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Tortura, tratos crueles e inhumanos en el Perú
per Ricardo Alvarado Correu-e: rialpo ARROBA viabcp.com (verificat)	24 mai 2004
Extractos del Informe 2003 de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
TORTURA, TRATOS CRUELES E INHUMANOS EN EL PERÚ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos La tortura en el Perú es un problema de muy larga data, convirtiéndose durante las décadas de violencia política en una práctica masiva, especialmente en aquellas zonas sometidas a estados de emergencia. Sin embargo, la considerable reducción de los niveles de violencia política en nuestro país, no ha logrado erradicar su práctica al interior del Estado. Luego de la caída del régimen de Alberto Fujimori, se tuvo acceso a información sobre los casos de tortura producidos durante su gobierno. Esto ha permitido percibir mejor la incidencia de este crimen en otros ámbitos, como al interior de los establecimientos penitenciarios e incluso durante el servicio militar. Actualmente la mayoría de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú coinciden en que el internamiento en un establecimiento penitenciario o en una dependencia policial y el cumplimiento del servicio militar constituyen las circunstancias en las que se producen con mayor frecuencia casos de tortura. La problemática de la tortura tiene extensión nacional y permanece más allá de la amenaza terrorista, como una práctica recurrente al interior de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional de Perú y el Instituto Nacional Penitenciario. Los organismos de defensa y promoción de derechos humanos en el Perú siguen recibiendo denuncias de casos de tortura, (aunque en menor cantidad que durante las décadas de los 80's y 90's). No ha ocurrido lo mismo con otros tipos de violaciones a los derechos humanos, razón por la cual estimamos que, si bien es cierto que ha disminuido en número, la tortura no ha dejado de ocupar un lugar importante en la problemática del Perú en materia de derechos humanos. Lamentablemente la opinión pública no percibe la real magnitud del problema. Esta invisibilidad se debe entre otros factores, a la marginalidad de la mayor parte de las víctimas; marginalidad que es característica común de los jóvenes que prestan servicio militar voluntario en los diferentes institutos armados, de la mayor parte de los internos en los establecimientos penitenciarios y de la mayoría de los detenidos en las dependencias policiales, situación que los convierte en víctimas potenciales de tortura, por la ausencia de mecanismos estatales eficientes para prevenir y sancionar este tipo de delitos. Pese a los esfuerzos de un sector del gobierno (Ministerio del Interior) por disminuir la ocurrencia de casos de tortura, éstos son insuficientes para combatir un delito que sigue cometiéndose. La impunidad y el fomento de la tortura La ausencia permanente de mecanismos eficaces de sanción para los actos de tortura ha creado un clima de impunidad que a su vez fomenta la repetición de conductas. Desde la tipificación de delito de tortura en el año 1998, tan sólo se ha obtenido sentencia condenatoria en tres de los innumerables casos de tortura. Este nivel de ineficiencia en la administración de justicia crea desconfianza en la población para denunciar los casos de tortura y brinda la seguridad a los perpetradores de quedar impunes. Es necesario reconocer que al clima de permanente impunidad ha contribuido en gran medida el Fuero Privativo Militar, al que se encuentran sometidos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La falta de independencia de los jueces que ha derivado en la absolución de casi todos los procesados por el delito de tortura. Junto a ello, el fuero común ha contribuido a la impunidad abdicando a su competencia sobre algunos delitos (como el de tortura) y delegando sus facultades jurisdiccionales al Fuero Privativo Militar. Sandro Fasanando Saboya y Michelson Huansi Sangama Sandro Fasanando Saboya (28) y Michelson Huansi Sangama (34), residentes de las ciudades de Tingo María y Castillo Grande respectivamente, en e! departamento de Huánuco, fueron detenidos, incomunicados y.'torturados durante cuatro días por efectivos policiales de Tingo María en distintas dependencias. Sandro Fasanando Saboya fue detenido el 28 de agosto del 2003, en las inmediaciones de la Iglesia Santa Teresita, de la ciudad de Tingo María, Huánuco, acusado de extorsionar a Pablo Barrueta Cajas. El señor Fasanando fue conducido a las instalaciones de la Inspectoría de la Policía Nacional de! Perú (PNP) de Tingo María, en donde permaneció hasta las 16:00 horas. Luego, fue conducido al local de la División Especializada contra e! Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DECOTE-PNP). Fasanando fue torturado por los efectivos policiales que lo tenían bajo custodia, e! capitán PNP Jony Cruz y un efectivo policial identificado como el "teniente Suquer", recibiendo múltiples golpes de puño en la cara y las orejas y sometido a interrogatorio por el mayor Roncaya. Después, Sandro Fasanando fue conducido al patio de la referida dependencia por unos momentos, para luego ser sometido a otra sesión de tortura. Esta vez el detenido sufrió una serie de golpes en el abdomen mientras su cabeza era sumergida a una tina llena de una solución de agua, detergente y lejía, sesión que duró hasta las 4:00 horas del día siguiente. Luego de ello, Sandro Fasanando fue conducido a la instalaciones de la División de Secuestros de la Policía en Lima (DIVISE - PNP - LIMA), dicha dependencia devolvió al detenido a la DECOTE - Tingo María, en donde fue visitado nuevamente por un médico legista que certifica, esta vez, la existencia de una lesión de 1 x 5 cm. Es en esta dependencia donde Fasanando ve por primera vez a su supuesto cómplice, Michelson Huansi Sangama. Por otra parte, Huansi Sangama fue detenido el 28 de agosto del 2003, a las 13:30 horas aproximadamente, cuando se encontraba circulando en una moto-taxi por las inmediaciones de la Iglesia Santa Teresita. Huansi fue conducido a las instalaciones de la DECOTE Tingo María, de donde es trasladado para ser revisado por un médico legista. Luego que el legista certificara su buen estado de salud, el detenido es conducido nuevamente a las instalaciones de la DECOTE donde lo torturan. A la 1:00 horas del día siguiente, fue conducido por el denominado "teniente Suquer" a una de las oficinas de la dependencia con el supuesto objeto de tomar su manifestación, allí se le acusa de haber recogido dinero sin especificar la procedencia del mismo y es torturado. Huansi Sangama es obligado a firmar una declaración que no se le permite leer. Al día siguiente, e! detenido fue nuevamente conducido a las oficinas de la DECOTE con el objeto de prestar una ampliatoria de la manifestación que firmó obligado el día anterior. Cuando el interrogatorio empezó la ampliatoria estaba ya redactada y se le requirió sólo para que la firmase. Como el señor Huansi se negó, fue torturado introduciendo su cabeza en una tina llena de una solución compuesta por agua, detergente y lejía, hasta que finalmente decidió firmar conminado por los maltratos. Finalmente, el 1 de septiembre se inicia una investigación por e! delito de terrorismo contra el señor Huansi, en la DECOTE de Tingo María. La Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga tomó conocimiento del caso y lo denunció ante la Fiscalía Provincial Penal de Leoncio Prado en octubre del 2003, sin tener resultados positivos, razón por la que junto a COMISEDH denunciaron el hecho ante el Secretario Permanente de la Comisión de Derechos Humanos de! Ministerio del Interior y ante el Jefe del Órgano de Control de Investigación Criminal - DININCRI. La investigación por el delito de tortura se encuentra en el Ministerio Público. 2. OTROS CASOS DE TORTURA Marcelino Avendaño Galindo El 27 de octubre del 2003, aproximadamente a las 6 y 30 p.m., Marcelino Avendaño Galindo se desplazaba por la cuadra 39 de la avenida Perú, siendo sorpresivamente atacado por dos desconocidos en el distrito de San Martín de Porres (departamento de Lima), quienes lo golpearon en la espalda, luego le colocaron unas marrocas y la introdujeron a un vehículo station wagon color blanco, con lunas polarizadas, sin placa de rodaje. Dentro del vehículo se encontraba un tercer sujeto, todos se identificaron como policías (capitán PNP Willy Febres Gamero, el SOT 3ra. de apellido Vega y e! SOT Tafur). Avendaño fue golpeado duramente para que señalara a una tercera persona, cuya foto mostraban en un pasaporte. Luego de reponerse exigió a sus captores que lo condujeran a una delegación policial, pero es nuevamente golpeado y amenazado. En vez de conducir a la víctima a una estación policial, lo condujeron en e! vehículo por algunas calles de la ciudad, deteniéndose en la avenida España, en e! centro de Lima, donde ingresan a un salón de billar, siempre exigiéndole que sindicara a terceras personas. Posteriormente en el local de la DIRINCRI trataron de obligarlo a reconocer, como si fuese suyo, un pasaporte; ante su negativa lo obligaron a desnudarse, lo tendieron en e! suelo, y volvieron a golpearlo. Marcelino Avendaño solicitó al capitán PNP Willy Febres Gamero, conversar con un abogado y con el representante del Ministerio Público, recibiendo como respuestas más maltratos y amenazas. Posteriormente, Marcelino Avendaño fue sacado de! local de la DIRINCRI, por el SO Tafur y subido al auto donde se encontraba e! capitán PNP Febres y Vega, los que continuaban con sus amenazas, llegando incluso a proponer extorsionar a la persona que pedían sindique, y repartir el dinero, dentro del vehículo firma las papeletas de detención y aproximadamente a las 10 y 20 p.m., le ordenaron que bajara, abandonándolo entre e! jirón Washington y e! Paseo Colón. COMISEDH tomó conocimiento de los hechos a través de la Defensoría del Pueblo el 25 de noviembre del 2003. Poniéndolo en conocimiento del Secretario Permanente de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de! Interior el 28 de noviembre de! mismo año, la denuncia se basó en la mala actuación de los efectivos de la DIRINCRI, ampliándose en ese mismo día por el delito de tortura ante la 25 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Es necesario mencionar que este caso ya había sido denunciado penalmente -el 30 de octubre del 2003- por parte de la víctima, pero sólo por abuso de autoridad. Por lo tanto COMISEDH acompañó a la víctima para que rinda su manifestación ante la policía del Ministerio Público el 30 de enero del 2004; presentando el 17 de febrero un escrito ante la 25 Fiscalía Provincial Penal de Lima para que remita la ampliación por delito de tortura a la policía del Ministerio Público con la finalidad de evitar una doble investigación y una dilación innecesaria. Julio Alcázar Dolmos El28 de mayo del 2003, aproximadamente a las 16.30 horas,Julio Alcázar Dolmos fue detenido y conducido a la comisaría PNP de Quillabamba (Cusca) por una denuncia de violencia familiar contra su cónyuge Silvia Campana Becerra. A las 18.30 del mismo día, según declaraciones del SOT 3ra PNP Pedro Rosas Morales "al efectuar la revisión de rutina de los ambientes de la sala de meditación, se percató que el detenido Julio Alcázar se encontraba tendido en el piso ahorcándose con el pasador de su casaca de cuero color marrón, la misma que tenía al borde del cuello, procediéndose de inmediato a auxiliado por cuanto presentaba signos de vida y lo condujo al Hospital de Salud de Quillabamba donde el médico de turno no logró resucitarlo". Pese a esto, las numerosas heridas y hematomas observadas en diferentes partes del cuerpo de la víctima no son compatibles con la versión de los hechos dada por los policías. Se ha solicitado la ampliación del plazo de investigación. El juez ordenó la exhumación para esclarecer lo establecido en el dictamen pericial, continuando los médicos con las contradicciones, por esta razón COMISEDH ha realizado coordinaciones con el Centro Andino de Investigación Antropológico Forense (CENIA) para que participen en la diligencia de exhumación del cadáver de la víctima. Manuel Cruz Cavalcanti El 9 de junio del 2003, la Defensoría del Pueblo recibió la queja de un ciudadano por presunta tortura en su contra en la comisaría de Indiana (Maynas, departamento de Loreto). El día 5 de junio, Manuel Cruz Cavalcanti, recibió una citación para presentarse ante el teniente gobernador del caserío donde reside, por la denuncia del robo de una vaca, Al reiterar su inocencia, Cruz Cavalcanti fue trasladado a la comisaría de Indiana para ser interrogado por dos agentes policiales, al negar los hechos los agentes lo golpearon. La detención fue sin orden judicial y se le mantuvo en la sala de meditación. Al día siguiente el teniente gobernador de su comunidad envió un oficio a la comisaría, indicando que la vaca había sido encontrada en otro lugar, por lo que fue puesto en libertad. Manuel Cruz Cavalcanti presentó una queja el 9 de junio, en la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto, un examen médico determinó 4 días de atención y 14 días de incapacidad, evidenciando el maltrato al que fue sometido. La Defensoría del Pueblo concluyó que Manuel Cruz Cavalcanti fue objeto de tortura por parte del SOT Jorge Pisango López e informó del resultado de la investigación a la fiscalía. Producto de estos hechos se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de tortura, la que se encuentra en la etapa de investigación preliminar. COMISEDH realiza coordinaciones con el Vicariato Apostólico de Iquitos para el seguimiento del caso. Richard Coronado Calderón El 12 de mayo del 2003, Richard Coronado Calderón (30), interno del Pabellón 5 del Penal de Cambio Puente de Chimbote, Ancash, fue víctima de torturas en manos de tres agentes penitenciarios, dos de los cuales pudo identificar como Yucra y Cuadros. Estos agentes le rompieron la cabeza, lo patearon en las costillas y recibió puñetes en los ojos lo que le produjo dificultad para respirar. Con fecha 15 de mayo del 2003 se presentó la denuncia por delito contra la humanidad en la modalidad de tortura, contra los agentes penitenciarios (INPE) del Penal de Cambio Puente de Chimbote. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de investigación preliminar. COMISEDH en coordinación con la Comisión de Justicia Social de Chimbote están proporcionando asistencia legal a la víctima.
Mira també: http://ar.groups.yahoo.com/group/rastreamisuerte/ http://www.dhperu.org
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