Conferencia: â��Emergencia Antiterrorista y el Estado de Derechoâ�?

Imprès des de Indymedia Barcelona : http://barcelona.indymedia.org/


Notícies :: amèrica llatina : guerra
Conferencia: “Emergencia Antiterrorista y el Estado de Derecho�?
per Alessandra Correu-e: alecaporale@hotmail.com	27 abr 2004
El objetivo de este evento es el de mostrar como el caso de extradición de Adolfo Olaechea no es un caso aislado, sino el síntoma y el efecto de una estrategia generalizada que mira a la restricción de los derechos democráticos con el fin de silenciar a toda oposición social y política a la nueva ola de violencia criminal perpetrada por los estados imperialistas, una violencia motivada por intereses económicos cuya expresión máxima es la guerra.

EMERGENCIA ANTITERRORISTA Y EL ESTADO DE DERECHO LA EXTRADICIÃ�N DE ADOLFO OLAECHEA SECRETARIO DE â��JUSTICE INTERNACIONALâ�? MiÃ©rcoles 28 Abril, 18.00 h. CGT - Via Laietana 18, 9Âª planta metro: Jaume I Intervienen: ARCADI OLIVERES (Justicia i Pau) La lucha popular para llevar ante los tribunales internacionales a los responsables de la guerra de agresiÃ³n a Irak. AGUSTÃ? SOLER (Presidente de la FederaciÃ³ Catalana d'ONG pels Drets Humans) La eliminaciÃ³n de los Tribunales especiales en un Estado de Derecho. JAUME ASENS (abogado, ColÂ·lectiu Layret) Las leyes antiterroristas y la represiÃ³n de los movimientos sociales. FRANCESC ARNAU (abogado, Despatx dâ��Assesorament Laboral i Popular) La querella por genocidio pendiente sobre el ex-presidente Fujimori y las responsabilidades del actual gobierno de PerÃº. RAMON BOSCH (ComitÃ¨ de Solidaritat amb el PerÃº de Catalunya) La represiÃ³n de las luchas populares en PerÃº y la continuidad del rÃ©gimen de Toledo con el terrorismo fujimorista. ALESSANDRA CAPORALE (Justice Internacional Barcelona) La persecuciÃ³n polÃtica y la extradiciÃ³n de Adolfo Olaechea, secretario de Justice Internacional. Participan: ComitÃ© para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea, Justicia Internacional Barcelona, Justicia i Pau, FederaciÃ³ Catalana dâ��ONG pels Drets Humans, ComitÃ¨ de Solidaritat amb el PerÃº de Catalunya, ConfederaciÃ³ General del Treball de Catalunya, FederaciÃ³ Local de Barcelona de la CGT. Apoya: ComisiÃ³n General de EspaÃ±a de Justicia y Pax InformaciÃ³n: 93 3103362 (CGT) o 93 4423823 (Justice International) --------------------------------------------- CARTA ABIERTA DE JUSTICIA INTERNACIONAL Hola a todos, Como sabÃ©is el secretario de la asociaciÃ³n inglesa Justicia Internacional, Adolfo Olaechea, ha sido extraditado de EspaÃ±a a PerÃº el verano pasado. La demanda de extradiciÃ³n por parte de PerÃº se ha producido paralelamente a que Justice Internacional organizara una conferencia en la cÃ¡mara de los Lores de Londres, sobre las violaciones de derechos humanos en PerÃº. Olaechea, habitualmente residente en Londres, se encontraba en EspaÃ±a este verano por razones de trabajo cuando fue arrestado y posteriormente extraditado a PerÃº. Su extradiciÃ³n fue llevada a cabo por la Audiencia Nacional a pesar de la oposiciÃ³n del Tribunal para los derechos humanos de Estrasburgo al no haber pruebas algunas en contra de Olaechea y a la posibilidad de que se tratara de un caso persecuciÃ³n polÃtica. Como responsable de Justicia Internacional en Barcelona he trabajado a la organizaciÃ³n de la conferencia: â��Emergencia Antiterrorista y el Estado de Derechoâ�? para denunciar la detenciÃ³n ilegal de Olaechea a la vez de sensibilizar sobre la urgencia de una movilizaciÃ³n sobre la problemÃ¡tica de la â��emergencia antiterroristaâ�?. El objetivo de este evento es el de mostrar como el caso de extradiciÃ³n de Adolfo Olaechea no es un caso aislado, sino el sÃntoma y el efecto de una estrategia generalizada que mira a la restricciÃ³n de los derechos democrÃ¡ticos con el fin de silenciar a toda oposiciÃ³n social y polÃtica a la nueva ola de violencia criminal perpetrada por los estados imperialistas, una violencia motivada por intereses econÃ³micos cuya expresiÃ³n mÃ¡xima es la guerra. A su vez, las clases polÃticas en el poder se dedican a elaborar estrategias que permitan justificar estos crÃmenes y eliminar lo que queda del Estado de derecho para criminalizar la oposiciÃ³n popular a sus planes genocidas. La misma maquinaria criminal activada para justificar la guerra de conquista â�� la lucha sin frontera al terrorismo - es empleada en la represiÃ³n de la oposiciÃ³n. El carÃ¡cter de urgencia de esta convocatoria (la Audiencia Nacional se pronunciarÃ¡ en estos dÃas sobre le caso Olaechea) non ha dejado con muy poco tiempo a disposiciÃ³n para publicitar el evento. Es por esto que no solo os invito sino que os pido de hacer un esfuerzo y participar al evento y tambiÃ©n echar una mano en circular esta convocatoria entre las personas posiblemente interesadas. Necesitamos tambiÃ©n contactos con periodistas. Para cualquier informaciÃ³n estoy a vuestra disposiciÃ³n gracias y un saludo Alessandra Caporale (Justice Internacional, Barcelona) ---------------------------------------------- Sigue INFORME SOBRE ADOLFO OLAECHEA Y EL PROCESO I-LEGAL DE SU EXTRADICIÃ�N INFORME SOBRE EL CASO DE ADOLFO OLAECHEA CAHUAS Abril, 2004 Detenido en AlmerÃa a inicios de Julio de 2003, en Agosto de 2003 Adolfo Olaechea es extraditado a PerÃº acusado de delitos de terrorismo por una orden de captura originada en el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, y renovada en el 2002 por el gobierno de Alejandro Toledo. Dicha orden se activÃ³ con el fin de silenciar a Olaechea cuando se aprestaba a denunciar los abusos del Estado Peruano relativos a la violaciÃ³n de los tratados internacionales sobre la tortura en una audiencia pÃºblica en la CÃ¡mara de los Lores de Londres en noviembre del 2001. La persecuciÃ³n a Olaechea no se basÃ³ entonces en ninguna investigaciÃ³n policial sino en la intenciÃ³n del gobierno de PerÃº de silenciar a sus opositores polÃticos. En una carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, pocos dÃas antes de la conferencia convocada por Justice Internacional en la CÃ¡mara de los Lores del Reino Unido, se informa de que â��se ha recibido una comunicaciÃ³n de la Embajada del PerÃº en el Reino Unido de Gran BretaÃ±a e Irlanda del Norte, mediante la cual informa que el ciudadano peruano Adolfo Olaechea Cahuas viene efectuando una negativa campaÃ±a de desinformaciÃ³n sobre la situaciÃ³n de los Derechos Humanos y terrorismo en el PerÃº en foros pÃºblicos del Reino Unido, y que actualmente estÃ¡ realizando gestiones para presentarse ante el Parlamento BritÃ¡nicoâ�? y que â��al respecto nuestra Embajada a ese paÃs, solicita que se remita con urgencia informaciÃ³n sobre los antecedentes y mandatos judiciales de captura a nivel nacional e Internacional de Adolfo Olaechea Cahuas, asÃ como informaciÃ³n adicional que permita demostrar ante las autoridades britÃ¡nicas que el citado connacional se encontrarÃa vinculado con la agrupaciÃ³n terrorista Sendero Luminosoâ�?. La Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo se opuso a la orden de extradiciÃ³n en contra de Olaechea por considerar que sus derechos no estaban suficientemente protegidos en el marco de los siguientes elementos: - no existen pruebas de delito alguno imputable a Olaechea. - no se puede excluir de que se trate de una persecuciÃ³n polÃtica. - no hay garantÃas plenas de que se realice un juicio justo en el PerÃº. A pesar de la recomendaciÃ³n de Estrasburgo al gobierno de EspaÃ±a expresando su contrariedad por la extradiciÃ³n del Secretario General de Justice International, el juez espaÃ±ol Juan del Olmo procediÃ³ a la extradiciÃ³n y Olaechea pasÃ³ de la cÃ¡rcel madrileÃ±a Valdemoro a la del penal de MÃ¡xima Seguridad de Castro Castro en Lima. En Noviembre de 2003, Adolfo Olaechea fue puesto en libertad por las autoridades judiciales peruanas debido a una total ausencia de pruebas en su caso. El estado peruano no se conformÃ³ con la decisiÃ³n de su propias autoridades judiciales y pidiÃ³ a la Audiencia Nacional de Madrid una ampliaciÃ³n de la extradiciÃ³n a fin de perseguir a Olaechea por otros presuntos delitos. La defensa de Olaechea solicitÃ³ entonces a la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo que se opusiera igualmente a esta abusiva ampliaciÃ³n. Amparados en los acuerdos internacionales y por el juicio de la Corte Europea, Justice Internacional y el ComitÃ© para la defensa de los derechos de Adolfo Olaechea declararon que: - La ampliaciÃ³n viola el 'principio de especialidad' establecido por los acuerdos internacionales en casos de extradiciÃ³n simplificada como el de Olaechea. - la ausencia de pruebas que resultÃ³ en la liberaciÃ³n de Olaechea confirma el carÃ¡cter polÃtico de la persecuciÃ³n ya que no se basaba en hechos si no exclusivamente en intereses polÃticos del Estado peruano y, particularmente, del gobierno de Alejandro Toledo. Este gobierno - demostrando ser un fiel continuador del rÃ©gimen de Fujimori - resultaba asÃ "premiado" por el gobierno EspaÃ±ol por estar comprometido firmemente a ser el abanderado en America Latina de la supuesta polÃtica antiterrorista de George Bush, JosÃ© MarÃa Aznar y Tony Blair. - La ausencia de pruebas en contra de Olaechea demuestra el carÃ¡cter ilegal de esta extradiciÃ³n, tal y como ya manifestÃ³ en su dÃa la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo respecto al hecho de que en PerÃº no existen garantÃas de que se realice un proceso justo. Por todo esto se considera irresponsable la concesiÃ³n de una eventual ampliaciÃ³n. Sin embargo el juez Don Juan del Olmo, renunciando a su papel tutelar, no cumpliÃ³ las garantÃas que su propio despacho impuso al gobierno del PerÃº y, en complicidad objetiva con el embajador Olivera y el gobierno de Aznar, renegÃ³ vergonzosamente de su promesa a Olaechea de hacer cumplir su derecho a la especialidad extradicional de la causa, derecho que Ã©l mismo habÃa planteado al encausado acogerse. AsÃ el caso pasÃ³ directamente a la Audiencia Nacional de Madrid. En Enero de 2004, el letrado Bobo Gumpert, nombrado por el Estado Peruano, presentÃ³ ante la Audiencia Nacional de Madrid una documentaciÃ³n incompleta y manipulada en que se negaba que las nuevas acusaciones en contra de Olaechea fueran las mismas contenidas en un antiguo pedido de extradiciÃ³n ya rechazado en 1994 por Gran BretaÃ±a (donde reside Olaechea). Los abogados de Olaechea denunciaron las violaciones y manipulaciones resultantes de la coordinaciÃ³n entre el Estado Peruano, el embajador peruano Fernando Olivera en EspaÃ±a y los fiscales espaÃ±oles y pidieron la suspensiÃ³n de la vista. En Febrero de 2004 se celebrÃ³ igualmente la vista en la Audiencia Nacional de Madrid. Frente a las evidencias presentadas por los abogados de Olaechea, la acusaciÃ³n tuvo que admitir que sÃ se trataba de la reediciÃ³n de un pedido de extradiciÃ³n ya rechazado por un Estado europeo. En 1994 Gran BretaÃ±a ya habÃa denegado la extradiciÃ³n en base a los siguientes elementos: - no habÃa pruebas y ni siquiera indicios de crimen alguno. - se trataba entonces de una persecuciÃ³n polÃtica a un ciudadano peruano que, residente en Inglaterra, se habÃa pronunciado en contra del rÃ©gimen antidemocrÃ¡tico de Fujimori en varias ocasiones, todas de carÃ¡cter absolutamente legal en Gran BretaÃ±a. - no se le reconocÃa al Estado peruano el derecho de aplicar sus indiscriminadas leyes anti-terroristas fuera de su jurisdicciÃ³n ya que los acuerdos internacionales no admiten la concesiÃ³n de extradiciÃ³n en casos de persecuciÃ³n polÃtica. En Marzo de 2004, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos de la persona presentadas por abogados, juristas, organizaciones democrÃ¡ticas ante los jueces espaÃ±oles y la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo, la Audiencia Nacional en Madrid, influenciada por prejuicios de carÃ¡cter polÃtico y sometida a las directivas del fenecido gobierno de Aznar y a la participaciÃ³n de EspaÃ±a en la "guerra de George Bush contra el terrorismo", comunica su decisiÃ³n de conceder la ampliaciÃ³n de la extradiciÃ³n de Adolfo Olaechea. Como consecuencia de esta decisiÃ³n, desprovista del mÃ¡s mÃnimo carÃ¡cter legal, es el propio embajador peruano en Madrid, Fernando Olivera, quiÃ©n se encarga de declarar â��triunfalmenteâ�? ante la prensa que "los jueces EspaÃ±oles finalmente se han puesto la camiseta de la guerra contra el terrorismo". Es decir, el agradecido embajador Olivera reconoce el sometimiento de la justicia espaÃ±ola a la negra polÃtica internacional de persecuciÃ³n contra los lÃderes democrÃ¡ticos, como es el caso de Olaechea, que se oponen a sus crÃmenes de guerra y a su polÃtica belicista, realizada bajo el presunto propÃ³sito de "combatir al terrorismo". Es por ello que Justice Internacional y el ComitÃ© para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea, declaramos nuestro firme rechazo a la actitud demostrada por el fenecido gobierno espaÃ±ol hacia las leyes democrÃ¡ticas y la forma en que se ha utilizado a la magistratura como instrumento de propaganda en abierta violaciÃ³n de derechos fundamentales. Denunciamos tambiÃ©n que el uso propagandÃstico de la supuesta â��lucha contra el terrorismoâ�? por parte de los Estados a travÃ©s de sus autoridades jurÃdicas, no es mÃ¡s que otro abuso a los intereses de los trabajadores de todos paÃses, que ven violados sus derechos y sus libertades mÃ¡s elementales como la de expresar libremente sus opiniones, principio democrÃ¡tico fundamental. Es importante notar que las propias autoridades peruanas, incluyendo prominentes miembros de la judicatura, han admitido pÃºblicamente que no existen pruebas sÃ³lidas que respalden las acusaciones adicionales que se buscan contra el seÃ±or Olaechea con esta ampliaciÃ³n, y que en realidad lo que se pretende con este pedido es que se detenga nuevamente a Olaechea bajo el pretexto de "investigaciones adicionales", proceso que en el PerÃº puede durar hasta 72 meses, violando asÃ rotundamente las garantÃas expuestas en los tratados de extradiciÃ³n. Esta realidad presenta la implÃcita pregunta de que si EspaÃ±a -hoy bajo una nueva administraciÃ³n- estÃ¡ dispuesta a ser cÃ³mplice en el encarcelamiento ilegal de una persona a la cuÃ¡l el propio Reino de EspaÃ±a le ha extendido garantÃas de que velarÃ¡ porque se respeten sus derechos a la presunciÃ³n de inocencia y al debido proceso. En su ArtÃculo 5, PÃ¡rrafo 1, el Tratado de ExtradiciÃ³n entre la RepÃºblica del PerÃº y el Reino de EspaÃ±a, especifica: "No se concederÃ¡ la extradiciÃ³n por delitos considerados como polÃticos o conexos con delitos de esta naturaleza........." . Y en su PÃ¡rrafo 2, aÃ±ade: "Tampoco se concederÃ¡ la extradiciÃ³n si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradiciÃ³n fue presentada para suponer que la solicitud de extradiciÃ³n fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razÃ³n de su raza, religiÃ³n, nacionalidad, u opiniones polÃticas, o bien que la situaciÃ³n de aquella pueda ser agravada por esos motivos". ComitÃ© para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea Justicia Internacional, Barcelona
This work is in the public domain

Comentaris

Re: Conferencia: “Emergencia Antiterrorista y el Estado de Derecho�?
per Daniel Pérez Florit daniflorit@hotmail.com	28 mar 2005
Conocí a Adolfo Olaechea en verano de 1998 en Londres, y si algo puedo decir al respecto es que personas como el quedan pocas, muy pocas, y que lo sucedido huele a épocas que pensabamos pasadas, pero no. Si el echo de pensar es delito en unos tiempos en los cuales precisamente el pensamiento es lo único libre y personal, podemos entregarnos todos y cada uno de nosotros a la "ley" y declararnos culpables y que nos sometan a una lobotomía. Desconozco el estado de la situación a día de hoy, 28 de marzo de 2005, y rogaría saber algo cuanto antes, pero si esto llega a Adolfo que sepa que podran encerrarlo y demonizarlo, pero que por mucho que le hagan, no le podran cambiar la manera de pensar, ni a el, ni a los demás.