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Washington, ese campeón de los derechos humanos
11 mai 2004
Washington, ese campeón de los derechos humanos
Proceso, 09/05/2004

México, D.F., (apro).- Hoy, el mundo se dice estremecido por los maltratos y humillaciones a que los ocupantes han sometido a sus prisioneros en Irak. Pero los abusos fueron reportados casi desde el momento mismo de la invasión. Sólo que entonces no hubo imágenes que los documentaran y el mundo no pudo ver; y no quiso oír.

Ahora, además, los gobiernos estadunidense y británico aseguran que se trata de casos aislados que se castigarán severamente. Pero por todos lados saltan evidencias de que son prácticas recurrentes e institucionalmente toleradas, si no es que directamente instigadas. En el caso de Estados Unidos, por lo menos, es un patrón de conducta que se ha repetido demasiadas veces en tiempo y espacio, para pensar que se trata de una mera excepción.

En este mismo momento, en la base naval de Guantánamo, donde el Pentágono tiene detenidos a unos 600 prisioneros producto de su anterior incursión bélica en Afganistán, los reportes de vejaciones son sospechosamente parecidos a los que provienen de Irak. Tampoco hay que olvidar al millar de presos recluidos en cárceles estadunidenses con motivo de los atentados del 2001, a los que se ha sometido a un total hermetismo y que, de entrada, enfrentan un proceso legal irregular.

Pero en la historia cercana y, para no ir muy lejos, en América Latina, se tiene documentada y dolorosa experiencia de lo mucho que Washington es capaz de violar los derechos humanos, cuando de neutralizar se trata a quienes afectan sus intereses económicos y políticos. Y por si todavía hubiera duda sobre el doble rasero con que se manejan las garantías individuales, sólo bastaría echar una mirada al sistema penitenciario estadunidense, que también es un coto de abusos y donde los reos distan mucho de ser iguales.

Para volver al escándalo en curso de la tortura en Irak, en una fecha tan temprana como el 4 de mayo de 2003, a poco más de un mes de iniciada la invasión y apenas tres días después de que George W. Bush decretara el fin de las operaciones bélicas mayores, bajo el título âEl infierno de los presos iraquíesâ? Proceso publicó ya una nota sobre las vejaciones físicas y psicológicas a que eran sometidos unos 7 mil detenidos por la tropas de ocupación, violando casi todo lo dispuesto por la Convención de Ginebra.

La información era del dominio público y había ya sido publicada, también, por numerosos medios europeos. Con citas tomadas de algunos de ellos, datos de organizaciones como la Cruz Roja o Amnistía Internacional y entrevistas directas con personal humanitario y de prensa que retornaba de Irak, la corresponsal Sanjuana Martínez daba cuenta, además del limbo legal, de las terribles condiciones en que se encontraban los ocupantes del campo de detención de Um Qasar.

Detenidos de manera arbitraria, sin constar su culpabilidad, bajo temperaturas entonces de hasta 50 grados, muchos heridos y enfermos, los reclusos se hacinaban en enormes tiendas de campaña, con poca agua y menos comida, nulas condiciones sanitarias, mala e inhumana atención médica, expuestos a las picaduras de víboras y escorpiones, y âcontinuamente maltratados por soldados estadunidenses y británicosâ?.

Además de las esposas en las muñecas, las cadenas en los pies y las bolsas en la cabeza; aparte de no dejarlos dormir, de las habituales golpizas, los simulacros de ejecución que algunas veces culminaron en muertes reales, llaman la atención, desde entonces, cierto tipo de humillaciones como obligarlos a realizar sus necesidades fisiológicas enfrente de los demás, andar desnudos y llevar a cabo, real o ficticiamente, prácticas sexuales.

¡Qué curioso! Las imágenes tomadas en la cárcel de Abu Gharib, que en días recientes tanto conmovieron a la opinión pública mundial, parecen documentar lo que hace un año ocurría ya en Um Qasar. Demasiada coincidencia para atribuirla al azar. El énfasis, además, que se ha dado a las cuestiones sexuales, sensibles en cualquier cultura, pero particularmente traumáticas para los parámetros árabes y musulmanes âun conocimiento poco común en el soldado rasoâ levanta la sospecha de una intención deliberada.

Esta sospecha se agudiza, cuando los pocos liberados del llamado âCamp Fiveâ? en Guantánamo âalgunos de ellos ciudadanos británicos de ascendencia árabeâ, narran situaciones que se repiten casi a la calca. Las fotografías de las jaulas donde se tienen encerrados como animales a los prisioneros, imágenes de sus traslados con la consabida bolsa en la cabeza y los grilletes en los pies y reportes de organizaciones humanitarias, confirman que, en ningún caso, se trata de excepciones.

En litigio permanente por la cuestión de los derechos humanos, después de ser censurada ella misma por iniciativa de Washington en la comisión correspondiente de Naciones Unidas, Cuba pidió que la organización enviara un relator especial al enclave naval, para documentar las violaciones que ahí ocurren. El proyecto de resolución tuvo que ser retirado por falta de apoyo. Y es que Guantánamo, no hay que olvidar, es por el momento territorio estadunidense. Y ahí no es cuestión de hacer juicios, menos cuando el comandante supremo está en guerra.

Esto, claro, se extiende también al área continental. Más allá de las limitaciones a las garantías individuales de los propios estadunidenses que prevé la Ley Patriota, poco se menciona ya a los ciudadanos de diversas nacionalidades que se encuentran retenidos por presuntos vínculos con los atentados del 11 de septiembre. No mucho ha trascendido de sus condiciones carcelarias, pero su proceso ha estado viciado de origen al mantenérseles incomunicados, sin cargos concretos y sin defensoría legal adecuada.

Por supuesto, quienes peor lo han pasado son aquellos de ascendencia árabe o filiación musulmana; muchos sospechosos por esta sola causa. Y es que cuando de defender sus âinteresesâ? se trata, Washington no repara en matices. Ahora, por su raza, su religión o por no estar de acuerdo con las políticas de seguridad de la Casa Blanca, cualquiera puede ser señalado de terrorista, como antes todo aquel que impugnara las reglas del capital y reivindicara las causas populares era tachado de comunista.

Esto lo saben bien cientos de miles de latinoamericanos que, como consecuencia de la âdoctrina de seguridad nacionalâ?, fueron encarcelados, torturados, asesinados o tuvieron que huir al exilio entre los años 60 y los 90. Muchos, efectivamente, pertenecían a movimientos âsubversivosâ? (lo cual no justifica los abusos); pero muchos más, eran campesinos, sindicalistas, estudiantes, religiosos o simpatizantes que deseaban un cambio social, o simples ciudadanos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino.

Las atrocidades, se argumentará, las llevaron a cabo los gobiernos locales. Sí, pero en esa época prácticamente no hubo mando militar que no pasara antes por la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, donde el Comando Sur de Estados Unidos se encargaba de indoctrinar y entrenar a los oficiales latinoamericanos para que conjuraran la âamenaza comunistaâ?. Y entre las materias que se impartían, había algunas que enseñaban muy específicamente cómo âtratar a los subversivosâ?. Trato, qué coincidencia, muy parecido al que sufren hoy los prisioneros de Irak.

Por si acaso queda duda de la omisión en materia de derechos humanos por parte de Washington, cuando de sus adversarios se trata, hay que decir que en la época de las dictaduras militares en América Latina sus legaciones diplomáticas estaban perfectamente al tanto de la represión que ocurría; algunos de sus funcionarios, inclusive, la coordinaban, participaban en ella o daban cursos a domicilio para aquellos que no llegaron hasta Panamá. Como aquel Dan Mitrione, agente de la CIA torturador, que el cineasta Costa Gavras recrea en su película âEstado de sitioâ?.

Lo que hemos visto en estos días, por lo tanto, no se trata de una excepción, sino de una práctica vieja, reiterada y perfeccionada. Más aún, adaptada al momento y a la idiosincrasia de los sometidos. Práctica que si bien con particular desdén se aplica en ciudadanos extranjeros y en territorio ajeno, también tiene su expresión en el dispar mundo interno estadunidense.

Hasta aquí se ha hablado de violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos en un marco de guerra abierta o soterrada. Pero un rápido vistazo a su sistema carcelario, donde se encuentran recluidos los âenemigos de la sociedadâ?, evidencia que, a su conveniencia, el aparato de justicia estadunidense también se permite licencias en su territorio y sobre sus propios ciudadanos.

En un informe titulado Estados Unidos de América. Derechos para todos, elaborado por Amnistía Internacional en 1998, pero que se mantiene vigente con sólo actualizar las cifras, se da cuenta de la brutalidad policial y los abusos de todo tipo que cometen los funcionarios de las cárceles estadunidenses. Notoriamente, estos se ceban sobre negros, hispanos, asiáticos, árabes, blancos pobres, indocumentados, homosexuales, prostitutas y demás minorías que pueblan las celdas y que rara vez pueden pagarse una defensa adecuada.

Esta correlación se repite entre los condenados a muerte. Estados Unidos, hay que subrayar, es uno de los países que no han eliminado la pena de muerte y que da jurisdicción soberana a sus estados confederados para ejercerla. Texas, por ejemplo, se lleva la palma en este rubro. Amnistía Internacional destaca que además de los criterios raciales, económicos y migratorios de los condenados, se ha llegado al extremo de ejecutar a menores de edad y enfermos mentales. Hay, además, por lo menos 120 casos de personas ejecutadas cuya inocencia se comprobó después.

Para cerrar, baste recordar el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la violación de los derechos consulares de 51 mexicanos condenados a muerte, conforme lo estipula la Convención de Viena. Hasta el momento, el gobierno federal no ha dado ninguna respuesta sobre el fallo que, dice, está estudiando. Pero los gobernadores de Texas y Oklahoma, donde se encuentran varios de los reos, ya adelantaron que en sus estados esa corte internacional âno tiene jurisdicciónâ?.

No son los únicos que piensan así. Ante un fallo similar de esta Corte en 1998, el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, consideró que âse trata de una intromisión intolerable por parte de la ONU⦠aquí sólo importa un tribunal: la Corte Suprema de Estados Unidos; y sólo se aplica una ley: la Constitución estadunidenseâ?. En realidad ni eso. Dentro y fuera sólo rige la ley del más fuerte.
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