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Mapuexpress
10 feb 2004
Informe del relator de la ONU Rodolfo Stavenhagen y violacion a los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile
MAPUEXPRESS - INFORMATIVO MAPUCHE
Desde territorio Mapuche
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mapuche ARROBA mapuexpress.net
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Wallmapu, territorio del gulumapu (Chile), febrero 2004.

EL INFORME DE LA DISCORDIA: Conclusiones y recomendaciones del relator ONU sobre violaciones a los Derechos humanos indígenas en Chile

Por Editor mapuexpress.net

Entre los días 18 y 29 del mes de julio del año 2003 el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de la ONU, Dr. Rodolfo Stavenhagen visitaba a Chile en una misión especial, para constatar una serie de denuncias que afectan a los Pueblos originarios, especialmente lo relativo a la situación Mapuche.

Su vista no pasó inadvertido para diversos referentes sociales, mapuche, académico, político y empresariales, cada cual entregaba sus versiones sobre las condiciones actuales de los pueblos originarios, sin embargo, Stavenhagen daba por esos días las primeras luces de los que sería finalmente su informe a través de escuetas declaraciones a la prensa donde reconocía que en Chile se han violado los Derechos humanos indígenas... "Tengo documentación sobre violaciones a los derechos humanos y por supuesto voy a considerarlos en mi informe. He sabido del caso de Alex Lemún y he hablado con sus padres. Es una situación lamentable, una situación de violación de derechos humanos que debe aclararse absolutamente", señaló. En términos generales, Stavenhagen agregó que "la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile es seria", , señalaba a un medio de comunicación el 22 de julio del año pasado (diario austral)

Otra, fue en su visita a Ralco a causa del conflicto de la represa hidroeléctrica de la transnacional ENDESA en territorio pewenche, señalando... "En la medida que no se ha tomado en cuenta en la planeación, en el diseño y en la ejecución de la obra, desde el principio, las necesidades de la población afectada, Ralco es efectivamente una violación a los derechos humanos" reconociendo a su vez la existencia de "presiones diversas" para que familias dejen sus tierras (diario el sur de concepción, 24 de julio). Sus comentarios generaron la inmediata resistencia de personeros de gobierno y empresariales, calificándolas de inoportunas e infundadas.

Por el reinante ambiente polarizado que se vivía en Chile sobre estos temas, había expectación en lo que sería su informe final, documento que recién ahora se ha dado a conocer luego de meses de ocultamiento. .

*17 de noviembre Satvenhagen entrega su informe al Gobierno de Chile

Stavenhagen visitó Chile por petición que este mismo hiciera al Gobierno de Chile, accediendo el Gobierno de manera rápida en una clara evidencia de la imagen que pretende demostrar a la comunidad internacional en cooperar en cuestiones de derechos humanos y poblaciones indígenas. Sin embargo, es sabido que las autoridades chilenas en el campo internacional siempre han articulado lavado de imágenes con suscripciones de convenios, pactos, tratados, etc. sobre diversas materias indígenas, sociales, ambientales y de Derechos Humanos, sin embargo la realidad interna es absolutamente distinta ya que en Chile se transgrede normas básicas internacionales y no se cumplen los acuerdos como queda demostrado en la situación indígena, entre otros hechos.

El relator, por una cuestión de relación diplomática, hizo entrega de su informa final el 17 de noviembre del año pasado al Gobierno de Chile, sin embargo, el gobierno que encabeza el Presidente Ricardo Lagos lo mantuvo en el más absoluto secreto, cuyos contenidos sólo se conocieron por la difusión hecha por el programa de Derechos indígenas de Temuco el 02 de febrero de este año.

Si bien, el informe es tajante en demostrar la sistemática violación a los Derechos Humanos indígenas en Chile, principalmente al Pueblo Mapuche en esta (seudo) democracia, hay varias cuestiones de forma que generan preguntas sin respuesta en relación a la entrega de este documento... ¿porqué el gobierno mantuvo oculto las conclusiones y recomendaciones hechas por el relator?... ¿porqué el relator sólo compartió su informe con el gobierno de Chile y también mantuvo hermetismo sobre este texto final? ...o bien ¿porqué tuvo que ser el programa de Derechos indígenas del IEI quien tuvo que dar a conocer los contenidos de dicho informe y no el propio relator?.

Como ya se dijo, el informe es tajante pero no implacable en la determinación de responsabilidades en autorías sobre violaciones a los Derechos Humanos indígena. Como ejemplo de ello, no aborda mayormente las responsabilidades del Gobierno sobre estos hechos, manteniendo una cierta cortesía y diplomacia hacia el ejecutivo, lo que quizás pueda explicarse por la condición ONU del relator y el rol que juega Chile al interior de este órgano internacional de Estados; o bien, los vínculos fraternos que mantendría el relator con ciertos personeros de Gobierno lo que habría gatillado que la entrega de dicho informe se hiciere con cierta reserva y bajo perfil

Como sea, los antecedentes recopilados por el relator en su visita a Chile sobre violaciones a los Derechos humanos son irrefutables, por lo mismo, el informe final que fue emitido el 17 de noviembre, aunque en algunos casos de manera tenue, se ajusta a lo que realmente sucede en Chile y ante esto, con todas las relaciones diplomáticas que hay de por medio y las imágenes de cooperante que se quiere demostrar a la comunidad internacional, el gobierno quiso a toda costa mantenerlo en secreto y tuvo que ser el programa de Derechos indígenas del IEI, quien circunstancialmente se enteró de su existencia, el que lo dio a conocer públicamente. Por su parte el gobierno mantiene actualmente la misma reserva sin que se pronuncie oficialmente y sólo personeros de segunda o tercera categoría han hecho algún comentario al respecto.

Nadie puede discutir la importante del informe y sus repercusiones, pero, si bien existen instancias como estas tendientes a la protección y promoción de estos Derechos, ni la ONU ni otros organismos están dotados de mecanismos para obligar o sancionar al Estado chileno, siendo el informe final del relator solo recomendaciones que no obligan a las autoridades, pero que sin lugar a dudas marca un enorme precedente y que empaña la imagen que el Estado chileno a querido demostrar falsamente sobre su trato a los pueblos originarios.

Basado en las conclusiones del informe, el Relator Especial recomienda, entre otros, que se agilice el proceso para la reforma constitucional en materia indígena; la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT; una revisión de la legislación sectorial cuyo contenido pueda estar en contradicción con lo establecido en la Ley Indígena; También se recomienda que preste atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; que se asegure el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de la comunidades indígenas; que se tomen las medidas necesarias para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales y que se asegure la asistencia letrada de calidad y bilingüe, entre otras.

Uno de los hechos de mayor impacto en el informe, es la recomendación hecha por el relator para que sea revisado el caso de los lonkos procesados, Pascual Pichún de Temulemu y Aniceto Norín de Didaico (IX región de Araucanía), quienes fueron recientemente encarcelados luego de la ratificación de una condena a 5 años y un días por "amenazas terroristas", pero sin lugar a dudas lo más trascendental en relación a la criminalización que se ha hecho de las reivindicaciones mapuche, es la recomendación al Gobierno de Chile para que considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas.

¿Quién es Rodolfo Stavenhagen?

Para la opinión pública chilena, Satvenhagen era una persona desconocida, sin embargo producto de su visita a Chile y su reciente informe en calidad de relator ONU, su nombre a sido difundido a través de diversos medios de prensa.

Rodolfo Stavenhagen, debe ser una de las personalidades de mayor reconocimiento y experiencia al interior de la ONU sobre promoción y defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, se le ha destacado por su amplia experiencia en el campo indígena, teniendo una larga trayectoria profesional por las causas y reivindicaciones de los pueblos originarios, principalmente en Latinoamérica.

Autor de múltiples libros, entre ellos: La cuestión étnica (2001); Derechos humanos de los pueblos indígenas (2000); Conflictos étnicos y estado nacional (2000); Entre la ley y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina (1999). Ha ocupado en la última década una serie de cargos de gran relevancia relacionados con los Derechos humanos, paz y desarrollo, entre ellos: Presidente del Consejo Directivo, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (1994 - 1998); Miembro del Consejo, Universidad para la Paz, Naciones Unidas (1999); Presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (1984 - 1990); Miembro de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, UNESCO (1993 - 1996); Presidente Relator de la reunión de expertos sobre la revisión del Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (1986); y Consultor de la ONU, UNESCO, OIT, OEA sobre pueblos indígenas y minorías étnicas; consultor ocasional de otros organismos multilaterales.

Stavenhagen ha obtenido también una serie de premios y reconocimientos de gran envergadura internacional por su aporte en materias académicas, sociales y de Derechos humanos. Antropólogo de profesión y doctor en Sociología. Tiene la ciudadanía mexicana, la que obtuvo tras llegar junto a su familia como refugiado de la Alemania Nazi en 1940.

Rodolfo Stavenhagen fue propuesto por el gobierno de México para el cargo de primer relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pueblos indígenas, con el respaldo de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos en mayo del año 2001. Finalmente fue ratificado en julio del mismo año, hecho que generó la resistencia de varios representantes indígenas quienes cuestionaron su designación por haber sido arbitraria pues, dijeron, no hubo consultas a los directamente involucrados, es decir a los pueblos originarios del planeta. Aún así, Stavenhagen logró abrirse paso frente a las criticas y a la fecha ha realizado diversos informes de denuncia sobre violaciones a los Derechos humanos a Pueblos indígenas.

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ANEXO.- RECOMENDACIONES EN EL INFORME DEL RELATOR SOBRE SITUACIÃN DE DDHH INDÃ?GENAS EN CHILE (Noviembre 17 del 2003)..

Recomendaciones al Gobierno

En materia legislativa

-El Relator Especial hace un llamado al Congreso de Chile para que apruebe a la brevedad posible la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena.
Igualmente, recomienda la pronta ratificación del Convenio 169 de la OIT, así como otros convenios internacionales que garantizan los derechos humanos de los indígenas.

-Deberá ser revisada la legislación sectorial (tierras, aguas, minas etc.) cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, y deberá primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares.

-El Relator Especial sugiere al Gobierno que tome en consideracion las propuestas contenidas en el Informe de la Comision de la Verdad Historica y Nuevo Trato sobre las transformaciones juridicas, economicas y culturales necesarias.

-El proyectado estatuto de autonomía de la Isla de Pascua (Rapa Nui) deberá contener garantías de protección de los derechos del pueblo originario Rapa Nui sobre sus tierras, recursos y el respeto a su organización social y vida cultural.

En materia de pobreza

-El Relator Especial recomienda al Gobierno que, en consulta con las comunidades indígenas y con la asistencia técnica necesaria por parte del sistema de las Naciones Unidas, establezca un programa para la reducción de la pobreza de las comunidades indígenas del país, en concordancia con el objetivo de desarrollo del milenio, y que contenga además metas específicas con respecto a las mujeres y los niños indígenas.

-Recogiendo las recomendaciones del Informe sobre el Desarrollo Humano en la Araucanía preparado por el PNUD, el Ministerio de Planificación y la Universidad de la Frontera, también recomienda al Gobierno que continúe con sus esfuerzos para la recopilación de datos desagregados sobre población indígena y no indígena, y que, en el diseño de las políticas públicas, se preste especial atención a las zonas rurales y a la pobreza urbana y se incrementen los utensilios para luchar contra la desigualdad de género. El Relator recomienda que estas iniciativas se extiendan a las demás comunidades indígenas del país.

En materia de tierras

-El Fondo de Tierras que maneja CONADI para la adquisición de tierras para los indígenas deberá ampliar y acelerar sus actividades, y contar con un incremento substancial de recursos, para poder atender las necesidades de las familias y comunidades indígenas. Especialmente en las áreas mapuches deberá intensificarse un programa de recuperación de tierras indígenas. En este contexto, el Relator Especial hace un llamad para que se intensifiquen los programas dirigidos a la mujer indígena rural y en particular recomienda que se lleve a cabo un estudio estadístico que permita evaluar los progresos alcanzados en la mejora de las condiciones de las mujeres rurales indígenas donde se incluyan variantes específicas sobre sus condiciones de salud y educación.

-Además de la titulación de predios privados, deberán ser rescatados y reconstituidos los tradicionales territorios comunales indígenas que contengan recursos para uso comunal.

-Tanto en la ley como en la práctica, deberán las comunidades indígenas tener acceso privilegiado a los recursos acuíferos y marítimos que necesitan tradicionalmente para su propia subsistencia por encima de intereses comerciales y económicos privados.

En materia de desarrollo sustentable

-En todo proyecto de desarrollo que se contemple en sus regiones y territorios, los indígenas deberán ser consultados previamente, como dispone el Convenio 169 de la OIT, y sus opiniones y el respeto a sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por las autoridades y las empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Las comunidades indígenas deberán estar asociadas activamente a todas las decisiones sobre proyectos de desarrollo contemplados en sus regiones y territorios.

-En las áreas indígenas, y particularmente en la región mapuche (Araucanía), deberán constituirse comunas indígenas que permitan la plena participación de los indígenas en la toma de decisiones y la autogestión de sus asuntos locales.

En materia de administración de justicia

-Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.

-No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos ("amenaza terrorista", "asociación delictuosa") a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas.

-El Relator Especial recomienda que sea revisado el caso de los lonkos procesados, Pascual Pichún de Temulemu y Aniceto Norín de Didaico (IX región de Araucanía), con estricto apego a las garantías de debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos.

-La puesta en práctica de la reforma procesal penal deberá tomar en cuenta las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluyendo el debido proceso de todos los imputados indígenas por motivo de actividades de defensa o protesta social (especialmente con referencia a la utilización de testigos sin rostro y la detención preventiva de los indiciados).

-En todo proceso judicial o administrativo involucrando a personas indígenas estos deberán poder contar con la asistencia de traductores bilingües capacitados y, en caso necesario, de defensores de oficio competentes con conocimiento de las culturas indígenas.

-En toda causa judicial o administrativa involucrando a personas indígenas deberán ser respetadas las costumbres jurídicas indígenas.

-El Relator Especial recomienda que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas.

En materia de política educativa y social

-El programa de educación bilingüe intercultural del gobierno requiere de adecuados presupuestos para su pronta y eficaz implementación en todas las regiones indígenas. Además el Relator Especial recomienda que se tomen medidas específicas que conlleven un mejoramiento de la asistencia en materia de albergues juveniles para estudiantes indígenas del medio ciclo y del ciclo superior universitario, en particular en el sur del país.

-El Relator Especial toma nota también de los esfuerzos del Gobierno para seguir mejorando los sistemas de asistencia social a las familias en particular aquellos dirigidos a asistirles en sus responsabilidades en el crecimiento y educación de sus hijos con respeto de su identidad cultural. En este contexto, anima al Gobierno a incrementar sus esfuerzos en las actividades de coordinación que conlleven a la reducción del número de niños indígenas en necesidad de ayuda de cuidado institucional y que apoyen su crecimiento en el hogar familiar.

-Los servicios de salud para las comunidades indígenas deberán ser ampliados con suficientes recursos para la plena atención a las necesidades de toda la población indígena, y deberá respetarse y promoverse, cuando sea posible, la utilización de la medicina tradicional indígena.

En materia de publicidad de los asuntos indígenas

-Con base en las conclusiones de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato que ponen de manifiesto las realidades que han enfrentado los pueblos indígenas a lo largo de la historia de Chile, el Relator Especial recomienda al Gobierno que lleve a cabo una campaña pública a nivel nacional y regional dirigida a la lucha contra la discriminación, el reconocimiento de la diversidad cultural y la afirmación y recuperación de la culturas indígenas como parte de la gran riqueza cultural del país.

En materia de promoción y protección de los derechos humanos

-El Relator Especial se suma a aquellos mecanismos internacionales de derechos humanos, tales como el Comité de los Derechos del niño, en su recomendación para que se tomen las medidas necesarias que conlleven al establecimiento de una institución nacional
Defensa y protección de los derechos humanos u "ombudsman" en el país.

-En este contexto, el Relator Especial anima al Gobierno a que tome en serio esta consideración, estableciendo una agenda concreta para su establecimiento. Una institución de estas características con un mandato amplio que se adecue a los Principios de París, sería un instrumento de incalculable valor para la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas del país así como una prueba clara de las buenas intenciones del Estado para con sus pueblos originarios.

Recomendaciones a la Comunidad Internacional

-El Relator Especial recomienda al equipo de país de las Naciones Unidas a que continúen en su labor de buscar coordinación en materia de los derechos humanos y en este contexto les anima a que creen un grupo temático específico sobre cuestiones indígenas que ayude a dar una respuesta coordinada a las necesidades de este colectivo.

-El Relator Especial recomienda a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en consulta con su Asesor/Representante para América Latina y el Caribe, organice, en cooperación con el Gobierno, los pueblos indígenas del país y otras partes interesadas una reunión de seguimiento dirigida a identificar maneras en las que el Sistema de las Naciones Unidas puede asistir a las autoridades del Estado en la puesta en práctica de las recomendaciones establecidas en el presente informe.

Recomendaciones a la Sociedad Civil

-Para superar la discriminación y negación histórica que han sufrido los pueblos indígenas, la sociedad chilena en su conjunto tiene un papel importante que jugar, por lo que el Relator Especial recomienda la realización permanente de campañas de información pública dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo, la intolerancia y la estigmatización de la problemática indígena en la opinión pública.

-En este contexto se recomienda a los partidos y organizaciones políticas que en sus respectivas agendas sobre el tema de los derechos humanos enfoquen su atención no solamente en las secuelas del pasado inmediato sino también sino también en la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del país.

Recomendaciones a los Medios de Comunicación

-Las comunidades y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, internet), por lo que se recomienda a los principales medios del país que en forma conjunta con las facultades académicas interesadas promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías de acceso a los medios para las comunidades indígenas.

-Se recomienda también a los medios de comunicación existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas así como a las situaciones de conflicto social en las regiones indígenas.

Recomendaciones a la comunidad académica

-El Relator Especial toma nota de los estudios realizados en algunas universidades del país en torno a la temática indígena, y recomienda que estos esfuerzos se extiendan a otros centros académicos para cubrir los temas de los derechos humanos de los pueblos indígenas en su conjunto.

Comentaris

Fer mamòria
10 feb 2004
Campaña de apoyo a los Mapuche-Pehuenche, en conflicto Bio-Bio.
Se exigen responsabilidades a ENDESA por su irresponsable actuación en Chile.

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Antecedentes
ENDESA-España posee el 32% de las acciones del consorcio ENERSIS responsable de las obras de la central hidroeléctrica de RALCO en el río Bío-Bío (Chile). Esta presa es la más grande de un proyecto de seis que se está llevando a cabo en la zona del Alto Bío-Bío, considerada como uno de los ecosistemas más ricos del planeta, y que agrupa un gran número de especies acuáticas únicas, así como de flora y fauna. Para evitar las críticas nacionales e internacionales, la hidroeléctrica minimiza el impacto sobre el medio ambiente y las poblaciones indígenas, presentando cada presa como un proyecto independiente.
Esta zona es el hábitat ancestral de la etnia Mapuche-Pehuenche, dueños legítimos de los terrenos en los que se quiere construir la presa, lo que supondría el desplazamiento y desarraigo de este pueblo, amenazando seriamente su supervivencia, ya bastante difícil tras la larga política de asimilación llevada a cabo por los sucesivos gobiernos chilenos. La política de desarraigo llega a su punto extremo tras el golpe militar de 1973, en que se deroga la ley indígena de 1971, en cuya elaboración participaron las organizaciones indígenas de la época. El régimen militar adoptó el principio por el cual todos los habitantes de Chile son solamente chilenos, negando la identidad de los pueblos indígenas y reprimiendo violentamente las organizaciones mapuches así como sus dirigentes (asesinatos y desapariciones).

Mediante una legislación que tenía como objeto la eliminación de las comunidades mapuches dividiendo las tierras ocupadas por las comunidades en dominios privados, (permitiendo el arriendo y venta), es como el pueblo Mapuche llega de la propiedad comunitaria a la privada, lo que causó un acelerado empobrecimiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicaba en su último informe que en las regiones en que los Mapuches se encuentran en gran número, no se alcanzan los niveles de desarrollo humanos establecidos.

El proyecto Ralco, implicaría la construcción de una presa de 155 m de altura y un embalse 33 Km. de largo que inundaría 34 km2 de bosque virgen, pastos y territorio de los indígenas Pehuenche que incluye cementerios y sitios sagrados. El embalse desaguaría a través de un túnel de aducción subterrá-neo hacia las turbinas dejando seco un tramo de 7 Km. de río. Esta megaobra implica cambios en el hábitat y su consiguiente desaparición de especies; según la CONAF (Comisión Nacional para la Fauna) de las 243 especies de vertebrados en peligro de extinción, 77 sobreviven en el Alto Bío-Bío.

Al estar Ralco planificado en una zona de protección indígena, las tierras sólo pueden ser ocupadas, removidas o inundadas si todas las familias Pehuenche afectadas más la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) lo permiten. Por este motivo ENDESA está realizando una fuerte campaña de presión, manipulación y desinformación para forzar el desalojo del área de inundación. Endesa le llama a esto "recolocación" principalmente a la zona del fundo El Barco, donde por las características climáticas y edafologicas, no podrían continuar con las labores agrícolas y ganaderas de las cuales depende su supervivencia. Una encuesta de Mideplan/Conadi (ord. 08/2308) reveló que el 62% de las familias se niegan a ser trasladadas. Muchas de las que firmaron, a causa de informaciones falsas devolverán su contrato a Endesa.

ENDESA Chile, pretende a través de los hechos consumados, imponer la construcción de la central, sin considerar que hay varias situaciones no resueltas, entre las que están: el consentimiento libre e informado de la totalidad de las familias Pehuenche que serían afectadas por la central; la aprobación de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); la resolución judicial respecto a la petición de nulidad de derecho público que se tramita en el Sexto Juzgado Civil de Santiago y que busca anular la aprobación otorgada por CONAMA; las concesiones definitivas para las líneas de transmisión y la Central, permisos que aun están siendo tramitados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a los cuales se han opuesto familias Pehuenche que serían afectadas.

Diversas organizaciones han documentado el impacto negativo tanto para los Pehuenches, como para el medio ambiente, entre los que destaca el informe de la Misión de investigación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentado a la ONU y el de la American Association of Anthropology.



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Responsabilidad Española.
El pasado 27 de Noviembre día de la Junta de accionistas de Endesa-Chile, dos representantes de Endesa-España Sres. Llorente y López, entraron a formar parte en la dirección de la filial chilena, Allí mismo ecologistas chilenos de Amigos de la Tierra-Chile y grupos defensores de los indios pidieron el nombramiento de una comisión investigadora a causa del escándalo financiero y ecológico que este proyecto a causado en Chile. Un representante de los indios Pehuenches del alto Bío-Bío transmitió directamente al presidente de Endesa-España, el ex ministro del interior y democristiano don Rodolfo Martín Villa las preocupaciones de su pueblo por la construcción de la presa. Le contestó que se iba a preocupar porque el tema le interesaba. Al día de hoy nada está haciendo Endesa-España por detener el proyecto.
En España se ha constituido una Plataforma de apoyo al pueblo pehuenche, con la participación de Amigos de los Indios, Amigos de la Tierra, Asociación Pro Derechos Humanos de España, (APDHE), IEPALA, Amerindia, la cual ha elaborado un manifiesto, (que esta ha disposición de quien lo solicite) al que se han adherido, el Equipo Nizkor, la Secretaría de Derechos Humanos de Ospaal, el MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad), COMADEN (Coordinadora Madrileña para la Defensa de la Naturaleza), Colla Ecologista d'Alacant y la Coordinadora Ecologista del Sud del País Valencia hasta el momento.



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Acción de solidaridad urgente.
Solicitamos que se escriban cartas, cortésmente redactadas, o se envíe la carta modelo, al presidente de Endesa-España, Don Rodolfo Martín Villa.
Sería de utilidad para nosotros tener copia de los mensajes enviados, con el fin de hacer un seguimiento de la campaña


Sr. D. Rodolfo Martín Villa
Presidente de ENDESA
C/. Príncipe de Vergara nº 187
CP 28002 Madrid
Muy Sr. Mío:


Endesa-Chile, en la que participa Endesa-España con un 32% de sus acciones, está promoviendo la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el río Bío-Bío (Chile). Es como Vd. sabe, la más grande de un conjunto de seis en un entorno de gran riqueza faunística; de las 243 especies de vertebrados catalogados por la CONAF en peligro de extinción, 77 sobreviven en el alto Bío-Bío- y es el hábitat las comunidades indígenas Pehuenche, dueños legítimos de las tierras donde se quiere construir la presa. Esto no solo va a suponer un atentado ecológico sino el desplazamiento y desarraigo del pueblo Pehuenche que mediante la presión, la distorsión y la desinformación que Endesa ejerce sobre ellos, se les obliga a vender sus tierras a pesar de que la gran mayoría no desea irse, tal como indica la encuesta de Mideplan/Conadi, ya que la zona de inundación es el lugar de invernada de este pueblo donde logran sobrevivir con sus animales. Las tierras ofrecidas por su empresa para el desplazamiento, eufemísticamente le llaman Uds. "recolocación"- especialmente la localidad del fundo El Barco, son inhabitables para ellos.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Uds. a la CONAMA posee graves deficiencias tanto en la valoración económica como en los aspectos legales. No cumple los contenidos mínimos, solo cumple un 27% de los requisitos exigidos por ese organismo y por eso fue rechazado. Informes encargados por el Banco Mundial han demostrado que los impactos ambientales de la primera de las seis centrales, Pangue, construida por Endesa no han sido evaluados, controlados ni mitigados debidamente. A pesar de las deficiencias y de las presiones el CONAMA aprobó el EIA con reparos, en especial con el Plan de recolocación;. A pesar de ello se viola los artículos 1 y 13 de la Ley Indígena por lo que Ralco es un proyecto ilegal.

El proyecto que su empresa defiende contra toda lógica ética vulnera los principios básicos de la Estrategia de Desarrollo Nacional y de Desarrollo de la Región del Bío-Bío: crecimiento económico para la comunidad local y regional, equidad, sostenibilidad ambiental y participación local.

Como bien sabe, el proyecto que Endesa defiende es antieconómico para Chile, no para sus accionistas, tal como declaró públicamente la Comisión Nacional de la Energía. Siendo más barata y social la alternativa del gas natural. De esta manera una cuenca de alto valor ecológico y etnográfico se destruirá por un proyecto que solo busca presentar una buena cuenta de resultados al final del ciclo económico.

De lo expuesto y más, es Vd. consciente ya que así se lo hizo saber un representante de los Pehuenches. Pero al parecer los valores éticos y de respeto a la naturaleza y al prójimo, que desde su posición personal cristiana dice defender, no son válidos para este caso. Por ello le demando que Endesa-España se retire del proyecto y se evalúen alternativas de generación de electricidad que compatibilicen el respeto a los pueblos indígenas, a la Biodiversidad y al medio ambiente. Le solicito que los futuros proyectos de Endesa se conciban teniendo en cuenta la viabilidad económica del país y su repercusión real en el entorno respetando tanto a la naturaleza como a los pueblos indígenas de la zona.

Atentamente,


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Para más información:
Amigos de los Indios y la Coordinadora española - Asociados a la APDHE - Asociación Pro Derechos Humanos de España - José Ortega y Gasset 77, 2ºA - 28006 MADRID - Tfono: +34.91.402.2312 - +34.91.402.32 04 - +34.91.402.8562 - Fax: +34.91.402. 8499
Mailto: indios ARROBA jet.es
Información en la web (en construcción)
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/

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<<<…La cuarta cosa es que ahora el Gobierno ha dicho que ha nombrado un secretario de Estado especializado en el tema para solucionar el desastre del Prestige. Este secretario es una persona llamada Rodolfo Martín Villa. Este señor era estudiante cuando yo era estudiante, con la diferencia de que era el presidente nacional del Sindicato Español Universitario, que oficialmente era el sindicato de todos pero que en la práctica era el sindicato de los franquistas. Eso le permitió emprender una carrera política que le llevó , entre otras cosas, a ser Gobernador Civil de Barcelona. En 1972, siendo él Gobernador Civil, unos compañeros y yo decidimos crear una asociación de vecinos en nuestro barrio, "la Izquierda del Ensanche". (...) No nos aprobó los Estatutos porque "no se trata de los estatutos, sino del nombre, ustedes se llaman de la IZQUIERDA, da igual que del Ensanche, es de la IZQUIERDA". Y no nos aprobó la asociación. E hicimos un recurso para ver si su superior rectificaba. El recurso llegó a su superior, que era el que entonces se llamaba el Ministro de la Gobernación, (equivalente al ministro del interior). Pero el recurso tuvo mala fortuna porque cuando llegó a Madrid, Martín Villa ya era Ministro de la Gobernación y lo volvió a negar. Esta es la persona que ahora tiene que solucionar lo del Prestige.
Este señor hizo una gran carrera económica, le hicieron presidente de ENDESA y entonces compró la empresa monopolio de la electricidad en Chile y se dio cuenta de que en Chile no había suficiente producción de electricidad y pensó que la mejor manera era construir embalses. Y decidió hacerlo, llamó a unos geólogos para que le indicasen el mejor lugar para hacerlo, y los geólogos contestaron en una mapa, y resulta que era el territorio que servía de reserva a los indios Mapuches, según lo que estaba escrito en la constitución. EL señor Martín Villa no tuvo ningún escrúpulo y dijo "Los mapuches fuera, que tengo que poner el embalse" y ofreció a los mapuches otro territorio que tenía la ventaja de que estaba nevado 9 meses al año. Evidentemente no aceptaron, protestaron, y Martín Villa hizo que la policía los persiguiese y los echara de allá. Pero no ganó totalmente el proceso porque los mapuches demandaron a Martín Villa y un día que fue a viajar para ver su empresa eléctrica, cuando llegó al país le dijeron que no le recomendaban que pasara la frontera, porque si lo hacía sería detenido y apresado directamente. Éste es el personaje que nos tiene que salvar del Prestige….>>
Fragmento de conferencia de Arcadi Oliveres. Doctor en Ciencias Económicas. Experto en economía mundial. Vicepresidente de Justícia i Pau. Presidente de la Fundació Universitat Internacional per la Pau.
Sindicat Terrassa