Neocolonización. Baja en AL la inversión extranjera, pero se eleva salida de ganancias de trasnacionales

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Notícies :: globalització neoliberal : amèrica llatina
Neocolonización. Baja en AL la inversión extranjera, pero se eleva salida de ganancias de trasnacionales
per ROBERTO GONZALEZ AMADOR	23 mai 2004
Baja en AL la inversión extranjera, pero se eleva salida de ganancias de trasnacionales. En 2003 las empresas enviaron a sus países de origen 20 mil millones de dólares. Las 10 más grandes facturan anualmente 115 mil 805 mdd, 18% del PIB de México, según información de Cepal y FMI *Efectúan 41% de las exportaciones de la región.
El flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina y el Caribe disminuyó en 2003 por cuarto año consecutivo; en cambio, la salida de divisas de la región por concepto de ganancias remitidas por las trasnacionales a sus países de origen aumentó hasta alcanzar 20 mil millones de dólares, revelaron informes oficiales. Mientras, las empresas extranjeras que operan en México remitieron a sus casas matrices mil 372.9 millones de dólares de utilidades durante 2003. En ese año, las nuevas inversiones foráneas en el país sumaron 2 mil 651.1 millones de dólares, según cifras del Banco de México. En 2003, el ingreso de IED a la región fue de 36 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgado el jueves. No obstante, en ese mismo periodo las empresas extranjeras que operan en la zona remitieron hacia sus países de origen ganancias derivadas de esas inversiones por 20 mil millones de dólares, según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ventas en la región, la mayor trasnacional en América Latina y el Caribe es la española Telefónica, que factura 34 mil 230 millones de dólares anuales. En segundo sitio se ubica la estadunidense General Motors, con ventas por 14 mil 862 millones de dólares y en tercer sitio la productora de autopartes Delphi, también estadunidense, con 13 mil 267 millones de dólares. La cadena de tiendas Wal Mart, también de Estados Unidos, está colocada en el cuarto lugar, con ventas anuales en América Latina por 10 mil 676 millones de dólares; la automotriz alemana Volkswagen, con 10 mil 293 millones; y la también alemana DaimlerChrysler, con una facturación anual de 9 mil 908 millones de dólares. El séptimo lugar es ocupado por la estadunidense Ford, con ventas anuales en la región por 6 mil 742 millones de dólares, seguida por la petrolera española Repsol YPF, con 5 mil 781 millones; la coreana del ramo de la electrónica Samsung registra una facturación de 5 mil 50 millones; y la automotriz japonesa Nissan, con 4 mil 996 millones de dólares. En conjunto, de acuerdo con información de la Cepal, las 10 mayores trasnacionales que operan en América Latina generan ventas anuales por 115 mil 805 millones de dólares, cantidad que equivale a 18 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México. La información de la Cepal y el FMI revela que América Latina y el Caribe dejó de ser un destino importante para la IED, pero no así la rentabilidad que las trasnacionales tienen en la zona. En 1990, cuando se había consolidado la primera generación de reformas de apertura comercial y liberalización comercial impulsadas por los gobiernos de la región después de la crisis de la deuda de los años ochenta, la entrada neta de IED a la zona fue de 9 mil millones de dólares, cantidad similar a las salidas netas de divisas por concepto de renta de la inversión extranjera directa. Pero en 2003, cuando ya se habían acumulado cuatro años consecutivos de caída en los flujos de IED hacia la región, la salida de capitales por ganancias equivale a dos terceras partes de los recursos que ingresan, de acuerdo con los reportes de la Cepal y el FMI divulgados esta semana. "En América Latina, la contribución de la IED al financiamiento externo es declinante", consideró la Cepal. El organismo de Naciones Unidas añadió que la región está sujeta a "un intenso proceso de trasnacionalización", que puede apreciarse con algunos datos: En el sector de los servicios en América Latina, las empresas trasnacionales desplazaron al resto de las compañías, en especial a las de propiedad estatal. Entre 1990 y 1994, sólo una décima parte de las ventas latinoamericanas en este sector fue realizada por trasnacionales, mientras que las privadas locales facturaban 55 por ciento y las de capital estatal el otro 35 por ciento. Entre 2000 y 2002 la relación fue la siguiente: empresas trasnacionales realizaron 38 por ciento de las ventas, las de capital privado local 48 por ciento y las de capital estatal sólo 14 por ciento. Entre 1990 y 1994 las empresas de propiedad privada extranjera asentadas en la región eran responsables de 25 por ciento de las exportaciones desde América Latina; las firmas privadas de capital local realizaban otro 34 por ciento de las ventas al exterior, mientras que las pertenecientes al Estado eran responsables del 41 por ciento restante. La situación, en 2002, es inversa: las firmas extranjeras realizan 41 por ciento de las exportaciones; las de capital privado 31 por ciento, en tanto que las de propiedad estatal sólo generan 28 por ciento de las exportaciones desde la región.
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/may04/040523/022n1eco.php?origen=index.html&fly=1
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*Buscan trabajadores de confianza de Pemex revertir el contrato con Repsol
per ROBERTO GARDUÑO	23 mai 2004
México D.F. Domingo 23 de mayo de 2004 Tras dos intentos fallidos, solicitan acción de nulidad en juzgado de distrito en materia civil Buscan trabajadores de confianza de Pemex revertir el contrato con Repsol *La extracción de gas sólo compete a los mexicanos, señalan en la argumentación jurídica La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP) promovió un nuevo recurso constitucional para impedir que prosperen los contratos de servicios múltiples en Petróleos Mexicanos (Pemex), al solicitar ante un juzgado de distrito en materia civil "la acción de nulidad absoluta" del contrato de obra pública que por más de 2 mil millones de dólares firmó la paraestatal con la trasnacional española Repsol, otorgándole a ésta la concesión de explorar y extraer gas natural de la cuenca de Burgos, lo que contraviene el artículo 27 de la Constitución, porque esas tareas corresponden únicamente a los mexicanos. El pasado 26 de abril, la unión de trabajadores de confianza de la paraestatal presentó la demanda de nulidad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un juzgado federal habían decretado improcedentes una controversia constitucional y una solicitud de amparo, respectivamente, desechando con ello las dos principales herramientas jurídicas contra los contratos de servicios múltiples. De tal manera que la única posibilidad de contravenir el acuerdo entre el gobierno del presidente Vicente Fox y Repsol es el recurso de la UNTCIP, porque empleados de Pemex manifiestan que con el convenio referido sus fuentes de empleo se encuentran amenazadas. "La asociación civil (UNTCIP) actora tiene, entre otros objetivos fundamentales, participar en la adecuada conducción de la industria petrolera como una empresa de administración pública honesta y eficiente a través de la participación de sus mejores técnicos y profesionistas en el consejo de administración de Petróleos Mexicanos, defendiendo y desarrollando la propia industria soberanamente mexicana, proyectándola a planos de importancia internacional para el beneficio del pueblo de México; pugnando para que no se exploten irracionalmente los hidrocarburos por presiones internacionales o políticas irresponsables, y denunciando y rechazando el establecimiento de políticas y decisiones incorrectas, defendiendo esencialmente los derechos humanos y laborales de sus agremiados contra la utilización de mano de obra ajena a nuestro propio gremio, totalmente innecesaria", señala. Consideraciones legales Entre las consideraciones legales referidas en la solicitud de nulidad elaborada en el bufete jurídico de Ignacio Burgoa se advierte que el artículo 27 de la Constitución reconoce en favor de la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, como son el petróleo y todos sus derivados, dominio que es inalienable e imprescriptible: "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado... La nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva". También se manifiesta en el texto que el contrato, cuya nulidad absoluta se reclama, "es abiertamente contrario a la disposición constitucional, y esta norma implica una ley prohibitiva o de interés público, así la nulidad absoluta de dicho contrato es evidente, según lo establece el artículo octavo del Código Civil Federal, que dispone: los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario". En los términos del artículo 226 de dicho código, tal nulidad absoluta "...por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie el juez por la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción". Los artificios Para las autoridades, la nulidad absoluta del contrato que los trabajadores de confianza impugnan no se elimina por lo que disponen los siguientes ordenamientos secundarios: en el caso del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de Pemex se manifiesta que la empresa "podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere". En el mismo caso se encuentra el artículo cuarto de la Ley Orgánica de Pemex y Organismos Subsidiarios: "Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados, de acuerdo con sus respectivos objetivos, podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios y contratos, y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables". Un tercer argumento de las autoridades para justificar los contratos es el que se encuentra en el artículo tercero de la Ley de Obras y Servicios Relacionados. "para los efectos de esta ley se consideran obras públicas...los trabajos de exploración, geotécnica, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y de gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma marina". No obstante, el alegato de los trabajadores de confianza por medio de la demanda elaborada por el abogado Burgoa advierte que "las disposiciones secundarias son inconstitucionales por violar el artículo 27 de la Carta fundamental del país, al establecer la facultad de Pemex y sus subsidiarias para celebrar los contratos a que se alude en esos preceptos invocados. No es óbice (obstáculo) para esta consideración lo que el mismo artículo 27 constitucional previene en el sentido de que sea la nación mexicana la que lleve a cabo la explotación del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. "En efecto, esta explotación no puede comprender contratación alguna con personas morales o físicas ajenas a Pemex, pues la conclusión contraria sería violatoria del mismo artículo 27 invocado. En sana lógica, no puede admitirse, con validez jurídica, que este organismo público descentralizado pueda, con base en las disposiciones secundarias aludidas, celebrar contratos con entidades ajenas a él sin contrariar la prohibición tajante proclamada en el citado precepto constitucional, mismo que está investido de supremacía normativa frente a toda ley ordinaria". Esa evidencia se presentó ante el juez de distrito, al que se solicitó la declaración de nulidad absoluta del contrato de obra pública, "sustentando la legitimación procesal de la persona moral actora en el importante interés involucrado en sus objetivos", y por tal razón se manifiesta la necesidad legal de que la autoridad judicial admita "la presente demanda, ordenando la notificación y emplazamiento a los demandados".
Mira també: http://www.jornada.unam.mx/2004/may04/040523/008n1pol.php?origen=politica.php&fly=1