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Anunci :: criminalització i repressió : guerra |
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Conferencia: "Emergencia antiterrorista y el Estado de derecho"
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per Alessandra
Correu-e: alecaporale@hotmail.com |
26 abr 2004
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El objetivo de este evento es el de mostrar como el caso de extradición de Adolfo Olaechea no es un caso aislado, sino el síntoma y el efecto de una estrategia generalizada que mira a la restricción de los derechos democráticos con el fin de silenciar a toda oposición social y política a la nueva ola de violencia criminal perpetrada por los estados imperialistas, una violencia motivada por intereses económicos cuya expresión máxima es la guerra. |
EMERGENCIA ANTITERRORISTA Y EL ESTADO DE DERECHO. LA EXTRADICIÓN DE ADOLFO OLAECHEA SECRETARIO DE “JUSTICE INTERNACIONAL�
Miércoles 28 Abril, 18.00 h.
CGT - Via Laietana 18, 9ª planta
Intervienen:
ARCADI OLIVERES (Justicia i Pau)
La lucha popular para llevar ante los tribunales internacionales
a los responsables de la guerra de agresión a Irak.
AGUST� SOLER (Presidente de la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans)
La eliminación de los Tribunales especiales en un Estado de Derecho.
JAUME ASENS (abogado, Col·lectiu Layret)
Las leyes antiterroristas y la represión de los movimientos sociales.
FRANCESC ARNAU (abogado, Despatx d’Assesorament Laboral i Popular)
La querella por genocidio pendiente sobre el ex-presidente Fujimori y
las responsabilidades del actual gobierno de Perú.
RAMON BOSCH (Comitè de Solidaritat amb el Perú de Catalunya)
La represión de las luchas populares en Perú y
la continuidad del régimen de Toledo con el terrorismo fujimorista.
ALESSANDRA CAPORALE (Justice Internacional Barcelona)
La persecución polÃtica y la extradición de Adolfo Olaechea, secretario de Justice Internacional.
Participan: Comité para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea, Justicia Internacional Barcelona,
Justicia i Pau, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Comitè de Solidaritat amb el Perú de Catalunya,
Confederació General del Treball de Catalunya, Federació Local de Barcelona de la CGT.
Apoya: Comisión General de España de Justicia y Pax
Información: 93 3103362 (CGT) o 93 4423823 (Justice International)
Carta abierta de Justice Internacional, 26 Abril
Hola a todos,
Como sabéis el secretario de la asociación inglesa Justicia Internacional, Adolfo Olaechea, ha sido extraditado de España a Perú el verano pasado. La demanda de extradición por parte de Perú se ha producido paralelamente a que Justice Internacional organizara una conferencia en la cámara de los Lores de Londres, sobre las violaciones de derechos humanos en Perú. Olaechea, habitualmente residente en Londres, se encontraba en España este verano por razones de trabajo cuando fue arrestado y posteriormente extraditado a Perú. Su extradición fue llevada a cabo por la Audiencia Nacional a pesar de la oposición del Tribunal para los derechos humanos de Estrasburgo al no haber pruebas algunas en contra de Olaechea y a la posibilidad de que se tratara de un caso persecución polÃtica.
Como responsable de Justicia Internacional en Barcelona he trabajado a la organización de la conferencia: “Emergencia Antiterrorista y el Estado de Derecho� para denunciar la detención ilegal de Olaechea a la vez de sensibilizar sobre la urgencia de una movilización sobre la problemática de la “emergencia antiterrorista�.
El objetivo de este evento es el de mostrar como el caso de extradición de Adolfo Olaechea no es un caso aislado, sino el sÃntoma y el efecto de una estrategia generalizada que mira a la restricción de los derechos democráticos con el fin de silenciar a toda oposición social y polÃtica a la nueva ola de violencia criminal perpetrada por los estados imperialistas, una violencia motivada por intereses económicos cuya expresión máxima es la guerra.
A su vez, las clases polÃticas en el poder se dedican a elaborar estrategias que permitan justificar estos crÃmenes y eliminar lo que queda del Estado de derecho para criminalizar la oposición popular a sus planes genocidas.
La misma maquinaria criminal activada para justificar la guerra de conquista – la lucha sin frontera al terrorismo - es empleada en la represión de la oposición.
El carácter de urgencia de esta convocatoria (la Audiencia Nacional se pronunciará en estos dÃas sobre le caso Olaechea) non ha dejado con muy poco tiempo a disposición para publicitar el evento.
Es por esto que no solo os invito sino que os pido de hacer un esfuerzo y participar al evento y también echar una mano circulando esta convocatoria entre las personas posiblemente interesadas. También necesitamos contactos con periodistas.
Muchas gracias
un saludo
Alessandra
(justice internacional, barcelona)
Sigue informe sobre la situacción actual de este proceso i-legal.
INFORME SOBRE EL CASO DE ADOLFO OLAECHEA CAHUAS
Abril, 2004
Detenido en AlmerÃa a inicios de Julio de 2003, en Agosto de 2003 Adolfo Olaechea es extraditado a Perú acusado de delitos de terrorismo por una orden de captura originada en el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, y renovada en el 2002 por el gobierno de Alejandro Toledo. Dicha orden se activó con el fin de silenciar a Olaechea cuando se aprestaba a denunciar los abusos del Estado Peruano relativos a la violación de los tratados internacionales sobre la tortura en una audiencia pública en la Cámara de los Lores de Londres en noviembre del 2001. La persecución a Olaechea no se basó entonces en ninguna investigación policial sino en la intención del gobierno de Perú de silenciar a sus opositores polÃticos.
En una carta dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, pocos dÃas antes de la conferencia convocada por Justice Internacional en la Cámara de los Lores del Reino Unido, se informa de que “se ha recibido una comunicación de la Embajada del Perú en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mediante la cual informa que el ciudadano peruano Adolfo Olaechea Cahuas viene efectuando una negativa campaña de desinformación sobre la situación de los Derechos Humanos y terrorismo en el Perú en foros públicos del Reino Unido, y que actualmente está realizando gestiones para presentarse ante el Parlamento Británicoâ€? y que “al respecto nuestra Embajada a ese paÃs, solicita que se remita con urgencia información sobre los antecedentes y mandatos judiciales de captura a nivel nacional e Internacional de Adolfo Olaechea Cahuas, asà como información adicional que permita demostrar ante las autoridades británicas que el citado connacional se encontrarÃa vinculado con la agrupación terrorista Sendero Luminosoâ€?.
La Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo se opuso a la orden de extradición en contra de Olaechea por considerar que sus derechos no estaban suficientemente protegidos en el marco de los siguientes elementos:
- no existen pruebas de delito alguno imputable a Olaechea.
- no se puede excluir de que se trate de una persecución polÃtica.
- no hay garantÃas plenas de que se realice un juicio justo en el Perú.
A pesar de la recomendación de Estrasburgo al gobierno de España expresando su contrariedad por la extradición del Secretario General de Justice International, el juez español Juan del Olmo procedió a la extradición y Olaechea pasó de la cárcel madrileña Valdemoro a la del penal de Máxima Seguridad de Castro Castro en Lima.
En Noviembre de 2003, Adolfo Olaechea fue puesto en libertad por las autoridades judiciales peruanas debido a una total ausencia de pruebas en su caso.
El estado peruano no se conformó con la decisión de su propias autoridades judiciales y pidió a la Audiencia Nacional de Madrid una ampliación de la extradición a fin de perseguir a Olaechea por otros presuntos delitos.
La defensa de Olaechea solicitó entonces a la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo que se opusiera igualmente a esta abusiva ampliación. Amparados en los acuerdos internacionales y por el juicio de la Corte Europea, Justice Internacional y el Comité para la defensa de los derechos de Adolfo Olaechea declararon que:
- La ampliación viola el 'principio de especialidad' establecido por los acuerdos internacionales en casos de extradición simplificada como el de Olaechea.
- la ausencia de pruebas que resultó en la liberación de Olaechea confirma el carácter polÃtico de la persecución ya que no se basaba en hechos si no exclusivamente en intereses polÃticos del Estado peruano y, particularmente, del gobierno de Alejandro Toledo. Este gobierno - demostrando ser un fiel continuador del régimen de Fujimori - resultaba asà "premiado" por el gobierno Español por estar comprometido firmemente a ser el abanderado en America Latina de la supuesta polÃtica antiterrorista de George Bush, José MarÃa Aznar y Tony Blair.
- La ausencia de pruebas en contra de Olaechea demuestra el carácter ilegal de esta extradición, tal y como ya manifestó en su dÃa la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo respecto al hecho de que en Perú no existen garantÃas de que se realice un proceso justo.
Por todo esto se considera irresponsable la concesión de una eventual ampliación. Sin embargo el juez Don Juan del Olmo, renunciando a su papel tutelar, no cumplió las garantÃas que su propio despacho impuso al gobierno del Perú y, en complicidad objetiva con el embajador Olivera y el gobierno de Aznar, renegó vergonzosamente de su promesa a Olaechea de hacer cumplir su derecho a la especialidad extradicional de la causa, derecho que él mismo habÃa planteado al encausado acogerse. Asà el caso pasó directamente a la Audiencia Nacional de Madrid.
En Enero de 2004, el letrado Bobo Gumpert, nombrado por el Estado Peruano, presentó ante la Audiencia Nacional de Madrid una documentación incompleta y manipulada en que se negaba que las nuevas acusaciones en contra de Olaechea fueran las mismas contenidas en un antiguo pedido de extradición ya rechazado en 1994 por Gran Bretaña (donde reside Olaechea).
Los abogados de Olaechea denunciaron las violaciones y manipulaciones resultantes de la coordinación entre el Estado Peruano, el embajador peruano Fernando Olivera en España y los fiscales españoles y pidieron la suspensión de la vista.
En Febrero de 2004 se celebró igualmente la vista en la Audiencia Nacional de Madrid. Frente a las evidencias presentadas por los abogados de Olaechea, la acusación tuvo que admitir que sà se trataba de la reedición de un pedido de extradición ya rechazado por un Estado europeo. En 1994 Gran Bretaña ya habÃa denegado la extradición en base a los siguientes elementos:
- no habÃa pruebas y ni siquiera indicios de crimen alguno.
- se trataba entonces de una persecución polÃtica a un ciudadano peruano que, residente en Inglaterra, se habÃa pronunciado en contra del régimen antidemocrático de Fujimori en varias ocasiones, todas de carácter absolutamente legal en Gran Bretaña.
- no se le reconocÃa al Estado peruano el derecho de aplicar sus indiscriminadas leyes anti-terroristas fuera de su jurisdicción ya que los acuerdos internacionales no admiten la concesión de extradición en casos de persecución polÃtica.
En Marzo de 2004, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos de la persona presentadas por abogados, juristas, organizaciones democráticas ante los jueces españoles y la Corte Europea para los Derechos Humanos de Estrasburgo, la Audiencia Nacional en Madrid, influenciada por prejuicios de carácter polÃtico y sometida a las directivas del fenecido gobierno de Aznar y a la participación de España en la "guerra de George Bush contra el terrorismo", comunica su decisión de conceder la ampliación de la extradición de Adolfo Olaechea.
Como consecuencia de esta decisión, desprovista del más mÃnimo carácter legal, es el propio embajador peruano en Madrid, Fernando Olivera, quién se encarga de declarar “triunfalmenteâ€? ante la prensa que "los jueces Españoles finalmente se han puesto la camiseta de la guerra contra el terrorismo". Es decir, el agradecido embajador Olivera reconoce el sometimiento de la justicia española a la negra polÃtica internacional de persecución contra los lÃderes democráticos, como es el caso de Olaechea, que se oponen a sus crÃmenes de guerra y a su polÃtica belicista, realizada bajo el presunto propósito de "combatir al terrorismo".
Es por ello que Justice Internacional y el Comité para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea, declaramos nuestro firme rechazo a la actitud demostrada por el fenecido gobierno español hacia las leyes democráticas y la forma en que se ha utilizado a la magistratura como instrumento de propaganda en abierta violación de derechos fundamentales. Denunciamos también que el uso propagandÃstico de la supuesta “lucha contra el terrorismoâ€? por parte de los Estados a través de sus autoridades jurÃdicas, no es más que otro abuso a los intereses de los trabajadores de todos paÃses, que ven violados sus derechos y sus libertades más elementales como la de expresar libremente sus opiniones, principio democrático fundamental.
Es importante notar que las propias autoridades peruanas, incluyendo prominentes miembros de la judicatura, han admitido públicamente que no existen pruebas sólidas que respalden las acusaciones adicionales que se buscan contra el señor Olaechea con esta ampliación, y que en realidad lo que se pretende con este pedido es que se detenga nuevamente a Olaechea bajo el pretexto de "investigaciones adicionales", proceso que en el Perú puede durar hasta 72 meses, violando asà rotundamente las garantÃas expuestas en los tratados de extradición. Esta realidad presenta la implÃcita pregunta de que si España -hoy bajo una nueva administración- está dispuesta a ser cómplice en el encarcelamiento ilegal de una persona a la cuál el propio Reino de España le ha extendido garantÃas de que velará porque se respeten sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.
En su ArtÃculo 5, Párrafo 1, el Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España, especifica: "No se concederá la extradición por delitos considerados como polÃticos o conexos con delitos de esta naturaleza........." . Y en su Párrafo 2, añade: "Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, u opiniones polÃticas, o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por esos motivos".
Comité para la defensa de los derechos fundamentales de Adolfo Olaechea
Justice International, Barcelona |
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