Sr. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Plaza de la Provincia, 1
28012 Madrid
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    de                    de 2004

Excmo. Señor Moratinos:

        La utilización excesiva e indiscriminada de fuerza letal por el ejército israelí y su maquinaria militar es una violación de la ley humanitaria internacional y constituye un crimen de guerra. Especialmente la población infantil palestina sufre de forma atroz las consecuencias de esta brutal política que se puede calificar sin ambages de limpieza étnica: en los últimos 4 años, un 82% de las víctimas mortales palestinas han sido civiles, 661 de ellas, niñas y niños, y también en torno a 10.000 niñas y niños han resultado heridos durante  acciones armadas israelíes.

         La propia Organización de las Naciones Unidas acaba de advertir, además, que el 70 % de la población palestina vive por debajo de la Línea de la Pobreza, a raíz de las políticas del Estado de Israel y las operaciones armadas que esta potencia militar de ocupación lleva a cabo.

           Hago un llamamiento al Gobierno Español en pleno para que actúe con el objetivo de detener las graves violaciones de los derechos humanos contra población civil palestina en Cisjordania y la franja de Gaza, lugares que se han convertido en una cárcel para millones de personas, no sólo a raíz de la construcción del muro del apartheid. La venta de armas desde el Estado Español a Israel (en los últimos 10 años por valor de 2.625 millones de pesetas, esto es, 15,8 millones de euros: un macabro negocio que debe ser detenido de inmediato) nos hace cómplices de la ignominia:

          Por la presente solicito que el Gobierno Español tome una postura firme y clara a favor de la suspensión de Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel. La validez de dicho acuerdo está condicionada al respeto por ambas partes de los Derechos Humanos y de los principios democráticos. El Estado de Israel ha violado dicha condición en demasiadas ocasiones.

          El levantamiento de la suspensión debería condicionarse al respeto, al menos, de las directrices internacionales existentes en materia de Derechos Humanos: de forma inmediata, al cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal de la Haya contra el muro, mediante su paralización y demolición, así como la restitución de las propiedades confiscadas a la población palestina y una compensación apropiada a esa misma población afectada.

          Otra condición inmediata indispensable sería el reconocimiento íntegro por parte del Gobierno de Israel del derecho a la Objeción de Conciencia sin restricciones, tanto para el conjunto de la población israelí llamada a filas, como para cualquier integrante de las propias fuerzas armadas o sus reservistas.

           Si la UE afirma promover el respeto a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos, no puede seguir siendo cómplice de un estado que viola permanentemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Cuarta Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (especialmente en lo que respecta al artículo 19), el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Reglamentación Estándar Mínima de Naciones Unidas para el Tratamiento de Prisioneros.

          Atentamente,

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