La policía embarga el correo del movimiento
Redada en el servidor de "autistici". Millares de e-mails bajo control, desde los anarquistas a los abogados del G8
SERENA TINARI

El 15 de junio de 2004, un equipo de la policía postal desembarca en Soci, provincia de Arezzo, y se presenta en la sede del proveedor Aruba. Solicita el acceso a un ordenador que pertenece a la asociación Investici, titular de los dominios autistici.org e inventati.org. No es precisamente uno cualquiera: Investici aloja 500 sitios, 600 listas de discusión con 30 mil participantes y 5.000 casillas de correo. Es una asociación sin fines de lucro comprometida con temas sobre la intimidad y los saberes digitales. A diferencia de los proveedores comerciales, donde la correspondencia se realiza "abierta" y los datos de los usuarios, por lo tanto, son de dominio público, Investici ofrece comunicaciones seguras, ya que están encriptadas con el protocolo Ssl. Por este motivo, estos sitios son algo muy estimado por activistas y abogados, periodistas y grupos universitarios, asociaciones humanitarias y sindicales. En junio de 2004 la policía postal llegó hasta Aruba a causa de una casilla de correo @inventati, la del colectivo anarquista Crocenera. Aruba calla, es decir, consiente: apaga la máquina y permite a la policía copiar el contenido. Luego añade la diligencia y miente a su cliente: Investici reclama que el servidor no funciona, Aruba responde que es un problema de "toma eléctrica". Todo queda en silencio durante un año: en mayo de 2005, siete personas relacionadas con Crocenera fueron detenidas entre Roma y Bolonia: la Fiscalía embarga la casilla de correo y el sitio, alojado por ecn.org, porque contendría material para una supuesta subversión violenta. "Pero no había nada del género, sólo textos teóricos sobre la cárcel", explica el abogado de ecn, Gilberto Pagani, que ha solicitado el desembargo al tribunal correspondiente. Mientras tanto, el Tribunal anuló los arrestos porque estaban "inmotivados". Y con el recurso de ecn llega el acceso a las actas del sumario: unas cincuenta páginas donde se describen las fases.

Y es entonces que la asociación Investici descubre estar desnuda desde hace un año frente a la policía postal, que copiando el servidor ha adquirido los datos para un potencial fichaje de masa. "Han relevado los "certificados de seguridad" inutilizando el protocolo Ssl. Todo el tráfico está en riesgo", explican desde Investici. "No podemos saber cuáles datos han tomado ni qué han hecho". Cada comunicación que pasó a través de autistici e inventati puede haber sido interceptada, y además de los daños, se perfila el fraude: según Pagani "a simple vista parece una Patriot Act a la italiana, sin base legal". Porque la policía estaba autorizada a interceptar las comunicaciones de Crocenera, pero no a intervenir sobre el servidor.

Investici da cuenta de la "muerte clínica, en Italia, de la privacidad digital". Y protesta por no haber sido avisada por Aruba: "la presencia de nuestros abogados habría impedido violar la intimidad de millares de usuarios". Los verdes Bulgarelli y Cento han depositado un pedido de informes parlamentario al Ministro de las Comunicaciones sobre el comportamiento del proveedor, "gravemente perjudicial para los intereses de Investici y del derecho a la intimidad". La asociación procederá por vía judicial, prepara un informe para el Garante de la Intimidad, y transferirá a una máquina "limpia" su actividad. Además: "desde hace un año trabajamos en un proyecto de reestructuración, para rendir a nuestros servicios más resistentes a los ataques. Esperamos estar listos al final del verano". Pero la lección es definitiva: "no existe estructura política o instrumento tecnológico que esté en grado de garantizar la intimidad y la única solución es la "criptografía fuerte", como el gpg".

La operación de la policía postal, mientras tanto, involucra también al Genova Legal Forum: las casillas de correo y las listas de coordinación de los abogados y consultores técnicos sobre los juicios del G8 de Génova están alojadas en inventati.org. Supportolegale da cuenta que "por segunda vez, después del embargo de los equipos portátiles de dos consultores en marzo, la estrategia defensiva del Glf está a disposición de la fiscalía: documentos, análisis y cuerpos del delito que todavía no fueron presentados en el tribunal. Burlando el secreto instructorio y los derechos de la defensa".