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Mujeres rurales e inmigrantes sin papeles en desventaja en el anteproyecto de ley para acabar con la violencia contra las mujeres
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per L...)A |
27 jun 2004
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MUJERES RURALES E INMIGRANTES SIN PAPELES EN DESVENTAJA EN EL ANTEPROYECTO
DE LEY PARA ACABAR CON
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Recomendaciones de AmnistÃa Internacional sobre el Anteproyecto de Ley
Madrid.- AmnistÃa Internacional (AI) ha observado con preocupación algunos
vacÃos legales en el Anteproyecto de ley presentado por el Gobierno español
para acabar con la violencia contra las mujeres como que los colectivos
vulnerables: mujeres rurales, mujeres inmigrantes sin papeles, o mujeres
discapacitadas no aparecen reconocidos; y que no existen estándares
homogéneos de atención en todo el territorio nacional para las vÃctimas de
la violencia contra las mujeres. Hoy viernes 25, el Consejo de Ministros al
aprobar el Proyecto de ley integral de medidas contra la violencia ejercida
sobre las mujeres, da luz verde al debate parlamentario. AmnistÃa
Internacional envió a la Secretaria General de PolÃticas de Igualdad,
Soledad Murillo, los siguientes comentarios y propuestas al texto del
anteproyecto.
Elementos positivos del anteproyecto de ley
AmnistÃa Internacional considera muy positiva la elaboración de una ley
marco cuya finalidad sea paliar el abuso de derechos humanos declarado por
Naciones Unidas como el más universal de cuantos se producen en la
actualidad, la violencia contra las mujeres. Protección legal que tiene su
base en la normativa de derechos humanos, y en la recomendación general 19
que la Comité de la CEDAW hizo al respecto a los Estados en 1992.
En cuanto a la protección apropiada por parte del Estado de los derechos
humanos de todas las mujeres que viven en España, AmnistÃa Internacional
considera positivo que el Anteproyecto de ley haya previsto la creación de
la Delegación de Gobierno contra la violencia sobre la Mujer, un organismo
encargado de coordinar las polÃticas públicas contra la violencia en los
diferentes territorios del Estado, asà como del Observatorio Nacional sobre
Violencia contra la Mujer. También se contempla la creación de una FiscalÃa
General especÃfica, lo que podrÃa facilitar las investigaciones en este tipo
de denuncias. Aunque la organización de derechos humanos estará pendiente de
las funciones de dichos organismos y la dotación que se les asigna para que
pueda realizar eficazmente sus funciones.
AmnistÃa Internacional celebra igualmente que por primera vez se introduzca
en la escuela secundaria con carácter obligatorio una asignatura sobre
derechos humanos, basada en la igualdad y derechos de las mujeres, cuyo
propósito es destinada a que se acabe con la violencia contra las mujeres.
Aunque considera que serÃa adecuado empezar durante la educación primaria
con este tipo de educación.
Preocupaciones de AmnistÃa Internacional
AmnistÃa Internacional, sin embargo, ha comprobado la existencia de algunos
vacÃos legales en el Anteproyecto de Ley:
* No hay referencias especÃficas a los colectivos de mujeres vulnerables:
residentes en el medio rural, mujeres discapacitadas, inmigrantes
indocumentadas o mujeres objeto de tráfico con fines de explotación. La
organización lamenta que el Anteproyecto de ley, siga considerando a las
mujeres como colectivo homogéneo.
* Pese a que se han recogido figuras como las Delegaciones de gobierno o el
Observatorio no se recogen de manera expresa unos estándares mÃnimos de
prevención, investigación, protección, apoyo a las vÃctimas y reparación que
se apliquen en todas las Comunidades autónomas.
* El anteproyecto recoge la creación de juzgados de violencia sobre la mujer
para atender la violencia sobre las mujeres sólo en el ámbito familiar,
dejando fuera situaciones de violencia contra las mujeres como agresiones
sexuales, acoso sexual, o tráfico con fines de explotación sexual.
* En lo referente a las mujeres inmigrantes indocumentadas, no se contemplan
las dificultadas concretas con las que se encuentra este colectivo. AmnistÃa
Internacional tiene constancia de que existen trabas para el acceso de estas
mujeres a la asistencia jurÃdica gratuita, a la red pública de centros de
emergencia, casas refugio y pisos tutelados, y a la prestación económica
derivada de la orden de protección en casos de escasez de recursos.
* Respecto a las vÃctimas de tráfico de mujeres con fines de explotación
sexual, es importante destacar que no existe ninguna previsión en el
Anteproyecto destinada a mejorar la situación de estas vÃctimas.
* A pesar de que los organismos internacionales de derechos humanos
recomiendan la inclusión en el programa básico de estudios de las fuerzas de
orden público, con carácter obligatorio, de las cuestiones relativas a la
violencia contra las mujeres, el Anteproyecto no recoge esta recomendación y
prevé únicamente el establecimiento de "unidades especializadas".
* En cuanto a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos
humanos de las mujeres hay graves carencias: no se contempla la intervención
de médicos forenses, cuando se trata de casos en los que el único testigo es
la propia vÃctima. No se especifican medidas de protección dirigidas a
asegurar los derechos humanos de vÃctimas y testigos de procesos judiciales
por estos delitos. Y por último, AmnistÃa Internacional ve con preocupación
que las medidas de apoyo a las vÃctimas se enmarcan sólo en el ámbito de los
servicios sociales y no existe ninguna previsión en materia de reparación
adecuada en el ámbito judicial.
* No se especifican lÃneas de sensibilización a seguir. Las iniciativas
emprendidas hasta la fecha por las autoridades estatales, no eran eficaces
por dirigirse fundamentalmente a las vÃctimas, pero sin poner énfasis y
recursos en concienciar a la sociedad en su conjunto y a los hombres en
particular.
Recomendaciones de AmnistÃa Internacional
* Garantizar una protección especÃfica a colectivos de mujeres con
circunstancias de especial vulnerabilidad.
* Establecer estándares mÃnimos de prevención, investigación, protección,
apoyo a las vÃctimas y reparación que se apliquen en todas las Comunidades
autónomas.
* Prever de forma expresa la garantÃa de que todas las mujeres que
encontrándose en territorio español sufran violencia, tengan asegurado el
acceso a estos derechos, con independencia de su situación administrativa.
* Establecerse mecanismos de tutela institucional y judicial especÃficos
para mujeres agredidas (fÃsica, psÃquica y/o sexualmente) fuera del ámbito
de la pareja.
* Considerar la protección de los derechos humanos de las mujeres vÃctimas
de tráfico con fines de explotación y garantizar su acceso a los
procedimientos de asilo, haciendo valer el principio de no-devolución y su
derecho a una debida reparación. Para lo cual se adecuará, si fuese
necesario la legislación vigente en esta materia.
* Prever la formación obligatoria a todas las personas que integran los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, asà como la formación especÃfica dirigida a
la mejora de atención a colectivos especialmente vulnerables.
* Recoger explÃcitamente medidas para garantizar una intervención eficaz de
médicos forenses, medidas de protección a vÃctimas y testigos en procesos
judiciales, y de reparación adecuada a las vÃctimas dentro del ámbito
judicial.
* Sensibilizar a la sociedad en su conjunto, buscando además un cambio de
actitud fundamentalmente en los agentes de la violencia; elaborar estas
lÃneas de sensibilización en colaboración con organizaciones que trabajan
por los derechos de las mujeres; y establecer los mecanismos para evaluar el
impacto de las mismas.
FIN
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Más información: gabinete de prensa de la Sección Española de AmnistÃa
Internacional, �ngel Gonzalo ó Carmen López, Telf., 91 310 12 77 ó 630 746
802
Documentos y comunicados de prensa: www.es.amnesty.org . Más información
sobre la campaña: www.actuaconamnistia.org <http://www.actuaconamnistia.org>;
<<Comunicado sobre la ley integral.doc>>
Carmen López
Responsable del �rea de Medios de Comunicación
AmnistÃa Internacional. Sección Española
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Tfno. 91 310 12 77
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