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Notícies :: amèrica llatina |
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Informe Amnistía Internacional 2003 - Perú
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per Ricardo Alvarado
Correu-e: rialpo ARROBA viabcp.com (verificat) |
26 mai 2004
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Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual 2003, titulado "Resonaron las voces de los jamás escuchados". Les enviamos la parte referida a Perú. |
Perú - República del Perú
Jefe del Estado y del gobierno: Alejandro Toledo Manrique
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Convención de la ONU sobre la Mujer y su Protocolo Facultativo: ratificados
Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2003
La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe final al presidente. La legislación "antiterrorista", que había dado lugar a que todos los juicios celebrados en virtud de ella desde 1992 carecieran de las debidas garantías, fue declarada inconstitucional, y se introdujeron reformas. Decenas de presos de conciencia permanecieron encarcelados. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras.
Información general
Las encuestas de opinión siguieron revelando el descontento generalizado de la opinión pública con la política económica del gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, más de la mitad de la población vivía en la pobreza.
En mayo se declaró un estado de emergencia de 30 días en respuesta a las huelgas y protestas nacionales convocadas por el sindicato de educadores y otros sindicatos para exigir salarios más altos. El estado de emergencia restringía el derecho a la seguridad personal y a la libertad de circulación y reunión, y permitía a las autoridades entrar en domicilios sin orden de registro.
En el departamento de Puno, decenas de manifestantes que protestaban contra el estado de emergencia se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Un estudiante murió y decenas resultaron heridos, según los informes en circunstancias que sugieren que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes.
El cargo de Defensor del Pueblo seguía sin cubrirse con carácter permanente; desde febrero de 2001 ejercía sus funciones un Defensor del Pueblo interino. Los detractores del gobierno dijeron que había una aparente falta de voluntad política para establecer una Defensoría del Pueblo fuerte.
Comisión de la Verdad y Reconciliación
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada en 2001 para establecer las circunstancias que rodearon los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado y por los grupos armados de oposición entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, presentó su informe final en agosto.
Según sus conclusiones, de las 69.000 personas que se estimaba que habían muerto o "desaparecido" durante los 20 años analizados, un 54 por ciento de los casos eran responsabilidad del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y un 46 por ciento eran responsabilidad de las fuerzas armadas. La Comisión también concluyó que tres cuartas partes de las víctimas tenían el quechua como lengua materna, lo que reflejaba la "discriminación y marginación de la población andina rural, impregnados en la sociedad peruana".
La Comisión manifestó que la justicia era un elemento esencial de la reconciliación, y declaró que había puesto en conocimiento del Ministerio Público la identidad de 24.000 víctimas para que se hiciera justicia. También declaró que "no se puede construir un país éticamente sano y políticamente viable sobre los cimientos de la impunidad".
Entre sus recomendaciones se incluían propuestas para una reforma institucional, un plan integrado de reparación y un plan nacional de intervenciones antropológico-forenses a la luz de los 4.644 enterramientos que la Comisión había documentado, así como medidas para garantizar que sus recomendaciones se ponían en práctica.
En respuesta, el presidente Alejandro Toledo pidió disculpas en nombre del Estado "a quienes han sufrido", y anunció que dedicaría unos 800 millones de dólares estadounidenses a un Plan de Paz y Desarrollo que mejoraría las obras públicas en las zonas más afectadas y fortalecería las instituciones estatales y la sociedad civil. Sin embargo, no ofreció la reparación individual que las víctimas y sus familiares habían pedido.
Respecto a la cuestión de la impunidad, se criticó al presidente por declarar que "algunos miembros de las Fuerzas del Orden incurrieron en excesos dolorosos" y no aceptar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad habían sido generalizadas y sistemáticas, tal como había concluido la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El presidente insistió en que ahora era tarea del Ministerio Público y el poder judicial hacer justicia en estos casos "sin amparar ni la impunidad ni el abuso".
Legislación "antiterrorista"
En enero, el Tribunal Constitucional resolvió que la cadena perpetua y el uso del fuero militar para juzgar a civiles eran inconstitucionales. El ejecutivo promulgó entonces una serie de decretos legislativos para cumplir con esta resolución. En ellos se anulaban las sentencias impuestas por tribunales militares por el delito de "traición a la patria" y se ordenaba que todos los que habían sido juzgados ante el fuero militar fueran juzgados de nuevo ante tribunales civiles. Los decretos legislativos también ordenaban que se juzgara de nuevo a todos los que habían sido juzgados entre 1992 y 1997 por "jueces sin rostro" (jueces cuya identidad se mantenía en secreto) y modificaban la duración de las condenas dictadas en virtud de la legislación "antiterrorista".
Después de esta resolución, algunos presos políticos fueron juzgados de nuevo en vistas públicas ante tribunales ordinarios. Seguían existiendo serios motivos de preocupación por el hecho de que la definición del delito de "terrorismo" en la legislación seguía siendo demasiado amplia y vaga, y porque, aunque se había reducido la cadena perpetua a 30 años, la posibilidad de ser puesto en libertad una vez transcurrido ese tiempo dependía de los resultados de una revisión.
Presos de conciencia
Decenas de presos de conciencia y posibles presos de conciencia acusados falsamente de delitos relacionados con el "terrorismo" continuaron encarcelados. La comisión especial del Ministerio de Justicia encargada de examinar estos casos quedó en la práctica suspendida cuando se anunció que todas las personas juzgadas ante tribunales militares y "jueces sin rostro" serían juzgadas de nuevo.
Existía honda preocupación por el hecho de que estas personas, en lugar de ser puestas en libertad de forma inmediata e incondicional, iban a ser juzgadas de nuevo por un sistema judicial lento e ineficaz, por lo que era probable que pasaran muchos más años en prisión.
Duras condiciones de reclusión
Las condiciones de las prisiones de máxima seguridad, donde se encontraban recluidos los acusados de delitos relacionados con el "terrorismo", siguieron siendo duras, y en algunos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió una vez más a las autoridades que cerraran la prisión de Challapalca, situada a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar y extremadamente fría. Lo inaccesible de la prisión limitaba gravemente el derecho de los presos a mantener contacto con el mundo exterior, incluidos familiares, abogados y médicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió también que se cerrara la prisión de alta seguridad de Yanamayo, en el departamento de Puno; esta prisión había sido reabierta en enero tras ser sometida a obras de reforma.
Ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas
Se recibieron informes de amenazas e intimidación contra defensores de los derechos humanos en Lima, la capital, y contra periodistas que se oponían al gobierno local en la provincia de Canchis.
Tortura
La tortura y los malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad continuaron siendo motivo de preocupación; apenas se iniciaron investigaciones sobre los incidentes denunciados.
En noviembre, un fiscal invocó las normas sobre prescripción para cerrar la investigación sobre el caso de Luis Alberto Cantoral Benavides, torturado en 1993. El fiscal alegó que el plazo de prescripción de la acción penal para los delitos de "lesiones graves" y "abuso de autoridad" había expirado. Antes de 1998, la legislación peruana no preveía el delito de tortura; en ese año se enmendó el Código Penal a los efectos de incluir la tipificación de la tortura como delito.
En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Perú no podía invocar las normas sobre prescripción para evitar cumplir la resolución dictada por la Corte respecto a este caso. La Corte había resuelto en el año 2000 que Perú había violado, entre otras cosas, el derecho a un trato humano y el derecho a la libertad de la persona. También había resuelto en 2000 y 2001 que las autoridades debían investigar el caso, llevar a los responsables ante la justicia y ofrecer una reparación a la víctima y a sus familiares.
La Corte ordenó a Perú que presentara, antes de abril de 2004, un informe en el que se expusieran con detalle las medidas adoptadas para poner en práctica las resoluciones de 2000 y 2001.
Actualización sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de 1996
El tribunal militar que se encargaba del caso de los 15 oficiales del ejército acusados de ejecutar extrajudicialmente a miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo armado de oposición, resolvió que no había causa. Suscitaba honda preocupación el hecho de que los tribunales militares no eran ni independientes ni imparciales. Los familiares de las víctimas apelaron contra la resolución del tribunal.
Los miembros del MRTA habían irrumpido en la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996 y habían tomado varios rehenes. La crisis de los rehenes concluyó en abril de 1997, cuando el presidente Alberto Fujimori ordenó un asalto militar al edificio. Durante esta operación se dio muerte a los 14 miembros del MRTA que habían participado en la toma de rehenes, lo que dio lugar a denuncias de que algunos podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial.
Abusos de la oposición armada
Según los informes, en algunas zonas seguían actuando pequeños grupos de Sendero Luminoso. En junio, miembros de este grupo secuestraron a más de 60 trabajadores de la empresa argentina Techint cerca de la localidad de Tocate, a unos 350 kilómetros al sureste de la capital, donde estaban construyendo un gasoducto de gas natural. Los trabajadores fueron liberados 36 horas después.
Se recibieron informes que indicaban que miembros de Sendero Luminoso habían amenazado a defensores de los derechos humanos en Tabalosos, provincia de Requena.
Tambogrande: los derechos sociales y económicos, amenazados
La población del distrito de Tambogrande, en el departamento norteño de Piura, siguió manifestando su temor de que las posibles actividades en la zona de una empresa minera canadiense causaran la contaminación del agua y la tierra y, por tanto, pusieran en peligro sus cosechas, temor que la empresa declaró que había sido descartado por un estudio de impacto ambiental que había llevado a cabo.
Esa zona produce el 40 por ciento de las cosechas de mango y cítricos de todo Perú. Las organizaciones locales de derechos humanos instaron a las autoridades a no aprobar el estudio medioambiental de la empresa, alegando que el proyecto sí ponía en peligro el medio ambiente y, por lo tanto, amenazaba los derechos sociales y económicos de la población. Al concluir el año las autoridades aún no habían tomado una decisión.
En 2002, una consulta vecinal organizada por la municipalidad y la población del distrito de Tambogrande había dado como resultado el rechazo abrumador de los planes de la empresa minera.
Ex presidente Fujimori: petición de extradición
En julio, el gobierno presentó a las autoridades japonesas una petición para la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, por cargos de violación de los derechos humanos y corrupción. Las autoridades japonesas aún no habían anunciado su decisión al terminar el año. |
Mira també:
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