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Proyecto para el desarrollo de la selva Lacandona entrampa a comunidades
29 mai 2004
HERMANN BELLINGHAUSEN

Un estudio reciente, elaborado por el investigador italiano Luca Martinelli, arroja luz sobre ciertos aspectos, que encuentra discutibles, en el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona, anunciado el 27 de enero por el canciller Luis Ernesto Derbez, y la firma de un convenio entre el gobierno de Chiapas y la Unión Europea (UE), por medio del cual la UE se comprometía a apoyar con 15 millones de euros el citado proyecto, para "manejo" y "desarrollo" del área.
El gobierno estatal dispuso implementarlo mediante la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) aportando el equivalente a 16 millones de euros. El investigador recuerda que diversas organizaciones sociales y civiles señalaron en febrero los riesgos del convenio, exigiendo al gobierno "transparencia en el proceso del Plan Integral de Reordenamiento de la Selva Lacandona que condiciona, entrampa y amarra a sus pueblos y a sus comunidades a la dependencia en el mercado de los servicios ambientales: al pago por bosques, agua, sumideros de carbono, y al ecoturismo científico".

Al mismo tiempo en que la UE destinaba 15 millones de euros al financiamiento del proyecto, eliminó su apoyo a la Cruz Roja Internacional (CRI) que garantizaba la presencia de ésta en el municipio de Chenalhó, donde viven miles de desplazados. La CRI saldrá de Chiapas en los próximos días.

El proyecto responde a una solicitud que presentó la SDS a la Comisión Europea (CE), destinado a siete municipios y 16 microrregiones del área, y en el marco de las prioridades de los gobiernos federal y estatal, como parte del Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva Lacandona.

Los territorios de implementación corresponden a 16 microregiones de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Montes Azules: Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Comunidad Lacandona, Francisco León, Santo Domingo, Damasco, Nahá, Agua Azul, Amador Hernández, Avellanal, Betania, Carmen Villaflores, Maravilla Tenejapa, Nuevo Huixtán, Francisco I. Madero y Río Blanco. Se trata de 155 mil habitantes en una área de 12 mil 600 kilómetros cuadrados; más de 4 mil, en áreas protegidas.

El programa contempla la "complementación sinérgica con otros proyectos de cooperación en marcha o por arrancar este año". Destaca el de Población, Ambiente y Desarrollo Sustentable en la selva Lacandona, cofinanciado por el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Programa de Coinversión para el Desarrollo Socioeconómico en Chiapas (apoyado por la Fundación Ford y Oxfam).

El gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), financia también el Proyecto para el Desarrollo de una Estrategia Conjunta de Conservación y el Monitoreo de Areas Críticas en la Selva Lacandona, "cuyo objetivo pareciera garantizar a las grandes trasnacionales informaciones sobre los recursos naturales", apunta el investigador.

Entre los objetivos del Proyecto UE-gobierno de Chiapas, Martinelli identifica "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la selva y mitigar los procesos de degradación ambiental en la zona", objetivo compartido con el Banco Mundial en su proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). "En otro documento se menciona que el presente proyecto establecerá mecanismos de cooperación con otros en preparación, asegurando una colaboración estrecha". Un proyecto asociado más es el de Manejo Sustentable de Recursos Naturales y Desarrollo en el Sureste de México (Prosureste), que elaboran la Cooperación Oficial del gobierno alemán y la Secretaría de Medio Ambiente para Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

Otros objetivos son "reducir la pobreza en un sentido de desarrollo territorial participativo y sustentable, llegando -según ellos- a beneficiar directamente al gobierno del estado, al generar capacidades en la reformulación y aplicación más eficaz de las políticas de desarrollo social". Martinelli se pregunta: "¿El problema del gobierno es la falta de capacidad en elaboración de políticas de desarrollo?"

El especialista ejemplifica: para medir reducción de la pobreza, "el proyecto toma en cuenta como indicador de resultado la disminución del número de familias que en las microrregiones sobrevivan con salario inferior al mínimo, cuando parece claro que el primer objetivo de cualquier proyecto que buscara reducir la pobreza de los indígenas sería defender su soberanía alimentaria y la producción para el autoconsumo que garantice la sobrevivencia de las familias campesinas".

El análisis menciona "el carácter contrainsurgente de programas en territorios donde hay oposición social y campesina, e inciden intereses del BM, empresas trasnacionales y programas sociales que dividen y fomentan la confrontación entre pueblos indígenas", y ubica el programa en Montes Azules y los territorios alrededor de las áreas protegidas de la selva "donde se encuentran municipios autónomos zapatistas".

El proyecto se llevará a cabo en 42 meses. "En aplicación de las reglas comunitarias de la UE en materia de ejecución financiera, todos los contratos para la gestión de este proyecto deberán celebrarse dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de la decisión de financiación; es decir, antes del 28 de noviembre de 2006, a tres días del fin de sexenio presidencial de Vicente Fox y de la gubernatura de Pablo Salazar Mendiguchía".

El programa considera, como aportación del beneficiario, "el apoyo a la construcción de obras e infraestructura de apoyo a la producción: patios y tanques de fermentación para café, centros de acopio/bodegas, infraestructura para ecoturismo, restauración de áreas ambientalmente deterioradas, infraestructura para procesamiento de productos, instalaciones de riego, instalaciones para ganadería semintensiva, entre otras", agrega el análisis, divulgado esta semana por Ciepac en San Cristóbal de las Casas.

El estudioso, miembro de la organización humanitaria Manitese, describe que el proyecto considera un equipo de asistencia técnica internacional compuesto por un asesor en planificación y desarrollo territorial, un especialista en producción y comercialización, un especialista en monitoreo y evaluación de proyectos y procesos, y un experto administrativo. "Los sueldos de estos 'expertos', que llegarán de Europa para diseñar el desarrollo de la selva chiapaneca, corresponden al 15 por ciento del financiamiento total de la UE (más de 29 millones de pesos)".

En este punto, el autor expresa: "¿Qué, no existen en las comunidades indígenas y en Chiapas hombres y mujeres capaces de planificar por sí mismos el desarrollo de sus propias áreas rurales? ¿Qué no existen en las comunidades de la selva hombres y mujeres formados como técnicos agropecuarios capaces de manejar y enseñar otra idea de agricultura? ¿Qué no existen en Chiapas experiencias exitosas de productores en cooperativas que ya trabajan el cultivo orgánico y por sí mismas se han insertado al mercado justo mundial? ¿Se necesita importar desde Europa toda esta profesionalidad?"

El 34 por ciento del financiamiento de la UE (cerca de 60 millones de pesos) será destinado a formación y capacitación. "¿Quiénes serán los beneficiarios?", cuestiona el analista. "No hay información al respecto en los documentos de la UE. La única referencia se hace a la creación de nuevas capacidades en la formulación de políticas de desarrollo social para los funcionarios de la SDS. ¿En eso se gastarán más de 5 millones de euros?

"Un ulterior 8 por ciento del presupuesto será utilizado para la dotación de infraestructura. ¿Qué obras se propone realizar la UE? ¿Dónde? ¿A quién beneficiarán? ¿Se realizarán las consultas necesarias?" Y el análisis hace un corte: "Hasta aquí ya sumamos 57 por ciento del presupuesto total".

Martinelli menciona a organizaciones civiles y académicas paragubernamentales entre los consultores reconocidos por la UE, cuya presencia revela "la relación entre este proyecto y otros que se implementan en la selva Lacandona en el marco del megaproyecto del CBM del Banco Mundial". Es el caso de Conservación Internacional (CI), "que ya hemos encontrado actuando como 'caballo de Troya' del gobierno y las trasnacionales de Estados Unidos. En abril, diferentes cooperativas de cafeticultores denunciaron que en la producción y compra de café orgánico, el único 'desarrollo sustentable' promovido por CI pareciera ser el de una de las empresas que la financian y controlan: Starbucks Coffee".

El convenio de cooperación nace en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México, que reconoce como esencial el respeto a los derechos humanos. No obstante, según el estudio, su puesta en marcha se da "en un contexto de violaciones a los derechos humanos en Chiapas, documentadas por la prensa local y nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organismos civiles". Esto ha sido negado repetidamente por el gobierno chiapaneco.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/may04/040529/015n1pol.php?origen=politica.php&fly=1

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