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Notícies :: globalització neoliberal : laboral : amèrica llatina : pobles i cultures vs poder i estats
ONG piden replantear convenio firmado por la UE y Chiapas
05 jun 2004
Su aplicación afectaría a 42 comunidades indígenas
San Cristobal de Las Casas, Chis., 4 de junio. Organizaciones de diversos países que participaron en el Encuentro Social Alternativo efectuado en Guadalajara, Jalisco, paralelamente a la cumbre de jefes de Estado, demandaron una "moratoria al convenio firmado entre la Unión Europea (UE) y el gobierno de Chiapas", pues amenaza con afectar a cuando menos 42 comunidades indígenas, no reconoce la existencia de una "situación de guerra" en la zona, y al no realizarse ninguna consulta con los pobladores de la región, incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por el gobierno mexicano.

El documento, dirigido a la UE y al gobierno estatal, fue firmado también por varias organizaciones campesinas y civiles de Chiapas (Las Abejas, las denominadas Comunidades de Comitán, el Foro Chiapaneco contra las Represas, representantes parroquiales de San Andrés y de la región de Margaritas y Comalapa, entre otros). Las organizaciones asistentes al Encuentro Social Enlazando Alternativas: Europa, América Latina y el Caribe manifestaron: "damos a conocer a la opinión pública nacional e internacional nuestro rechazo y exigencia de una moratoria al convenio firmado entre la UE (por medio de la Comisión Europea) y el gobierno de Chiapas para poner en marcha el Proyecto de desarrollo sustentable en la selva Lacandona, que supone la inversión de 15 millones de euros en la zona de amortiguamiento de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, donde saldrán afectadas alrededor de 42 comunidades indígenas".

El documento señala que "en ningún momento se llevó a cabo una consulta previa por parte de la UE ni del gobierno estatal en las comunidades que van a ser afectadas, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT".

"En ningún caso se ha reconocido la situación de guerra que se vive en el estado y dicho proyecto acelera las contradicciones entre los actores en guerra (Ejército federal-Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y profundiza la polarización y división entre las organizaciones y comunidades", consideran los firmantes.

"De este modo, está siendo utilizado como mecanismo de contrainsurgencia y tensando la situación de por sí ya grave en la zona. Esta región vive en una constante amenaza de desalojo por parte de las autoridades estatales y federales e instituciones que dicen defender el medio ambiente, con el pretexto de que las comunidades están deforestando la zona".

Denuncian que "las razones que enmascaran este discurso ambientalista responden a los intereses de empresas trasnacionales que buscan el saqueo y privatización de la biodiversidad, e implementación de servicios ambientales". Apoyados, se agrega, "por una campaña de desinformación y manipulación que algunos medios de comunicación llevan a cabo sobre este tema".

"No podemos olvidar que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han convivido, desarrollado y cuidado la selva, mientras que han sido las empresas madereras con permiso de las instituciones federales y estatales quienes han saqueado la selva y continúan haciéndolo. Nos oponemos al desalojo de las comunidades porque no soluciona el problema de fondo que es la tenencia de la tierra y la construcción de un modelo de desarrollo propio que sus habitantes construyen y resisten día a día".

El documento exige "el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el respeto a los derechos humanos integrales de las comunidades, el repliegue del Ejército federal a sus cuarteles y el reinicio del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal (siempre que se cumplan las condiciones interpuestas por el ELZN)". Estas, se agrega, "son condiciones indispensables para la solución al problema de la selva Lacandona".

El documento contó con el consenso de los participantes en el encuentro de Guadalajara, es decir, representantes de los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica), sudamericanos (Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela), y especialmente europeos (Alemania, Francia, Italia, España y otros), además de México, Canadá y Estados Unidos.
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Desastroso efecto de la globalización en indios
05 jun 2004
Desastroso efecto de la globalización en indios.

Mensaje dominical del obispo Felipe Arizmendi.


San Cristobal de Las Casas, Chis., 4 de junio. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel aseguró que el "fenómeno irreversible" de la globalización está causando una "desastrosa transición cultural" en la mayoría de las comunidades indígenas.

Al afirmar que por la influencia de la globalización "no se valoran las diferencias entre las razas y las culturas como una riqueza, sino que se consideran un obstáculo para las grandes potencias económicas", dijo que en Chiapas están en peligro de extinción algunas lenguas indígenas y otros ya se han perdido.

En su mensaje dominical que cada fin de semana distribuye adelantado a los medios de comunicación, Arizmendi subrayó que otro de los puntos negativos de la globalización es que "nos pretende homogeneizar, unificar y hacer títeres de un sólo modelo económico, social y cultural. Pareciera que todos debemos pensar en forma idéntica, comprar y consumir lo mismo, dejarnos formar por un mismo e idéntico patrón hedonístico y economicista".

Añadió que en las comunidades indígenas las nuevas generaciones "se avergüenzan de su cultura y copian estilos de vida contrarios a su historia y a su idiosincrasia. Ya no quieren hablar el idioma de sus padres. Desprecian su ropa tan artística y se uniforman con la moda despersonalizante. Su corte de pelo, incluso en las regiones más apartadas de la selva, refleja una nueva realidad. Los jóvenes no aprecian la riqueza de su etnia, y prefieren diluir su identidad en la uniformidad predominante".

El obispo de San Cristóbal se refirió a las protestas que se produjeron en Guadalajara la semana pasada con motivo de la cumbre de mandatarios. Manifestó que "los inconformes con el sistema económico imperante tienen razones válidas que han de ser tomadas en cuenta, pero no lo pueden lograr destruyendo todo a su paso", pues "los policías son también seres humanos y tienen derechos fundamentales".
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Anuncian la reubicación de residentes de Montes Azules
05 jun 2004
Anuncian la reubicación de residentes de Montes Azules.

No se precisan poblaciones afectadas ni posibles destinos.

Tuxtla Gutierrez, Chis., 4 de junio. Los titulares de las Secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Florencio Salazar y Alberto Cárdenas, respectivamente, anunciaron oficialmente el inicio de la reubicación de los núcleos poblacionales que se encuentran "ilegalmente" en la zona de Montes Azules.

Sin embargo, ninguno de los funcionarios federales precisó el nombre de los poblados que saldrán, el lugar a donde irán, y los acuerdos y compromisos a que llegaron para lograr su salida.

Lo único claro fue que los recursos con que cuentan las dependencias para el programa de reubicación son del orden de 850 millones de pesos, según precisó el gobernador Pablo Salazar.

También comentó que 13 de los 42 poblados que se encuentran de manera ilegal en la zona firmaron "acuerdos de reubicación", y cinco más, "acuerdos de regularización" para poder permanecer dentro de lo que se considera propiedad de la comunidad lacandona.

Según los funcionarios, la situación en el resto de los poblados aún está en proceso de "negociación".

Sin embargo, advirtieron que quedó descartada su permanencia en la zona que comprende la reserva ecológica de Montes Azules, la zona de amortiguamiento de la misma, y las miles de hectáreas que fueron decretadas propiedad de la comunidad lacandona.

Ello porque, según el titular de la Semarnat, anualmente se pierden unas 350 hectáreas de selva, por concepto de la erosión que causan las 989 familias que ocupan ilegalmente 3 mil 914 hectáreas de terreno.
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