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Notícies :: ecologia
Greenpeace: la grave crisis del CSN prueba la necesidad de una reforma legal de este organismo
26 mar 2004
Greenpeace presentará a los grupos parlamentarios sus propuestas para lograr que el CSN funcione con transparencia e independencia de la industria nuclear

vie 26 marzo 2004

La grave crisis interna que atraviesa el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evidencia la necesidad de emprender de forma urgente una profunda reforma legal de este organismo. Greenpeace se dirigirá a los grupos parlamentarios que se constituyan en el Congreso para plantearles una serie de propuestas encaminadas a conseguir un CSN transparente e independiente de la industria nuclear.


La muestra más reciente de la gravedad de la crisis que vive el CSN es la acusación planteada ante el Consejo de Estado contra la presidenta, Maria Teresa Estevan Bolea, por los otros cuatro consejeros del organismo nuclear. Estos alegan que la gestión de la presidenta ha sido excesivamente presidencialista, ha adoptado decisiones unilateralmente -incluso en contra del criterio mayoritario del resto de los consejeros- y ha extralimitado sus competencias.

Para Greenpeace, la falta de credibilidad del CSN y su trato de favor hacia el sector nuclear, problemas cuya gravedad se han incrementado a causa de la nefasta gestión realizada por Estevan Bolea desde que ésta accediera a la presidencia de este organismo el 18 de julio de 2001, son motivos más que suficientes para llevar a cabo una reforma legal del Consejo.

La actitud del CSN ante los problemas de seguridad de las centrales nucleares es cada vez más permisiva y complaciente. Existen numerosos ejemplos, como la preocupante pasividad del CSN ante los problemas de agrietamiento de la central nuclear de Garoña, la política de "manga ancha" ante las importantes deficiencias detectadas el pasado mes de diciembre en el sistema de refrigeración de la central nuclear de Zorita, o la cada vez más frecuente autorización por parte del CSN de exenciones al cumplimiento de las normas de funcionamiento de las centrales nucleares.

"En las actuales circunstancias, es más urgente y necesario que nunca llevar a cabo una reforma legal del CSN, además de una serie de cambios legales y organizativos. Sería indispensable que la presidenta, Mª Teresa Estevan Bolea, dimitiese de inmediato" -ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

Greenpeace considera que Estevan Bolea debería abandonar el CSN ya que durante su etapa en la presidencia ha demostrado que antepone sus consideraciones políticas y personales a las cuestiones técnicas en materia de seguridad nuclear.

Asimismo, Greenpeace considera que Estevan Bolea se extralimita en sus funciones, por ejemplo, al tomar partido públicamente a favor de la energía nuclear. La Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear regula las funciones de los consejeros del CSN y establece de forma clara que éstos no deben fomentar la energía nuclear, lo que incumple continuamente la actual presidenta del Consejo.

Para llevar a cabo la citada reforma legal, Greenpeace propone los siguiente cambios en la Ley de Energía Nuclear, que data de 1964, y en la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, de 1980:

Cambios en la Ley de Energía Nuclear:
Eliminar el carácter de promoción de la energía nuclear.

Obligar a los generadores de residuos radiactivos a gestionar sus residuos, debiendo correr por cuenta propia con todos los gastos, incluyendo su gestión a largo plazo en los almacenamientos definitivos autorizados a tal efecto.

Asegurar la participación del ciudadano en los procesos de autorización y en la supervisión de las instalaciones nucleares, especialmente cuando se trate de centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos.

Obligar a todos los ciudadanos a poner en conocimiento de la Administración problemas de seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas y el derecho a la protección de los trabajadores frente a represalias por parte de los empleadores.



Modificar la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear para:
Facilitar la participación del ciudadano y la sociedad civil en su funcionamiento.

Habilitar canales de comunicación que permitan a los trabajadores del sector plantear denuncias sobre problemas de seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas, garantizando la protección de la confidencialidad y sancionando a los empleadores en caso de que tomen represalias contra los trabajadores que denuncien problemas de seguridad.

Establecer un Comité Asesor Técnico independiente en materia de energía nuclear, con cargo al presupuesto del CSN, cuya misión sea asesorar y supervisar técnicamente la gestión del CSN. Las reglas de funcionamiento del Comité asegurarán una composición equilibrada del mismo, garantizando la presencia de miembros de organizaciones interesadas en la protección del medio ambiente. La pertenencia al Comité será incompatible con cualquier tipo de vinculación con la industria nuclear.

Prohibir la celebración de acuerdos de cooperación o de contratos de asesoramiento técnico cuando no se hayan establecido mecanismos adecuados que garanticen la total independencia del CSN en su proceso de toma de decisiones. Someter de forma expresa la gestión y el control financiero del organismo a la Intervención General del Estado, con carácter permanente y con fiscalización previa de los expedientes.

Hacer explícito el carácter colegiado del CSN en todo el proceso de toma de decisiones, reservando como función exclusiva de la presidencia la representación institucional del Organismo.

Reformar la estructura organizativa del CSN para hacerlo más eficaz e incrementar el control efectivo del Parlamento sobre las actuaciones del CSN.

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