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Notícies :: globalització neoliberal : criminalització i repressió
Jutgen activistes mobilitzacions Gènova 01
06 mar 2004
A finales de noviembre de 2002, un año y medio después de los hechos que ensangrentaron las calles de Génova, los jueces sustitutos genoveses Anna Canepa y Andrea Canciani piden al juez de la instrucción preliminar Elena Daloiso que disponga la ejecución de medidas cautelares personales para 24 de los 300.000 participantes en las manifestaciones de julio de 2001. El 2 de diciembre el GIP emite una orden de custodia cautelar aceptando enteramente las peticiones de la fiscalía.

A las 4 de la mañana del 4 de diciembre, al estilo de los años 70, oficiales de la DIGOS de diversas ciudades de la península proceden a ejecutar nueve órdenes de custodia cautelar en cárcel, cuatro arrestos domiciliarios y diez medidas privativas de libertad en diverso grado. Uno de los imputados está en paradero desconocido. El cuestor de Génova Oscar Fioriolli dispone que las notificaciones y los 52 registros efectuados en toda Italia sean filmados desde el principio al final: es la primera "novedad" de una operación judicial que envuelve muchas otras.

La investigación entra en su fase ejecutiva veinte días después de la notificación, en razón de los mismos acontecimientos, de 42 denuncias y la ejecución de 20 órdenes de captura con la consiguiente asignación al régimen carcelario "duro" contenida en el artículo 42 bis por obra del fiscal de Cosenza Domenico Fiordalisi y del GIP Nadia Plastina.

Resulta inmediatamente evidente que la iniciativa genovesa está muy lejos del delirio de los magistrados cosentinos, desencadenado por un destartalado teorema elaborado por el Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS), a cuyo mando está el pluri-imputado general de brigada Giampaolo Ganzer: el dossier de 980 páginas viaja de juzgado en juzgado para sólo encontrar en Cosenza la voluntad política de organizar las acusaciones de asociación subversiva, conspiración política mediante asociación, propaganda subversiva y otros delitos de reminiscencia borbónica. Los magistrados genoveses basan al contrario su iniciativa en una investigación de más de un año de duración, 600 horas de videocasete y 24.000 imágenes: todo ello agrupado en un informe de 23.000 páginas.

El elenco de las novedades se abre así con las técnicas de identificación de los investigados, las comparaciones fisiognómicas: el software utilizado por los investigadores permitiría el reconocimiento de peculiaridades como un piercing, un tatuaje, el corte de la boca. Pero son los magistrados genoveses, entre la gran cantidad de citas de doctrina y jurisprudencia, quines introducen las novedades más asombrosas a través de los nombres de los delitos: más allá de los "habituales" delitos de daños, violencia, resistencia, etc., hacen su debut los de devastación y saqueo cometidos directamente o en concurso a través de la variedad de coparticipación material o coparticipación psíquica. En su exégesis temeraria pero sugerente de los conceptos de orden público, paz pública, bienes privados y bien colectivo, los magistrados construyen el cuadro de una ciudad devastada de acuerdo con un diseño previo. Siembran así las bases, también, para la edificación de futuros delitos de asociación (el ministerio del interior ya está trabajando en este sentido sobre los movimientos "sin dirigente ni seguidores") y realizando una nueva declinación de delitos habitualmente atribuidos a ultras futbolísticos. Pero destaca sobre todo el carácter de work in progress de los informes genoveses: quien durante las cargas de las distintas policías no se fue autor material de posdelitos, sino que mostró resistencia a las fuerzas del orden o se limitó a incitar a la resistencia o simplemente no se opuso a la resistencia, puede ser encuadrado en la coparticipación material o psíquica. En otras palabras, los 300.000 son de algún modo participantes en un diseño de devastación de la ciudad realizado materialmente por 24 manifestantes. Y no hace falta recordar que el delito de devastación supone una pena mínima de ocho años de cárcel.

La cuestión es paradójicamente simple: estamos todos procesados.

Desde el próximo 2 de marzo se juzgará en Génova la posibilidad de ejercitar el derecho a la legítima defensa cuando la actuación de las fuerzas del orden parece haber tomado una precisa voluntad ofensiva. Sabemos bien cuáles son los nombres y apellidos de los políticos presentes en los centros de operaciones en Génova 2001, de Fini a Acierto, de Scajola a Castelli. Sabemos que lo que ocurrió no es resultado de un grupo incontrolado o de una manzana podrida, sino el fruto de una organización de mandato vertical que ya el precedente gobierno de centro-izquierda había comenzado a experimentar (véase el 17 de marzo en Nápoles). Sabemos que se ha explicitado de manera homicida un diseño de pruebas técnicas de régimen, que el precio a pagar en términos de tributo de sangre habría sido mucho más alto si no se hubiese ejercitado radicalmente el derecho a la resistencia. La casi totalidad de los imputados es reconducible al cortejo de las y los Desobedientes, salido del estadio Carlini y atacado sin justificación muy lejos de la zona roja. En observación de las decisiones tomadas por la totalidad del Foro Social de Génova este grupo nutridísimo estaba decidido a entrar en ella. Y por esta decisión hecha propia por 300.000 personas por lo que en Génova se suspendió el estado de derecho, por lo que se paralizaron las garantías constitucionales fundamentales, por lo que se recurrió al asesinato político en nombre de la necesidad de protección del nuevo orden mundial. Los violentos son aquellos que golpearon con ferocidad inaudita a los manifestantes indefensos, que lanzaron a toda velocidad sus automóviles más o menos blindados contra automóviles, personas y cosas, hirieron y torturaron, fabricaron pruebas falsas e impidieron el socorro, dispararon para matar apuntando con lucidez. Son ellos los que devastaron Génova. Los magistrados genoveses, con sus decisiones liberticidas, con su burla a los argumentos de la defensa, con el blindaje de las audiencias públicas parecen querer dar continuidad a la misma línea.

El 2 de marzo no debemos defendernos. Debemos pedir una vez más, debemos exigir, todavía con más fuerza, verdad y justicia. Debemos estar todos.

Marco Rigamo, redacción de Radio Evasione
Sindicat