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Notícies :: criminalització i repressió
Un joven de Galdakao, condenado a cinco años por «amenazas terroristas»
11 mai 2004
La Audiencia Nacional española ha condenado al preso Jon Crespo a cinco años de prisión acusado de un delito de «amenazas terroristas». Le responsabiliza de haber depositado unas cartas en el buzón de los vecinos del concejal del PP Ricardo Gutiérrez Solana en 2001. Los otros dos jóvenes procesados por estos hechos han sido absueltos por falta de pruebas. Crespo se autoinculpó ante el juez y la Ertzaintza, pero en el juicio denunció malos tratos.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de cárcel al preso Jon Crespo Ortega, acusado de un delito de «amenazas terroristas» por haber remitido el 17 de marzo de 2001 a los vecinos del edil del PP en Galdakao Ricardo Gutiérrez Solana sendas cartas. En las misivas, al parecer, se invitaba a «contribuir a la expulsión» del edil, a quien se denominaba «engendro de Franco».

Crespo fue detenido, junto a Andoni Beroiz, el 11 de noviembre de 2002, y en los días siguientes fue arrestado también Xabier Arriluzea. La Audiencia Nacional ha acordado absolver a los dos últimos, al considerar que en la causa «no existe dato alguno externo u objetivo» que pruebe su participación en los hechos. No obstante, condena a Crespo, que hasta el momento se encontraba en prisión provisional, a cinco años de cárcel.

A su vez, tal y como se indica en la sentencia a la que ha tenido acceso GARA, le han impuesto la pena accesoria de ocho años de inhabilitación más la del tiempo de duración de la pena privativa de libertad, y le condenan al pago de las costas procesales, debiendo indemnizar a Ricardo Gutiérrez la suma de 30.000 euros «en resarcimiento de los daños y perjui- cios que le fueron irrogados».

La resolución judicial señala que el joven de Galdakao, «junto con otros dos individuos no identificados», decidió «amedrentar» al concejal del PP, confeccionando para ello «una carta-panfleto escrita en euskara». En la misma, según resalta el fallo, se responsabilizaba a Ricardo Gutiérrez de que «a Euskal Herria le sea negada la palabra, de la dispersión que sufren los prisioneros políticos, y de la tortura que sufre nuestro pueblo».

En base a ello, agrega la sentencia, la misiva invitaba a los vecinos del edil del Partido Popular a que «hicieran lo posible para echar del vecindario» a Gutiérrez.

La resolución condenatoria de la Audiencia Nacional no es firme, ya que, según explicó a GARA la defensa de Crespo, se ha presentado un recurso.

«Le han condenado porque reconoció los hechos en su declaración ante el juez y ante la Ertzaintza. En el juicio, el joven explicó que lo había hecho sometido a malos tratos. Precisamente, se sigue un procedimiento por la denuncia por los malos tratos», precisó la defensa a este diario.

En ese sentido, Askatasuna denunció, mediante una nota de prensa, que «la única prueba en contra de Jon Crespo fue su autoinculpación obtenida bajo las presiones y los malos tratos que, como es habitual en el caso de las denuncias presentadas por ciudadanos vascos tras su paso por las comisarías de la Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil, nunca han sido investigados».

El organismo antirrepresivo consideró que la sentencia «se ha emitido sin que se haya probado su participación en los hechos por los que ha sido condenado». Por contra, censuró que «los policías que torturan, amenazan y presionan a los detenidos vascos siguen ejerciendo su labor represiva con total impunidad al amparo de los políticos y la Justicia».


El concejal del PP califica de «benévola» la sentencia
GARA

GALDAKAO

Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdakao, calificó ayer de «benévola» la pena de cinco años de cárcel impuesta a Jon Crespo, al que acusan de haber remitido a los vecinos del corporativo una carta conminándoles, al parecer, a «contribuir a la expulsión» del edil del vecindario.

Tras conocer el fallo, Gutiérrez manifestó que «es una lástima que este joven de 26 años no haya sido condenado a la pena máxima de doce años de prisión», si bien se congratuló de que «al menos durante cinco años no volverá a hacer a nadie más lo que me hizo a mí».

El dictamen de la Audiencia Nacional española señala que el envío de esta carta provocó que el concejal del PP fuera despedido de su empleo y tuviera que fijar su domicilio fuera de Euskal Herria. Al parecer, apenas dos meses después de la remisión de la misiva, la empresa donde Gutiérrez trabajaba desde hacía un lustro le despidió argumentando que iba a abordar una reestructuración que «aún no ha iniciado. Pusieron una excusa, pero en realidad pretendían librarse de mí, porque tenían miedo», explicó el edil, cuyo despido fue más tarde declarado improcedente por un juez.

«En la comunidad autónoma me resultó imposible encontrar trabajo por el miedo de los empresarios a contratar concejales no nacionalistas, y al final lo hallé fuera», relató.

Pese a ello, aseguró que, si pudiera dar marcha atrás, volvería a presentarse en las listas del PP en su localidad y «trabajar para que mis hijos puedan vivir en libertad».

http://www.gara.net/orriak/P11052004/art81954.htm

Etxerat comparece hoy en la Comisión de DDHH del Parlamento de Gasteiz .


Regresión al primer grado penitenciario

DONOSTIA.­ La regresión del grado penitenciario ha afectado a más de 85 presos políticos vascos, según informa Etxerat. De estar clasificados en el segundo grado penitenciario pasaron al primero, con la restricción de derechos que ello supone. Esto ha sucedido en al menos nueve prisiones.

Sin visita «por temor a ser agredidos»

DONOSTIA.­ Los días 13 y 14 de marzo, 87 presos se quedaron sin visita «por temor a que sus familiares fueran agredidos» en las inmediaciones de las cárceles. En un bar cercano a Puerto I, por ejemplo, varios allegados fueron increpados con insultos de «hijos de puta, asesinos, iros a vuestra tierra».

Amenazas a familiares de presos

DONOSTIA.­ Los padres del preso político Karlos Apeztegia han interpuesto una denuncia porque en el portal, buzón y ascensor de su casa aparecieron cuatro notas amenazantes. En una se decía que «En este edificio hay gente que apoya a los hijos de puta de ETA. ¿Los quieren como vecinos?».

DONOSTIA
El representante de Etxerat Josu Cerrato, el abogado Aitor Ibero y dos ex presos políticos expondrán hoy ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz «las agresiones, tanto físicas y verbales, y las amenazas» de las que fueron objeto los prisioneros en las cárceles de Alcalá-Meco, Brieva, Villena, Aranjuez, Albacete, Albolote, Puerto I y Valdemoro tras los atentados del 11-M.

Según los datos que ha podido recabar Etxerat, 13 prisioneros políticos fueron golpeados y más de 25 atacados. También se produjeron cuatro intentos de agresión.

En el relato de hechos, detalla que Saioa Azpilikueta, Saioa Alzua, Agurtzane Izartza, Ikerne Indakoetxea, Aitziber Pérez, Aiboa Casares, Aizeti Fernández, Garazi Biteri y Aiala Manrike, encarceladas en el módulo A2 de Alcalá, recibieron «patadas y golpes» por parte de presas sociales. En el módulo B3 también se vivieron momentos de tensión. En Brieva, Ainhoa Irastorza, Idoia Martínez y Olatz Dañobeitia «fueron arrastradas de los pelos y golpeadas con palos entre las risas de las funcionarias».

En Villena, Eider Pérez «fue rodeada por once presas sociales. Mientras cuatro le daban codazos y patadas en la cabeza, cara, brazos y piernas, el resto se reía. Tras esta paliza subió a la celda y pidió por el interfono que la llevaran al médico porque tenía mucho dolor», indica el organismo de familiares. Ainara Esteran tuvo que ser trasladada a enfermería a causa de un ataque de ansiedad al escuchar lo ocurrido a Pérez.

Según las mismas fuentes, Asier Ortiz, Alex Akarregi, Gorka Betolaza, Unai Mallabia, Arkaitz Martínez de Albeniz, Ricardo Aranburu, Angel Murgoitio, Asier Otxoa e Iker Frade, encarcelados en Alcalá-Meco, tuvieron que solicitar su traslado a aislamiento «ante una situación insostenible». En Aranjuez, Anjel Elcid, Bittor Franco, Sebas Gurtibai, Joseba Segurola e Imanol Esnaola (ahora en libertad) recibieron «múltiples golpes e insultos».

Etxerat denuncia en el informe que presentará hoy en el Parlamento la actitud de los funcionarios, «que en muchos de estos casos azuzaron a los presos sociales para que atacaran a nuestros familiares y facilitaron los medios para que se produjeran estas situaciones».

Entre las consecuencias directas del 11-M, también incluye los numerosos cambios de destino registrados y que, en su mayoría, supusieron un alejamiento aún mayor; las muertes de Anjel Berrueta y Kontxi Sanchiz; y la huelga de hambre en Albacete.

http://www.gara.net/orriak/P11052004/art81956.htm

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