado informaciÃ³n personal de organizadores de las visitas del Delegado Zero, en algunos lugares se ha denunciado la presencia de elementos del ejÃ©rcito federal en comunidades rurales donde se presentarÃa el Delegado; en otros personas no identificadas mantienen vigilancia de casas de activistas; otro reportan amenazas de muerte directa o vÃa telefÃ³nica; allanamientos en casas de promotores de la Otra CampaÃ±a dejando mensajes subliminales. Pero no ha sido todo, tambiÃ©n la policÃa ha reprimido violentamente a comunidades y organizaciones adherentes, con saldo de detenidos, golpeados y desaparecidos, particularmente en Oaxaca En Chiapas para reprimir se ha utilizado el aparato de justicia, como en los casos de Mario Ã?lvarez de la CUT de Palenque y DÃ¡maso Villanueva de San CristÃ³bal, donde la justicia es utilizada para inhibir la participaciÃ³n social en la Otra CampaÃ±a pretextando conflictos legales entre particulares; manipulaciÃ³n de la justicia que violenta las garantÃas de todo ciudadano a participar pÃºblica y pacÃficamente en la organizaciÃ³n de su preferencia. La CFE y las autoridades agrarias agitan y promueven las contradicciones ya existentes en comunidades donde existe resistencia al pago de energÃa elÃ©ctrica por las altas tarifas y donde se impone el PROCEDE, programa que sirve para promover la privatizaciÃ³n de la tierra. En otros casos el gobierno federal pretende vincular al EZLN con el narcotrÃ¡fico para justificar la represiÃ³n, cosa que rechazamos. Exigimos que sÃ se castigue a los verdaderos narcotraficantes, pero no a los zapatistas con pretextos falsos. En San CristÃ³bal de Las Casas se han registrado diecisÃ©is denuncias relacionadas con hostigamiento, amenazas, atentados contra la integridad fÃsica y encarcelamiento de activistas de la Otra CampaÃ±a. Son muchas y variadas las formas en que se nos estÃ¡ reprimiendo y en la mayorÃa de los casos se han presentado las denuncias ante las autoridades de justicia, mismas que parecieran que no tienen voluntad, ni interÃ©s para garantizar la seguridad y la libre participaciÃ³n de los afectados. Ante esta situaciÃ³n exigimos un alto a la represiÃ³n y responsabilizamos al gobierno federal y estatal de cualquier forma de intimidaciÃ³n, represiÃ³n, agresiÃ³n e intentos de inhibir nuestra participaciÃ³n civil y pacÃfica en la construcciÃ³n de otra forma de hacer polÃtica, en otro MÃ©xico, otro Chiapas; porque la fuerza de la razÃ³n nos acompaÃ±a, nuestro paÃs no puede ir mÃ¡s por el rumbo en que lo han llevado los partidos polÃticos y los mal llamados polÃticos profesionales; tampoco podemos permitir la corrupciÃ³n y la impunidad, no aguantaremos mÃ¡s la brutalidad policÃaca y la complicidad del silencio de las autoridades. Para ello estamos convocando a todas las organizaciones estatales, municipales, a individuos, comunidades, organismos no gubernamentales, colectivos, cooperativas, que estÃ©n siendo reprimidos en la Otra CampaÃ±a y en todos los procesos de lucha, aunque no sean adherentes de Ã©sta, a que asistan al Encuentro Estatal Contra la RepresiÃ³n, a celebrarse el prÃ³ximo 9 y 10 de abril en lugar aÃºn por definir. Ante el silencio cÃ³mplice de la represiÃ³n, la brutalidad y la impunidad, todos unamos nuestras voces. Queremos dejarle claro al Estado, que la persecuciÃ³n, la cÃ¡rcel, el hostigamiento, la vigilancia policial y las agresiones, no evitarÃ¡n organizarnos y juntarnos con nuestros hermanos de otros municipios, de otros estados y de otros paÃses que sufren la represiÃ³n. Manifestamos nuestra decisiÃ³n de seguirnos juntando y organizando en encuentros, en foros y todo tipo de eventos que construyan otras formas mÃ¡s justas, mÃ¡s libres, mÃ¡s democrÃ¡ticas de participaciÃ³n de la sociedad civil para construir un MÃ©xico mejor para todos y todas. Â¡ALTO A LA BRUTALIDAD POLICÃ?ACA Â¡ Â¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÃ?TICOS! Â¡CESE AL HOSTIGAMIENTO DE LAS Y LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÃ�A EN TODO EL PAÃ?S! LOS ADHERENTES DE LA â��OTRA CAMPAÃ�Aâ�? EN SAN CRISTÃ�BAL DE LAS CASAS http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=119890 brutalidad policiaca: http://brutalidadpoliciaca.ezln.org.mx http://www.ezln.org.mx http://enlacezapatista.ezln.org.mx http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denuncias Lea una serie de las mas recientes denuncias sobre la ola de represion y violencia que recorre el pais tras la visita de la Otra CampaÃ±a en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y Jalisco... Las organizaciones, comunidades, pobladores, colectivos, y individuos exigen una cese inmediata de las represiones!!! http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=119497
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