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Notícies :: antifeixisme : criminalització i repressió : guerra
Se archivan las denúncias a los manifestantes ante las sedes del pp
per 22	21 abr 2004
La Fiscalía de Madrid ha ordenado el archivo de las denuncias que la Junta Electoral Central
La Fiscalía de Madrid ordena archivar las denuncias interpuestas contra los manifestantes ante las sedes del PP Considera que las concentraciones fueron legales y no constituyeron ningún acto de propaganda electoral MADRID, 16 (EUROPA PRESS) La Fiscalía de Madrid ha ordenado el archivo de las denuncias que la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Aranjuez, y un particular interpusieron contra los ciudadanos que el pasado 13 de marzo, víspera de las elecciones generales, se manifestaron frente a varias sedes del PP en la Comunidad de Madrid, entre ellas la de la calle Génova. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a Europa Press que tras estudiar cada una de estas denuncias no se han encontrado indicios de delito en la actuación de las personas que el 13 de marzo se concentraron frente a las sedes populares. A través de un decreto, la Fiscalía de Madrid acuerda la acumulación de las tres denuncias en una sola, por la similitud y la "evidente conexidad" de los hechos expuestos en ellas, y decreta su archivo, precisando que la decisión únicamente se refiere a los acontecimientos acaecidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, "al carecer la Fiscalía de competencia para conocer e investigar acciones que tuvieron lugar en localidades distintas". En el escrito, se rechaza que la conducta seguida por los manifestantes fuese constitutiva de delitos de calumnias e injurias, así como que constituyesen un acto de propaganda ilegal o de influencia en la intención de voto de los ciudadanos. Igualmente, se descarta que el seguimiento informativo que realizaron determinados medios de comunicación denunciados por la cobertura que dieron a las concentraciones fuese incorrecto. MEDIOS DENUNCIADOS Las citadas denuncias fueron interpuestas el 22 y 24 de marzo y el pasado día 6 por un ciudadano particular, por la Junta Electoral Central y por la Junta Electoral de la Zona de Aranjuez, respectivamente. En la primera de ellas, el denunciante sostiene que las manifestaciones ante las sedes populares fueron "coactivas" y que el seguimiento que diversos medios hicieron de ellas fue irregular y contuvo "comentarios tendenciosos". Por su parte, la Junta Electoral Central pidió a la Fiscalía que investigara las concentraciones celebradas frente a la sede de la calle Génova, "convocadas, al parecer, a través de mensajes SMS y de los foros de diferentes páginas web", por haber tenido lugar en la "jornada de reflexión precedente a la convocatoria a las urnas del día siguiente". En esta misma línea, la Junta Electoral de Aranjuez instó a que se tomasen medidas ante la manifestación que tuvo lugar ante el edificio del PP en esta localidad. En su decreto, la Fiscalía acuerda rechazar la existencia de delitos de calumnias e injurias de los manifestantes contra los miembros del PP al no ser aquellos funcionarios, al no desarrollarse las actuaciones denunciadas en el transcurso de un acto electoral, y al no desprenderse "una presión sobre los electores", pues "no existe constancia de que el día 13 de marzo se celebrara un acto electoral". Concreta el escrito que ni las personas que se apostaron frente a las sedes populares en Madrid ni los medios de comunicación que dieron constancia de ello incurrieron en "actos de propaganda electoral", prohibida en la jornada de reflexión de unos comicios, según el artículo 53 de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General). Por ello, concluye que no cabe deducir que los manifestantes incitasen al resto de la ciudadanía a dar su voto a favor de una opción política determinada o a retraerse de dicho voto, acción que sí está penada por la citada normativa, según la cual el acto propagandístico consistiría en "la persuasión -o disuasión- al ciudadano para que emita -o deje de emitir- su voto a favor de un candidato (...)". CONSIGNAS AL GOBIERNO La Fiscalía de Madrid entiende que las consignas que profirieron los concentrados "estaban dirigidas al Gobierno y no a otros ciudadanos", por lo que no eran más que "la expresión de una crítica" respecto a una actuación concreta del mismo. Aunque, el decreto califica de "exacerbada" y "en ocasiones soez", la expresión de disgusto de las personas convocadas, justifica que ésta se enmarca en un contexto "sumamente excepcional de emociones encontradas" tras los atentados del 11-M y la convulsión informativa que éstos trajeron. Finalmente, y tras insistir en que las manifestaciones espontáneas del 13 de marzo fuesen "reuniones o actos de propaganda electoral", la Fiscalía pone de manifiesto que el seguimiento informativo de dichos actos se hizo bajo el derecho a la libertad de información reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución.
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