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Documentada, la protección oficial a los intereses de trasnacionales en Chiapas
17 feb 2004
Vigilar riquezas naturales, una meta de la militarización: Paulina Fernández Christlieb.

Documentada, la protección oficial a los intereses de trasnacionales en Chiapas.

Desgastar en forma lenta y constante la resistencia de los pueblos indios, otro objetivo.
Hace una década, con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas -entidad rica en recursos naturales y de "hiperdiversidad" biológica, convertida en objetivo estratégico de corporaciones trasnacionales para su apropiación y explotación- la Secretaría de la Defensa (Sedena) hizo suyo el principio contrainsurgente basado en una famosa cita de Mao Tse Tung: "El pueblo a la guerrilla es como el agua al pez".

Según un manual militar publicado en 1995, la estrategia del ejército no intentaría quitar directamente el líquido al pez sino "hacerle imposible la vida al pez en el agua, agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos (contraguerrilleros) que lo ataquen, lo persigan o lo obliguen a desaparecer".

Otro documento militar, el Plan de campaña Chiapas 94, de la Sedena para la séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, establece el objetivo estratégico de "destruir la voluntad de combatir" de los zapatistas, mientras la meta táctica fue "destruir y o desorganizar la estructura política militar del EZLN".

Un estudio de largo aliento de Paulina Fernández Christlieb, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado El EZLN y la guerra de baja intensidad en Chiapas, demuestra cómo el Estado mexicano, a lo largo de tres sexenios (los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada) ha aplicado puntual y minuciosamente esta estrategia en Chiapas. ¿Con qué fin?

La investigadora, que también es profesora del Programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales, advierte que, entre las causas de la guerra en Chiapas, predomina el interés de las trasnacionales expropiadoras de las riquezas naturales de ese territorio, no sólo de los recursos tradicionales, sino también, cada vez más, de la abundante biodiversidad, apetecida por empresas innovadoras en tecnología de ingeniería genética.

Mientras el gobierno y el Ejército Mexicano despliegan estrategias de control para facilitar la apropiación de las riquezas naturales por estas empresas, amparadas por el esquema del Tratado de Libre Comercio, los campesinos e indígenas de la zona, algunos zapatistas y otros no, se resisten a esta imposición, añade en el estudio reciente El EZLN y la guerra de baja intensidad en Chiapas: derechos indígenas contra corporaciones transnacionales. El texto completo se publicará en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Se busca expulsar a la población

Para los estrategas neoliberales y privatizadores, sostiene Fernández Christlieb, Chiapas representa un objetivo. En esa perspectiva de interés económico, el estado debe ser objeto de un arduo trabajo de explotación petrolera, minera, biológica e hídrica. Para ello se requiere expulsar a la población ahí asentada.

El despliegue de núcleos militares, policiacos y paramilitares documentado a lo largo de la última década responde a este diseño, en el que las poblaciones zapatistas son un objetivo, no el único.

Lo anterior explica por qué la mayor concentración castrense y de paramilitares en el estado ocurre en los Altos y el Norte, con gran densidad de población tzeltal, tzotzil y chol, así como en la selvática reserva de la biosfera de Montes Azules, con escasa población, pero con hiperdiversidad biológica -el mayor número de especies animales y vegetales- además de yacimientos petroleros.

A lo largo de la investigación, la politóloga constata cómo a lo largo de una década de conflicto los sucesivos gobiernos han aplicado puntualmente el plan, generando la paramilitarización de las zonas en disputa, la sucesión de diversos episodios violentos que marcaron con matanzas las regiones del Norte y los Altos, principalmente.

Acteal, en diciembre de 1997, es un hito en ese proceso. Además, describe el desarrollo de procesos de desplazamiento de población en la Selva, el Norte y los Altos, que en su momento más crítico alcanzó la cifra de 20 mil indígenas refugiados internos.

"La opción de la guerra de baja intensidad escogida por el gobierno de Salinas de Gortari -indica en las conclusiones-, profundizada y extendida por Zedillo y mantenida por Vicente Fox, es un recurso para mantener militarizado el estado de Chiapas, con la doble finalidad de desgastar lenta y constantemente la resistencia y la articulación social de las comunidades indígenas, al mismo tiempo que vigilar las riquezas naturales estratégicas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad, turismo, que son del interés creciente de los capitales privados representados por las grandes corporaciones trasnacionales."

Sobre el gobierno federal, el estudio señala que Fox, a pesar de haber sido postulado por el Partido Acción Nacional, asumió la situación como quien recibe una herencia. "Su máximo gesto de distinción fue entregar al Senado la mal llamada ley Cocopa, que modifica esencialmente lo acordado en San Andrés", para "desentenderse del asunto".

Al desnaturalizar el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés originales, el gobierno impuso un principio de autoridad institucional, apunta.

Cita a varios especialistas para recordar que lo que plasmaba la propuesta de la Cocopa era "el derecho constitucional de aprovechar los recursos naturales según el criterio y mandato de los pueblos indígenas, limitando así las ambiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros para adueñarse de los recursos".

Al desconocer lo anterior, el gobierno puso el territorio nacional, sus riquezas naturales y sus habitantes "a disposición de los capitales privados".

Para la universitaria, lo que hoy se llama Plan Puebla-Panamá (PPP) es en el fondo lo que plantea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o en Sudamérica el Plan Colombia, o lo que en el pasado se bautizó Proyecto Paseo Pantera o Corredor Biológico Mesoamericano, o antes la Doctrina Monroe. Y en el futuro puede llamarse Acuerdo de Libre Comercio para las Américas.

En un párrafo, esta investigación sintetiza: "Con el Plan Puebla Panamá los gobiernos mantienen celosamente reservado todo el corredor mesoamericano para los capitales privados de cualquier parte del mundo que se vayan decidiendo a invertir en el área. Tal parece que en la mente de los gobernantes priva la idea de que en la región hay demasiadas riquezas naturales y potenciales como para dejarlas en manos de los pueblos indígenas".

Destaca las dificultades que todo investigador enfrenta para obtener información veraz y de fondo sobre el PPP, lo que "refuerza las suspicacias cuando se observa la realización de obras y la ejecución de decisiones de gobierno que aparecen como acciones independientes, siendo en realidad piezas articuladas de un plan cuyos alcances se ocultan a la población".

Fernández Christlieb recuerda el desenlace de todo el esfuerzo invertido en las negociaciones de San Andrés, la Marcha del color de la tierra y las sesiones parlamentarias, reducido todo a la aprobación de una ley indígena mutilada.

Rebatida por protestas y demandas de pueblos indígenas de 11 estados que presentaron 330 controversias constitucionales, esa contrarreforma también recibió el espaldarazo de la Suprema Corte, expresa.

Frente al diseño gubernamental para la zona zapatista, Paulina Fernández describe los procesos de resistencia en las comunidades zapatistas. Primero los municipios autónomos, luego la construcción y organización en los periodos de aparente silencio e inactividad del EZLN, lapsos en los que se han creado soluciones propias, al margen de las instituciones oficiales, haciendo frente al reto de poner en práctica un concepto distinto de democracia, una relación diferente entre gobernantes y gobernados.

Así, en las zonas rebeldes se ha llegado a la formación de las juntas de buen gobierno y los caracoles, esquemas en los que la estructura militar zapatista se ha hecho a un lado. A esto se añade un nuevo desarrollo, la concepción del Plan La Realidad-Tijuana, proyecto que pretende vincular a toda la gente que resiste el despojo que representa el PPP.

Por último, apunta la investigadora, "así como el PPP se oculta, la guerra en Chiapas se niega". Y con este juego de cortinas de humo, el EZLN consolida su existencia y su proyecto.
Mira també:
http://www.jornada.unam.mx/2004/feb04/040217/010n1pol.php?origen=politica.php&fly=1
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