¿Es conveniente para los cubanos una transición política al gusto de EE.UU.?

En este comentario me propongo analizar qué consecuencias tendría para el pueblo cubano el hecho de que EE.UU. consiguiera sus propósitos hacia Cuba, que según se nos quiere hacer creer son en beneficio de la democratización y prosperidad de la población de la isla. Para ello, no es necesario entregarse al ámbito de la especulación político-social, basta buscar un poco en las leyes que el propio EE.UU. ha emitido a este respecto. Porque dan por hecho este cambio hasta tal punto que en sus leyes han previsto hasta los últimos detalles. Leyendo estos textos, al final, uno tiene dudas de si la deseada "transición democrática" para Cuba debe ser llevada a cabo por los mismos cubanos o directamente por EE.UU. En este último caso, estaríamos ante una anexión "de facto".

El hecho es que de darse este cambio habría dos grandes beneficiados: los EE.UU. y los descendientes de la clase alta y terratenientes cubanos exiliados en Miami. Para el pueblo, un rápido deterioro de los programas de asistencia social, enseñanza, asistencia sanitaria, vivienda y otros que mantienen su precaria calidad de vida por encima de la media de lo que podemos encontrar en la mayoría de estados "democráticos" de América Latina(1).

Por si alguien tiene dudas, la ley Helms Burton, publicada el 1 de marzo de 1966, deja bastante claro qué es lo que, en el fondo, pretende EE.UU. de Cuba. Por lo menos, una de sus metas importantes. Si vamos al Título 2 sección 207 de dicha ley, podemos leer lo siguiente:

"Sec. 207. LIQUIDACION DE RECLAMACIONES DE ESTADOUNIDENSES PENDIENTES RESPECTO DE PROPIEDADES CONFISCADAS EN CUBA"

El título es ya de por sí bastante explícito, pero no está de más detenernos en algunos de sus párrafos:

"d) SENTIR DEL CONGRESO.-- Es el sentir del Congreso que la liquidación satisfactoria de las reclamaciones de propiedades por parte de un Gobierno cubano reconocido por los Estados Unidos sigue siendo una condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba."

Es decir, por un lado tenemos que se revertirían los efectos de la reforma urbana, que hizo propietarios al 85% de quienes en la actualidad disponen de vivienda, que pasarían de nuevo a la condición de arrendatarios (en el mejor de los casos). Por otro lado, la devolución de tierras a los antiguos terratenientes privaría de subsistencia a la casi totalidad de la población campesina, que de pequeños propietarios pasarían a simples jornaleros (la mayoría de ellos en paro, porque seguramente los nuevos propietarios mecanizarían la industria agrícola para minimizar el uso de mano de obra). Incluso se desalojarían las empresas europeas, mexicanas y canadienses que operan en Cuba dentro de la legalidad. Sí, sí, no se lo pierdan:

"Sec. 302. RESPONSABILIDAD POR EL TRAFICO CON PROPIEDADES CONFISCADAS RECLAMADAS POR NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

a) RECURSO CIVIL. 1) RESPONSABILIDAD POR TRAFICO. A) A menos que se disponga lo contrario en la presente sección, toda persona que al término de un período de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este título trafique con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano el 1º de enero de 1959 o después, será responsable ante todo nacional de los Estados Unidos que sea titular de una reclamación sobre dicha propiedad..."

El rencor que encierra todo este tema en la ley Helms Burton llega a conferirle extremos de una extravagancia sorprendente:

"TITULO IV -- EXCLUSIÓN DE DETERMINADOS EXTRANJEROS.

Sec. 401. PROHIBICIÓN DE ENTRADA EN LOS ESTADOS UNIDOS A LOS EXTRANJEROS QUE HAYAN CONFISCADO PROPIEDADES DE NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS O QUE TRAFIQUEN CON DICHAS PROPIEDADES."

Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que antes de la Revolución, EE.UU. poseía casi el 50% de las plantaciones en explotación en suelo cubano, casi la totalidad de los servicios públicos, la industria del ocio y además toda la industria pesada. Imaginen que todo esto haya que devolverlo... ¿qué queda para el pueblo cubano que vive actualmente en la isla?

Pero vayamos por partes. No me voy a entretener a hacer un balance de la situación de la sociedad cubana antes y después de la Revolución, estudios de este tipo abundan y son harto conocidos. Baste decir que en educación, sanidad, empleo y prestaciones sociales se dió un salto enorme. El hecho es que se sigue presentando a Cuba como un caso flagrante de país que sume en la miseria y la indigencia a sus habitantes por culpa de un régimen despótico e inhumano. Nada más lejos de la verdad. Y, para argumentar lo que digo, me remito a estudios serios sobre la situación.

Echemos una ojeada al Informe de Desarrollo Humano para 2004, publicado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y que puede encontrarse en la web de Naciones Unidas. En dicho informe, de 175 naciones estudiadas Cuba ocupa el puesto 52. De hecho, en Latinoamérica solo la superan Barbados, Argentina, Saint Kitts and Nevis, Chile, Costa Rica, Uruguay y Bahamas. Toda una sorpresa cuando parece que Cuba fuera el lugar más miserable del mundo al decir de sus opositores. Y cabe tener en cuenta que los parámetros empleados por el PNUD no tienen en cuenta el efecto positivo de los eficaces programas de protección social que se llevan a cabo en Cuba y no en cambio en los siete estados que van por delante de ella en esta valoración.

Veamos otro ejemplo. La UNESCO ha realizado esfuerzos para lograr una educación de mayor calidad y con equidad y fue así que en  coordinacíon con su oficina regional para America Latina y el Caribe (OREALC), se constituyó en noviembre de 1994 el LLECE (Evaluación de la Calidad de Enseñanza), al cual Cuba se incorporó en agosto de 1995.  Hoy integran el Laboratorio 14 paises latinoamericanos y el resto esta solicitando su ingreso. Pues bien, en el estudio comparativo del nivel alcanzado en estos países por los alumnos, los cubanos duplican (sí, sí, duplican) el nivel del resto de latinoamericanos. Y esto no hace falta buscarlo en el Granma ni en el Juventud Rebelde. Los escépticos pueden ver el reporte publicado en el New York Times del 14 de diciembre del 2001.

También podemos echar una ojeada a los indicadores sociales básicos que publica anualmente Amnistía Internacional. La esperanza de vida para los varones se establece en 76,95 años, no igualada por ningún otro estado de Latinoamérica, ni siquiera por EE.UU. La mortalidad infantil, del 11 por mil, solo es superada por Chile, con 10 por mil. Podemos ver, en otros indicadores, que el acceso de la población a agua potable es del 93%, el mayor de Latinoamérica, el índice de calorías diarias ingeridas en la alimentación (del 109% del mínimo) es también el mayor en la zona, y el índice de analfabetismo es solo ligeramente mejorado por Uruguay.

El desempleo, por otro lado, se sitúa en torno al 4%. Recuérdese que en la Cuba de Batista el desempleo era del 33,5%, el analfabetismo llegaba al 24% y la mortalidad infantil al 60 por mil.

Ante estos datos, cabe preguntarse qué es lo que EE.UU. pretende "arreglar" en Cuba. De hecho, llevan varias décadas "arreglando" el resto de América Latina con sus programas económicos. Si no, vean el siguiente extracto de un artículo de Osvaldo Martínez donde se da cuenta de esa situación:

"Dos décadas y media de Consenso de Washington no dieron mayor crecimiento económico ni mayor participación de América Latina en la economía mundial ni mayor bienestar o avance social para los latinoamericanos. Lejos de eso el crecimiento fue inferior al alcanzado sin neoliberalismo, la región pesa hoy menos en la economía mundial y se hizo más vulnerable a las crisis financieras. Ninguno de sus países dejó de ser subdesarrollado, pero en cambio, el Consenso de Washington ganó para América Latina un triste campeonato mundial: el de la desigualdad e injusticia en la distribución del ingreso, y si bien no logró aumentar la capacidad productiva regional pues la apertura económica arrasó con buena parte de la industria, logró producir pobres en gran escala para tener ahora 227 millones y de ellos 94 millones en la indigencia."

Y ahora nos salieron con el famoso Informe de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, en julio de este año, que en sus 450 páginas establece un paquete de medidas en virtud del cual se interfiere de forma intolerable en las relaciones familiares entre cubanos de uno y otro lado del estrecho de Florida. Y si no, vean una síntesis de dichas medidas:

. Disponer de 59 millones de dólares en los próximos 2 años para financiar las acciones dirigidas a la destrucción de la Revolución. Este dinero sería utilizado, entre otros propósitos, para:

a) Crear un fondo internacional para el desarrollo de la "sociedad civil" en Cuba, que atraiga a personal "voluntario" de terceros países para que viajen a nuestro país y ofrezcan ayuda a los mercenarios a su servicio en Cuba. En la práctica, es la organización de un cuerpo de mensajeros para suministrar apoyo financiero y logístico a la contrarrevolución.

b) Establecer de conjunto con la OEA un "plan de becas" para que elementos contrarrevolucionarios seleccionados por ellos estudien en universidades norteamericanas y de América Latina. Es, en esencia, su plan de formación de cuadros para la contrarrevolución en Cuba.

c) Financiar programas para apoyar lo que llaman "esfuerzos pro democracia de los jóvenes, las mujeres y los cubanos de origen africano". Insólito objetivo, viniendo del país de la discriminación de todo tipo y el Ku Klux Klan.

d) Dedicar 18 millones de dólares a las transmisiones de las mal llamadas TV y Radio Martí, a través de un avión C-130 dedicado exclusivamente a ello.

e) Mantener e incrementar las campañas públicas contra Cuba en el extranjero en las que se trate sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, el "espionaje cometido contra otros países", la "subversión contra los gobiernos democráticamente electos en América Latina" y otras acciones definidas como una amenaza para los intereses de los Estados Unidos; así como la promoción de conferencias internacionales o nacionales en terceros países para "diseminar información" sobre las políticas de Estados Unidos para promover la "transición" en Cuba. Es el anuncio de otros 5 millones de dólares para financiar la campaña internacional de desprestigio y mentiras contra Cuba.

2. Limitar los receptores de remesas de dinero y paquetes a los familiares directos de cubanos residentes en los Estados Unidos, definidos estos exclusivamente como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos. Significa que, a partir de ahora, un cubano residente en Estados Unidos será el único inmigrante que tendrá prohibido enviarle ayuda económica a una tía anciana u otro familiar cercano.

3. Prohibir a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares, si estos son "funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista". Una madre, por ejemplo, de 70 años, deberá renunciar a sus derechos políticos para recibir una remesa.

4. Reducir las visitas a nuestro país de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual como es hoy a un viaje cada tres años. Establece la restricción adicional de la necesidad, a partir de ahora, de un permiso específico para cada viaje, en lugar de la licencia general vigente hasta hoy. Limita el otorgamiento de permiso para viajar a Cuba, sólo cuando se trate de visitar a familiares inmediatos. A estos efectos, el gobierno de Estados Unidos decreta que a partir de este momento la definición de familia será "abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos". Es decir, en lo adelante ya un primo, una tía, u otro familiar cercano no será, según el presidente Bush, miembro de la familia. Establece, además, que los cubanos recién llegados a los Estados Unidos sólo podrán viajar a Cuba tres años después de haber emigrado. Mientras el gobierno de Cuba flexibiliza cada vez más las visitas al país de los emigrados, el gobierno de los Estados Unidos multiplica los obstáculos. ¿A qué temen?

5. Disminuir la cantidad de dinero que puedan gastar los cubanos residentes en Estados Unidos para cubrir sus gastos durante sus visitas a Cuba de 164 dólares a 50 dólares diarios. Una nueva y arbitraria discriminación contra la comunidad cubana en Estados Unidos.

6. Ordenar a las autoridades norteamericanas que realicen "operaciones encubiertas" contra todo el que traiga dinero a familiares en nuestro país de cubanos radicados en Estados Unidos. Incluso, se ofrecen recompensas a aquellos que delaten los envíos ilegales de remesas familiares.

7. Continuar restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y el intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas a través de regulaciones más rígidas que las actuales. Recordemos que las licencias para el llamado "intercambio pueblo a pueblo" ya fueron eliminadas por la Administración Bush.

8. Realizar un estudio riguroso para que se pueda evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton es contraria a los intereses norteamericanos o si su aplicación podría acelerar la caída de la Revolución Cubana. En la práctica, evoca la posibilidad de autorizar la celebración de juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros países que hagan negocios con Cuba, lo que no se ha aplicado hasta ahora.

9. Aplicar firmemente las sanciones contenidas en el Título IV de esa misma ley, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas extranjeros en Cuba, e incluso se dedicarán más recursos y personal para aplicar la Ley Helms-Burton.

10. "Neutralizar" a las compañías cubanas que se dedican a la actividad económica vinculada con el sector externo. Para ello se crearía un Grupo de Evaluación de Bienes, dedicado a investigar a las compañías cubanas y extranjeras que comercian con Cuba.

11. Elevar los esfuerzos para involucrar a gobiernos de terceros países en las campañas contra la Revolución cubana.

12. Apoyar las acciones en terceros países para desestimular el turismo hacia Cuba.

13. Continuar negando las visas a funcionarios cubanos que deben viajar a Estados Unidos.

14. Crear un puesto de Coordinador para la Transición en Cuba a nivel del Departamento de Estado, quien se encargaría de chequear la aplicación de todas estas medidas.

Y esto es sólo la síntesis del contenido del primer capítulo. Los otros cinco capítulos abordan con desfachatez las medidas que pondría en vigor el gobierno de Estados Unidos en Cuba una vez que lograsen su sueño de derrocar a la Revolución cubana. Las medidas que contempla son elocuentes: elaborar una estrategia de desarrollo económico, hacer otro Banco Central y un sistema bancario privatizado, confeccionar y manejar el presupuesto, manejar la deuda, crear una agencia recaudadora de impuestos, diseñar todos los ministerios que operen sobre la economía, reformar el sector público mediante el Programa para la Gobernabilidad del Banco Mundial, reingresar a instituciones tan amadas por los latinoamericanos como el FMI, el Banco Mundial y el BID, establecer los derechos de poseer, alquilar y vender propiedad privada, privatizar todo lo máximo posible, desarrollar un mercado de hipotecas y por supuesto, para cambiar “las leyes y el papel del Ministerio del Trabajo para permitir que funcione un libre mercado laboral�. Y, por supuesto, abolir los programas de asistencia social y privatizar la enseñanza y la asistencia sanitaria, poniéndola así al alcance únicamente de los sectores más favorecidos de la sociedad.

En vista de todo esto, cabe preguntar: ¿Es realmente conveniente para los once millones de cubanos que viven en la isla que la ultraderecha de Miami y el gobierno de EE.UU. se hagan cargo de la situación, para arbitrar una supuesta "transición" a su gusto y según sus reglas?