DOSSIER: ECONOMÍA ESPECULATIVA

El arte de la nada - febrero 2002    - Les Naus - 8º aniversario

El estado español no hace ni cincuenta años, estaba completamente destrozado, secpués de la sangrienta guerra civil, en la que el bando fascista, introdujo en el continente europeo la estrategia militar del bombardeo de ciudades. Por tanto, después de la victoria militar llegó la tarea de la reconstrucción de pueblos y ciudades que sufrieron los bombardeos generándose así una gran actividad constructora, muchas veces realizada por mano de obra forzosa y barata, lo que mejoraba los beneficios económicos. El Valle de los Caídos, carreteras, pantanos e infraestructuras, fueron reconstruidas en su gran mayoría por prisioneros de guerra republicanos, como mano de obra forzada del régimen franquista. Por otro lado, todo el patrimonio de la República, así como de sus defensores pasó a mano del bando vencedor, una parte de España se apoderó de la otra, y aún a día de hoy, todo este patrimonio no ha sido devuelto.
Una larga lista de sedes políticas, ateneos y patrimonios personales abandonados, debido al exilio, fueron a pasar al Estado dictatorial y a sus simpatizantes. En la actualidad, el heredero democrático del régimen franquista, el Partido Popular, ha redactado la Ley de devolución del patrimonio en el periodo de 1936 a 1939, cuyo origen se remonta a la anterior legislatura, cuando el PNV pidió como condición indispensable para pactar con el gobierno de mayoría simple del Partido Popular, la devolución del patrimonio expropiado a los partidos o las correspondientes indemnizaciones económicas. El Gobierno español aceptó la condición, pero se reservó el desarrollo del proyecto de ley para la siguiente legislatura, y ahora con mayoría absoluta, ha hecho una lectura restrictiva de la ley.
Los partidos hicieron una tasación del patrimonio con cifras superiores a los 8.000 millones de pesetas en el caso del PNV, 5.000 en el caso de ERC, 1200 millones el PSUC. Las malas relaciones del PNV con el PP pueden haber sido determinantes para que el Partido Nacionalista Vasco haya sido uno de los menos beneficiados, con 30 millones de indemnización; el PCE ha sido indemnizado con 130 millones, ERC ha recibodo 249 millones, el PSOE 60 millones, UDC y el PSUC absolutamente nada. Es decir, de una demanda superior a los 14.200 millones de pesetas, el estado ha devuelto 489. No nos tiene que extrañar, por tanto, que antiguos monopolios estatales como el de la electricidad, disponga, sólo en la provincia del Barcelonés, una superficie equivalente a la ciudad de Barcelona (10.000 hectáreas).

Muchos de los constructores más importantes de nuestro país, consiguieron sus fortunas bajo el amparo del régimen dictatorial y ahora las gestionan bajo una democracia monárquica. De las cinco fortunas más importantes del estado español, tres se han forjado al amparo de los negocios imnobiliarios. La constructora Acciona, quinta empresa de construcción por volumen de capital, en el 2001, es propiedad de la familia Entrecanales, que dispone de un patrimonio que les sitúa entre las grandes fortunas del estado. Su característica principal es la opacidad, y sus relaciones con los medios de comunicación que son nulas. Eso sí, la familia Entrecanales tiene a gala haber estado “con la monarquía, con la República, con Franco, con la democracia, con los socialistas y ahora con los populares”. Y desde los últimos años ha ido globalizando su negocio. Sus participaciones en Airtel, en areopuertos, en servicios urbanos, en la industria farmacéutica FAES, en productos de ocio como Maremagnum, L’Aquarium e Isla Mágica, sus inversiones en bodegas y en medios de comunicación con Bilbao Editorial y Tele5, en la cogeneración y la energía eólica con Tárifa. Una de las operaciones de Acciona fue la construcción en Berlin de la nueva casa del jefe del Gobierno alemán, Helmunt Kohl, presupuestadas en 7500 millones de pesetas. El volumen total de sus negocios estaba valorado en 1995 en más de 40.000 millones de pesetas.
El principal cliente de las constructoras es el propio Estado, a través de las grandes obras públicas: la construcción de carreteras y autopistas, cuarteles de las fuerzas del orden, el tren de alta velocidad (AVE), el PHN... que han hecho que a parte de ser el primer cliente, sea también el primer deudor. Estas deudas se mantienen bajo la promesa de nuevas construcciones en obras futuras.
La construcción significa más de un 10% del Producto Nacional Bruto y da empleo a un 15% de la población española. Esta importancia, así como la deuda asumida con los grandes constructores, tiene suficiente peso como para alterar la paolítica del estado.
El primer escándalo que tuvo el Partido Popular tras subir al poder en 1996 fue la acusación de financiación irregular de la campaña electoral, mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obras, el llamado caso Zamora. Otras de las acusaciones que recibe periódicamente, el Partido Popular, son la concesión de trazados de la nueva red viaria de alta velocidad (AVE) a constructoras afines. Y en el año 2000, gracias a su mayoría absoluta, ha dado luz verde a uno de los proyectos más faraónicos de toda nuestra historia. El Plan Hidrológico Nacional, está hecho a medida de las constructoras. Grandes presas y largos acueductos, diseñados para beneficio del constructor y desgracia de la naturaleza. Lejos de empezar a asumir la política de ahorro de agua, así como hacer políticas medio ambientales que fevorezcan la conservación, lo que se crea es un plan de más de 100 presas que inundaran tierras cultivables, para dar agua a tierras de cultivo intensivo, campos de golf y grandes parques temáticos acuáticos así como inmensos beneficios a las empresas cementeras, uno de los sectores más contaminantes con el medio ambiente, debido a la emisión de CO2, que se produce en la fabricación del producto.
Uno de los ejemplos más evidente de la vinculación de la política con los negocios inmobiliarios es el del alcalde de Marbella Jesús Gil y Gil. La política del municipio es clara: si tu me das la mitad de tu terreno, en la otra mitad te dejo construir lo que quieras, sin importar que sea de uso agrícola, zona protegida o industrial. El ayuntamiento lo recalifica, y problema resuelto.
Un tema más actual es la recalificación que ha hecho la Alcaldía de Madrid, en manos del PP, sobre unos terrenos deportivos, que han salvado de la quiebra al Real Madrid. El club lo preside Florentino Pérez, que a su vez es presidente ejecutivo de la cuarta constructora del Estado (ACC).
En la comunidad valenciana, también en manos del PP, antiguos terrenos forestales que han sufrido incendios, muchos de ellos provocados, han sido recalificados para su uso agrícola o urbano. Naranjos y limoneros ocupan el lugar en el que antes había un bosque mediterráneo. Incluso los regadío para estos nuevos cultivos reciben subvenciones públicas. El parque de Terra Mítica está construido sobre antiguos terrenos forestales que ardieron en Benidorm.
Estas políticas de favor, en el sector constructor e inmobiliario produce un aumento del precio del suelo y del producto final, bien sean infraestructuras públicas (autopistas, comunicaciones...) como construcciones privadas (pisos, oficinas...).

En Barcelona, una de las ciudades donde más se nota esta presión territorial, por su situación geográfica, el Ayuntamiento, con la escusa del Forum 2004, ha empezado a realizar nuevas políticas urbanísticas que están haciendo las delicias del sector privado, que ya es el primer inversor del evento, por encima del mismo Ayuntamiento.
En el barrio del Poblenou, empresas inmobiliarias y grupos promotores no dejan de presionar para que los vecinos vendan sus pisos, diseminados por 110 hectáreas de suelo industrial que será recalificado dentro de poco. El barrio de la Vila Olímpica, fruto de las políticas urbanísticas de las Olimpiadas, carece de infraestructuras sociales, debido a que nadie se preocupó de la construcción de escuelas, centros de salud, bibliotecas, en un barrio que se creó para que vivieran los deportistas durante quince días. Diez años después, muchos edificios muestran fallos estructurales, y los materiales que se utilizaron no resisten la salinidad de un barrio situado en primera línea de mar.
Pero aparte de la problemática social, que es muy importante, la construcción es uno de los principales responsables de la degradación medio ambiental.
La masificación urbanística que se está realizando en todas las regiones y en especial las que tienen su economía basada en el turismo, son las responsables de la pérdida de recursos naturales tan importantes como son el agua, la pérdida de bosques debido a la construcción de urbanizaciones, en muchos casos de lujo, en zonas protegidas o la destabilización de los océanos y los mares. La erosión que sufren las costas marítimas del estado, se debe en gran medida a la construcción de puertos deportivos y espigones, tan de moda en la última década. En la costa mediterránea encontramos un puerto deportivo cada diez kilómetros, desde el cabo de Roses hasta el delta del Ebro.
Además, muchas de estas construcciones son utilizadas de segunda residencia, con lo que estamos desequilibrando nuestros ecosistemas para poder pasar quince días fuera de las ciudades. Uno de los principales compradores de estas residencias son turistas que, debido a su mayor poder adquisitivo, no tienen ningún problema a la hora de adquirir propiedades que luego no se utilizan, creando de esta manera un precio ficticio de mercado, muy superior a lo que puede acceder la población local.
En varias autonomías, los gobiernos ya han tenido que poner un cupo a las empresas constructoras, para así poder conservar el poco equilibrio natural existente.

A partir de la década de los 90, los precios de las viviendas han ido aumentando de una manera constante al alza, junto con un aumento constante de la construcción. Esto ha producido un cambio en el mercado inmobiliario donde antes primaba la conservación de propiedades en régimen de alquiler, en la actualidad prima la venta de vivienda nueva. 
Desde 1971, el parque de viviendas en alquiler ha bajado del 30% al 12% actual, por tanto la demanda de pisos de alquiler es muy superior a la oferta actual, a la vez que han aumentado de manera espectacular la vivienda de propiedad. Este cambio de hábito viene en parte producido porque las empresas que gestionan el mercado inmobiliario, los promotores de pisos, con el alquiler tributan un 35% el tope del Impuesto de sociedades, y por tanto los hace poco rentables. Mientras que los fondos de inversión inmobiliaria tributan el mínimo, un 1%, dejando así mayores beneficios. Otro factor esté en el ámbito del comprador, es que alquilar un piso no desgrava a Hacienda. Si añadimos que no hay incentivos para sacar al mercado la vivienda vacía, y tal como están los tipos de interés, es más rentable comprar o vender un piso. Este aumento de créditos personales, se ha visto respaldado por las facilidades ofrecidas por la banca en el sector de los préstamos. Caixa Penedés en el año 2001 ha tenido un aumento del beneficio del 28% gracias a su política de créditos para vivienda, y han anunciado que en el siguiente año centraran su política expansiva en este campo. La Caixa en el mismo año ha visto como aumentaban los créditos de vivienda en más de un 12%. El Banco de España está advirtiendo del riesgo que supone este aumento de líneas de crédito, desde 1997, debido a que mientras disminuye el ahorro, se aumentan las deudas, creando un momento de riqueza que no es real, y en caso de recesión económica no se podrán asumir las deudas contraídas
Al conceder un préstamo sobre una vivienda, la entidad bancaria se cubre las espaldas, pues en caso de impago se queda con la vivienda o local. Esto ha convertido al sector bancario en uno de los mayores terratenientes estatales. Con la globalización de los sectores es la propia banca a partir de sus inmobiliarias, las que gestionen la salida de los productos expropiados. El BBVA en este curso ha vendido cerca de 3000 viviendas que habían pasado a su propiedad, por el impago del crédito. De esta manera, la banca, genera una bolsa de viviendas deshabitadas, que no salen a mercado. Al haber menor oferta aumenta el precio del producto, revalorizando así sus propias operaciones inmobiliarias.

Otro sector que se ha generado a partir de este boom especulativo es el de las inmobiliarias, que se han convertido en los únicos gestores del mercado inmobiliario, llegando a una situación de oligopolio privado que goza de una impunidad total. Numerosas inmobiliarias piden una cantidad inferior a las 50.000 pesetas para no incurrir en delito de estafa, para conseguir acceso a su bolsa de viviendas, atrayendo a posibles clientes con anuncios falsos de viviendas baratas que luego no existen, con la permisividad municipal.
Esta dificultad de encontrar viviendas a precios adsequibles, se ha convertido ya en un problema social. El hecho de que l@s jóvenes no puedan acceder a alquileres razonables, y con una situación laboral temporal que les impide la contratación de créditos para la compra de la vivienda nueva, ha dado como resultado que la mayoría de jóvenes del estado español vivan hasta los 30 años en casa de sus padres, y por tanto la creación de nuevas familias ha disminuído de forma alarmante en la última década, situándonos con el menor índice de natalidad de la Unión Europea.
Otra de las problemáticas que está generando este aumento espectacular de la construcción de nuevas viviendas es la pérdida de patrimonio cultural de muchas zonas, especialmente en las ciudades. Al no ser provechosas económicamente la rehabilitación de casas, se están derribando inmuebles con más de tres siglos de hisoria, para albergar edificios de 20 o 30 pisos. Este caso queda reflejado en la actuación del Ayuntamiento de Barcelona, en el casco antiguo de la ciudad; en donde las zonas remodeladas son únicamente las que entran en el circuito turístico de la ciudad, dejando el resto de patrimonio en manos de empresas privadas, con dinámicas mafiosas.
Numerosos son los edificios históricos destrozados bajo el nombre del crecimiento sostenido, el turismo y la mejora del tráfico rodado (oberturas de pasajes, construcciones de hoteles de lujo, grandes avenidas...). Habitualmente, después de un Plan de reorganización urbanística (PERI), toda la zona afectada se revaloriza, de manera que l@s antigu@s residentes no pueden hacerse cargo del aumento económico y acaban por abandonar la zona donde viven por problemas económicos, produciéndose un desplazamiento hacia al extrarradio de la ciudad, así como el abandono de nuevos edificio con los que se especula de nuevo. Estas políticas municipales crean de manera indirecta ciudadan@s de primera y segunda categoría, dependiendo de su estatus económico y su lugar de residencia. La memoria histórica, tan olvidada en el estado español, se acentúa al destruir la historia de la ciudad, reflejada en edificios y plazas. A la vez que se protege con uñas y dientes toda identificación urbanística del régimen dictatorial: estatuas, nombres de calles, placas de la falange en los edificios que fueron destinados a vivienda pública...).
Tampoco nos podemos olvidar que el gran número de derribos que se estan realizando en las ciudades, generan una cantidad de escombros y residuos contaminantes que no reciben tratamiento de reciclaje alguno, sino que van a parar a vertederos legales o ilegales, con el consiguiente daño ecológico.
El crecimiento sostenible que tan de moda se ha puesto en éstos últimos años de cara a la conciencia de l@s votantes, tendría que quedarse en algo más que falsas promesas, y hacerse presente en todos los ámbitos económicos.