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Jornadas de resistencia
per rsc	18 jun 2004
Jornadas de resistencia
A partir del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, miles de personas de sus bases de apoyo se han visto forzadas a desplazarse de sus comunidades, dejando sus tierras, animales, bienes, vivienda, trabajo, y han sufrido violaciones graves a sus derechos fundamentales Existen más de 12 mil desplazados internos de guerra zapatistas en Chenalhó, Chiapas. Las mujeres y los niños son, en este conflicto, los más vulnerables y vulnerados. Las niñas y los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas y/o lactantes suman el 35% de la población desplazada. Más de 11.2% de los niños que nacen en los campamentos de desplazados, mueren antes de cumplir los 5 años El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo mandato de 1998 era cubrir el 80% de las necesidades alimentarias de la población desplazada de Chenalhó, (objetivo nunca cumplido a cabalidad, por la carencia de proteínas en sus raciones) a partir del año 2001 redujo a la mitad, y posteriormente a la cuarta parte, la cantidad de alimentos que debía proporcionar. En diciembre del 2003 esta ayuda dejó de existir. La suspensión del apoyo alimentario ha ocasionado severos daños a la salud materno-infantil, y nuestros reportes recientes arrojan un incremento alarmante en la desnutrición de tercer grado que alcanzó el 10.4%, mientras que la de segundo grado llegó al 46.6%; sólo el 7% de los menores tuvo un peso normal para su edad Los desplazados zapatistas hoy día ni siquiera cuentan con el reconocimiento por parte de las autoridades estatales y federales de su calidad de Desplazados Internos de Guerra El desplazamiento forzado altera de manera grave el vínculo que los pueblos indios mantienen con su territorio. Cuando se despoja al pueblo de su tierra, se atenta contra su vida, sus organizaciones, y su capacidad productiva y creativa. El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México "Fideo", fundado en el año de 1990 por Ofelia Medina, Francisco Toledo y Yolanda García y de Montanaro, y cuyo trabajo en Chiapas data de enero de 1994, ha establecido en Chenalhó desde 1998, a raíz de la masacre de Acteal, un Programa de Nutrición que incluye la instalación, mantenimiento y operación de cocinas colectivas comunitarias a cargo de nutriólogas bilingües, beneficiando diariamente a más de 1500 mujeres gestantes y lactantes, niños menores de 5 años y estudiantes de primaria y sus promotores de educación Las demandas de los desplazados: 1.Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés 2.Que los gobiernos estatal y federal, creen condiciones para asegurar el retorno a sus comunidades de origen 3.Pago de pérdidas, indemnización y reparación de daños 4.Castigo a paramilitares NO LOS DEJEMOS SOLOS, PARTICIPEMOS EN LAS JORNADAS DE RESISTENCIA, para extender los programas del Fideo a tod@s los más de 12 mil desplazados internos de guerra zapatistas en Chiapas. Comprométete con estas acciones. Si 3000 personas como tú, depositan 100 pesos mensuales, lograremos que nuestro Programa comprenda a todas las mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños menores de 5 años, ancianos, estudiantes de primaria y sus promotores en los campamentos de desplazados de todo el estado de Chiapas; así su resistencia se transformará gracias a tu participación. MAS INFORMACION: http://www.jornada.unam.mx/2004/jun04/040618/resistencia/ayuda.html CORREO ELECTRONICO: fideo ARROBA laneta.apc.org El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A. C. (FISANIM A. C.), es una organización autónoma fundada en 1990 por Ofelia Medina, Francisco Toledo y Yolanda García y de Montanaro, contó en un principio con el apoyo del Instituto Nacional de la Nutrición. La tarea es lograr que en nuestro país se respeten y cumplan los tratados internacionales sobre los Derechos de la Infancia, en particular el de la Alimentación (emanado de la Cumbre Mundial de la Infancia, convocada por la UNICEF) el Convenio 169 de la OIT y la creación de programas y proyectos surgidos del trabajo conjunto con organizaciones indígenas dedicadas a la salud. En 1990 realizamos el Primer Diagnóstico de Salud de la Niñez Indígena de México recopilando datos en 600 de los 1,200 albergues educativos, que el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Educación Pública tenían a su cargo. El estudio reveló que el 87% de los niños y niñas presentaban desnutrición crónica adaptada, la que se refleja en talla corta, y ninguna niña mayor de 10 años presentaba el peso y la talla esperados. Los pueblos indios de México constituyen el sector más lesionado por el “desarrollo nacional�, llegando a condiciones que afrentan los derechos humanos y requieren ser abordadas como urgencias alimentarias y sanitarias para actuar en consecuencia. Los daños a la población infantil, dentro de las estadísticas epidemiológicas, aparecen seis causas como son: gastroenteritis infecciosa, bronconeumonía, insuficiencia respiratoria, traumatismos cráneo-encefálicos, prematurez y desnutrición. Estas enfermedades manifiestan el impacto de las precarias condiciones de vida y de infraestructura sanitaria en que viven. La falta de agua potable o su total carencia, la ausencia de una dieta rica en nutrientes, las inadecuadas instalaciones para la disposición de excretas o basura y la imposibilidad de disponer de una vivienda digna, merman seriamente la salud. La desnutrición severa en los lactantes y menores de cinco años tiene efectos profundos, produce daños permanentes e irreversibles, afecta su fuerza física, disminuye su resistencia a las enfermedades y reduce sus capacidades intelectuales. Carol Bellamy, Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expuso en mayo del 2002, que “lo que se necesita en México es aumentar los esfuerzos a favor de los menores indígenas, con un plan especial para sus comunidades�, porque en nuestro país mueren al año 42 mil niños por causas evitables, y la mayoría no recibe cuidados adecuados; destacó que en las comunidades indígenas se encuentran los indicadores más altos de enfermedades y mortandad infantil. En 1994 a partir del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la ofensiva militar contrainsurgente del Ejército Mexicano generó graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el desplazamiento interno de miles de personas que fueron obligadas a dejar sus tierras, bienes, vivienda, trabajo, en detrimento a sus derechos fundamentales. Desde entonces el gobierno federal, junto con el estatal, implementaron la formación y protección de grupos paramilitares, a fin de mantener el control sobre un territorio, generando un clima de guerra civil, con el cual se justificaba la presencia del Ejército. A los efectos de los Principios Rectores, se entiende por desplazados internos, forzados o de guerra, las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Es necesario el reconocimiento de la identidad “desplazado interno de guerra� como una realidad producida en medio de un conflicto armado, como un hecho de violación de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y como una falta de responsabilidad y de eficiencia del Estado en su deber de cumplir con su obligación de protección de las ciudadanas y los ciudadanos desplazados. La finalidad de la ofensiva paramilitar fue desestructurar y cortar abruptamente las bases sociales del EZLN, el tejido comunitario y organizativo y debilitar la economía de resistencia. Los mecanismos de terror utilizados por los paramilitares, hacen que el miedo se constituya en parte de la vida cotidiana. El desplazamiento forzado tiene que ver con el vínculo que los pueblos indios mantienen con su tierra, su territorio, con la lucha por la autonomía. Cuando despojan al pueblo de su tierra, aniquilan su historia y todo lo que esto simboliza, su arraigo, sus tradiciones, sus fiestas, sus relaciones, su vida. La única garantía de seguridad para los desplazados internos consiste en que el gobierno federal, estatal y las instancias de procuración de justicia, cumplan con su responsabilidad: juicio justo y reparación del daño. En Chiapas, en el municipio de Chenalhó, a raíz de la masacre de Acteal (diciembre de 1997), más de seis mil personas fueron expulsadas de sus lugares de origen; de éstas, el 35% eran embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años, que de acuerdo a los Derechos Humanos y a los tratados internacionales, son la población que merece atención prioritaria. Desde la primera y más crítica etapa del desplazamiento, el FISANIM emprendió acciones encaminadas a paliar la emergencia, mediante acompañamiento, el abasto de amaranto, alimentos preparados, frutas, vegetales, tortillas, contenedores de agua (desde contenedores de 20 lts. hasta tinacos), agua potable, mangueras, herramientas, servicios sanitarios (letrinas secas), y la instalación de cocinas colectivas en los diferentes campamentos. La desnutrición de tercer grado alcanzó el 10.4% y la de segundo llegó al 46.6%; sólo el 7% de los menores tuvo un peso normal para su edad. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo acciones terapéuticas para los casos con desnutrición de segundo y tercer grado entre los desplazados, que pueden estimarse en un 25% entre los menores de cinco años. En el Programa de Nutrición, contamos con cuatro técnicas bilingües en Salud y Nutrición Comunitarias. Nuestro Programa contempla dos niveles: el PAC (Programa de Alimentación Complementaria), consiste en proporcionar una ración diaria de 300 ml de una bebida, fría o caliente, a las mujeres embarazadas y/o lactando y a los niños de seis meses a cinco años. Esto significa un aporte de 180 kilocalorías (kcal) y 7 gr. de proteína por día. La bebida es una mezcla de 25 gr. de un polvo de alta densidad energética (110 kcal) y proteica (6 gr.), 10 g de avena o arroz y 15 gr. de azúcar en 250 ml de agua limpia. Este alimento se prepara y distribuye en cocinas colectivas construidas para este fin. El segundo nivel, denominado PAT (Programa de Alimentación Terapéutica), consiste en la identificación, tratamiento y vigilancia en la población desplazada de los casos con desnutrición, definida ésta por el peso menor al 75% del esperado según la edad. Aquí incluimos a aquellos que aún sin alcanzar tal deficiencia, deben ser calificados como de alto riesgo. El objetivo es proporcionar diariamente 300 kcal y 10 gr. de proteína adicionales a cada caso diagnosticado. La estrategia que se sigue consiste en considerar como de alto riesgo a la familia para proporcionarle una despensa quincenalmente. Este Programa ha establecido las siguientes líneas de acción: a) Instalación de un módulo de atención nutricional, con una cocina colectiva en cada campamento, para la implementación del PAC, un dormitorio para el personal del FISANIM, y un espacio de trabajo en el que se atiende a embarazadas y se controla el peso y la talla de niños y niñas. b) Identificación de los niños con grados de desnutrición moderada y grave, para ser ingresados al PAT. c) Identificación de cuadros de infecciones respiratorias agudas y gastrointestinales, para ser canalizados a los servicios de salud disponibles. En acuerdo con las autoridades comunitarias hemos: • Orientado y destacado la importancia del cultivo del amaranto, por su alto contenido vitamínico, principalmente hierro y vitamina A, cuando se lo consume en forma de verdura y por su alto contenido de calcio y proteínas, en forma de cereal; el que, combinado con frijol y maíz, provee los 12 aminoácidos esenciales y satisface los requerimientos nutricionales mínimos. • Promovido la participación de la comunidad, en especial de las mujeres, en la identificación de sus necesidades esenciales de alimentación, nutrición, cuidado de la salud, higiene. • Favorecido el acceso efectivo a una dieta recomendable. • Apoyado la autosuficiencia alimentaria, una vez superada la urgencia nutricional, mediante el impulso de proyectos productivos que coadyuvan y favorecen la capitalización de los beneficiarios. A partir del Encuentro Estatal de Desplazados de Guerra en el que participaron representantes de 10 municipios de Chiapas: Ocosingo, Las Margaritas, Yajalón, Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Chilón, Chenalhó, Villa Corzo, Marques de Comillas, surge la necesidad de formar una comisión y unir siguen pendientes de solución sus demandas: 1. Tierra: Reubicación en condiciones de seguridad, con tierras de buena calidad. 2. Justicia: encaminada al esclarecimiento de la verdad: Investigación y castigo a los civiles y funcionarios federales y estatales responsables de formar, entrenar y armar a los grupos paramilitares. Castigo a los responsables del desplazamiento forzado de cientos de familias y de las muertes y desapariciones. Cancelación de las órdenes de aprehensión por delitos fabricados contra los desplazados. 3. Reparación del daño a las familias desplazadas. 4. Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El derecho del desplazado a la protección especial, consiste en: Respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la vida; dignidad; integridad física, mental o moral; libertad; circulación y elección de nueva residencia; búsqueda de protección, refugio o asilo; conocimiento de destino y paradero de familiares; unión, reunificación y reencuentro familiar; intimidad, privacidad y vida familiar; protección y acceso a los restos mortales de familiares; nivel de vida adecuado; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes; igualdad de trato y goce de derechos que los no desplazados; educación; protección especial a enfermos, heridos, discapacitados, y a grupos vulnerables como niños, mujeres, madres con hijos pequeños, embarazadas, cabezas de familia y personas de edad. Asistencia y acceso garantizado a la asistencia humanitaria. Reparación de los daños causados equiparando en la mayor medida posible a la situación anterior al desplazamiento. El Estado Mexicano es el responsable del desplazamiento forzado, es violador de los derechos humanos y colectivos (económicos, sociales, culturales), políticos y civiles de la población desplazada, porque hasta ahora no ha cumplido sus compromisos constitucionales, además de las obligaciones que le impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario. El trabajo sobre los mecanismos para garantizar la seguridad y protección de las comunidades debe establecerse tomando en cuenta la palabra de las propias comunidades. El Sr. Francis Deng, dirigió al Gobierno de México a principios de Enero del 2003, una serie de recomendaciones para la atención del problema del Desplazamiento Forzoso. Desde que el relator dio a conocer las recomendaciones, no se han tomado medidas concretas para cumplirlas, dado que la situación de las familias desplazadas a la fecha sigue siendo la misma y en algunos casos se agrava, pues las condiciones de vida se deterioran por el transcurso del tiempo. Entre las recomendaciones, se encuentra la adopción y aplicación de políticas por parte del Gobierno Mexicano, enfocadas a la protección frente a los desplazamientos forzosos, protección y ayuda en situación de desplazamiento y el retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un modo seguro y digno, para reintegrarse y recuperar un modo de vida que les permitiera mantenerse, así como tener acceso a la tierra. El Relator apuntó que es importante elaborar datos estadísticos fidedignos de la situación de los desplazados. En cuanto a la Protección, el relator sugiere que el Gobierno frene los continuos actos de intimidación y hostigamiento por parte de grupos paramilitares. Para llevar a la práctica los proyectos de ayuda al retorno, al reasentamiento o a la integración local y a fin de que se cubran las urgentes necesidades de protección y ayuda de las comunidades de desplazados internos en comunidades indígenas y autónomas desplazadas, el Sr. Deng recomienda conseguir ayuda de la comunidad internacional. En la última recomendación, el relator de la ONU opina que las partes en el conflicto de Chiapas deberán crear puentes para reactivar la confianza, el proceso de paz, contribuir a la reconciliación y lograr establecer un verdadero estado de derecho para la solución duradera y de raíz para las personas desplazadas por el conflicto. En conclusión de acuerdo a las recomendaciones del Sr. Deng es necesario tomar medidas efectivas para garantizar el acceso a la tierra a los desplazados, respetando a los grupos que solicitan la reubicación con condiciones de seguridad y respeto a su dignidad y la atención para el resarcimiento de derechos de manera integral.
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/jun04/040618/resistencia/index.html
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