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Las chicas y los chicos en Argentina
per Hugo Alberto de Pedro Correu-e: hugodepedro ARROBA speedy.com.ar (no verificat!)	31 mar 2005
Habría que colocar a las hijas e hijos de los funcionarios, legisladores y jueces en idénticas situaciones a las que están expuestos los que provienen de hogares carenciados. ¿Qué pasaría si no vivieran en excelentes viviendas? ¿Qué pasaría si no fuesen a colegios privados? ¿Qué pasaría si no tuviesen servicios prepagos de salud? ¿Qué pasaría si no utilizaran los vehículos oficiales para trasladarse y no tendrían custodia? ¿Qué pasaría si los debieran mandar a vivir en “paradores�?
Las chicas y los chicos en Argentina “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño� Art. 3 Inc. 1 Convención Sobre los Derechos del Niño Jerarquía constitucional, Art. 75 Inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina por Hugo Alberto de Pedro Chicas y chicos en la calle Ha salido a la luz pública las barbaridades cometidas por el accionar policial con la persecución de las chicas y los chicos que se encuentran trabajando en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando el justificativo "Contravencional" para llevar a decenas de ellos presos. Siempre se actúa tarde desde el Estado, si es necesario que desde el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como desde algunas Organizaciones no Gubernamentales se alcen las voces de alerta y condena. Cuando los medios de comunicación informan aparecen rápidamente planes multimillonarios para hacernos creer que se está trabajando en esta problemática. Sí para el gobierno porteño la cantidad de niños en la calle es 2.500 o 4.000 seres humanos no es una cuestión menor, aunque sean menores las víctimas de un sistema económico-social empecinado en arrojarlos a la mayor de las pobrezas e indigencia. O sea el abandono. ¿Quién puede creer que un Estado ausente y culpable del padecimiento que sufren nuestros menores ahora haga lo que se debería haber realizado desde el comienzo de ésta problemática?. Ya es tarde. Siempre es tarde. Porque los sufrimientos y las deshumanizadas políticas que los tiraron a la calle no cambiarán porque se aumenten los presupuestos para su contención social o psicológica. Fueron éstos muy necesarios desde los comienzos de la crisis producida por los políticos. No son culpables las chicas y chicos que han debido salir a las calles a mendigar, limpiar vidrios o hacer malabarismos para conseguir unos cuantos pesos al final del día. Los culpables son los que dicen representar al pueblo. ¿Acaso los hacedores de la política no saben que hay 9.000.000 de niños pobres y que la mitad de ellos están en estado de indigencia?. Chicas y chicos sin educación Los políticos y sus políticas desprecian la educación. Desconocen las preocupaciones que sobre el tema allá por comienzos del 1800 ya tenían Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano para instruir con uniformidad a la juventud. Desconocen también que en el año 1884 se estableció la educación obligatoria, gratuita, gradual y laica, con la activa participación de Domingo Faustino Sarmiento, propiciando el desarrollo moral, intelectual y físico de todos los niños a través de la Ley Nº 1.420. Siglos han pasado. Los senadores tienen en estudio un proyecto de Ley para llevar a estudiar a los cuarteles del Ejército Argentino a los jóvenes entre 15 y 17 años, y el Gobierno Nacional otro proyecto para el financiamiento de la educación que fue anunciado por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus, en junio del año pasado, aunque sin embargo tiene sus olvidados antecedentes en el año 1998. Años siguen pasando. Ellos, los políticos, pierden el tiempo escribiendo legislaciones que siempre se violentan, que no se respetan y que solamente persiguen la necesidad de mostrarse preocupados por la educación que desgraciadamente desprecian. Sí, la desprecian porque saben que en ella están las garantías de que los pueblos sean libres e instruidos en sus libertades, derechos y obligaciones. Solamente hay que ver la situación educativa en cualquiera de los niveles de enseñanza para comprobar su abandono y sus consecuencias. Los políticos no hacen nada para que terminen los estudios el 50% de los adolescentes que lo abandonan. En las comunidades y pueblos del interior del país, alejados de las ciudades, se verifica la perversidad del sistema educativo al no ofrecer posibilidad alguna de continuar con los estudios por la falta de colegios. Chicas y chicos sin servicios de salud Todos somos conscientes de que la salud de los niños, adolescentes y jóvenes no forma parte de una preocupación y ocupación del Estado. Solamente hay que analizar la situación de los hospitales públicos con las carencias visibles y comprobadas en insumos, remedios, instalaciones y profesionales. Las políticas de prevención de enfermedades y la desnutrición infantil están ausentes en los sitios donde la pobreza y la indigencia condena a los menores, que padecen las consecuencias no solamente en su niñez, sino también en los trastornos en su crecimiento y desarrollo. Está claro que a la hora de crear programas de salud todos están dispuestos a escribir, escribir y escribir; pero al momento de llevarlos a la practica no se combaten las inequidades y diferencias siguen agravando la situación de los más necesitados. ¿Acaso no saben los políticos que el 48% de la población no tiene cobertura de salud?. Chicas y chicos sin seguridad Hoy se cumplen 90 días desde el trágico incendio del boliche República Cromagnon que ha costado la vida de 193 personas, la mayoría adolescentes y jóvenes, producto de la desidia y abandono del Estado. Las novedades judiciales sobre las investigaciones siguen siendo escasas en la causa que ya ha tenido dos jueces a cargo de la misma. Las artimañas de los abogados defensores de los procesados, imputados y sospechados funcionarios son una clara demostración que la verdad y la justicia siguen siendo cuestiones olvidadas en la República Argentina. Lo concreto es que los fallecidos ya no están disfrutando de la vida, y sus familiares tienen que seguir pasando por el calvario del dolor de la pérdida de sus seres queridos y de la lenta inacción judicial. Ya sea esta última por la demora en la instrucción o bien por consecuencia de un andamiaje judicial que siempre está a favor de los culpables que encuentran en sus acciones dilatorias su salvataje. Sin embargo, han funcionado con celeridad los movimientos políticos tendientes a crear una nube de olvido. Un ridículo pedido de plebiscito para confirmar al jefe de Gobierno de la Ciudad, Dr. Aníbal Ibarra, que ni siquiera convence sus a propios seguidores es una cuestión que no hace al fondo. Debería preocuparse únicamente en determinar quienes han sido los verdaderos responsables de la tragedia, que sabemos muy bien que están en los despachos del poder y de los organismos de prevención y seguridad pública. Los jóvenes masacrados que lograron salvarse han padecido un sufrimiento imborrable de por vida, y una condena a la muerte para los que ya no estarán disfrutando de sus placeres, estudios, trabajos y esperanzas de una existencia feliz. Aunque sea triste reconocerlo, la vida de tantos jóvenes ha servido para que el funcionariato de todo el país se haya apurado a tomar conciencia que la seguridad y la prevención no son simplemente leyes, ordenanzas, decretos o resoluciones sino la acción y las políticas activas. Los jóvenes argentinos son olvidados al momento de prevenir los problemas que ocasionan la inseguridad en las calles. Cualquier madre o padre conoce muy bien la intranquilidad que produce saber que están fuera de la casa, porque afuera están sin control alguno los que trafican drogas, los que los prostituyen y los que llevan hacia los caminos del delito a las chicas y chicos. Allá afuera está la policía y los que apadrina la política. ¿No conocen los políticos las cifras que establecen que el 72% de las víctimas del “gatillo fácil� son jóvenes?. Soluciones Solamente con un viraje extraordinario en las políticas económicas que consideren un inmediato cambio en la distribución del ingreso, las rentas y las riquezas es lo “único� que puede garantizar que estos problemas no aumenten. Garantiza que sean corregidos para siempre y que sea realidad la equidad tan mentada en los discursos facilistas del poder. Son el bienestar, la educación, la salud, y la seguridad en todos sus aspectos los elementos fundamentales, y más aún en un país que tiene todos los recursos necesarios para que los problemas sean solucionados de forma inmediata, efectiva y eficiente. Eso lo sabemos todos y los que manejan las cuentas nacionales y provinciales mejor que nadie. Habría que colocar a las hijas e hijos de los funcionarios, legisladores y jueces en idénticas situaciones a las que están expuestos los que provienen de hogares carenciados. ¿Qué pasaría si no vivieran en excelentes viviendas? ¿Qué pasaría si no fuesen a colegios privados? ¿Qué pasaría si no tuviesen servicios prepagos de salud? ¿Qué pasaría si no utilizaran los vehículos oficiales para trasladarse y no tendrían custodia? ¿Qué pasaría si los debieran mandar a vivir en “paradores�? Esto lo saben muy bien los políticos. Para desgracia de la República están muy ocupados en las elecciones legislativas de octubre para asegurar un mejor posicionamiento político. Ahí están escribiendo las listas de candidatos sin dar la más mínima intervención siquiera a sus propios afiliados. Pobre democracia representativa. Ellos saben que con eso agravan las prácticas que esta triste democracia se empecina en no corregir. Y la consecuencia inmediata es seguir condenando a nuestras chicas y chicos al abandono en la vida por el Estado. Condenada ha sido la mayoría de un pueblo donde la desocupación, el hambre y las necesidades básicas insatisfechas solamente se han transformado en estadísticas mentirosas, que impúdicamente publican sin ningún tipo de vergüenza los funcionarios públicos. La solución está en dar estricto cumplimiento a la Constitución Nacional. 30 de marzo del 2005
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