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Notícies :: pobles i cultures vs poder i estats
Sozialista Abertzaleak dice que la decisión de la Físcalía constata que el nuevo Gobierno español "va por el mismo camino que el PP"
23 abr 2004
Rakel Peña, parlamentaria de Sozialista Abertzaleak, ha asegurado que la decisión del TSJPV de ampliar la querella por desobediencia a los portavoces Joseba Egibar, Rafael Larreina y Antton Morcillo constata que el PSOE no abandona "la estrategia de criminalización contra la izquierda abertzale".
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GASTEIZ.- La parlamentaria de SA, Raquel Peña, ha asegurado que la decisión de la Fiscalía de ampliar la querella por desobediencia contra el presidente de la Cámara vasca a los portavoces Joseba Egibar, Rafael Larreina y Antton Morcillo constata que el nuevo Gobierno socialista no ha abandonado la estrategia de "criminalización" del PP contra la izquierda abertzale.

Peña ha añadido que el nuevo Ejecutivo español pondrá "toda la carne en el asador" para conseguir que "todas las personas que han hecho y están haciendo posible la existencia de este grupo terminen procesadas judicialmente".

Peña ha realizado estas declaraciones en el Parlamento de Gasteiz tras denunciar que la decisión de la Fiscalía tiene "claros componentes políticos", además de considerarla "especialmente grave", tanto por sus contenidos como por el momento en que se ha adoptado.

A su entender, lo que hace la Fiscalía con su decisión es "profundizar" en un conflicto derivado del proceso de ilegalización de Batasuna y que "nunca debiera haber existido", y "vulnera" derechos parlamentarios, como el de votar libremente "en función de las opiniones y de la conciencia de los parlamentarios y de la ciudadanía a la que representa".

Asimismo, ha denunciado que tal decisión deja en evidencia la "inexistencia" de una separación de poderes en el Estado español y persigue "dar una nueva vuelta de tuerca" para posibilitar la disolución de SA.

En esta línea, concluyó que la decisión judicial "deja a las claras la no aplicación de la inviolabilidad parlamentaria", al menos, en lo que se refiere a "los parlamentarios de la izquierda abertzale", ha precisado.

Falsas expectativas

La representante abertzale ha insistido en que la decisión judicial constata que "no se da un cambio en la línea política" del Estado español de cara a superar el conflicto vasco y ha advertido de que las nuevas "formas, talantes y "tonos" que anuncia el PSOE "hay que contrastarlos con la práctica política diaria".

"No se pueden crear falsas expectativas, cuando vemos que en la práctica la dinámica del Partido Socialista va por el mismo camino que marcó el PP en su tiempo".
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Sentencias en estado de excepción
23 abr 2004
Iritzia > Editoriala
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Las consecuencias derivadas de la Ley de Partidos y del Pacto para las Libertades y contra el Terrorismo firmado por PP y PSOE siguen ampliándose. En esta ocasión, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha extendido a tres miembros de la Junta de Portavoces del Parlamento de Gasteiz, ­Joseba Egibar, Antton Morcillo y Rafael Larreina­ la querella interpuesta contra el presidente de la Cámara autonómica y dos miembros de la Mesa por la no disolución del grupo Sozialista Abertzaleak. La noticia surgía casi al mismo tiempo que el lehendakari agradecía públicamente a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao la «defensa abnegada y correcta» que en este caso han hecho de las instituciones vascas. Unas palabras que podrían parecer contradictorias con la afirmación que también hizo Juan José Ibarretxe de que «sin duda» acatará cuantas sentencias dicten los tribunales sobre su propuesta de nuevo estatuto.

Las leyes y las sentencias deben acatarse cuando son justas, cuando se han elaborado de acuerdo a los fundamentos comúnmente aceptados del Derecho y están en sintonía con el sentir mayoritario de la sociedad a la que afectan. A nadie puede resultarle escandaloso que se defienda, por ejemplo, el no acatamiento de las leyes y sentencias que imponían el apartheid en Sudáfrica, puesto que aunque éstas se hubieran redactado con respeto absoluto a las reglas que imperaban en aquel Estado y en aquel tiempo, es evidente que resultaban contrarias a los más elementales principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.

En el Estado español hay leyes que se han redactado, no para garantizar una mayor proyección de los derechos y libertades, sino por motivos exclusivamente políticos. Son normas pensadas para tener efecto en Euskal Herria y que han sido censuradas por la mayoría política y social de este país. Alguna, como la Ley de Partidos, ha sido también expresamente rechazada por el Parlamento de Gasteiz y otras instituciones. Su aplicación corresponde además a tribunales sobre los que en numerosas ocasiones han recaído denuncias de estar contaminados políticamente. La demanda de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak hecha por el Tribunal Supremo es una interpretación excesiva de una ley de excepción impuesta contra la opinión democráticamente expresada de la sociedad a la que se dirige. La Junta de Portavoces actuó de acuerdo a la exigencia de los electores. No hay delito en ello. -
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