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Notícies :: antifeixisme
«se extenderá la criminalización si no hay rechazo activo»
21 mai 2004
Graves irregulridades en el intento de discriminar a HZ
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La defensa de HZ expone la vulneración de derechos fundamentales
·La plataforma considera que «se extenderá la criminalización si no hay rechazo activo»

Agotando el plazo de apenas unas horas fijado por la actual legislación española para poder ejercer el derecho a la defensa, la representación legal de Herritarren Zerrenda presentó ante el Tribunal Supremo sus alegaciones contra las impugnaciones formuladas por el Gobierno del PSOE y la Fiscalía General del Estado. El escrito recoge una serie de vulneraciones de derechos fundamentales en las que, según pone de manifiesto, incurren los órganos del Estado al reclamar la ilegalización de la agrupación electoral. La defensa de HZ también plantea una cuestión de inconstitucionalidad respecto a las normas que regulan el proceso electoral tras la aprobación de la Ley de Partidos.

Imanol INZIARTE


DONOSTIA

Tras un arduo trabajo realizado contra el reloj, la defensa de Herritarren Zerrenda presentó a última hora de la noche de ayer en el Tribunal Supremo las alegaciones de esta plataforma contra las impugnaciones presentadas por la Abogacía de Estado y por la Fiscalía General. Precisamente, esta premura de tiempo centra la primera parte del documento de 31 páginas al que tuvo acceso GARA. «La forma y modo de notificación, y el plazo dado para las alegaciones, convierte en la práctica el derecho fundamental (a la defensa) en una formulación de mero trámite», apunta.
Califica este hecho de «escarnio e insulto» a los derechos de los afectados, que ven vulnerados principios recogidos en la Constitución española como «el de tener un proceso público con todas las garantías, el derecho a la prueba, a la tutela judicial efectiva, a la proscripción de la indefensión y a la seguridad jurídica», por lo que se pide al Supremo que «eleve una cuestión de inconstitucionalidad».

HZ impugna «todos y cada uno de los documentos que aparecen en los anexos de los informes de la Guardia Civil y la Policía», puesto que son, o fotocopias de recortes de prensa sin contrastar, o supuestamente intervenidos a personas detenidas, o autos judiciales de Baltasar Garzón que «no son firmes, porque se hallan recurridos».

Se denuncia asimismo que, de los documentos cuyo original está redactado en euskara, se aporta una traducción en castellano que «ni se indica cómo se ha realizado, ni quién ha sido el perito o traductor, ni mucho menos se puede comprobar la veracidad de la traducción».

En cuanto a las acusaciones de haber formado parte de otras candidaturas, se destaca que, en caso de ser así, «se está sancionando un comportamiento, que en el momento de realizarse, no estaba prohibido por ley alguna». Añade que «se sanciona el pensamiento y la actividad política de algunas de las personas de la candidatura, cuando ni lo uno ni lo otro es ni delictivo, ni ilegal».

El capítulo de vulneraciones denunciadas no cesa ahí: «El derecho a la participación en los asuntos públicos se manifiesta tanto en el derecho a elegir como a ser elegido. Y tiene su base en la soberanía popular y el pluralismo político. En el presente supuesto, estos derechos se vulneran de forma individual y colectiva», y recuerda que «vienen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en distintos tratados internacionales ratificados por el Estado español».

Respecto a las identificaciones que la Fiscalía hace entre izquierda abertzale (IA) y ETA, se argumenta que los demandantes no han analizado el contenido del programa de HZ, ya que «lo que se plantea como exclusivo de la IA es asumido también por otros partidos, sindicatos y organizaciones sociales», y menciona que partidos como Aralar, EA y AB «también se autodenominan IA».

Se indica también que el Supremo «no va a poder basar su decisión en las actividades de la agrupación electoral, al no haber existido tiempo material para poder desarrollarlas».

En cuanto a la «actuación ilegal» de Marije Fullaondo como parte del «comité promotor del Foro de Debate Nacional», se recuerda que «forman parte activa» del mismo «personas como Rafael Larreina, parlamentario de EA, Mertxe Colina, portavoz de AB, o el meteorólogo y franciscano Pello Zabala».

Entre otras medidas «a efectos de prueba», la defensa pide que Marije Fullaondo comparezca en un interrogatorio y que el Registro de Penados y Rebeldes «certifique si alguna de las personas incluida en la lista electoral proclamada ha sido condenada, por qué delito, a qué pena, y si está sometida a inhabilitación activa o pasiva».

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Comentaris

Re: «se extenderá la criminalización si no hay rechazo activo» Paremos esta "democracia"... a la española
21 mai 2004
Kompletamente de acuerdo!!!

La existencia sistemática de malos tratos y torturas dentro de las prisiones y comisarias españolas es una realidad probada, tal y como demuestran las numerosas denuncias interpuestas ante organismos internacionales dedicados a la defensa de los Derechos Humanos.

Igualmente es un hecho que durante el gobierno del Partido Popular se han cometido numerosas actuaciones delictivas, dirigidas a criminalizar a los movimientos sociales, culturales, procediéndose a detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, montajes policiales y judiciales contra activistas sociales, culturales, sindicales... Es el momento de que el nuevo gobierno acabe con el ambiente de crispación y tensión generado de manera irresponsable y claramente delictiva por el ex presidente José María Aznar, permitiendo que la Justicia sea realmente independiente y no un brazo ejecutor de medidas irresponsables, arbitrarias y electoralistas, que generan un profundo malestar y desprecio.

Otro tema candente y grave es el alarmante incremento de la población reclusa, así como la innecesaria implantación de juicios rápidos (que no garantizan la erradicación de las causas que provocan el delito y las injusticias ni permiten una defensa adecuada). Urge la adopción de políticas destinadas a la rehabilitación integral y efectiva de los presos, así como atajar la ausencia de medidas sociales para lograr e instalar hábitos participativos y pacíficos en el seno de la sociedad, desterrando el intenso clima de crispación y malestar instalado por la irresponsabilidad y zafiedad del Partido Popular...

El nuevo gobierno debe analizar, con calma y rigor, las situaciones que provocan violencia, atacando sus causas. Para ello, deben crearse equipos multidisciplinares, en aras a erradicar , o al menos paliar, las situaciones de violencia, desigualdad, injusticia y patologías imperante en el seno de nuestra convulsa y dinámica sociedad.

Por todo ello, rogamos que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Presidencia del Gobierno, el Defensor del Pueblo... adopten medidas para acabar con el clima de crispación, tensión y violencia institucional contra los movimientos sociales alternativos, contra los presos y detenidos, así como se procede al respeto de los Derechos Humanos, violados y conculcados de manera sistemática e intencionada por el anterior gobierno del Partido Popular.

La Defensa de los Derechos Humanos debe ser un principio esencial que asuma el nuevo gobierno de Zapatero, en aras a favorecer la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos desde un clima de respeto al diálogo, donde la discrepancia pueda existir para el logro de consensos y acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.

Cercle Obert de Benicalap
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro
y www.kaosenlared.net
Sindicat