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Juicio a Botín
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per Investigador |
07 oct 2004
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ICV que formula la acusación popular, dice que sería incongruente sufragar el proceso contra Botín, otros directivos del SCH y 28 clientes si el Estado no formula acusación por fraude fiscal. |
El caso de las cesiones de crédito se inició con una denuncia de 44.000 operaciones, que tras casi 10 años de trámite judicial han quedado reducidas a 28 acusaciones por presunto fraude fiscal de clientes... en el camino el Fiscal del Estado y el Abogado del Estado que debían defender a la HACIENDA PUBLICA, pidieron repetidamente que se archivara el caso por no existir base de imputación de responsabilidades.
Llegado el momento del juicio, parece que a ICV le parece muy costoso mantener abogados en una causa que se prevé larguísima...así pues una cosa es la denuncia verbal y otra la actuación en los Tribunales donde efectivamente hay que sostener un compromiso económico firme. Su posición en todo caso, hay que aplaudirla sin reservas por tremendamente coherente.
Ahora, lo más probable es que el Gobierno de Zapatero ordene a la fiscalía una acción para modificar la complaciente posición adoptada durante el Gobierno del PP..y tal vez..se venderá la imagen de que "la Justicia es igual para todos"... pero en realidad ¿qué ha sucedido con los casi 44.000 titulares de cesiones que eludieron impuestos?
Este tipo de pleitos de gran trascendencia mediática suelen tener grandes lagunas como es la impunidad de miles de presuntos defraudadores, mientras que en realidad los "acusados" salen y entran de los juzgados con tremendas sonrisas y sin sufrir la más mínima consecuencia...
Ahora se dirá que "sentando a Botín" en el banquillo - y habrá que ver qué significará esto finalmente - ya hay justicia, pero sin embargo se ha eludido la persecución de miles de presuntos defraudadores... que ahora seguramente pueden disponer de sus fondos en cualquier paraíso fiscal.
Ahora, formando parte de la acusación hay una "asociación para la defensa de impositores" -algunos medios ligados a Caja Madrid han señalado por error que se trata de la asociación de consumidores ADICAE, lo cual es incierto, la asociación acusadora es una asociación creada ad hoc para este pleito- y habría que preguntarse ¿no fueron los principales defraudadores los propios clientes? ¿Se les puede defender acusándoles al mismo tiempo?... los de ADICAE que se han visto traídos al caso como por vía mediática han dicho que el presunto fraude cometido directamente por Botín evidencia "desprecio a los accionistas", sin embargo, ¿no fueron los propios accionistas del Santander los que se beneficiaron de un producto "opaco"? ¿De qué estamos hablando? ADICAE es la asociación competidora, apoyada por Caja Madrid, de la otra asociación de consumidores bancarioa, AUSBANC, que mantiene un pleito por el redondeo al alza en las hipotecas contra esa caja de ahorros que afecta a 240.000 clientes, y que consideró en su día la inexistencia de nexo suficiente entre los fraudes fiscales presuntamente cometidos por los clientes y la cúpula del Santander atendiendo sin duda a sus propios intereses de "hacerle un favor" a un banquero sin que éste en realidad lo necesitara puesto que estaba "amparado" por el Estado que pedía el sobresímiento y a una interpretación jurídica restrictiva pero sin embargo real, como es posible que finalmente se ponga de manifiesto en el juicio oral.
Parece que no será fácil que finalmente BOTIN sea sentenciado de delito alguno, aunque se consiga probar que efectivamente 28 clientes cometieron fraude fiscal aprovechando un producto financiero creado por el Santander... nada se sabe de los restantes 44.000 titulares....luego este tipo de pleitos en los que grandes defraudadores quedan impunes, tiene una componente de propaganda política pero una escasa utilidad en términos de justicia fiscal efectiva.
La justicia fiscal NECESITA URGENTEMENTE un cambio radical en la tributación de las rentas de capital, y una PERSECUCION FISCAL EFECTIVA DE LA DEFRAUDACION FINANCIERA: la Agencia Tributaria debe dejar de cebarse en los trabajadores para pasar a extraer más recursos de la masa financiera en sectores como la Bolsa, la Banca y el Inmobiliario. Zapatero no debe confundirse: si toma ahora una medida efectista para participar del "juicio a Botín" no puede esperar que las aspiraciones a favor de la justicia fiscal se acaben aquí.
Las organizaciones que defienden la justicia fiscal deben plantearse estas reivindicaciones y no dejarse engañar por estos juicios que en realidad, sólo sirven de adormedera para ocultar que las rentas financieras eluden la contribución impositiva de forma constante, mientras que el peso de los presupuestos generales del Estado reace casi al ciento por ciento entre las rentas del trabajo. |
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Nota de prensa de la acusación ADIC
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per Investigator |
07 oct 2004
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Economía/Finanzas.-ADIC pide a Conde-Pumpido investigar la actuación del fiscal y del Abogado del Estado en las cesiones
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), que ejerce la acusación popular en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, anunció hoy que pedirá por escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que investigue por qué el Ministerio Público no ha ejercido la acusación en la causa seguida contra el presidente del Santander, Emilio Botín, y tres ex directivos del banco en la Audiencia Nacional y sí, en cambio, en otros procedimientos abiertos a clientes que adquirieron el citado producto financiero.
En la petición, que será remitida "en los próximos días", se instará a la Fiscalía General a abrir una investigación interna para analizar la, en opinión de la asociación, dispar actuación del fiscal y del Abogado del Estado en el caso de las cesiones de crédito, señaló el letrado de ADIC, Iván Hernández.
En el caso de las cesiones de crédito --productos fiscalmente opacos que comercializó el Santander en la década de los ochenta -- la Fiscalía y la Abogacía del Estado ejercieron inicialmente la acusación e imputaron a la cúpula del banco 138 delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad, recordó el abogado.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rebajó en junio de 2003 la imputación a 38 delitos fiscales, tras considerar que no había cooperación del banco en la comisión de los cien delitos restantes que envió a los Juzgados de las ciudades en las que residían los clientes.
Hernández resaltó que con anterioridad, en 1996, la Abogacía del Estado modificó su posición y solicitó el sobreseimiento del caso seguido en la Audiencia Nacional y en 1998 secundó la petición de la Fiscalía. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado del caso, y el representante de la Abogacía del Estado han solicitado en reiteradas ocasiones el archivo de las actuaciones instruidas por la juez Teresa Palacios.
En cambio, en los cien procedimientos seguidos por delitos fiscal en distintos Juzgados españoles, tanto el Abogado del Estado como la Fiscalía han formulado escrito de acusación y en uno de ellos reclaman al cliente del Banco Santander acusado penas de dos y tres años de cárcel, respectivamente, y que indemnice a Hacienda con 262.185,29 euros.
El caso, seguido en un juzgado de Zaragoza, es el que se encuentra en un estado más avanzado, según ADIC, que espera una actuación similar de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en otras causas abiertas en Tenerife y Barcelona.
Por otra parte, la defensa de ADIC señaló que si el fiscal y el abogado de Estado no ejercen la acusación en el proceso abierto en la Audiencia Nacional, no se recuperarán los 84,93 millones de euros de perjuicio contra el erario público que, según este tribunal, ocasionó la comercialización de las cesiones de crédito.
En el auto de apertura de juicio oral dictado ayer por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios se impone una fianza en concepto de responsabilidad civil a Botín y a los antiguos directivos del Banco Santander, Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, de 67.754.490,07 euros. Según Iván Hernández, la cuantía del fraude cometido a Hacienda no se podrá cobrar si no es previamente reclamado por el Fiscal o el Abogado del Estado.
ADIC, una de las dos acusaciones populares personadas en la causa (la otra es Iniciativa per Calalunya Verds -ICV-), no está legitimada para pedir esa indemnización, aunque sí haya formulado peticiones de penas de cárcel para los imputados. Hernández consideró posible que el juicio oral por las cesiones de crédito se inicie en septiembre del próximo año. |
