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El juez que condenó a Barrionuevo y pidió su indulto, ascendido a fiscal general
22 abr 2004
El juez que condenó a Barrionuevo y pidió su indulto, ascendido a fiscal general .
Del próximo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, las fuentes consultadas destacan su sólida preparación jurídica y su inteligencia. Algunas añaden además su condición de hombre progresista, pero esa condición, cuando se habla de altas instancias judiciales y viéndolo desde Euskal Herria, es mejor explicarla con algún ejemplo: fue uno de los miembros del tribunal que condenó a José Barrionuevo y Rafael Vera por su participación en el secuestro de Segundo Marey, pero negó que la acción fuera obra del GAL o de una banda armada, y después acordó «informar favorablemente al Gobierno de la nación un indulto parcial, en la cuantía de dos tercios de las penas de prisión, así como una reducción de los efectos de las penas de inhabilitación absoluta igualmente impuestas».

Cándido Conde-Pumpido permanece a una amplia familia de juristas. Como ayer recordaba Martín Rodríguez Sol, de la Asociación de Fiscales, cuando aseguraba que el elegido «conoce muy bien la carrera fiscal», su padre fue fiscal del Tribunal Supremo, además de número dos de la Fiscalía General del Estado, y persona de «gran prestigio y muy apreciada en la carrera».

Los primeros casos con repercusión pública de la trayectoria judicial de Cándido Conde-Pumpido tuvieron lugar durante su estancia en Donostia. Fue uno de los primeros jueces que condenó a funcionarios del Estado por acciones de la denominada «guerra sucia». Entre quienes pasaron por su tribunal se encuentra el comisario Manuel Ballesteros, condenado por el ametrallamiento del Bar Hendayais. También dictó sentencia por torturas contra los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, que después obtendrían triste notoriedad por su implicación en la muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala.

Al mismo tiempo que el juez escalaba en el escalafón, también las acusaciones de implicación institucional en las actividades del GAL llegaban más arriba. Para cuando fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, la X pesaba como una losa sobre el presiente del Gobierno. Y Conde-Pumpido fue de los que votó en contra de que Felipe González fuera llamado a declarar en el juicio que acabó con su ministro del Interior en la cárcel.

No son muchas las declaraciones que el próximo fiscal general del Estado ha hecho sobre cuestiones relacionadas con Euskal Herria, pero algunas resultan significativas y de cierta actualidad en estos momentos. En junio de 2002, el Tribunal Supremo falló que no podía procesar a Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo por un grito lanzado «en Francia». En declaraciones a un medio asturiano, Conde-Pumpido se mostró entonces partidario de «promover la reforma del convenio europeo sobre terrorismo», para incluir este tipo de hechos, además de perseguir a Otegi cuando gritos como aquél del que le acusaban se profirieran «en España».

Pocos días antes, en el marco de la X Conferencia Judicial Internacional, celebrada en Estrasburgo, Conde-Pumpido hizo una defensa de la Audiencia Nacional como tribunal especial para «casos de terrorismo». «Hay ­apuntó­ fundamental tres ventajas de esta juris- dicción específica: 1) la centralización, los criterios puede ser así unificados y se toma cierta distancia del lugar del conflicto; 2) la especialización, permitiendo un conocimiento más profundo de los problemas que rodean el procesamiento de los actos del terrorista y que mejoran la eficacia; y 3) la seguridad, que se puede intensificar porque la protección se concentra alrededor de un solo sitio y un número limitado de jueces».

Cándido Conde-Pumpido será nombrado fiscal general del Estado en el Consejo de Ministros de mañana. - Iñaki IRIONDO


http://www.gara.net/orriak/P22042004/art79065.htm

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